Guatemala tiene un largo historial de ambos contrastes, de la búsqueda política por la presentación de una realidad rebuscada y la realidad ineludible, que es un tanto más cruda. En ese afán estatal se incurre en  abusos, muchos de los cuales recaen sobre los medios de comunicación independientes, que no tienen más objetivo que servir a la comunidad y que, de hecho, sea esta misma la que a su vez valore lo que cada uno de ellos le   presenta, sin más interés que el de trasladarle lo mejor posible los acontecimientos.

Acaba de publicarse el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF), sobre la clasificación mundial de los países en los que las amenazas a la libertad de prensa se encuentra seriamente amenazada, y entre los punteros del escalafón internacional se encuentra Guatemala.

El informe destaca un “marcado deterioro generalizado” en el continente para que los periodistas puedan ejercer su trabajo libremente, y para ello se hace necesario que existan  plenas garantías de que esa labor sea respetada, sin limitaciones.

La presentación del nuevo informe de RSF es oportuna porque apenas el pasado jueves un grupo de reporteros fue agredido por agentes de la Policía Municipal  que pretendían vedarles la cobertura de un incendio en una bodega del Centro Cultural Municipal, antiguo edificio de Correos,  ubicado en la zona 1. Un burdo abuso,  innecesario, y que solo sirve para ratificar los extremos a los que pueden llegar empleados de menor rango, con el objetivo de limitar la labor periodística en  sucesos que  adquieren mayor relevancia por esos atropellos.

Aunque siempre buscarán justificar sus acciones, es oportuno recordar que tanto  los empleados como las autoridades de la municipalidad capitalina se encuentran entre quienes han persistido en una actitud hostil hacia la labor periodística, trabas   que son reiterativas en el hemisferio y por lo cual RSF denuncia  situaciones similares en la cobertura de manifestaciones en Brasil o en un movimiento de policías que demandaban un aumento salarial en Argentina, lo cual configura  un cuadro de arbitrariedades por el simple hecho de que se pretende  ocultar información.

Esos abusos no se limitan exclusivamente a la violencia física, pues en sistemas como el guatemalteco se busca  también hacer menos fiscalizable la gestión gubernamental. Por ello es que  RSF denuncia  que en muchos países se consigue ese objetivo  por medio de obstaculizar la libertad de informar o   limitar el acceso a datos,  pretendiendo clasificarlos  como de “seguridad nacional” o, peor aún, haciendo más burocráticos los pasos para acceder a ellos, como recientemente  intentó hacerlo el Ministerio de Gobernación.