Como resultado de la crisis política en la que se encuentra el país, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República se han interesado en analizar la iniciativa de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que fue comentada hace casi un año, en julio del 2014, por la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, hay una serie de motivos por los cuales resulta inconveniente no revisar las reformas sugeridas.

El Congreso tuvo ese largo tiempo para efectuar ese nuevo análisis, con las posiciones de la CC, pero no se interesó en hacerlo, por haberse dedicado a actividades muchas veces cuestionables. Ahora tal parece que ha comenzado una carrera por hacer cambios a la LEPP. La crisis se convirtió en un nuevo elemento que hizo emerger una serie de peligros para el sistema democrático, los cuales provocaron la reacción de diversos sectores nacionales y, en general, de los ciudadanos.

Estas propuestas de modificaciones fueron presentadas por el actual Congreso, cuya credibilidad e imagen se encuentran muy deterioradas, en momentos en que la ya mencionada crisis incide en el actual proceso electoral. Por ello es necesario fijarse en si se encuentran adheridas las reformas que han sido sugeridas por instituciones, expertos en el tema legal, editoriales, columnistas y, en general, representantes de la sociedad guatemalteca, ahora despertada, alarmada y preocupada por lo que pueda ocurrir si no se hacen los urgentes cambios.

Ciertamente, hay otras leyes de igual importancia que necesitan revisión, pero la que regula las actividades electorales tiene una urgencia especial, a causa de la cercanía de los comicios, que, como consecuencia de todo lo ocurrido en las últimas semanas, se manifiestan como un misterio, y por ello en este momento es imposible hacer predicciones.

El dictamen de la CC aprueba, por ejemplo, que la desobediencia o burla a la Ley de Partidos Políticos sea castigada con multas, en lugar de sanciones dirigidas a la participación electoral o a la publicación, para de esa manera desmotivar esas acciones. Esto último es un ejemplo de la inconveniencia de que sean los políticos quienes redacten los cambios. En otro caso, la CC apoya que el número máximo de diputados sea de 160, distribuidos en los distritos.

En otros puntos, los dictámenes de la CC indican ser favorables en un aspecto y desfavorables en otro a las reformas propuestas. Esto va a ocasionar, sin duda alguna, problemas derivados de las diversas interpretaciones que se le puedan dar a un texto en esos términos.

Las modificaciones sugeridas hace más de un año por el Congreso, y estudiadas por la CC, fueron decididas en condiciones diferentes a las actuales. La ciudadanía, en general, y los analistas tienen claro que los cambios deben ser efectuados para aplicarlos en el proceso electoral inmediato, no en uno posterior, porque ello puede provocar daños talvez irreversibles a la gobernabilidad democrática del país. La revisión, lo antes posible y con criterios de lógica, eliminará nuevos problemas.