Con logros parciales en relación a problemas heredados del gobierno anterior, y en medio de amenazas a la gobernabilidad desencadenadas por el avance de la justicia, el Estado guatemalteco sobrevive. Por una parte, el gobierno ha logrado estabilizar las crisis más evidentes enfrentadas en enero. Las finanzas públicas se ordenaron: se detuvo el deterioro de la recaudación con una SAT más efectiva y se negoció con el Congreso un presupuesto que, con cierto endeudamiento, evitó que el gasto público se desplomara aún más. El suministro de medicamentos en los principales hospitales se ha restaurado. La denuncia del desvío de ríos por parte del ministro de Ambiente y el uso de tarjetas de débito para canalizar transferencias condicionadas sugiere ciertas bases para mejorar la política ambiental y social en el futuro.

No se han resuelto los grandes problemas estructurales, ni en el ámbito fiscal ni de la salud ni del medio ambiente, y menos aún en el ámbito social, pero no se agravaron las crisis que existían. Lo que estos avances representan es cierta capacidad de ministros individuales que operan dentro de márgenes estrechos. A su vez, no se resuelven problemas de largo plazo porque no existe una conducción coherente y estratégica del gobierno. En vez de ello inciden intereses particulares y opacos.

Por otra parte, acciones que han buscado intimidar a la fiscal general o al comisionado de la CICIG y debilitar a los medios de comunicación, periodistas y organizaciones sociales que los apoyan son indicadores de amenazas a la gobernabilidad. Corren rumores de conspiraciones apoyadas por personajes oscuros y fortalecidos por recursos de origen cuestionable. Y el problema es que en este caso la ausencia de una conducción coherente y estratégica, especialmente por parte de un Presidente con sentido del humor pero sin sentido de Estado, no amortigua las amenazas.

A ello se suma la debilidad del poder ejecutivo manifestada en la propia Constitución de 1985, que se redactó después de 15 años de dictaduras militares que abusaron del poder, con lo cual las condiciones del momento favorecían que se le trasladara poco poder a futuros presidentes. Por ejemplo, la absoluta libertad del Congreso para alterar el presupuesto nacional se combinó con las reformas constitucionales de 1993, que debilitaron al ejecutivo al prohibir que el banco central le otorgara crédito al gobierno. Estas reformas también fortalecieron la capacidad de los poderes corporativos, gremiales y privados, para nombrar autoridades por medio de las tristemente célebres comisiones de postulación.

Todas estas condiciones legales y otras que debilitaron al poder ejecutivo, como la delegación de funciones de salud e infraestructura a ONGs durante el gobierno de Arzú, se unen ahora a un gobierno sin mayoría en el Congreso, con un partido oficial que no necesariamente respalda al presidente, mal asesorado por algunos militares jubilados. El problema es que esto no se refleja solamente en la incapacidad de implementar una estrategia de desarrollo económico y social sino también en la ausencia de una estrategia política para inmovilizar de manera contundente a las fuerzas oscuras que ahora intentan detener el fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Afortunadamente los logros alcanzados en 2015 fortalecieron la capacidad de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para oponerse a estas fuerzas oscuras. Pero le tocaría también al presidente jugar un papel más decisivo para evitar que sean una amenaza a la gobernabilidad.

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