La Corte Suprema de Justicia dio trámite ayer a nueve solicitudes de antejuicio, una en contra de un magistrado de ese organismo y ocho contra diputados del oficialista FCN-Nación.

El primero, el magistrado Douglas Charchal, está sindicado de haber influido para que avanzara sin mayores obstáculos la autorización de un contrato de usufructo para la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Su caso pasa ahora al Congreso, donde podría ser desaforado y quedar sin inmunidad, para que pueda ser investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Contra los diputados oficialistas existe una denuncia presentada por el MP, por discriminación, concusión y tráfico de influencias, que son el producto de una sesión cargada de abusos en contra de la gobernadora de Alta Verapaz, quien tímidamente se quejó por esos atropellos, que incluyeron insultos de los congresistas.

Ambos procesos abren una enorme posibilidad para que se siga fortaleciendo el estado de Derecho y al menor indicio de culpabilidad se debe proceder con todo el peso de la ley, para darle paso a la depuración de esas dos instancias.

La situación del magistrado Charchal es de mucha relevancia porque existen audios que lo vinculan con el oscuro proceso para otorgar una parte de Puerto Quetzal, todo lo cual habría ocurrido bajo sospechosas condiciones, que deben ser plenamente esclarecidas.

Pero también porque él es parte de un grupo de magistrados cuya elección fue seriamente cuestionada, pues nada menos que se realizó con un voto abrumador de diputados de los partidos Líder y Patriota, lo que había dejado la sospecha de que hubo acuerdos bajo la mesa, lo cual también ha salido a relucir en el testimonio anticipado de uno de los testigos en el caso TCQ.

En cambio, el caso de los diputados oficialistas podría ser más sólido porque existen suficientes evidencias y el testimonio de la principal perjudicada, que debe tener el valor para sostener la acusación y no dudar de que tendrá el apoyo social, porque lo que ha denunciado no extraña a nadie.

Los legisladores denunciados tienen el agravante de ser tránsfugas declarados que han pasado por varias agrupaciones políticas, principalmente con los partidos oficialistas, que es donde más han podido dar rienda suelta a sus vergonzosas demandas, las cuales se reducen a un vulgar tráfico de influencias con el objetivo de mantener privilegios.

Esas prácticas no son nuevas, pues recién acaba de denunciar el ministro de Relaciones Exteriores que ha pasado también por la penosa situación de atender la solicitud de plazas por parte de los congresistas de la bancada oficialista.

Por eso es que el avance de estos procesos de antejuicio se presenta como una gran oportunidad para que la justicia envíe un poderoso mensaje a quienes han abusado del poder para satisfacer intereses mezquinos, lo cual no puede tener cabida en un sistema al que le urge que se emprenda una depuración de funcionarios indeseables, que solo llegan a los cargos a pagar favores inmorales o a extorsionar.