El camino no está despejado, se busca impedir la transición político electoral a través de una escalada que afecta la institucionalidad del país. Desafortunadamente, los principales actores políticos impulsan la confusión por medio de pleitos sin más sentido que satisfacer su egolatría.

En el mes de agosto debe decidirse el antejuicio a la Presidencia. Si se declara procedente su encausamiento, una querella y un juez complaciente, terminarán anticipadamente con su mandato. No es necesario el prevaricato, basta con decretarle prisión preventiva para separarlo del cargo, y que se recluya en sus propiedades de Chimaltenango o Izabal, mientras el olvido hace su trabajo. Para el efecto, se necesita de la decisión del Congreso, que por definición es política, no de derecho. Los diputados están acobardados por las denuncias de la expoliación que realizan sobre sus “asesores” al exigirles las tres cuartas partes del salario.

Mientras tanto, el Presidente se ha dedicado a violar la Ley Electoral, artículo 223, inciso h, con repartos de comida y actividades de “supervisión” sobre obras públicas en proceso. La oposición, por su lado, prefiere que todo el proceso electoral se vaya al tacho de basura, antes de llamar a un acuerdo nacional para respetar el régimen de legalidad.

Los desacertados ataques a la Cicig demuestran que antes de cribar las acusaciones donde hay personajes que tienen una defensa inobjetable y otros que son claramente deshonestos, se hace una protesta grupal, pues se conoce que se enfrentará una justicia lenta y torcida. No se defiende la virtud sino se prefiere un pulso de fuerza que beneficia a la impunidad.

El Cacif ha vuelto a incitar la ruptura del orden constitucional, en un campo pagado, pide incumplir la Ley Electoral, artículo 256, que ordena que toda modificación no puede alterar las reglas de un proceso en curso. Saben que en caso de destitución presidencial, pueden exigir que al nombrar al sustituto, el actual Vicepresidente, se le haga acompañar de una especie de comisión reguladora, que limite sus facultades.

En esa comisión, se advierte, están convocados ciertos compadres hablados. Estos no esconden su ambición, pues se expresan a través de campos pagados y desaforadas entrevistas. Está el consentido de un grupo de políticos autoexcluidos del proceso electoral y otro personaje, otrora representante del Presidente en foros internacionales, que muestra un vehemente deseo de llegar a la guayaba gracias a su habilidad de güizache. Allí será fácil, con la complicidad “de las cortes”, suspender las elecciones generales. Los verdaderos demócratas temen a quienes desean hacer su agosto.

Quizás las piedras en el camino terminen por desbarrancar a los corredores que creían que regía el derecho de elegir y ser electo. ¡Ah!, pero, eso sí, el 14 a las 14, comicios hechos a la medida; promesa de golpistas.

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