La tragedia no fue casualidad, veamos:

1. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (columna de Marielos Monzón de ayer, en Prensa Libre), en 2016 se registraron 2,504 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años.

2. Diez bebés de una mamá de 10 años;

3. Treinta bebés de una mamá de 11 años;

4. 98 bebés de una mamá de 12 años;

5. 464 de una madre de 13 años

6. Mil 902 bebés de una mamá de 14 años;

7. Toda relación sexual con niña menor de 14 años es violación;

8. No hay 2,504 procesos por violación —un tema social no se combate solo desde lo penal—;

9. Cuando el victimario es pariente de la víctima, o responsable de su educación, guarda, custodia, tutela o cuidado, la pena es más drástica.

10. No tenemos autoridad rectora para la protección de la niñez. La SBS, el Consejo Nacional de Adopciones, la Procuraduría General de la Nación, el Organismo Judicial y, en lo que toca, el Ministerio de Gobernación deben coordinar acciones. Por omisión dolosa del Congreso ninguna autoridad manda —competencias dispersas—.

11. Hay personajes influyentes que exigen una reforma constitucional para que menores sean juzgados como adultos.

12. Existe una “Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes”, la cual es un cero a la izquierda y debe rendir muchas cuentas.

13. En 2015, el procurador de los Derechos Humanos (PDH) informó sobre situaciones de trata de personas en centros estatales destinados para resguardo de niños y adolescentes.

14. En 2016 se iniciaron por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con otras autoridades, esfuerzos para la “desinstitucionalización” de niños y adolescentes. Esto quiere decir buscar a los padres y familiares cercanos para hacerlos responsables del cuidado de su hijo, nieto o familiar, pero no hay política oficial.

15. El año pasado, el PDH solicitó medidas urgentes para mejorar los protocolos de seguridad y se denunció, en lo penal, la trata de personas en centros estatales de reclusión de menores.

16. Desde el año pasado, el PDH gestionó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con los niños y adolescentes recluidos en el lugar de la tragedia. La Comisión, con su dinámica lenta y burocrática, hace dos días buscó en el mapa dónde quedaba Guatemala, para pronunciarse.

17. Una jueza llegó, previo a la tragedia, al Hogar Seguro Virgen de la Asunción para ejecutar una exhibición personal a favor de las niñas encerradas. La jueza se regresó a su despacho sin ejecutar lo que la ley la obligaba. El propio presidente del Organismo Judicial señaló: “la jueza no tenía carácter”, y así explicó lo inentendible.

El lugar de la tragedia era el espacio físico donde convergían lo más vulnerables de esta sociedad: niños y adolescentes pobres, abandonados por su familia o maltratados por ella, y que el Estado debía impulsar una formación sana. En el Hogar no funcionaba de forma institucional un centro escolar, no había deportes y menos artes, ni hablar de apoyo psicológico. Había castigos degradantes y abuso sexual, pero hoy ¿cómo están los otros centros?

Imaginemos, por aparte, el horror de cientos de niños que sí han transgredido la ley penal, en condiciones de tortura —delitos leves y graves juntos—. Cuando hablemos de la tragedia preguntémonos: ¿no es milagro que no suceda más seguido?, y si estamos indignados, ¿daremos un giro histórico a este horror?

Debe haber procesos judiciales y que los jueces hagan su chance, pero sobre todo evitemos el riesgo de miles de niños y adolescentes o ¿esperamos otra tragedia?, una política nacional de protección a la niñez puede ser nuestra primera exigencia.