La semana pasada, en un arranque de prepotencia, beligerancia y abierto desafío a la Contraloría General de Cuentas, y sin importarles lo consignado en el artículo 6 de la Ley del Salario en la Administración Pública (decreto-ley 11-73), que claramente dice que: “no forman parte del salario los beneficios que se otorguen, en especie o en efectivo, por conceptos de gastos de representación, hospedaje, alimentación, uniformes, viáticos, dietas u otros similares”, los diputados aprobaron por mayoría el acuerdo legislativo (18-2017), donde instruyen a la Junta Directiva del Congreso “a pagar la remuneración y demás prestaciones correspondientes, consistentes estas en remuneración mensual, dietas, gastos de representación, bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, aguinaldo, calculadas estas últimas sobre el total de remuneraciones mensuales devengadas, y todos los demás derechos y prestaciones que la Constitución Política de la República y demás leyes reconocen”.

Con esta medida, se auto-recetaron el pago de bono 14 y aguinaldo sobre la totalidad de los ingresos que devengan y no solo sobre el salario base, como indica la ley. Desafiantes frente a la indignación generalizada por este nuevo abuso, sellaron la unidad de sus intereses quitándose la corbata en el pleno, acción por demás simbólica de que la única ideología que verdaderamente comparten es velar por el interés propio.

Triste fue ver que hasta diputados y diputadas que una hubiera tenido por honestos acuerparon la medida. No pongo en tela de juicio el derecho que tiene todo trabajador —y también toda autoridad electa o designada para ejercer un cargo público— a tener un salario digno y acorde con el nivel de responsabilidades inherentes al puesto que ocupa. ¡Qué mejor lugar que el Congreso para poner orden finalmente en el sistema de servicio civil del Estado! Pero quedó claro que esa nunca fue la intención. Lo único que quieren es evitar devolver el dinero que no les corresponde por el sobrecálculo de prestaciones, hallazgo que fue reportado milagrosamente esta vez por la Contraloría General de Cuentas, así como legalizar esta base de cálculo de sus prestaciones, aunque claramente violente la normativa existente.

Alguien me señalaba atinadamente que no son los diputados los primeros en incurrir en este tipo de proceder. De hecho, en los tres organismos del Estado, inclusive en el propio ente contralor, ha habido abusos de la facultad de fijar las escalas de remuneración y conferir prestaciones, sobre todo cuando van dirigidas a los funcionarios del más alto nivel. Al grueso de trabajadores, por el contrario, se le denigra y descalifica cuando reclama mejoras en su remuneración.

De esta clepto-gente no podemos esperar ya nada bueno. ¿Pero qué de nosotros, los y las ciudadanas que supuestamente nos indignamos al conocer estos hechos? ¿Nos quedaremos indiferentes y tolerantes ante este nuevo abuso? Si nos quedamos impávidos, ¿qué harán ellos después: ¿Promulgar una ley para legalizar la corrupción estatal?

El país se nos va de las manos y no va a haber ninguna entidad ni persona que logre sacarnos de este abismo si nosotros no actuamos. Con esa clase de gente decidiendo sobre nuestro presente y futuro nunca habrá las reformas que tanto necesita el país. La acción y movilización ciudadanas podrán no ser condición suficiente para lograr cambios, pero sí es un factor indispensable para catalizar nuevas dinámicas. ¡Es hora de pronunciarse, de movilizarse de nuevo; ejerzamos presión social para poner a estos clepto-diputados de una vez por todas de patitas en la calle!

¿Qué abogados se apuntan para impugnar este acuerdo legislativo?