Las 20 semanas de protestas contra la corrupción en el 2015 marcaron un hito en la historia contemporánea de Guatemala porque contribuyeron a que se vieran con mayor respeto las exigencias ciudadanas, que se tomara en serio la persecución criminal de delitos relacionados con el erario y, consecuentemente, el mensaje más contundente que quedó es que nadie es superior a la ley, sin importar el alto cargo que desempeñe.

Pero a casi un semestre de la mayor de esas manifestaciones, parece prevalecer entre la ciudadanía un nuevo sentimiento de paulatino desencanto, apatía y hasta indiferencia, que bien podría tratarse de simple y llana paciencia pero que grupúsculos de políticos inescrupulosos confunden con indolencia, por lo que han regresado a las andadas.

Hoy, con todo el descaro que puede encarnar a un político, los integrantes del partido FCN-Nación se pavonean por haber abierto las puertas a cuánto tránsfuga quiera unírseles, sin inmutarse ante las fuertes críticas recibidas por esas muestras de inmoralidad, como si el poder proveniente de la traición al votante no fuera más un motivo de vergüenza que de orgullo.

Sin embargo, eso no parece importarles a esos seudolíderes, sino más bien lo ven como un proceso natural. Aún los propios tránsfugas, que han sido traidores reiterados hacia distintas banderas políticas, quieren hacer pasar su tráfico de votos como un sacrificio en nombre de la patria, cuando en realidad sólo persiguen aviesos fines.

El cambio de bandera política no es la única acción en que se manifiesta la desvergüenza. Algo parecido está ocurriendo en el actual proceso para postular a los aspirantes a integrar la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, donde los distintos órganos designadores están montando una pantomima para supuestamente elegir a las personas idóneas, con aires de transparencia pero con realidades de opacidad y secretismo.

En distintos sectores se percibe el abatimiento, ante la inminencia de una nueva treta para maniatar mediante compromisos, una vez más, a quienes resulten electos como magistrados de la CC, un efecto que ya ha producido suficiente daño en la institucionalidad, pero que en las actuales circunstancias podría llegar a ser detonante de una deslegitimación de la justicia.

En la búsqueda de esos objetivos perversos se dice que el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia es uno de donde puede emanar el primer olor nauseabundo, pues ya se mencionan con insistencia los nombres de las dos personas que serían designadas como magistrados titular y suplente.

En esos esos afanes se encuentran también las designaciones en el Colegio de Abogados, el Congreso de la República y la Presidencia, en donde se barajan nombres y se simulan revisiones de expedientes, pero se sospecha de personajes marcados como favoritos, todo a cambio del infame tráfico de influencias que constituye un escupitajo al rostro de la ciudadanía, que está llamada una vez más a pronunciarse contra esta afrenta de los políticos, que no plantean ninguna diferencia entre los de ayer y los de hoy.