Internacional

Sin orden judicial no capturarán a militares en El Salvador

El Gobierno salvadoreño informó que solamente capturarán a un grupo de militares involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, y que España ha pedido extraditar, cuando la Corte Suprema de Justicia emita una orden expresa.

Por San Salvador/AP

Juan Romagoza, quien afirma que es una de las víctimas de tortura a manos de las fuerzas de seguridad de El Salvador porta una pancarta. (Foto Prensa Libre: AP).
Juan Romagoza, quien afirma que es una de las víctimas de tortura a manos de las fuerzas de seguridad de El Salvador porta una pancarta. (Foto Prensa Libre: AP).

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara dijo el martes que hay tres resoluciones de la Corte Suprema “que son un poco contradictorias y nosotros nos encontramos un poco en el limbo”.       

El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.       

Velasco reclama la presencia de los militares, entre ellos varios que formaron parte de alto mando de la fuerza armada salvadoreña y eran responsables de la dirección de la institución castrense durante la guerra civil  (1980 y 1992), que dejó más de 76 mil muertos, unos 10 mil desaparecidos y miles de desplazados.       

Lara señaló que en el 2011 la Corte Plena emitió una resolución en la que se afirmaba que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino solo a localización. Pero en agosto del 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que las alertas de difusión roja emitidas por Interpol equivalen a una orden de captura.       

Según la resolución del 2011, la policía no puede capturar con fines de extradición sin orden judicial y ningún juez puede decretar la detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte.       

En mayo del 2012, la Corte Suprema acordó denegar la solicitud de extradición porque el asesinato de los jesuitas fue cometido antes de que en el 2000 se reformara el artículo constitucional que no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso.       

Los jesuitas fueron ejecutados por fuerzas especiales del ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989.       

“El tema es que la Corte le dice a la policía usted no puede capturar, entonces vamos a interponer una petición a la Corte Plena para que nos esclarezca esto”, dijo el funcionario.       

Lara informó que la policía tiene localizados a los oficiales castrenses retirados solicitados por el juez español.

“Nuestra institución está lista para cualquier decisión, lo que nos diga la Corte Plena” y que si emite la orden van a capturar a los militares sin importar que “pueden haber efectos políticos”.       

“Si hay una resolución judicial como lo expresa, pues bueno a nosotros no nos queda más que cumplir, no nos toca discutir la orden”, afirmó.       

Los militares incluidos en la petición de extradición y que eran integrantes de la cúpula castrense cuando ocurrió el asesinato son:

  • El exministro de Defensa Rafael Humberto Larios.

Los exjefes de la fuerza aérea:

  • Juan Rafael Bustillo
  • Juan Orlando Zepeda
  • José Ricardo Espinoza Guerra
  • Antonio Ramiro Avalos
  • Tomás Zarpate
  • Francisco Elena Fuentes
  • Guillermo Alfredo Benavides
  • Joaquín Arnoldo Cerna
  • Oscar Alberto León
  • Carlos Mauricio Guzmán
  • Gonzalo Guevara Cerritos
  • Oscar Mariano Amaya
  • Héctor Ulises Cuenca
  • José Alberto Sierra y Ángel Pérez Vásquez     

España también ha pedido a Estados Unidos que entregue al entonces ministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, detenido en ese país por violar leyes migratorias.      

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.      

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.      

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani  (1989-1994) , pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.