Más tarde, en 1999, se intentó hacer una reforma, producto de los acuerdos asumidos después de la firma de la paz, pero tras una fuerte campaña publicitaria por el “No”, la población se volcó en las urnas en rechazo a esas reformas.

Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, después de la reforma de 1993 se han presentado 14 nuevas propuestas del Ejecutivo, sectores sociales, la Universidad de San Carlos y los mismos diputados, pero hasta ahora todas han corrido la misma suerte:  han quedado en el olvido.

En octubre  pasado, la Mesa Técnica del Diálogo Nacional, integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y organismos internacionales, presentó una nueva propuesta  que busca reformar el sector Justicia, para frenar las intromisiones políticas, pero luego de 11 meses, los sectores afectados han movido sus influencias y ahora se encuentra en un pantano legal.

La propuesta de la Mesa fue respaldada por más de 20 diputados, quienes, el día que se presentó en el Congreso, hacían cola para firmar el documento. Días después se empezó a escuchar que la iniciativa no avanzaría, con el argumento de que no se había discutido lo suficiente, pero posteriormente se supo que había rechazo a lo relativo con el reconocimiento de la justicia indígena, propuesta que se retiró para evitar polémica; no obstante, la creación de una carrera judicial y la eliminación de las comisiones de postulación fueron temas que golpearon intereses sectarios, que han hecho llegar su influencia a través de diputados y bancadas.

Nueva mesa

Desde el 10 de mayo último, el Congreso no se ha reunido para discutir las reformas de Justicia. Se aseguró que había acuerdos en base a varios cambios a la propuesta original que habrían diseñado jefes de bloques. Sin embargo,  ya no se retomó.

Desde que el Legislativo retornó del receso, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, ha insistido en retomar la discusión, pero  sin eco. El presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, prometió que se instauraría una nueva mesa de discusión, pero aún no se ha convocado.

Según Chinchilla no hay acuerdos y por ello se tratará que la nueva mesa esté integrada por un representante de cada bloque, para que definan las enmiendas en consenso.

Hasta ahora, de la iniciativa de 25 artículos solo se han discutido siete y uno de ellos se pospuso para conocerlo al final. Otro, que contenía cambios al derecho de antejuicio, fue rechazado, y cuatro han sido aprobados. El séptimo, que crea el Consejo de Administración Judicial, detuvo la discusión.

Pretextos

El diputado y exconstitucionalista Oliverio García Rodas aseguró que el problema ha sido la falta de voluntad.  “Existe una corriente que dice que la Constitución está bien y que en lugar de cambiarla hay que mejorar las leyes ordinarias”, detalló.

Para la diputada Montenegro el problema radica en los  sectores interesados en mantener el control y el poder del Estado, por  lo que “cada vez que se intenta modernizar se ideologiza la discusión, cuando en verdad la reforma actual no tiene nada ideológico, sino que pretende mejorar el sector Justicia”.

En el cajón del olvido

Las iniciativas para cambiar la Constitución han sido engavetadas.