Era fácil predecir el fracaso de la idea de quitar el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales. De la totalidad de 158 diputados asistieron  129 (66%), y de ellos lo salvaron 104; es decir el 80% de esta cifra, también el 66% del total. Muchas son las maneras de interpretar este hecho, pero sin duda la más obvia es la de tratarse de una medida de autodefensa de los parlamentarios, sujetos a la posibilidad de una petición similar. La eliminación del derecho de antejuicio en el parlamento a partir de ahora es imposible, al depender de quienes pueden verse afectados. En Estados Unidos el Parlamento defenestró a Richard Nixon, en una decisión política única en ese país; en Guatemala fue una medida politiquera causante de desprestigio para el Congreso y la Presidencia.

Por su parte, la comisión había dictaminado de manera contradictoria y su veredicto se convirtió en uno de los más claros ejemplos de “gallogallinismo” político. Por un lado, no consideró “espurias ni ilegítimas” las razones para la petición contra el mandatario, y dejó la responsabilidad al pleno del Congreso. También, luego de decir tajantemente “el presidente Morales debe ser puesto a disposición de la justicia común”, expresó: “no existen indicios para considerar que el Secretario General del FCN (en ese momento el actual presidente de la República), “no tuvo participación directa en los hechos planteados en el expediente de antejuicio”. Al salvarlo el pleno, queda abierta la posibilidad a beneficios adicionales para los diputados.

Las cuatro consecuencias iniciales de este resultado son fáciles de descubrir y de entender. A) La primera: los políticos quedan para siempre en libertad de recibir dinero bajo de agua o al menos sin cumplir con la obligación de reportarlo. B) El Tribunal Supremo Electoral se convierte en un gato de papel. Lástima. C) Queda abierta la posibilidad de repetir esa solicitud porque no se pudo llegar a los 105 votos necesarios para archivar el expediente. D) la imagen presidencial queda aún más maltrecha y su futuro político termina de debilitarse porque la factura de ese apoyo se pagará luego de presiones de cualquiera de los diputados, especialmente los oficialistas, quienes en realidad nunca lo han apoyado y lo hicieron ahora con la intención de blindarse ante las potenciales acciones legales.

Muchos políticos tratan de ocultar los gastos. En la comuna capitalina, curiosamente no es posible averiguar con exactitud el monto del presupuesto de gastos, de alrededor de 1,300 millones de quetzales anuales. En otras palabras, Álvaro Arzú y sus amigos incondicionales han manejado en sus 14 años al frente de dicha alcaldía, utilizando fideicomisos ilegales, la suma casi inimaginable de 18 mil millones de quetzales, equivalentes a 140 mil quetzales por minuto, casi 2,400 quetzales por segundo. Temas como el Transmetro y el Transurbano sin duda son de interés para los ciudadanos, especialmente para quienes han votado por él. Para ajuste, su apoyo de hace pocos días y de ayer hacia el presidente Jimmy Morales en poco ayuda al mandatario, pues lo ofreció luego de amenazar con hacer la guerra, como antes ya lo había hecho ante un grupo de vendedores a quienes les ofreció darles garrotes para que repartieran “morongazos” (sic), y poco después del nuevo escándalo sobre el gobernante al conocerse de un generoso bono otorgado por el Ejército.