Los escenarios tanto político como jurídico del país volvieron a cambiar ayer, de manera sorpresiva, al conocerse las renuncias de siete colaboradores muy cercanos del presidente Otto Pérez Molina, cinco de ellos con participación en el Gabinete, lo cual evidencia que la más severa crisis política de la historia reciente de Guatemala está lejos de terminar.

Los funcionarios que salieron del Gobierno fueron el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y su viceministro, Edy Juárez; Michelle Martínez, ministra de Ambiente, y el recién nombrado ministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, a quienes acompañaron Ulises Anzueto, secretario de Inteligencia Civil, y los interventores de Puerto Quetzal y la Empresa Portuaria Nacional.

La explicación oficial es que se separan para que las investigaciones jurídicas, si es que fueran necesarias, se lleven a cabo sin la presión que implica su permanencia en el cargo, y todo como un esfuerzo para dar transparencia a la gestión pública. Pero la dimisión más sorprendente fue la de López Bonilla, uno de los hombres más cercanos al mandatario, responsable de la promesa básica de campaña; es decir, de avanzar en el tema de la seguridad.

La percepción popular es que el presidente está cada día más solo, en medio de la mayor crisis política que se recuerde en la historia nacional, a causa de las denuncias de defraudación y corrupción hechas hace dos semanas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, lo que provocó manifestaciones de protesta popular espontáneas y firmes.

Los funcionarios dimitentes, tanto ayer como hace algunos días, incluyendo la ex vicepresidenta, ya no tienen inmunidad ni derecho de antejuicio, y pueden enfrentarse a los tribunales de justicia, los que a su vez están en el ojo de la sociedad civil por su polémica y reciente designación. De esta forma se podrán comprobar y castigar las acusaciones diversas y casos francamente inadmisibles y escandalosos. Así será posible iniciar la lucha real contra la corrupción, que en Guatemala ha sido acompañante de la impunidad, y si se verificara la realidad de los rumores, la ciudadanía esperará sentencias ejemplares.

Así como están las cosas, cada paso que está dando el Gobierno abre nuevos escenarios con nebulosas posibilidades. Todo se complica adicionalmente por el desarrollo del evento electoral, que ya comienza a dar muestras de una enconada batalla que preocupa, por las características de campaña negra que ha empezado a florar, y que genera más incertidumbre en el proceso. Esto, aunque parezca un tema distinto, en realidad debe tomarse en cuenta.

Estas dimisiones y las que puedan venir en el futuro cercano, debido a nuevas denuncias, pueden convertir cada día en el posible último desafío del presidente, cuya capacidad de maniobra está siendo puesta a prueba, en condiciones en las que nunca pensó encontrarse: el más alto riesgo de naufragar y hundirse políticamente.