Desde que comenzó el gobierno de Otto Pérez se habló de depurar el Congreso. El interés del entonces mandatario por reformar la Constitución se tomó en el Legislativo como amenaza.

La discusión se retomó cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló la supuesta participación de varios diputados en actos de corrupción, y que hoy enfrentan procesos de antejuicio.

El fantasma de la depuración no ha descansado. Manifestantes que acudieron al Congreso exigieron cambios al Estado, y a la cabeza se mencionaba el Legislativo. Los diputados formaron mesas de trabajo para evaluar, entre otras normas, las reformas al sistema de partidos políticos. A regañadientes, la propuesta fue enviada a la Corte de Constitucionalidad para que emita opinión, pero los parlamentarios guardaron silencio sobre cambios a la ley de régimen interior.

Durante el Encuentro Nacional de Empresarios, Felipe Bosch, presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo, pidió una depuración, lo que desató polémica varios días. No obstante, los diputados hicieron caso omiso.

Intentos fallidos

En el 2012, la legisladora Nineth Montenegro, como segunda vicepresidenta, promovió mesas de trabajo para modificar la Ley Orgánica del Congreso y la de Servicio Civil, pero no tuvo eco.

La propuesta se concentró en la forma de contratación de personal, por el costo que significa incrementar cada año 10 por ciento a los colaboradores presupuestados.

Exigía más controles a las comisiones, castigaba el transfuguismo y normaba interpelaciones.

Un año después, la Comisión de Apoyo Técnico, dirigida por el diputado Jairo Flores, promovió mesas técnicas, con el auxilio de instituciones internacionales, pero no avanzó.

Luego de la segunda vuelta electoral, varios legisladores hablaron de cambios. La batuta la tomó Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien retomó las propuestas de Montenegro, Flores y “otras planteadas en el pasado”, pero no era el momento.

Discusión paralizada

Según Montenegro, los primeros tres años no hubo avance porque “la campaña electoral empezó rápido y varios partidos peleaban por la presidencia del Ejecutivo.

“La verdad es que no hay interés real en aprobar cambios. Desde que yo era presidente se habla de la necesidad de cambiar la Ley Orgánica”, expuso Roberto Alejos, de Todos.

Otros opinan que el hecho de que Taracena impulse los cambios es un mensaje de que no se quieren hacer, pues desconfían de él, ya que condiciona la discusión a la Directiva.

Al respecto, Montenegro afirmó: “Todo se vuelve intereses personales. La discusión se vincula a la directiva del Congreso, y eso está fuera de lugar”.

En la mira

Pedro Cruz, de Primero Guatemala, señaló que el Congreso “lo convirtieron en un centro de negocios”, lo que debe cambiar, y que se logrará con la aprobación de cambios a la ley de régimen interior.

Janeth Ponce, de Jóvenes por Guatemala, indicó que a la par de la Ley Orgánica del Congreso deben ir las reformas a la de Servicio Civil y a la Electoral y de Partidos Políticos, para dignificar la labor de los funcionarios y empleados públicos.