Los partidos mayoritarios en el Congreso de la República, con sus actuaciones de ayer, provocaron nuevamente desconfianza en la ciudadanía, como consecuencia de la serie de acciones que tienen como efecto real continuar con el atraso para que ese organismo decida si procede continuar con el proceso previo de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina para que este responda ante la ley respecto de las acusaciones que pesan sobre él desde hace algunas semanas.

El Congreso, por un lado, cumplió aprovechó las circunstancias para elegir al integrante de la Corte de Constitucionalidad que sustituirá a Alejandro Maldonado Aguirre, actual vicepresidente del país, quien, por cierto, ha mantenido una actitud de total discreción en las actividades derivadas de su alto puesto.

Sin embargo, la reunión pasó por una prolongada pausa cuando comenzó a realizarse la tarea de completar la comisión pesquisidora que dentro del Congreso tiene la tarea de decidir si las acusaciones contra el mandatario son suficientemente sólidas para que posteriormente el pleno se encargue de la decisión final. Esto se debió a las posiciones adoptadas por diputados de los partidos Patriota y Líder, lo que reaviva la sospecha de que entre ambos se mantiene el acuerdo político que se ha manifestado en otras ocasiones.

El punto principal de este asunto no se refiere al hecho en sí planteado en contra del mandatario, porque de todos modos su fuerza política se encuentra muy debilitada como consecuencia de la concatenación de aspectos internos y externos que se han unido en su contra. Lo básico es reducir el tiempo en que el Congreso actúe, porque de esa manera se puede cerrar el caso, o aplicar las leyes que regulan situaciones como la actual.

En el trasfondo de todo esto se encuentra la cercanía de las elecciones, programadas para dentro de apenas nueve semanas. Hay desconfianza e incertidumbre acerca de cómo se celebrarán, cuántos candidatos serán inscritos y cuántos recibirán sus credenciales respectivas. Si el Legislativo no toma la decisión que debe, cualquiera que esta sea, se mantendrá esa duda que ahora se encuentra en el ambiente y que ya surte efectos en el campo de la economía, algunos directos y otros indirectos.

Respecto de la validez de la renuncia del diputado Baudilio Hichos a la presidencia de la Comisión, tal como se esperaba, el pleno la aceptó de inmediato, porque se trata de una instancia superior a la del grupo pesquisidor. Esta decisión debe ser congruente con acciones futuras para reducir el tiempo para la solución de la crisis. Por cierto, es necesario señalar que hacer uso de estos requisitos legales no puede ser calificado como un riesgo a la estabilidad del país, como se ha dicho.

Los congresistas deben tener muy clara la vigilancia social acerca de sus actividades y la obligación moral que tienen para actuar en este caso sin precedentes en Guatemala. Ya no es momento de seguir jugando con decisiones que, en la práctica, solo afianzan la desconfianza generalizada en el poder estatal llamado a ser el más importante del sistema democrático.