La descalificación de candidatos ha sido un elemento determinante en el proceso electoral que alimentan ese desasosiego, desde el rechazo de los expedientes en el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta los casos que conocieron las cortes.
Los magistrados de las cortes han decidido mantener o sacar de la contienda a ciertos candidatos a presidente, diputados o alcaldes, lo que ha generado una avalancha de acciones legales. Hasta la semana pasada, había 99 amparos pendientes de resolución en diferentes cortes.
En cuanto a los binomios presidenciales, tres llegaron hasta las cortes para lograr su participación que son Thelma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP); Roberto Arzú y David Pineda de Podemos; y Carlos Pineda y Efraín Orozco de Prosperidad Ciudadana.
Podemos agotó su último recurso en la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no logró su participación. La inscripción del MLP aún está en manos de la alta corte y en el caso de Prosperidad Ciudadana todas las candidaturas fueron suspendidas, el recurso presentado para revertir la decisión aún no ha sido resuelto.
Esta discreción de quiénes pueden o no participar genera un sentimiento de incertidumbre de acuerdo con el politólogo Renzo Rosal, lo cual también alimenta en el sentimiento de no saber por quién votar.
“El elector debe tener puestas las cartas sobre la mesa, cuáles son sus programas o, por lo menos, cuales son sus dos o tres temas fuertes”, expuso el analista, quien destacó que la ciudadanía se ve obligada a elegir no por preferencia sino por descarte.
Históricamente el voto nulo y abstencionismo en el país no llega a cifras representativa, en la primera vuelta de la pasada elección, hubo 4.12 por ciento. En cuanto al abstencionismo, en la primera vuelta se registró un 37.84% y en la segunda 42.71%. Rosal alertó de que la incertidumbre puede elevar estas cifras.
“En el país ha sido relativamente bajo; sin embargo, yo creo que en esta ocasión se va a romper el récord”, comentó. Además, indicó que el órgano garante en el tema electoral ha sido muy cuestionado lo cual ha hecho del proceso el más manipulado de la era moderna de la democracia en el país.
Las cortes
Para el abogado constituyente Aquiles Faillace más que incertidumbre, hay un sentimiento de rechazo hacia el proceso electoral con la descalificación de candidatos. Enfatizó en que “la gente en general cree que el problema de no cambiar las cortes es un lío entre abogados”.
Debido a esto, no se tienen contrapesos en las cortes y la ley se aplica a discreción, “para beneficiar a su jugador favorito”. Dijo que eso causa que magistrados caigan en conflicto entre ellos “y a los demás que no están en la foto los están descalificando”.
Cada cinco años deben de ser electos los 251 magistrados del Organismo Judicial por el Congreso de la República, pero desde 2014 que los jueces que fueron electos persisten en los cargos.
Faillace insistió en que los jueces no aplicaron la ley uniformemente en cuanto a las decisiones que corresponden al proceso electoral. “La ley le ordena al funcionario lo que tiene que hacer y prohíbe al particular lo que no puede hacer”, pero en la actualidad ocurre lo contrario, afirmó.
Conflictividad
El sentimiento de incertidumbre junto con el rechazo hacia el proceso, al ente electoral o las opciones de voto crean posibilidades de que se desencadene más conflictividad en los centros de votación, consideran los analistas.
Rosal expresó que los altercados podrían suceder el día de las elecciones y los siguientes. “Los resultados van a ser peleados, desde el momento de cierre de mesas creo que vamos a empezar a ver tensión”, advirtió.
Además, consideró que debido a la desconfianza que se tiene en el TSE puede ocurrir un efecto dominó de inconformidad el cual sea desatado por un ciudadano que afirme que haya fraude al estar en descontento con los resultados. “También hay duda en el qué harán con mi voto, qué tan manipulable va a ser”, opinó.
De la misma manera, explicó que a Guatemala se le clasifica como un país con autoritarismo electoral en informes sobre la debilidad de la democracia, lo cual quiere decir que las decisiones políticas las toman grupos particulares y no la ciudadanía, lo que también afecta la imagen del TSE y del proceso.
La posible conflictividad en que resulten las elecciones puede impactar en el panorama económico, según el criterio de Hugo Maul, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Aunque la situación económica del país es estable, “el problema es que la conflictividad política y social puede echar por le traste una buena economía”, puntualizó.
De acuerdo con el mapa de conflictividad del TSE son ocho los municipios en muy alto riesgo, 47 en alto riesgo, 53 en riesgo medio y otros 237 en nivel bajo.
Recientemente, Daniel Núñez, investigador de la organización Diálogos, abordó cinco variables que podrían provocar altercado.
Estos son: distancia entre el primer y segundo lugar, número de pobladores, reelección de alcaldes, cantidad de partidos y los problemas agrarios históricos. Sin embargo, no se descarta que también se puede generar violencia por la falta de experiencia de los órganos electorales temporales, que son las Juntas electorales Departamentales (JED), Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Receptoras de Voto (JRV), entre otros aspectos.
Pérdida de las formas
José Alfredo Calderón, profesor universitario y analista político, considera que la ciudadanía no se percata de los intereses particulares que tienen los candidatos y los partidos, que incluso no se preocupan por ocultarlos, lo cual tendrá un costo político que se va a pagar muy caro porque no estamos hablando de cuatro años, sino de décadas “si se consolida el estado mafioso en estas elecciones en particular”.
El analista detalló que esas actitudes por parte de los candidatos se deben a que grupos que no habían accedido al poder formalmente lo tratan de hacer en el contexto actual.
