El presidente Jimmy Morales tenía tres tareas al asumir el cargo: apegarse a sus promesas de campaña, cumplir de manera efectiva las obligaciones inherentes a su puesto y continuar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ante el desolador cuadro heredado de los gobiernos precedentes.

De la primera fue de la que más pronto se olvidó y tampoco ha podido dar muestras convincentes de tener la capacidad ni el interés de cambiar en algo los indicadores de salud, educación y seguridad, pues en esto último está cosechando esfuerzos de autoridades anteriores y ahora, en cambio, incluso se perciben más acciones torpes en materia de seguridad ciudadana.

A lo largo de este tiempo, tampoco se ha percibido la figura de un mandatario capaz de conducir a su equipo de gobierno a encarar grandes desafíos en áreas sensibles para el desarrollo. Ni siquiera han podido echar a andar el desarrollo de la infraestructura porque están empecinados en amañar los procesos y en beneficiar a todo aquel que pueda representar un apoyo.

Han sido recurrentes las quejas del gobernante por los límites que le imponen normativas en materia de compras y contrataciones, porque quienes se aprovechan de su ingenuidad quieren continuar con las prácticas inmorales de los últimos gobiernos y por ello se multiplican constantemente los reproches, que buscan adjudicar de manera discrecional contratos multimillonarios.

Pero el mayor bochorno ha sido la postura del gobernante, de sus aliados y de quienes lo instrumentalizan para demeritar el ataque frontal contra la corruptela, batalla que tienen perdida porque ha sido el terreno en el que más resultados se han visto y, sobre todo, porque a raíz de esos esfuerzos se ha logrado desnudar un sistema de saqueo del Estado por las mismas autoridades y por quienes imponen su criterio en la agenda de los mandatarios.

El paso de Morales por el Gobierno es, de hecho, nulo y más bien los hechos por los que más aparece su imagen en los medios de comunicación tienen que ver con acciones contrarias al accionar del MP y la Cicig, lo cual también ha sido la causa del mayor deterioro en su imagen, como ocurrió desde agosto de 2017, cuando vio frustrado su poco meditado intento por expulsar del país al comisionado Iván Velásquez.

Sin embargo, a partir de ese evento las imprudencias no cesan y su obstinación lo ha llevado a protagonizar hechos cada vez más bochornosos, en detrimento de su gestión, como ocurre ahora que pretende convertir en una amenaza a la seguridad nacional el allanamiento a la Casa Presidencial en noviembre de 2016, lo cual es una nueva muestra de impericia e imprudencia derivada de los criterios de malos consejeros.

Dicha prueba es una nueva evidencia de la absurda manipulación en la que pueden incurrir las autoridades cuando quieren hacer un circo de un hecho que, en todo caso, son las autoridades judiciales las que deben determinar su pertinencia y no quienes incluso son capaces de caer en exabruptos cuando a toda costa pretenden montar, una tras otra, cortinas de humo para desviar la atención de temas puntuales, en vez de dar la cara y desvanecer de manera fehaciente los señalamientos de corrupción.