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Gobierno salvadoreño propone ley de reinserción de pandilleros

El Gobierno de El Salvador entregó este lunes al Congreso una propuesta de ley especial que plantea la reinserción social de pandilleros que no hayan cometido homicidio o delitos que se castiguen con más de 10 años de prisión, así como programas para evitar que más jóvenes ingresen a dichas estructuras.

Por San Salvador/EFE

El Gobierno entregó al Congreso una propuesta de ley especial que plantea la reinserción social de pandilleros.(Foto Prensa Libre: AFP).
El Gobierno entregó al Congreso una propuesta de ley especial que plantea la reinserción social de pandilleros.(Foto Prensa Libre: AFP).

La propuesta fue entregada por el ministro salvadoreño de Seguridad, Benito Lara, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, durante una conferencia de prensa.

El ministro destacó que los “únicos pandilleros”  que podrán aplicar a los programas de reinserción planteados en la propuesta son los que “no han cometido algún delito grave”  como el homicidio u otros que reciben penas de 10 años o más.

Sostuvo que los mismos deberán tramitar solvencias de la Policía que reflejen que no son requeridos por delitos de este tipo y sus antecedentes penales.

Según Lara, el proyecto de Ley Especial para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de Miembros de Pandillas no solo contempla acciones hacia los miembros de las “maras”  que opten por abandonarlas, sino que también busca incidir en los jóvenes y niños que “están expuestos a la influencia” o “presionados para ingresar”  a las mismas.

“Se desarrollarán programas que incidan directamente en la juventud y niñez que están vulnerables en zonas críticas para evitar el crecimiento de las pandillas”, sostuvo Lara en la conferencia de prensa, realizada en la Asamblea Legislativa.

  • Los únicos pandilleros que podrán aplicar a los programas de reinserción planteados en la propuesta son los que no han cometido algún delito grave como el homicidio u otros que reciben penas de 10 años o más.

Agregó que estas iniciativas serán de educación formal e informal, de inserción al mercado laboral, y de creación de proyectos productivos.

El titular de Seguridad reveló que la conducción de las iniciativas estará a cargo de una “comisión interinstitucional”, un comité técnico, una secretaría y un consejo consultivo formado por representantes de la empresa privada y otras organizaciones no gubernamentales.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, expuso que la propuesta de ley es una “oportunidad”  para que los pandilleros se rehabiliten y reinserten a la sociedad “bajo compromisos claros”.

“Estamos conscientes de que la seguridad es uno de los grandes desafíos del Gobierno, la administración de Justicia y de la Asamblea Legislativa”, afirmó la parlamentaria.

El comisionado Presidencial para Asuntos de Seguridad, Hato Hasbún, destacó que la ley propuesta “se corresponde con un planteamiento integral”  que tiene el Ejecutivo para enfrentar el problema de la violencia.

“Tenemos que garantizar aspectos de ley que nos permitan reinsertar y buscar la posibilidad de no engrosar las filas de las pandillas”, dijo Hasbún a la Prensa.

Ninguno de los funcionarios detalló el monto de dinero necesario para crear y ejecutar los programas planteados en la propuesta legislativa, ni tampoco el número pandilleros o “jóvenes en riesgo”  que pueden ser beneficiados.

Según el ministro de Defensa, David Munguía Payés, en El Salvador existen 60 mil pandilleros y aproximadamente el 10% de la población es afín a estas estructuras.

“Se desarrollarán programas que incidan directamente en la juventud y niñez que están vulnerables en zonas críticas para evitar el crecimiento de las pandillas”, Lorena Peña.

El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, manifestó el sábado pasado que la iniciativa legislativa “no constituye una ley de amnistía para los miembros de pandillas”.

La propuesta legislativa ha sido presentada dos meses después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) considerada en un sentencia que las pandillas son “grupos terroristas”, porque con su accionar afectan “indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población”.

Las autoridades de Seguridad acusan a las pandillas de mantener los altos índices de homicidios que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.

Diferentes sectores de las sociedad señalan que el Gobierno y las pandillas libran una “guerra tácita”  que hasta el 5 de octubre pasado se ha cobrado la vida de cinco mil 45 personas, según estadísticas del Instituto de Medicina Legal.