Es ilícito e intolerable que la Corte de Constitucionalidad lleve casi cincuenta días sin resolver el amparo que en su momento interpusiera CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas por la concesión de la licencia de explotación a la minera San Rafael. El incumplimiento por los órganos judiciales del plazo legal para resolver —detalladamente expuesto en un informe de Human Right Watch— representa una de las mayores debilidades del sistema judicial. Correspondería a la CC y a la CSJ exigir que se observara, sin embargo, cuando son los máximos tribunales quienes ignoran la legalidad, aflora una amarga mezcolanza entre burla judicial y desfachatez jurídica.

La CC cuenta con un precedente —la resolución sobre Oxec— un punto de inflexión en la interpretación de esas situaciones cuyo proceso recientemente finalizado serviría, una vez se entregue a la cámara de amparos tal y como lo pide en la sentencia, para aclarar conflictos similares y poner fin a la lucha interesada de ciertos grupos. Hay que recordar que el Convenio 169 establece la necesidad de generar una dinámica entre las Comunidades y el Estado —que es preciso regular— cuando se realice una determinada actividad económica con impacto en la zona, sin diferenciar cuáles sean aquellas. Lo que decidieron para la hidroeléctrica, por tanto, es perfectamente válido para la mina. Es decir, cumplir lo estipulado en su momento por la CC dentro del plazo de tiempo señalado o atenerse a las consecuencias que indicaba la resolución. Paradojas de la vida: el tribunal impone plazo a otros pero ellos son incapaces de cumplir lo legalmente determinado. Algo así como: “haz lo que digo, pero no lo que hago”.

El paro de la mina genera un importante impacto en la economía de zona y en los trabajadores e impide que a la fecha el fisco ingrese una cifra superior a los 100 millones de dólares, reconocido por el Superintendente de la SAT en el programa de radio ConCriterio. Una autorizada aclaración oficial, con precisión numérica, para quienes se quejan de la poca tributación de las industrias extractivas.

La paupérrima economía nacional se ve también afectada porque los magistrados de la CC parece ser que se irán de vacaciones sin solventar el pendiente, inobservando, como es su deber, los plazos de tiempo marcados por la ley ¿Qué motivos inducen a esa inexplicable postura? Es difícil suponerlos, pero no cabe pensar más que en la existencia de poderes ocultos de presión, lo que debe llevar al MP/CICIG a investigar o motivos ideológicos similares a los de algunas organizaciones interesadas, lo que denotaría que la falta de certeza jurídica se alía con la ideología para relativizar situaciones y politizar la justicia.

Al margen de este caso, el retardo de las resoluciones judiciales —malicioso o no— es un escaparate que pone en evidencia al país y a los actores togados y proyecta una pobre imagen que impide la atracción de capitales, la inversión y el consecuente desarrollo económico. Además, impacta negativamente en una ciudadanía que observa preocupada el descenso de los paupérrimos índices sociales y económicos reflejados en estudios, informes e indicadores institucionales.

Mal estamos y nadie quiere asumir la culpa y la correspondiente responsabilidad. Eso de dictar sentencias para que otros las cumplan parece fácil, lo jodido es cuando hay que atarse los machos y cumplir ellos mismos las leyes vigentes o las resoluciones que imponen. En esos casos se hacen los remolones evidenciando que son parte de la ecuación que impide el progreso en este país ¡No seamos hipócritas y que cada palo aguante su vela!

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