Opinión

Cable a tierra

El legítimo derecho al descanso

Karin Slowing

Karin Slowing

Tener unos días de vacaciones al año es un gran privilegio del que gozan pocos guatemaltecos. La mayoría carece de un empleo formal que incluya dicha prestación; quienes generan sus ingresos como jornaleros, agricultores microfundistas o en la informalidad viven el día y al día. A veces, ni eso. Los más afortunados ven su futuro financiero en términos de semanas, meses o temporadas. Peor aún, ni aún quienes tienen el derecho tienen necesariamente las condiciones para convertirlo en un tiempo dedicado a alejarse de su actividad o entorno cotidiano. Según la Encovi 2014, el 64% de la población ocupada que generaba sus ingresos por la vía del salario tenía ingresos promedio menores al salario mínimo de ese entonces. Por ende, pocos hogares tienen ingresos suficientes como para financiarse unos días de solaz al año, a menos, claro, que se endeuden. De hecho, la mayoría de nuestros recesos laborales están relacionados todavía con una festividad religiosa, la feria patronal del pueblo o la comunidad, o un hito que conmemora alguna gesta histórica y que el tiempo y los cambios en el modo de vida han reconvertido a “días de vacaciones”.  Así de precaria es la calidad de vida en esta sociedad.

Por supuesto, en un país que solo del diente al labio reconoce que alimentarse es un derecho humano, no se puede esperar que el ocio y la recreación se consideren aspectos esenciales para conservar la salud física y mental y la dignidad humana, o que sirva para robustecer el tejido social y hasta para favorecer la paz. Menos todavía, pensarlo como un derecho básico que debería tener toda persona. El Estado que pensaron Arévalo y Árbenz sí concibió crear condiciones para la recreación como parte de sus tareas, función que entregaron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, al igual que pasó con otras labores fundamentales que desempeñaba, su papel se fue deteriorando y desmantelando conforme se fue afincando la noción de que las funciones del Estado deberían ser ejercidas por el mercado, especialmente cuando el ocio y el esparcimiento se han transformado en una industria global que genera millonarias ganancias.

La única parte que sobrevive de esta función es la que realiza el Irtra (Instituto de Recreación de los Trabajadores), entidad público-privada, subsidiada por el Estado y destinada a la recreación de los trabajadores empleados en el sector privado. Para el resto de usuarios, el costo es bastante superior. En abierto contraste, las instalaciones para la recreación de los trabajadores del sector público dan pena. En suma, como para muchos otros satisfactores, en Guatemala cada quien debe ver por su cuenta sí se recrea y cómo se recrea.

No hay esperanzas de que, en el corto plazo, cambie la visión respecto del papel que funge la recreación en el funcionamiento social. Para ello necesitaríamos, en primera instancia, considerar a las personas como sujetas de derechos y no mano de obra semiesclava. En segundo lugar, generar una visión del papel que la industria del ocio y el entretenimiento podría tener en la economía nacional, generando condiciones para que Guatemala no sea solamente un destino turístico para extranjeros, sino haciendo crecer el mercado interno. Esto implica mejorar los ingresos de la gente y que tengan el tiempo para vacacionar y condiciones para hacerlo, lo que nos lleva al tema de la infraestructura vial y hotelera en buen estado y accesible económicamente.

Mientras eso ocurre, para algunos, quedarnos en casa, alejados del bullicio y las aglomeraciones en que se han convertido las fiestas navideñas, puede ser equivalente a haber alcanzado el nirvana.