Desde las manifestaciones que en 1944 culminaron con la defenestración de la dictadura de Jorge Ubico, Guatemala había entrado en un pronunciado letargo respecto de esas expresiones de repudio hacia los abusos de poder y fueron escasas las que se produjeron durante los gobiernos militares, precisamente porque en el país se habían instaurado regímenes represivos ante los cuales era difícil y peligroso salir a las calles a exigir el respeto de derechos fundamentales, mucho menos se podía demandar frenar actos de corrupción.

Ayer, el país vivió de nuevo una jornada histórica con las marchas del Día del Trabajo, ocasión que fue aprovechada por trabajadores, intelectuales, ciudadanos y estudiantes que buscaban una nueva oportunidad para expresar su rechazo en contra de la corrupción y de quienes hasta ahora son las caras más visibles por permitir esos abusos. Demandas más que justificadas porque la rapiña en la administración pública había degenerado en un auténtico abuso de poder, precisamente por los cabecillas de esa mafia.

Por primera vez, las reivindicaciones propias de los trabajadores dieron paso a la exigencia más puntual de ponerle freno a la apropiación indebida de recursos que son del pueblo y que, en consecuencia, deberían tener un destino mucho más loable, como es resolver penurias de miles de pobladores que viven una agonía cotidiana, marginados de las obligaciones del Estado, debido a la falta de medicinas o cuadros de desnutrición en los que ningún niño guatemalteco debería encontrarse.

En vez de eso, quienes se aprovecharon de los recursos públicos para amasar infames bienes y fortunas hicieron una escandalosa ostentación de un cambio que sus salarios nunca podrían haber logrado. Algo de lo cual cualquier ciudadano puede dar fe, pues con el trabajo diario, ni siquiera con los mejores ingresos, se pueden satisfacer esos ritmos de vida, que solo el dinero mal habido puede proveer y, por supuesto, la indiferencia de quienes tienen la obligación de velar porque eso no ocurra.

Por ello es que resultan comprensibles demandas como las planteadas ayer en el desfile del Día del Trabajo, pues mientras millones de trabajadores subsisten con salarios que nunca llegarán a cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica, un grupo de rufianes obtenía descomunales ingresos ilícitos. Peor aún, estos eran recursos que el Estado debía recibir, justo cuando se atraviesa por una de las peores crisis financieras que amenaza con limitar el funcionamiento de instituciones relacionadas con el sistema de justicia y el proceso electoral.

Un detalle que no deben soslayar quienes se encuentran en el epicentro de las demandas de la población, ya que el discurso reivindicativo es claro en demandar la renuncia de los gobernantes, y de manera enfática contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, porque los consideran en todo caso responsables de asumir una conducta de total irresponsabilidad mientras uno de los hombres más cercanos al Gobierno encabezaba una banda que se dedicaba a hurtar millones de quetzales de las arcas nacionales. Estos son argumentos que deben pesar mucho en la búsqueda de soluciones.