Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (Copinh) , fue asesinada este jueves en su casa en La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar que ha trascendido.

Familiares, amigos y dirigentes políticos viajaron a La Esperanza, adonde se desplazó también el expresidente hondureño Manuel Zelaya, para asistir al velatorio del cuerpo en la casa de la madre de la dirigente indígena, del mismo nombre.

La lenta salida del féretro desde su casa fue la antesala a una impactante caravana popular hasta la ermita lenca La Gruta, encabezada por su madre y sus hijos, Olivia, Berta, Laura y Salvador, quienes exigieron justicia.

“Quiero pedir que se haga justicia y que este crimen horrendo no quede en la impunidad” , dijo la madre de Berta Cáceres en una rueda de prensa, acompañada por sus cuatro nietos.

En el mismo sentido, se expresaron los hijos de la dirigente indígena, que consideran que el asesinato de su madre es “un crimen político”  y destacaron que su mamá es “su mayor inspiración”  para seguir defendiendo los recursos naturales y al pueblo lenca.

El cortejo fúnebre abandonó la ermita lenca en medio de aplausos y de gritos de “Justicia”  y “Berta vive”  de los varios de miles de personas que llegaron a despedir a la indígena, quien en 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman por su lucha en la defensa de los recursos naturales en Honduras.

Los hijos de Berta Cáceres agradecieron a la población por las múltiples muestras de solidaridad que le expresaron a su familia, y exigieron que el Centro Internacional de Investigaciones Biológicas  (CIB) integre el equipo de investigación sobre la muerte de su madre.

“Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y su lucha en contra la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca” , subrayaron.

Enfatizaron que el asesinato de Cáceres es “un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo, y un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo” .

Sus cuatro hijos responsabilizaron del crimen a la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, que pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”  en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá.

“Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de esta empresa que desarrolla este proyecto; Responsabilizamos a la empresa DESA, asimismo a los organismos financiadores”  del proyecto, señalaron los jóvenes.

También responsabilizaron al Estado de Honduras por “haber obstaculizado en gran medida la protección”  de su madre y por propiciar su “persecución, criminalización y asesinato”  al proteger los interés de la empresa DESA-SINOHYDRO.

La líder indígena gozaba desde 2009 de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) , aunque autoridades de Honduras dijeron el jueves que la activista en principio había aceptado dicha seguridad pero luego pidió que fuera suspendida, algo que su familia ha desmentido.

Durante el sepelio se vivieron momentos desgarradores de dolor por parte de familiares y amigos de la coordinadora del Copinh, quienes exigieron castigo para los autores del crimen.

La Policía de Honduras detuvo en las últimas horas a dos personas supuestamente involucradas en el asesinato de Berta Cáceres, con lo que suman tres los arrestados, que según medios locales fueron puestos en libertad, algo que no se ha confirmado oficialmente.

Los detenidos son Tomás Gómez y una menor de edad, cuyo nombre no fue revelado, quienes supuestamente pertenecían a la misma organización que Cáceres y participaron en el asesinato de la defensora de derechos humanos y recursos naturales, según un informe de la Policía.

Las autoridades hondureñas detuvieron el mismo día del crimen como vinculado al caso a José Ismael Lemus, un guardia de seguridad que trabaja en la colonia donde vivía la dirigente indígena y quien también supuestamente fue puesto en libertad.

Se mudó para proteger a su familia

Un hermano de Berta, Gustavo Cáceres, de los primeros en reconocer el cadáver, relató a la AFP que al menos dos encapuchados ingresaron la madrugada del jueves por la parte trasera a la vivienda donde dormía, y que su hermana se levantó al escuchar ruido y se enfrentó a los hombres hasta que la sometieron fracturándole un brazo y una pierna y le dispararon al menos ocho balazos a quemarropa.

    Un activista mexicano que dormía en otra habitación, Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, salió a ver qué pasaba y le dispararon hiriéndolo en un brazo. Además, una bala le rozó la mejilla, pero él fingió estar muerto y no le dispararon más.

    Berta, que fue asesinada un día antes de cumplir 45 años, había vivido en la casa de su madre pero hacía dos meses se había mudado a otra vivienda. ” Ahora entendemos que  (mudarse) fue una forma de proteger a la familia“, afirmó Gustavo.

    Las autoridades detuvieron al mexicano, al guardia de la colonia y a un compañero de Cáceres en el Copinh, que luego fue liberado, informaron familiares.

    Los restos fueron trasladados al cementerio acompañados por unas 10.000 personas, según estimaciones de dirigentes obreros, luego de un oficio religioso de medio de unas gradas que suben por una colina cubierta de pinos y que terminan en la fachada de una iglesia de la periferia de La Esperanza, la ciudad donde vivía y donde fue asesinada, 200 km al noroeste de Tegucigalpa.

    ” Nos comprometemos a seguir con firmeza la causa por la que dio su vida Berta Cáceres“, preguntó a la multitud el sacerdote jesuita Ismael Mareno. Todos contestaron ” sí“.

    Al son de tambores, cánticos de negros garífunas y aplausos, el féretro recibió cristina sepultura en un cementerio de la localidad.

