Hay algo que no me queda claro de las explicaciones de la Cicig y el MP con relación al caso de “las redes”. Resulta que buena parte de la acusación en contra del secretario privado de la Presidencia se basa en la capacidad que este tuvo para conseguir en menos de 24 horas reuniones con el Presidente —en las que debemos suponer que algo consiguieron quienes pagaron por las reuniones— pero luego nos salen con que Otto Pérez no tenía nada que ver en el caso. ¿Cómo así? ¿Con qué Presidente se reunieron los buscadores de favores? ¿Con el presidente fantasma?

Según las declaraciones que dieron en la conferencia de prensa, Gustavo Martínez recibió dinero para —entre otras cosas— conseguir a los personeros de las empresas involucradas reuniones con el mandatario. Afirmaron que cuentan con pruebas que demuestran cómo Martínez ajustaba la agenda de su suegro para que atendiese a sus patrocinados. Pero como en otras ocasiones, la Cicig y el MP se detienen allí y no quieren investigar ni acusar a donde apuntan todas las pistas: al Presidente. De hecho, hasta dijeron que “no hay indicios de que el actual mandatario estaba enterado de las negociaciones de su yerno con las empresas privadas”.

En el tablero de ajedrez que se han convertido las acciones contra la corrupción de la Cicig y el MP, parece que se quieren guardar el jaque mate, la muerte del rey, para el momento ideal —cualquiera que este sea en su esquema—. Pero como aparenta ser eso, un juego de ajedrez, uno no puede sino cuestionarse: ¿por qué no quieren entrarle al premio mayor? ¿Lo están defendiendo? ¿Es cierto que transaron su impunidad a cambio de la renovación del mandato de la Cicig? ¿O simplemente la embajada no les da autorización para llegar al Presidente, bajo el argumento de la “estabilidad institucional”?

En este caso, sea por descuido o para tratar de jugarle la vuelta disimuladamente a las restricciones que les hayan impuesto, ellos mismos se pusieron en una situación en la que necesariamente van a tener que investigar y acusar al mandatario, so pena de que sus argumentos se queden sin peso. Veamos.

No es posible acusar a Gustavo Martínez de tráfico de influencias por conseguirle a unos ejecutivos reuniones con Otto Pérez, como consecuencia de las cuales obtuvieron favores a través de presiones a diversas instituciones, sea el Ministerio de Energía y Minas, la Cancillería o Migración, sin que obligadamente haya existido una decisión del mandatario para “ayudarlos” y girar las instrucciones respectivas. ¿Qué otro sentido tendría que se reunieran con el Presidente para “arreglar” sus problemas? Que Otto Pérez no haya sabido que su yerno cobraba por las citas —aunque poco creíble— es irrelevante. Lo relevante es que como consecuencia de las reuniones con él, sucedieron cosas que de otra manera no habrían pasado. Por tanto, Pérez Molina también es responsable y, como tal, debe ser investigado y acusado.

La Cicig y el MP no pueden seguir haciéndose los locos con lo que es evidente para todos los guatemaltecos. A menos que nos salgan con una de vaqueros y resulte que las reuniones no fueron con Otto Pérez sino con el Presidente Fantasma.

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