El funcionario, que solicitó el anonimato porque los reglamentos de su despacho le impiden hablar con periodistas, dijo que los incluyen a siete funcionarios, ministros y asesores presidenciales, acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que dejaron 43 muertos el año pasado en el país sudamericano y a otros nueve funcionarios acusados de incurrir en actos de corrupción.

Del grupo de 32 hacen parte 16 parientes directos de estos funcionarios. Los sancionados el lunes último se suman a los 24 funcionarios venezolanos a los que Estados Unidos suspendió la visa en julio pasado.

El presidente venezolano Nicolás Maduro repudió el anuncio y afirmó que no acepta imposiciones de ningún gobierno extranjero, a la vez que denunció intenciones de golpe de estado que incluirían a EE. UU.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha afirmado que no permitirá presiones extranjeras.

Un portavoz del Departamento de Estado, que solicitó que su identidad se mantuviera en anonimato, dijo que las sanciones cobijan a individuos de varios niveles de gobierno, desde ministros y asesores presidenciales a autoridades policiales y jueces, además de aquellos que debilitan la gobernabilidad democrática a través de actos de corrupción con fondos públicos, así como sus parientes.

El portavoz rehusó pronunciarse sobre la identidad de los sancionados, alegando el respeto a las leyes estadounidenses sobre la confidencialidad de las visas.