CONFORME PASAN LOS DÍAS, los ciudadanos interesados en el acontecer nacional afianzan su convencimiento de la absurda medida firmada por el presidente Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera y los ministros integrantes del gabinete, con excepción —por suerte o por astucia— del canciller. Esa firma fue el segundo error ministerial cometido por quienes se apresuraron a firmar un documento de “apoyo” al mandatario pocas horas después de su anuncio del involucramiento de su hijo y su hermano en una investigación del Ministerio Público en referencia a acciones ilegales cometidas por Anabella de León, durante su tiempo como Registradora de la Propiedad. Varios errores en demasiado corto tiempo, con consecuencias.

ALGUIEN CERCANO AL presidente Morales debería explicarle, además, por qué su destemplada y grotesca arremetida contra la prensa, a la cual acusó de corrupta y de criticarlo por no tener contratos de propaganda oficial. Primero, porque la afirmación constituye una “falacia lógica de generalización imperfecta”, es decir de señalar a todos los miembros de un grupo, en este caso los periodistas, de ser corruptos porque reciben pagos bajo la mesa para beneficiar al gobierno, o la esconden con contratos cuyo fin es acallar a las críticas. En otras palabras admitió públicamente cuál es el fin de esos contratos, y debe saberlo por su larga relación con la televisión abierta, receptora con ese fin de cientos de millones de quetzales durante décadas.

LA FIRMA DEL ABORTADO “estado de prevención” fue el resultado de varios factores. Uno, el burdo intento de los asesores presidenciales, sobre todo del Secretario de la Presidencia, de aprovechar —al mejor estilo de las dictaduras militares del pasado cercano— la coyuntura de las lluvias para cercenar derechos constitucionales, como el de protesta y la libre emisión del pensamiento. Dos, la ignorancia del ejecutivo y de su gabinete de estos factores elementales. Ahora, todos ellos se encuentran en un claro problema legal porque el delito contra la Constitución, a la cual todos juraron defender, fue cometido en el momento de la firma. La pena a ese delito, hasta donde llegan mis conocimientos, se castiga con una condena en la cárcel.

EL CONGRESO TIENE EN SUS manos las acciones pertinentes, entre las cuales sobresale la expulsión del cargo al binomio presidencial. Pero esa solución jurídica tiene el terrible elemento político: el parlamento sería el encargado de elegir a los sustitutos. Lo cual es caso impensable, debido al desprestigio institucional y del más del 90 por ciento de sus integrantes. En una democracia asentada, nadie estaría dudando acerca de la solución, es decir, forzar por presión pública a la renuncia de quienes fueron electos hace menos de un año y solo tienen ocho meses de gobierno, durante los cuales sus acciones han demostrado no solo su incapacidad personal, sino la falta de reflejos políticos y han borrado el pegajoso pero falso lema de la campaña electoral.

UNA POSIBILIDAD, SEGÚN UN estimado abogado a quien conozco desde hace décadas, es la del llamado “perdón judicial”. Esto les permitiría continuar en sus cargos, pero los dejaría con antecedentes penales. Tema polémico, sin duda, pero a mi juicio digno de un análisis profundo, sobre todo centrado en el indispensable espíritu de la ley, no de su letra muerta. Por otro lado, los ministros pueden ser personas deseosas de buscar impunidad, de ascender en una carrera política, pero también pueden estar allí por un sincero deseo de servir al país. No es el caso de quienes son candidatos y ocultan su relación con grupos oscuros. Como sea, el caso del acuerdo gubernativo mencionado aún está muy lejos de terminar. Vienen sorpresas, poca duda cabe.