Las constantes denuncias sobre graves irregularidades en los contratos de Gobierno han dado lugar a la duda razonable sobre el compromiso de los servidores públicos cuando aparecen anomalías en la gestión estatal. La evidencia demuestra hasta ahora que el silencio cómplice es el común denominador en muchos niveles de la administración pública, que ahora provocan el interés de la opinión pública.

Por eso no es extraño que cuando aparecen denuncias, el escándalo y el desencanto logren niveles de atención y molestia inusuales, ya por la decepción que causa un mal funcionario, ya por la amarga confirmación de un rumor de los que en las últimas semanas han sido conocidos por los guatemaltecos a causa de filtraciones de información, que al ser publicadas en los medios informativos comprueban no solo la utilidad de la libertad de expresión y de prensa, sino además permiten conocer las razones por las que estas no son aceptadas por quienes han sido depositarios del poder público.

Hace pocos días, el alcalde mixqueño, Ernesto Bran, sacó a luz un tema de plazas fantasmas en esa comuna, ocupada previamente por Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta proceso por casos gravísimos de corrupción en aduanas y también en el contrato dado a la Terminal de Contenedores Quetzal.

En ambos casos, nadie dijo ni hizo nada para detener las irregularidades, con lo cual cayó en una clara omisión de denuncia. Un caso equivalente se ha comenzado a destapar en Puerto Barrios, donde un usufructo oneroso conocido por el gobierno de Vinicio Cerezo en 1990 y por 25 años a favor de Cobigua, fue extendido oficiosamente en el año 2000 por el gobierno de Alfonso Portillo. En ese caso, se dio en arrendamiento el muelle a la empresa bananera por un período adicional de 33 años a partir del 2015, con lo cual el muelle mencionado regresará a manos del Estado hasta el lejano 2048.

Curiosamente, tampoco nadie se percató del hecho, cuyas motivaciones levantan profunda suspicacia.

Así como el alcalde Bran corrigió la plana de lo actuado por Pérez Leal y la Cicig, junto al MP, busca enmendar lo hecho por Pérez Molina y sus más cercanos colaboradores, las autoridades deben enfrentar desafíos como este que se dio en Puerto Barrios, anulando lo mal actuado y corrigiendo los procedimientos, a la vez que deduciendo todas las responsabilidades derivadas de este hecho.

El trabajo queda en manos del abogado del Estado, es decir, la procuradora general de la Nación, quien no puede hacer caso omiso de los hechos y deberá denunciar, so pena de caer en omisión de denuncia.

Es lo menos que los ciudadanos esperan de sus autoridades en un momento en que, comprobado está, los funcionarios prefieren evadir la obligación de denunciar lo malo.

Lo importante de este tema es que saca a flote la responsabilidad de quienes deciden guardar silencio ante las ilegalidades de quienes han ejercido cargos o han realizado acciones que se relacionan con cualquiera de las formas de trabajo de las instituciones estatales. Es una forma de ayudar a que quienes son llamados a ejercer funciones de este tipo tomen conciencia de que deben convertirse en vigilantes de la corrección y de la legalidad de las acciones de sus antecesores.