Para él, la violencia se desarrolla como una arbitrariedad y arrogancia social que está reglamentada y sustentada institucionalmente en el derecho positivo.

La creación de derecho es creación de poder, y en tal medida un acto de inmediata manifestación de violencia —la enclenque incidencia de las comisiones de Postulación y el caudillismo político de los diputados—, creando lenguajes de poder para no ejecutar la justicia distributiva.

Por ejemplo, la pena de muerte y la autoridad policial personalizan la violencia no punible, aquella que se impermeabiliza de la justicia social y del respeto al derecho de la dignidad humana.

El derecho estratégicamente en su afán de absolutizar su ejercicio de la violencia impune monopoliza o coopta las manifestaciones violentas que pueden mermar la “institucionalidad” del Estado, eso significa reprimir y ser indiferente ante las huelgas sindicales y magisteriales, movilizaciones de pueblos indígenas sobre el uso y tenencia de la tierra, realización de consultas comunitarias de buena fe para la defensa de los recursos naturales y de los territorios, etcétera.

Benjamin argumenta que la violencia mítica al final de cuentas se complementa con la violencia divina —Semana Santa como artífice de la neutralización de la psique y gnosis—, pues ambas se amparan y reproducen sociojurídicamente a través de los engaños, simbolismos, internalización de culpas, miedos y fetiches que trastornan el imaginario individual y colectivo, utilizando únicamente las artimañas del mito, la invención, los dogmas y tabúes culturales sin utilizar el recurso de la violencia física y la fuerza militar.

Es decir, el derecho llega incluso jactanciosamente a decidir sobre la vida o sobre la muerte, implantando un poder biopolítico, aquel que según Michel Foucault gestiona involuntariamente la vida humana desde la óptica teológica, filosófica, metafísica y esencialmente política.

El control social de la vida humana permite sacar al ciudadano de su contexto social, cultural y económico, pudiendo ser tratada esta como un proyecto o programa de experimentación, sin que necesariamente sea castigable ante la justicia del Estado, mutilando la ética y la moral —experimentos sobre sífilis en Guatemala, eutanasia, genocidio, reducción de la natalidad, castración de la diversidad sexual, aborto, encarcelamiento político y eugenesia—.

No obstante, el derecho mal encarnado se constituye en un conjunto de saberes subjetivos que acrecientan la conflictividad societal y validan la intrincada red de las violencias.

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