    Según un informe del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, la dirigente
indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, desde que en abril de 2013 encabezó una serie de ocupaciones de carreteras y otras protestas de indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china.

    La compañía desistió del proyecto luego de que el Banco Mundial le retiró el financiamiento a causa de las protestas motivadas por el temor de los indígenas a que la empresa dañara el río Gualcarque.

    Más recientemente apareció otra empresa de hondureños adinerados –Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA)–, con otro proyecto en el mismo río y Cáceres retomó la lucha con las comunidades.

    Ante las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares, pero ella renunció a la protección por temor a las mismas autoridades.
    

Hijos piden investigación independiente

” Señalamos como responsable al Estado de Honduras porque no le brindó a Berta la protección que le exigió la CIDH, porque no investigó las amenazas y hostigamientos en su contra por parte de la Policía, militares y paramilitares“, acusó ERIC en su informe.

    Al contrario, se ” profundizó su situación de vulnerabilidad al criminalizarla a través de acciones ilegítimas de jueces y fiscales“, subrayó.

    Cáceres fue acusada por la fiscalía de ” portación ilegal de armas“pero ella sostuvo que policías le colocaron un pistola en el vehículo para incriminarla.

    Los hijos de Cáceres, Olivia (26), Berta (24), Laura (23) y Salvador (21) pidieron en rueda de prensa que una comisión ” independiente“investigue el crimen.

    ” Éste es un crimen político y desmentimos rotundamente que sea pasional. Responsabilizamos a la empresa de Energía y Desarrollo y al proyecto  (de la hidroeléctrica) Agua Zarca“, acusó Olivia. ” Ella siempre denunció amenazas sistemáticas por parte de esta empresa”, subrayó.

    El asesinato de la ambientalista provocó reacciones de repudio en Honduras y a nivel internacional, con críticas al gobierno hondureño por no darle la protección que exigía la CIDH.

El crimen contra la dirigente ambientalista ha conmocionado a la sociedad hondureña, que de nuevo exige el cese de la violencia que a diario cobra la vida de unas trece personas en ese país.

EE.UU. pide investigación “independiente” 

El senador estadounidense Patrick Leahy reclamó al Gobierno hondureño que se investigue el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, cuyos restos fueron enterrados el sábado, de forma “independiente y exhaustiva” .

“La investigación de este crimen debe ser independiente y exhaustiva, incluyendo la participación de expertos internacionales”  y “los responsables de ordenar y ejecutar el crimen deben de ser llevados ante la justicia” , subrayó el senador demócrata en un comunicado.

Cáceres, líder de la etnia lenca, fue asesinada este jueves en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar que ha trascendido.

El senador estadounidense destacó que Cáceres era “una campeona”  de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente hasta el punto de poner en riesgo su vida, “haciendo frente a las amenazas y al miedo” .

La dirigente indígena era “admirada”  en todo el mundo, incluido el Congreso de Estados Unidos, por “su valor y compromiso” , enfatizó.

Cáceres representaba “una lucha por la justicia para todo el pueblo de Honduras”  y su muerte “puede y debe ser un punto de inflexión en esa lucha” , sostuvo Leahy.

Además, condenó el asesinato de la ambientalista y expresó su “más profundo pésame y condolencias”  a la familia de Cáceres y a sus amigos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (Copinh) , del que fue cofundadora en 1993.

El senador cuestionó que los pueblos indígenas, poblaciones sin tierra, personas que exigen una vida sana para sus hijos y el alivio del hambre, la pobreza, la injusticia, la corrupción, la codicia y la explotación destructiva del medio ambiente, en lugar de recibir “respeto y apoyo”  han sido “amenazados y asesinados con impunidad” .

“Durante décadas, los funcionarios del gobierno han contribuido a generar las condiciones que permitieron que esto ocurra. Un abandono de las necesidades básicas de las personas (y) la negación de sus derechos básicos” , arguyó.

Agregó que los “abusos cometidos por las fuerzas armadas y la policía, y por empresas privadas que subvierten el estado de derecho, han sido tolerados e incluso fomentados”  por los gobiernos.

Leahy calificó como “una trágica ironía”  el hecho de que personas, no identificadas, que ignoraron o desacreditaron a Berta Cáceres y a su organización, y los trataron como criminales, ahora condenen su asesinato.

Además solicitó protección para el territorio al que Cáceres dedicó su vida y que el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” , que pretende desarrollar la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá, sea abandonado.

El senador pidió también a los hondureños que defiendan “el legitimo papel”  de los activistas como Berta Cáceres, organizaciones como el Copinh, los periodistas independientes y todas las personas que ejercen “pacíficamente su derecho a exponer la verdad y a exigir una sociedad más justa” .

Enfatizó que el Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de proteger a estas personas y a no tratarlos como “blancos legítimos para ser intimidados y detenidos” .

Resaltó que hoy debe ser un día para recordar a Cáceres, ya que su vida tendrá “el más grande significado si quienes le rinden homenaje continúan con su legado”  de defender los derechos humanos y los recursos naturales.