Así ocurrió el pasado martes, penúltimo, cuando el diputado exeferregista Luis Fernando Pérez logró sorprender a 86 diputados más que le acompañaron en la aprobación de un punto resolutivo en el que se niega la existencia del genocidio en el país, una polémica que no era necesario reavivar porque está lejos de terminar, y que tampoco le corresponde al Congreso pretender hacerlo con ese tipo de pronunciamientos, que tienen el agravante de que vulneran principios constitucionales de los cuales pocos parecen tener claridad.

Parece casi de chiste el precepto de nuestra Carta Magna de que los diputados gozan de irresponsabilidad por sus opiniones, y menos mal que son solo eso, exabruptos que en otras condiciones podrían tener mayores repercusiones, y como bien lo dijo un exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, solo porque esa resolución no tiene ningún efecto vinculante es que no se vuelve más trascendental, aunque ayer mismo la Organización de Estados Americanos mostró su preocupación al presidente.

Sin embargo, no es esta la primera ocasión en que la actual legislatura incurre en ese tipo de ligerezas, como se puede ratificar con la reciente aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, que pasó en menos de 120 minutos y ni siquiera fue sometida a debate, como también sucedió con el punto resolutivo, y que no solo hacen ver mal al Legislativo, sino que encima le acarrean un enorme daño a la institucionalidad, porque es muy fácil acudir a las instancias correspondientes para botarla.

Se está volviendo una creencia cada vez más fundamentada que esta es la peor legislatura que ha tenido el país desde la reinstauración de la democracia, y los hechos ratifican esa percepción, de la cual nadie se salva, pues como se comprueba en la sesión del pasado martes, de nuevo se le dio trámite a una resolución polémica, en la que un selecto grupo estaba al tanto de lo que eso implicaba, pero lo peor es que ni siquiera quienes ahora pretenden evadir la responsabilidad se dieron cuenta de lo que ocurría en el hemiciclo parlamentario.

Lo que debe quedar claro es que no es con oscuros y amañados procedimientos como se logrará cambiar el estado de cosas, pues a larga eso solo redundará en una imagen negativa para el país, y peor aún, cuando se anteponen intereses particulares a sagrados preceptos constitucionales que estipulan claramente la separación de poderes, y si eso no se comprende también se vulnera el estado de Derecho, sobre todo porque es de sobra conocido que en este Congreso y sus dirigentes no se puede confiar.