“Esto apenas empieza”, fue una de las frases que más estimuló a quienes participaron en las protestas contra la corrupción en el 2015. Para algunos era un simple estribillo, aunque para otros era un profundo anhelo por que la transformación no se detuviera.

Hoy, poco a poco, esa frase va cobrando sentido, y así se han podido observar algunos cambios en el Legislativo, con la promulgación de leyes que apuntan a la renovación en distintos órdenes.

Y lo mismo ha ocurrido, aunque todavía no en términos deseables, en algunas dependencias del Ejecutivo, principalmente en la Superintendencia de Administración Tributaria, que es una de las entidades que más necesita de reestructuración y de la redefinición de objetivos.

Uno de los pasos más agresivos que ahora empieza a consolidarse es la posibilidad de una reforma constitucional, que antes parecía inviable, precisamente porque quienes pretendían encabezarla no eran los más idóneos y tampoco eran claras sus intenciones de fondo, aunque hoy algunos procesos ayudan a comprender algo de eso.

Esa reforma para el sector justicia puede ser uno de los mayores retos que se emprendan en el país. La tarea no será fácil, principalmente porque todavía no se puede confiar en muchos de quienes tendrán en sus manos cualquier ratificación, como es el caso del Congreso, que en apenas cien días de legislatura ha dado muestras de un vergonzoso proceder, marcado por el transfuguismo.

Para muchos, un motivo de confianza es que este proceso esté acompañado por los tres jefes de los poderes del Estado y, sobre todo, por la fiscal general, Thelma Aldana, y por el comisionado Iván Velásquez, aunque eso tampoco es garantía, pues tanto la elección de la actual Corte Suprema de Justicia como la de la Corte de Constitucionalidad dejaron dudas.

De hecho, fue en el Ejecutivo donde estaban albergadas muchas esperanzas de cambio, pero se procedió de manera más oscura para designar a la magistrada titular y al suplente, dos figuras anodinas o comprometidas con sectores tradicionales de poder.

Aunque las reformas al sector justicia son impostergables, todavía falta mucho trecho, y también ya ha empezado la oposición de sectores que temen esos cambios, con los que podrían perder cuotas de poder, las que por cierto nunca usaron con responsabilidad, sino para influir de manera nefasta en la formación de tribunales que hoy también dan muestras de su venalidad.

A nadie debería extrañar que se plantee dejar sin derecho de antejuicio a alcaldes, gobernadores y otros políticos que han convertido los cargos en trincheras para el pillaje, y esa conducta no debe tener ninguna protección para que se puedan emprender investigaciones.

La marginación de ciertos sectores, aunque sea positiva, abre a la vez la incógnita sobre el empoderamiento de otros, como es el caso del Congreso, el organismo Ejecutivo y el poder Judicial, que hasta ahora no provocan entusiasmo por apoyar esas reformas, sobre todo porque muchos de sus integrantes alimentan la desconfianza.