Pero la tranquilidad cotidiana de esta comunidad —de mil 200 habitantes— se ve agitada desde hace poco más de un año por los trabajos del proyecto habitacional Casco del Cerro —de 68 lotes—.

La autorización de este condominio por la Municipalidad ha desatado un conflicto entre pobladores, liderados por su alcalde auxiliar, Carlos Álvarez, y el representante legal de Casco del Cerro, Jorge Castañeda Arimany.  

Álvarez y vecinos denunciaron ante las autoridades protectoras de Antigua Guatemala el daño que este complejo esta causando en los vestigios de la ermita, debido a que es la puerta de ingreso a la lotificación.

Castañeda afirma que cuenta con los permisos correspondientes y que  Álvarez no tiene la potestad legal para detener la obra. Además, asegura que  la empresa hizo estudios de impacto vial, los cuales llevaron a la aprobación del proyecto. 

Explica que este benefició a la comunidad con regalías por más de Q5 millones, para que fueran invertidos en introducción de tubería de agua potable, tubería de agua pluvial, y  otras obras. Hoy, Álvarez enfrenta una demanda por parte de Castañeda, por obstrucción de los trabajos.

El problema de Santa Inés no es el único, sin duda; es el más actual, un ambiente similar se vive en otras aldeas de  las 23  que forman el municipio de  Antigua Guatemala.

Según la Oficina de Control Urbano de la municipalidad antigüena, existen al menos  37 urbanizaciones que fueron aprobadas entre el 2008 y 2013. Once contemplan la construcción de viviendas, desde 13 hasta 80; otras están en lista de espera para ser aprobadas.

Los alcaldes auxiliares y vecinos de estos lugares, sobre todo los que se encuentran al sur de la ciudad colonial, consideran que esos proyectos solo les han acarreado problemas. 

Los alcaldes auxiliares Carlos García, de Santa Catarina Bobadilla; Ernesto Azurdia, de San Juan del Obispo; y Hugo Leonel García, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Gaspar Vivar, se han unido para cuestionar la viabilidad de los condominios, pues consideran que al autorizar más se traducirá en mayor escasez de agua, obstrucción en los drenajes, atasco en las vías de acceso, crecimiento desordenado de sus comunidades y  deslaves en época de lluvia.

En cuanto a los aspectos culturales, se quejan de que esas construcciones han motivado el desplazamiento migratorio de los nativos y que, en determinados casos, existe escasa o nula integración con las costumbres y tradiciones de la comunidad.

Plusvalía

Fue en 1979 cuando Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y al mismo tiempo empezó a transformarse, debido al aumento en el flujo de turistas, nacionales y extranjeros, según indica el estudio Gestión Metropolitana, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur). 

“Después de la capital, Antigua es el segundo lugar con mayor crecimiento inmobiliario“, señala Juan Domingo Pérez, de la Asociación Salvemos Antigua.

Según el urbanista Alfonso Yurrita, en una declaración del 2010, dijo que el valor del uso del suelo en Antigua Guatemala había generado tanta  especulación que sus precios eran similares a los de Nueva York, pues oscilaban entre US$250 y US$500 la vara cuadrada, e incluso más en el Centro Histórico.

Pero la plusvalía no se refleja en los antigüeños, sino en los capitalinos y extranjeros.

La arquitecta Silvia Soto, coordinadora de la Oficina de Control Urbano, concuerda en este punto. “Los proyectos que se desarrollan en Antigua no tienen la misma plusvalía que los de Jocotenango y Ciudad Vieja”, comenta. 

De esa cuenta, esas obras están dirigidas a un sector distinto al antigüeño, ya que sus precios solo son accesibles para unos cuantos, lo cual los convierte en condominios “fantasmas”, pues las residencias solo están ocupadas durante el fin de semana. 

El interés por captar más fondos municipales provocó que en el 2010 el número de aldeas aumentara de 14 a 23, lo cual fue aprobado por un acuerdo municipal emitido por el alcalde Adolfo Vivar, quien se encuentra en prisión, sindicado de haber participado en actos de corrupción durante su gestión, entre ellos la aprobación del residencial La Chacra, el cual no contaba con los estudios de impacto ambiental correspondientes. 

El aumento de aldeas, según Mario René Pérez Sicán, concejal independiente, también se debió a que “representa mayor aporte constitucional al municipio”.

Alcaldes unidos

El presidente del Cocode de San Gaspar Vivar expone que en principio pensaron en oponerse de manera férrea a la extensión de más licencias para  proyectos habitacionales. Sin embargo, decidieron sentarse a dialogar con los desarrolladores. “Nos reunimos cuatro alcaldes auxiliares para que expusieran los beneficios, pero realmente no los hay”, explica.

El alcalde auxiliar de San Juan del Obispo toma como ejemplo el condominio Paseo del Obispo, urbanización de unos 60 lotes y cuyo mayor problema es la conexión de drenajes.

Explica que el desnivel del terreno obligó a la lotificadora a manejar una planta de tratamiento que se unió a la de una colonia cercana. Cuando se  bombea este drenaje para unirlo al colector general, al menos una vez a la semana, se perciben los olores fétidos.

Pérez Sicán, oriundo de San Juan del Obispo, asegura que el alcantarillado que utiliza toda la aldea es un colector general de ocho pulgadas de diámetro. “La infraestructura de las aldeas es escasa y mal hecha, y aún así debe compartirse con las urbanizaciones“, reclama. 

Azurdia cuenta que otro problema es que los  residentes de los condominios pasan en sus vehículos  a grandes velocidades, cuando las calles  son peatonales.  

El principal temor de García es la deforestación en las fincas que han sido convertidas en urbanizaciones, lo que podría ocasionar deslaves e inundaciones. Además, afirma, se han cerrado caminos peatonales de las antiguas fincas. “El  pago de licencia de construcción no regresa en obras de beneficio para estas comunidades”, lamenta.

El grupo de alcaldes asegura que, por ahora, esta unión les ha servido para detener la construcción en Alta Vista de Santa Clara y Los Franciscanos. “Estamos conscientes de que debemos negociar”, sostiene García.  

“Las urbanizaciones responden a la demanda del mercado, y no a una planificación“, enfatiza Pérez.

José María Magaña, ex conservador de la Ciudad y miembro  de la Asociación Diego de Porres, considera que la población es  consciente de la importancia de la ciudad y su entorno, igual que de sus derechos y obligaciones. “Exigen que  sus necesidades sean satisfechas ante el derecho de una mejor calidad de vida”, indica.