Viene al caso la reflexión por el reciente trámite que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala iniciará en contra de Jisela Yadel Reinoso Trujillo, jueza cuarta de Primera Instancia Penal, a quien se sindica de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes, tres delitos recientemente incorporados a la legislación penal guatemalteca y que, además, son muy difíciles de probar, y quizá por ello es que se ha generalizado el abuso de poder en muchas esferas del sector público.

Sin embargo, cuando las investigaciones avanzan sin interferencias, muchos de estos casos pueden terminar en condenas ejemplares, aunque  esa ha sido una difícil batalla   para entidades como la Cicig y la parte del Ministerio Público que la asiste. A su debido tiempo, cada gobierno ha buscado copar esas posiciones para colocar gente allegada al partido oficial, a fin de evitar que muchas investigaciones den los frutos esperados, y por ello es que la impunidad en estos delitos es de las más altas.

 Por esa razón varios sectores se muestran favorables a que  Guatemala solicite sin mayor dilación que se prolongue el mandato de la Cicig, porque para nadie es un secreto que son muchos más los casos de enriquecimiento ilícito que existen y, en contraste, quienes más cargan con esas sospechas son a la vez los más reacios a demandar la prórroga de aquella instancia. Algo que se comprueba con el discurso  oficial, que por momentos parece dubitativo pero que rápidamente llega al ridículo de pretender que gente cercana al Ejecutivo tome semejante decisión.

En la medida en  que el Gobierno sea más reticente a esa petición, más profundizará  el descrédito, pues la corrupción se ha enquistado en el Estado, al punto de que ya es parte del discurso de los mandatarios, aunque hasta ahora nadie ha hecho absolutamente nada para contrarrestar ese flagelo. Por el contrario, más bien parecieran alentar el latrocinio, pues las denuncias se acrecientan y no se percibe el más mínimo esfuerzo  por cambiar esa situación por   parte de quienes tienen   la obligación de hacerlo.

Ha sido tan elocuente la rapiña de muchos funcionarios que, sabedores del pillaje en el que incurren, buscan de inmediato aparentar un cambio sustancial en sus fuentes de ingresos, algo que solo ellos se  creen, porque quien lleva una vida de trabajo honrado conoce de los sacrificios y esfuerzos que implica  acreditar un negocio rentable.

Lo que sí es cierto es que mucha de la  riqueza que ostentan algunos funcionarios  podría ser rápidamente extinguida si en el país existiera    independencia de poderes y  el sistema de justicia funcionara plenamente.