Conforme las redes sociales se terminan de afianzar en el mundo de hoy en día, se vuelven más notorios los efectos negativos de su uso totalmente indiscriminado. Han llenado su meta de poner al alcance de toda persona la posibilidad de emitir su pensamiento sin ser molestado, pero el desborde del uso de ese derecho humano está provocando efectos inesperados. Entre ellos sobresale la posibilidad de enviar mentiras –porque las verdades a medias también lo son– o al menos de reproducir criterios equivocados, simplistas y basados sólo en una de las muchas aristas de las situaciones y problemas tanto de personas como de países. La tecnología ha convertido a las empresas propietarias de esas redes en medios de comunicación, aunque lo nieguen.

A todos nos molesta en mayor o menor grado recibir mensajes no solicitados, provenientes de personas a quienes no conocemos, muchas veces convertidas en divulgadores de mensajes cuya amplia gama incluye la cursilería, la banalidad, el apostolado religioso, la propaganda política. Quitan tiempo, además. Pero cuando provienen de personas importantes políticamente hablando, tanto a nivel nacional como internacional, la lectura de esos mensajes se vuelve casi una obligación. Esto se ha aumentado porque como consecuencia del uso de tal tecnología, los mensajes como reflejo instantáneo de emociones positivas o negativas están sustituyendo a los comunicados oficiales derivados de análisis, criterios adecuados, conocimiento y experiencia.

La semana anterior esa batalla mundial de los mensajitos quedó comprobada por la confrontación del presidente Donald Trump con su exasesor Bannon y por su mensaje peyorativo e insultante contra alguien como el líder de Norcorea. No fue así con el anuncio del traslado de la embajada estadounidense a Jerusalem, preparado con anterioridad. Luego llegó el escándalo de la publicación del libro “Fuego y Poder” sobre la etapa inicial del gobierno. Los “tweets” con promesas luego no cumplidas por ser imposible, baja su seriedad y la confianza en quien lee a la cabeza del ejecutivo estadounidense. Ello obliga pensar en la necesidad de colocar límites legales, a nivel global, al empleo de esta tecnología por políticos en ejercicio de cargos importantes.

La libertad de expresión del pensamiento individual es un derecho cuya importancia es absurdo negar. Pero ahora no parece haber alternativa a restringir-la legalmente en jefes de gobierno, parlamentarios y otros cargos de primer orden. Una buena comparación es la del derecho de manejar vehículo. Alguien con un puesto clave no puede darse el lujo de protagonizar un accidente automovilístico. Si quiere manejar, debe renunciar. Esta veda legal debe ser una realidad en cualquier país, porque las comunicaciones y cualquier actuación de un presidente –por ejemplo– son del cargo, no de la persona. En Guatemala, se debe recordar al mandatario la laicidad de la presidencia y la inconveniencia de parecer teócrata.

Nadie había pensado en esto antes, al no existir esas formas de comunicación instantánea sin filtro alguno. La renuncia de ciertos derechos –pilotear avión, aunque se sea piloto– debe ser tácita o directa. Dentro de un tiempo no muy largo, en países avanzados aparecerán fórmulas para aplicarlas por consenso. En la práctica, la comunicación instantánea mundial hizo desaparecer a la geografía: todos podemos enterarnos de todo, literalmente. Y saber entonces del juego macabro de las amenacitas de apachar botoncitos atómicos. Termino mencionando la necesidad de alguna forma de regulación de parte de las empresas de comunicación electrónica, así como de convencer a los multimensajeros de las molestias causadas por juguetear con la tecnología.