La Octava Legislatura es resultado de un proceso electoral desarrollado durante la crisis social y política, en la que se manifestó un abierto rechazo a la política clientelar, manipuladora, aprovechada y saqueadora de los recursos públicos para beneficios personales. Agotado el proceso electoral, la transición fue ordenada, con algunos diputados que no pudieron asumir sus curules y partidos que se partieron en pedazos.

Los partidos UNE, MR, Todos, UCN y Viva ganan la Junta Directiva, encabezada por Mario Taracena. El partido oficial, FCN, no participa en la Junta Directiva y presidencias de comisiones; en poco tiempo incrementan sus miembros, convirtiéndose en bancada mayoritaria, con 37 diputados, luego de 16 electos por su símbolo. Los diputados de PP y Líder, en su mayoría, pasan a formar el MR y Alianza Ciudadana (AC), colocándose a nivel y superando a UCN, EG y Todos; siendo los de menor número de diputados Creo, Viva, PAN, Convergencia, Fuerza, URNG, Unionista y Winaq. En la actualidad hay algunos independientes.

El proceso se inició con la integración de bloques partidarios; luego, con reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, que fortalecieron el trabajo parlamentario y a los partidos políticos, castigando duramente el transfuguismo. La agenda se inició con temas urgentes como las reformas a la LEPP, Ley del Ministerio Público, readecuación presupuestaria, Ley de la Carrera Judicial, Ley de Promoción del Empleo y Ley de la SAT; además, con iniciativas, leyes, préstamos y ratificación de convenios, que no fueron conocidos en su momento, por el empantanamiento al que fue sometido el Congreso.

Se ordena la casa, por medio de la nueva Ley del Servicio Civil, que establece contrataciones por oposición, conforme a manuales de puestos, funciones y salarios; no parientes de diputados, empleados o asesores; capacitación y evaluación; incremento sobre salario base y no sobre salario integrado, y nadie devenga más que un diputado; tiempo de servicio y retiro voluntario, lo que generó confrontación con los sindicatos. Las investigaciones, secuestro de documentos, antejuicio y capturas no se hicieron esperar, incluyendo hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.

El segundo período de sesiones ordinarias de 2016 trae importantes retos. Deben conocerse el Código de Migración y las leyes del Servicio Exterior, de Desarrollo Rural, de Aguas, de Competitividad, de Generación de Empleo, Reguladora del Transporte Extraurbano y la de Moratoria Minera, entre otras, las que son legislación ordinaria. La reforma constitucional para el fortalecimiento de la justicia, la reforma tributaria anunciada por el Ejecutivo y la aprobación del Presupuesto General de Gastos de 2017 serán legislación extraordinaria que requerirá de un gran esfuerzo y desempeño para su aprobación.

Afortunadamente, no hay en el Congreso una aplanadora oficial que pase sobre las demás ni una oposición que bloquee irracionalmente al oficialismo. Prevalecen los ánimos constructivos y la voluntad política entre las diferencias ideológicas y políticas naturales y necesarias. Ningún bloque puede por sí solo, lo que obliga y permite asumir y respetar acuerdos.

La madurez y capacidad estarán a prueba cuando lo anterior se desarrolle de manera simultánea, con los acuerdos para la elección de la nueva junta directiva para el 2017. Veremos si se tiene capacidad de hacer prevalecer el interés nacional sobre los muchos particulares presentes. Que la sensatez y los hechos sean más fuertes que las palabras.

(*) Diputado al Congreso de la República