Dentro del conocimiento popular de la nomenclatura de los poblados guatemaltecos, son pocas las personas para quienes significa algo el nombre de Ixchiguán, en San Marcos, situado en la zona cercana al hermoso volcán Tacaná y cercano a otro municipio, Tajumulco, conocido por el volcán de ese nombre, el más alto del Istmo. Perdidos en la geografía cuya belleza esconde una dura situación para sus habitantes, estos lugares cercanos a la frontera con México se han convertido silenciosamente en áreas de plantaciones de amapola, cuya relación con las narcoactividades permite convertir esa flor de rojo brillante y tres cosechas anuales en la fuente de subsistencia de los lugareños.

Como ocurre en muchos lugares el país, donde la presencia de las autoridades es prácticamente nula, reina la ley del más fuerte, en este caso quienes participan de cualquier forma en esa actividad ilegal. No debe extrañar a nadie el aumento de la violencia y de las tensiones sociales en ambas comunidades, también envueltas en enfrentamientos ancestrales a causa de límites, los cuales son utilizados como una cortina de humo. Mientras tanto, en la capital, lejana en todos los sentidos, todas las instancias del gobierno permanecen sin actuar, en términos prácticos, como ha sido el caso desde hace décadas. De hecho se trata de dos municipios no integrados a Guatemala, con lo cual tienen una situación parecida a lugares peteneros y de varias áreas del Oriente.

El estado guatemalteco comenzó a reaccionar desde hace relativamente poco tiempo, pero ante el incremento de la violencia y de la tensión social, decidió implantar un estado de Sitio en el área, para lo cual solicitó y obtuvo el aval del Congreso. En teoría, todo está correcto y se trata de evitar posteriores críticas y acusaciones contra las tropas militares, cuyo envío es necesario a fin de poner orden según los lineamientos legales. Sin embargo, esta medida, a mi juicio, constituye un pensamiento táctico, es decir de cómo realizar con éxito una acción específica y determinada, cuando lo más importante es aplicar criterios estratégicos a fin de evitar más violencia, sobre todo cuando esta ha sido anunciada en forma directa o indirecta por algunos de quienes van a involucrarse.

La presencia del ejército debe ser analizada según su significado a lo largo de la historia reciente. El retiro de las unidades castrenses de algunos otros lugares del país ha sido criticado por grupos de pobladores, a causa del aumento de la violencia provocada por los mareros y otros delincuentes. Sin embargo, en ocasiones como la comentada hoy, es evidente la intención de facilitar o provocar incidentes, cuando de manera pública algunos vecinos de Tajumulco exigen a los militares “no meterse con nosotros”. Por eso todas las acciones realizadas en esos lugares deben contar con la presencia de representantes de las instituciones estatales relacionadas con los Derechos Humanos, para compensar la presencia de oenegés cuyos intereses no siempre coinciden con los del país.

Los intereses nacionales, vale la pena señalar, tienen una de sus manifestaciones más claras en buscar la manera de evitar violencia y derramamiento de sangre. Ya demasiada se ha derramado en todo el país, por un tiempo también demasiado largo y razones, motivos y pretextos y demasiado lamentables. Se requiere de estrategia y de sereno realismo ante la maraña de condiciones de todo tipo existentes en el lugar, y también ante la potencia de fuego de las armas de grupos ilegales, otra característica causante de complicaciones adicionales. Mi preocupación radica en la duda acerca de la capacidad de quienes desde el gobierno toman las decisiones, porque el caso es difícil, arriesgado en sí mismo y por los oscuros intereses presentes.