Dos videos recibidos con pocas horas de diferencia se convirtieron en pruebas adicionales de un derrumbe estatal ejemplificado con el absurdo de la amenaza de dejar abandonados a su suerte a los jóvenes atendidos en el Hogar Rafael Ayau. El primero presenta a un exagente de la Policía Nacional Civil denunciando las inhumanas realidades de esa institución estatal. En segunda, varios adolescentes integrantes de una mara hablan en forma poco entendible y muestran con toda naturalidad y desparpajo armas de fuego de muy alto calibre, sin duda alguna utilizadas para cometer todo tipo de delitos, crímenes y fechorías. En ambos casos, las redes sociales fueron el medio empleado para enviar sus mensajes, diseminados literalmente por todo el mundo.

El exagente hace un llamado a los actuales agentes a realizar un paro porque a causa de la corrupción carecen de equipo y de capacitación, deben comprar su equipo en muchos casos. Están mal alimentados, en las sedes policiales todos duermen hacinados, no hay agua, los sueldos son de hambre, el hospital policíaco no tiene medicinas. Por todo ello, los ciudadanos no podrán recibir protección ni auxilio cuando la soliciten, porque en Guatemala reinan la inseguridad y de la delincuencia. Lo denunciado por el exagente no es nuevo, pero la vehemencia de sus declaraciones obliga a los guatemaltecos a comenzar a pensar en serio en la realidad de estos servidores públicos a quienes se les margina y se les califica de la peor manera, aunque muchas veces se justifique.

¿Verdad, doctora que no me voy morir? decía muy angustiada la agente Cindy Margoth Sánchez González de Gaytán, de 22 años, una agente antinarcóticos de solo 15 meses de servicio, cuyo padre es policía jubilado, madre de un niñito cuyo cuarto cumpleaños iba a celebrar el día del ataque de delincuentes en Santa Catarina Pinula. Murió dos horas después de la operación. El exagente denunciante dice: “Darán condecoraciones, cargarán el ataúd… pondrán bandera… ¿y las familias, qué?… ¿cuántas muertes más de agentes necesitamos para organizarnos bien y decir ‘ya no más’? Su muerte será en vano” (Se refiere a la de todos los agentes. Este año han muerto nueve en servicio y 10 fuera de servicio, equivalente a un promedio de uno cada cinco días).

El otro lado de esa medalla son los mareros, perfectamente armados, en una muestra de la guerra no declarada contra las autoridades, es decir contra el sistema, con sus indudables efectos de asustar a la población, amedrentar a la Policía Nacional Civil y a los jueces, muchas veces obligados, por temor, a dejar libres a los delincuentes. A todo esto se agregan factores como las exigencias de entidades locales y extranjeras de defensa a los derechos humanos, cuyas protestas parecen olvidar estos derechos de los ciudadanos y estas autoridades. Yo temo mucho la “salvadorización” de Guatemala en el asunto de la impunidad rampante de maras convertidas de hecho en mandamases omnímodos.

El país parece ser un barco cuyo hundimiento está garantizado a causa de miles de agujeros. Dentro de ese panorama no puede dejar de pensarse en la lucha contra la corrupción, enorme telón de fondo, así como en la necesidad de apoyar a quienes luchan contra este flagelo, causante —por ejemplo— del desprestigio de servir en los puestos gubernativos aunque se trabaje bien. La situación, en general, es negativa y además es percibida de esa manera. Eso incluye al Congreso, al Ejecutivo, al Sistema Judicial, las municipalidades, etc. Lo peor, a mi juicio, es la evidente incapacidad de la sociedad guatemalteca de comprender las causas de todo esto y entonces no saber cómo hacer para buscar soluciones realistas, aunque sean duras. Sin eso, el Estado de Guatemala simplemente dejará de existir en la práctica y se afianzará la ingobernabilidad.