En la discusión legislativa sobre el presupuesto 2017, más vale que si los diputados amplían fondos para atender al guatemalteco en el extranjero lo dirijan a que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda ampliar y fortalecer su red consular, y no caigan en la mentira de que entes como Conamigua sirven para proteger al migrante.

Digo lo anterior, porque todo servicio estatal que un guatemalteco necesita en el extranjero proviene de un consulado. Y actualmente tenemos una temeraria debilidad consular en Norteamérica, la cual desgloso así: Primero, tenemos pocos consulados; segundo, cada consulado tiene poco personal; y tercero, los consulados aún no brindan todos los servicios que el migrante necesita.

Sobre los pocos consulados, es imprudente que en EE. UU. solo tengamos 11 sedes abiertas al público; eso para un territorio 90 veces mayor que Guatemala. Y en México la situación es aún peor, ya que al norte de la Ciudad de México no hay más que una sede en Tijuana, frontera con California. Es decir, carecemos de presencia en más de la mitad del vasto territorio mexicano, donde pasa la peligrosa ruta migratoria, donde incluso infantes de nuestra tierra van expuestos al terror del crimen organizado, del abuso estatal y la tempestad natural.

Sobre el personal, en EE. UU. cada sede tiene un promedio de cinco trabajadores; es decir que unos 55 trabajadores deben atender a una población migrante que ahora el canciller estima arriba de los tres millones. Si dijéramos que una tercera parte de ellos ya son ciudadanos estadounidenses y no necesitan atención consular ¡estaríamos esperando que cada empleado atienda a 36 mil personas! Ante esto, obviamente los consulados están saturados de trabajo y los trabajadores, desgastados, trabajando aún en fines de semana para llegar a poblaciones lejanas. Si a esto sumamos que los salarios son bajos y que carecen de protección médica, el resultado evidente es una fuerza laboral desmotivada, frustrada y malencarada.

Por último, Guatemala aún no presta servicios básicos y necesarios para el migrante. Así como nuestros países vecinos, en nuestros consulados deberíamos tener registradores civiles; debería haber servicios de Renap; los pasaportes deberían entregarse inmediatamente, y un consulado debería brindar atención legal.

Para corregir estas deficiencias, el Ejecutivo apunta a solicitar una ampliación de Q43 millones para la Cancillería, más de un 80% menos de las expectativas iniciales del ministro, quien en el ínterin ya ha ido a poblaciones en el exterior —como Seattle— a prometer la próxima apertura de un necesario consulado cercano. Las proyecciones indican que este año los migrantes enviarán al país más de $7 mil millones en remesas. Aparte, por cada pasaporte pagan $65, y por cada carné consular otros $15. Esto, una vez cada cuatro años. Lo menos que puede hacer el país es acercar esos caros servicios a donde viven los usuarios y comprender que los entes políticos no deben aprovecharse del presupuesto dirigido a ejecutar protección.

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