Opinión

Catalejo

La generalización al juzgar la corrupción

Mario Antonio Sandoval

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La corrupción ha existido desde hace miles de años. Los galeones españoles —un simple ejemplo— tenían un doble fondo, y allí era transportado en secreto oro de América para beneficio de los capitanes y un grupo pequeño de oficiales. En los últimos años, la megaexplosión de corrupción en todo el mundo, así como los excesos casi increíbles de esta, ha provocado una lucha mundial por erradicarla, sobre todo entre los burócratas y sus compinches tanto dentro del aparato político como de sectores sociales y económicos. A causa de ser una  guerra, existe la posibilidad de las “bajas colaterales”, como dice el pensamiento castrense. Existe también el criterio de no luchar contra el flagelo, para de esa forma proteger a quienes no son culpables.

Este análisis tiene algo de filosófico y por ello es necesario recordar el significado de algunos términos. Falacia es “un razonamiento no válido que lleva a conclusiones erróneas”. Existen muchos tipos de esta equivocación, una de ellas es la falacia de generalización, consistente en darle a un todo las características de alguna de sus partes. (Los carros son de hule porque las llantas lo son). La lucha de la corrupción en la burocracia tiene el riesgo de caer en esta falacia, cuando se juzga a humanos pertenecientes a un determinado grupo: ministros, diputados, integrantes de un partido político, e incluso maestros, alcaldes, etc., así como a empresarios, sindicatos y demás.

El problema es generalizar, es decir no dejar abierta la posibilidad de excepciones. No tienen validez lógica las frases “todos los alcaldes y los diputados son corruptos”. Se debe especificar: “el alcalde de una metrópoli o de un municipio es corrupto”, o “los diputados firmantes de una acción corrupta son corruptos”. Aún así, en este último caso el problema persiste, porque con sólo un diputado firmante, pero no corrupto, el razonamiento de esa generalización se derrumba. Por supuesto, contribuye a ese error la gran cantidad de casos corruptos en el Congreso, en el gabinete, y ello ayuda a inferir una conclusión general a partir de información insuficiente. Otro ejemplo: “todas las acciones del presidente son corruptas”, algunas no lo son.

Este tema tiene lugar en la actualidad a causa del tema Odebrecht. Los diputados firmantes no necesariamente recibieron dinero, pero por desgracia esto es imposible de comprobar. Queda entonces buscar posibles votos no corruptos porque en el momento de la aprobación no se conocía la calidad inmoral de la empresa brasileña, con aureola de fama en toda América Latina. Otro criterio se puede buscar en las actuaciones previas de los diputados. Algunos sobresalen por acciones dudosas. Otros no han dejado huella en su paso por el parlamento: unos más se caracterizan por ser levantadores de mano profesionales. Y también es efectivo juzgar el nivel de vida de los diputados antes y después de serlo. Los corruptos casi siempre ascienden en forma meteórica.

La lucha contra la corrupción tiene muchas de sus bases en el aspecto ético, el cual —como en todo— debe ser superior al meramente legal. Los actos corruptos no se pueden justificar moralmente, es decir con la aplicación de una doctrina ética, pero en el caso de Guatemala tampoco son justificables legalmente. La ruptura es entonces doble. Cuando se señala la posibilidad de una víctima inocente como razón para dejar sin cambios el statu quo, en la práctica se apoya a la corrupción. Una forma de evitar caer en estos problemas es negarse a firmar cuando hay dudas o abstenerse de asistir. Es una manera de facilitar la posibilidad de defensa cuando hay una generalización, explicada a causa de la gran cantidad de casos similares.