En Guatemala, la búsqueda de información se ha convertido en un camino tortuoso porque históricamente ha sido un verdadero reto, pese a que en el mundo se han dado enormes pasos para transparentar la gestión pública, algo que en nuestro medio todavía no se logra, pues con la puesta en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública la situación no ha mejorado y hasta resulta oneroso requerir datos oficiales.

Pero esa reticencia no solo es histórica, sino que se combina con cierta inmadurez de quienes tienen a su cargo el manejo de esas unidades, que se convierten en guardianes posiblemente de otros intereses, cuando en su papel de funcionarios se resisten a cumplir con esos mandatos, lo cual, en algunos extremos, pasa a ser un requerimiento legalista. Existen muchos ejemplos de ello y cada vez más son las oficinas que se suman a este lastre, quizás porque en este país todavía no se entiende el concepto de transparencia.

Un buen ejemplo de cómo funciona esto en otros países, más desarrollados, por supuesto, es el accidente de German Wings, tragedia ocurrida en Francia y sobre la cual, para sorpresa de muchos, surgieron datos a pocas horas de haberse registrado. La justificación que dio el fiscal encargado del caso, Brice Robin, fue que hacía pública la información disponible de inmediato porque no solo lo obligaba la ley francesa, sino que con ello también se evitaban especulaciones.

El ejemplo cobra relevancia porque en Guatemala las cosas no avanzan de la misma manera, y ello conlleva a sacar deducciones anticipadas que podrían no ser acertadas pero sí lógicas, como sucede con la información sobre el financiamiento de los partidos que deben proporcionar funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. Una dañina, por no decir sospechosa, parsimonia predominó en el más reciente reporte, que fue actualizado tardíamente y tras insistentes peticiones de este y otros medios informativos.

Hasta antes del viernes 29, el último informe disponible era el del primer semestre del 2014, lo cual es penoso, sobre todo si se toma en cuenta la nueva dinámica que ha impulsado el actual presidente, en cuanto a la aplicación de sanciones contenidas en la ley a los partidos que incurrieron en campaña anticipada. En una etapa de exigencia ciudadana como la que afronta el país, es de gran relevancia conocer con celeridad cómo financian esas agrupaciones sus millonarias campañas, por lo cual el departamento a cargo de recibir esos datos debe cotejar y publicar el informe, como objetivo estratégico, y hacerlos públicos en el menor tiempo posible.

Los responsables de la auditoría electoral en el TSE deben convencerse de que en estos tiempos los ciudadanos pueden ser sus mejores aliados en la tarea de fiscalización. Basta mostrar la voluntad política de contarles las costillas a estas entidades, que por mucho tiempo han gozado de impunidad. Por supuesto, deberían comenzar con sanciones ejemplares para aquellos que no entregaron datos, a fin de sentar precedentes que limpien la política y mantengan a salvo la imagen del TSE.