El servicio civil es definido como el “conjunto de normas, reglas, valores, rutinas y procedimientos que, a través de su interacción, dan cuenta de la configuración de un modelo de empleo público profesional” (Ramió y Salvador, 2005:24).

Los principales antecedentes políticos y jurídicos del servicio civil en Guatemala son la Carta Magna de 1945, el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado de 1956, el Departamento Nacional de Personal de 1957, el Departamento de Servicio Civil de 1958 y la Ley de Servicio Civil de 1968.

Desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se han impulsado acuerdos regionales que el Estado ha ratificado como la Carta Iberoamericana de la Función Pública del 2003, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno del 2006 y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana del 2009, instrumentos que demarcan la ruta crítica para que nuestra burocracia sea eficiente, funcional, meritocrática, integradora, competitiva, proba y democrática.

Pero ¿a quién le importa esto si no existen estadistas? Por el contrario, abundan los mercenarios corporativistas y una clase política entreguista, ambos sectores rentabilizan sus ganancias gracias al servilismo de una burocracia precaria académicamente, enajenada y condicionada por las redes clientelares. Asimismo, ¿cuál es la contribución de las universidades al fortalecimiento del servicio civil si ya no forman profesionales pro-Estado?

Para el 2012 el promedio del Índice de Desarrollo Burocrático en Centroamérica fue de 32 puntos. Guatemala obtuvo una puntuación de 24, Costa Rica tuvo la mejor calificación con 54 y Honduras con 12 es el país que contempla las reformas desde el sótano (BID, 2006 & AECID-SICA 2009-2012).

Según la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), para el 2010, el total de puestos en el sector público —ministerios, secretarías, entidades descentralizadas y otras dependencias del Ejecutivo— era de 254 mil 223; esto evidencia una burocracia muy grande que contra una evaluación de desempeño rigurosa podría reducirse en un 60% que opera en un Estado desestructurado, sin brújula, corrupto y cooptado por los poderes paralelos.

En el 2009, el número de pensionados era de 81 mil 391 personas y el costo del régimen de clases pasivas civiles del Estado era de Q1 mil 99.7 millones. No obstante, la transformación del servicio civil pasa por aprobar la iniciativa de ley engavetada en el Congreso, tecnocratizar la gestión de los recursos humanos, hacer uso de las tecnologías de información y comunicación, institucionalizar mecanismos de promoción de la alta gerencia pública y convertir a la Onsec en una entidad estratégica de la Presidencia.