El presidente Otto Pérez Molina se vio obligado ayer a actuar de manera políticamente correcta cuando, en cadena nacional, manifestó haber entendido la magnitud de rechazo de los guatemaltecos conscientes a causa del bochornoso caso de defraudación aduanera que denunciaron la Cicig y el Ministerio Público, la semana pasada, y que causó la mayor crisis de este gobierno.

En el breve mensaje, el mandatario dijo que acusaba recibo del claro sentimiento ciudadano, manifestado en la capital y varios departamentos. El compromiso de garantizar el derecho ciudadano de protesta es una declaración que lo obliga también a admitir otro derecho constitucional: el de petición.

Esto es importante porque a los miles de ciudadanos que concurrieron al parque central a protestar pacífica y ordenadamente, a título personal, se unió por la tarde de ayer la cúpula del sector privado, por medio del Cacif, que solicitó en representación de este varias acciones plenamente justificadas.

Estas son: establecer las responsabilidades de funcionarios y de personas individuales o empresarios; que el mandatario garantice la independencia del sistema de justicia para que sus operadores puedan actuar sin presiones, y que los funcionarios señalados de corrupción en los medios de prensa presenten de manera inmediata sus declaraciones patrimoniales.

El sector privado y los manifestantes del sábado, así como un muy alto porcentaje de los ciudadanos, coinciden en una exigencia ineludible: garantizar la plena independencia de la justicia, sin lo cual las promesas presidenciales caerían en el vacío de la decepción popular, donde se encuentran muchas de las aspiraciones ciudadanas que ya fueron burladas en los gobiernos pasados y sobre todo en el actual.

De las crisis políticas surgen las más inflexibles expresiones de la moral pública, que es afectada por la corrupción, dolo que rompe reglas tanto éticas como legales. Por eso y en vista de que la impunidad es el resultado de acciones de retorcimiento de las leyes, no es negociable ningún otro camino ajeno a la aplicación de la justicia. En sociedades como la guatemalteca, cada vez que hay un juicio, de hecho es el sistema jurídico el que comparte el banquillo de los acusados. Este caso no será en manera alguna la excepción.

El presidente, al admitir la seriedad de la situación, necesita establecer con acciones, no solo con palabras, su compromiso por empujar al país hacia la única salida válida: el respeto al proceso judicial sin cortapisa alguna. Está en juego cómo quedará ante la Historia, que por ahora le es adversa y que provocó el sábado pasado una manifestación cívica sin precedentes. La solución debe ser institucional, porque el concepto de gobierno no equivale al de Estado. Para rescatarlo, siempre es necesario someter a todos al imperio de la ley, lo que, por aparte, necesita de una independencia que pocas veces como ahora está siendo cuestionada y es parte integral de la crisis.