De frente sin ambiente

Magalí Rey Rosa

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Plagado de cifras manipuladas para sonar bien, no es de extrañar que el patético informe de avances 2014 no mencione el tema ambiental, porque no hay nada positivo qué  decir al respecto; y no es conveniente admitir lo que sí ha hecho el gobierno pepe. Es posible que Pérez y su combo de “socios”  ignoren que Guatemala es uno de los países más vulnerables del planeta ante los embates del cambio climático y la crisis ecológica; y que por eso sigan negociando  concesiones para explotar nuestras aguas, petróleo y minerales metálicos con compañías transnacionales y sus socios locales. O tal vez siguen pagando deudas de la pasada elección presidencial a financistas de campaña como el ministro de Energía y Minas…

La calidad ambiental del territorio en que habitamos determina nuestra calidad de vida. El pueblo guatemalteco que no cuenta con servicios básicos, como agua potable, será aún más vulnerable porque ese es precisamente uno de los bienes que se están entregando, ¡regalados!, a los inversionistas extranjeros y locales. Cuando hablamos de explotación petrolera, de minería, de hidroeléctricas o de megaplantaciones agrícolas  hablamos de industrias que usan muchísima agua, la misma que necesita la gente para sobrevivir. Así que el agua disponible para la población guatemalteca disminuirá y se contaminará más, gracias a esos procesos industriales. Gran “avance” del pepe en el tema ambiental.

Su otro “avance” es la total corrupción del Ministerio de Ambiente —originalmente diseñado para contener y minimizar la destrucción de nuestro patrimonio natural—   donde ahora aprueban oficialmente cualquier Evaluación de Impacto Ambiental que traiga la bendición del Ejecutivo, gracias a la ventanilla exprés  impuesta por este gobierno.

La población no advierte cuánto aumenta su vulnerabilidad; pocos analistas políticos lo notan; incluso el inocuo “movimiento ambientalista” está tranquilo, como si nada. Solamente algunos pueblos indígenas y comunidades rurales reaccionan ante la amenaza de la entrega de sus territorios y bienes naturales, pero caricaturizan su resistencia y tratan de acallar sus reivindicaciones, criminalizándolos. Tratar de impedir que un pueblo manifieste su posición es violar su derecho a la libertad de expresión.

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