Los detenidos ocuparon cargos en la corporación municipal en los períodos 2012-2016 y 2016-2020, detalla el Ministerio Público.

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La comuna negó la información requerida, además el Concejo Municipal del período 2008-2012 acordó en un acta excluir como información pública la relativa a documentos de trabajo, controles y procesamientos realizados por el personal y las dependencias.

Así mismo el concejo actual resolvió restringir la entrega de información concerniente a salarios, honorarios, dietas u otras remuneraciones percibidas por el personal y funcionarios de la comuna.

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Pablo Castillo de la Policía Nacional Civil informó que realizaron 12 allanamientos en San José del Golfo y uno en la colonia Llano Largo, zona 18, para ejecutar 10 órdenes de capturas. Los detenidos son sindicados de delitos de retención de información y abuso de autoridad.

Capturados

• Juan Carlos Reyes Santos
• Mario Mayen Monzón
• Arnulfo Ávila Veliz
• Héctor Silfredo Reyes Ortiz
• Mirna Victoria Herrera Carrera
• Fermín Catalán Castellanos
• Atilano Ruíz Veliz
• Álvaro Morales Morales
• Edy Manfiel Veliz Veliz

El mandatario regresó este sábado de Nueva York, donde visitó Naciones Unidas el viernes para pedir límites a la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), que dirige Velásquez, sin embargo será hasta este domingo que ofrezca una conferencia televisada a la población y se refiera a los últimos acontecimientos.

Grupos civiles desde el miércoles que trascendió el viaje del mandatario a Nueva York, comenzaron a convocar a una manifestación, dos años después que un movimiento similar, condujo a la dimisión por corrupción del ex presidente Otto Pérez.

Al igual que ocurrió con Pérez en agosto de 2015, Morales enfrenta desde ayer una solicitud de antejuicio, un proceso para retirarle la inmunidad, promovida por el Ministerio Público con el apoyo de la Cicig.

El Procurador de Derechos Humanos informó este sábado que intervino ante el Ministerio de Gobernación para que se garantizara la seguridad en el perímetro de la Plaza Central a quienes participen de lo que denominó “jornada cívica de manifestación”.

Múltiple apoyo

La convocatoria a manifestar el rechazo a la gestión de Morales aglutinó a sectores sociales, entre ellos el Comité de Unidad Campesina y el partido Winaq. Estudiantes universitarios también atendieron el llamado y guatemaltecos que llegaron a acuerpar la petición, entre ellos muchos niños que también portaban coloridas pancartas. 

En Canadá también se unieron algunos guatemaltecos para pedir, desde allá, que se depure el sistema político del país y avancen las investigaciones en contra de Morales. 

Durante la manifestación la Policía Nacional Civil permaneció alrededor del Palacio y la Casa Presidencial, sin que se registraran episodios que ameritaran su intervención. 

Un grupo de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos también participó observando que se cumplieran las garantías de seguridad, como lo había solicitado el procurador Jordán Rodas desde la mañana del sábado, al Ministerio de Gobernación. 

El pasado 14 de agosto falleció la niña en el Hospital Roosevelt, luego de ser sometida a varias cirugías por una obstrucción intestinal producida por una bacteria, y que su salud se complicó por padecer de una desnutrición severa.

Interiano Amador era una de las tres niñas y dos niños de cuatro familias, originarios de  Cañón Tisipe y Lelá Chancó,  Camotán, Chiquimula, que fueron amparados por un juez de Zacapa en el 2013, para que el Estado les garantizara varios derechos, entre ellos la vida y la alimentación.

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Según la cuenta de tuiter del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el ministro Galicia estuvo en Camotán, Chiqumula, con Sebastiana Amador, madre de Mavélita, para darle las condolencias de parte del presidente Jimmy Morales.

En los tuis se indica que le reconstruirán la cocina y darán alimentos a la familia de la niña fallecida. Además publicaron otros mensajes que muestra que visitaron y entregaron un tanque para agua a la familia Amador  Raymundo, de otra de las niñas beneficiadas con la orden de juez.

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Según el Mides, la visita a Camotan y comunidades por parte del ministro fue ordenda por el presidente Morales, para verificar las condiciones en que se encuentran  actualmente las familias de las niñas y los niños de Camotan y de otras familias de alrededor.

Doña Sebastiana mamá de Mabelita, niña fallecida en Camotán, ahora Mides recontruirá cocina y dará alimentos para su familia. #ParaServirte pic.twitter.com/gqtrXa0W4i

— Mides (@midesgt) August 26, 2017

“El martes de esta semana, fueron autorizados Q872 mil para seguir ayudando a las familias mencionadas así como a otras familias de la comunidad, entre ellas está la familia de la niña fallecida Mabelita.

  El ministro expresó las condolencias del señor Presidente a la mamá de la niña fallecida, ante su sensible fallecimiento”, se indió por medio de Comunicación Socidal del Mides.

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales, señaló que es una situación bastante penosa la muerte de la niña.

“Hablando como guatemalteca es un caso que llena de indignación y frustración porque el caso de Mavélita es algo que viene desde 2012 y es algo que por donde se analice es una situación que se pudo haber evitado.  Es una muerte evitable si se hubiera cumplido con todas las medidas que están descritas en la sentencia”, indicó.

Agregó que el Estado, a través de todas las entidades que están involucradas en esa tendencia, desperdició tiempo muy valioso en estar intentado, por medio de medidas legales, quitarse esa responsabilidad, en vez de haber invertido el tiempo y todos los esfuerzos en cumplir la sentencia y garantizar los derechos fundamentales a esos niños y familias.

En un pronunciamiento en nombre de fiscales de sección, jefes de fiscalías especializadas, fiscales de distrito, agentes y auxiliares fiscales, manifestaron su respaldo y apoyo al trabajo de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la fiscal general del MP.

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Esto dijo la Oacnudh sobre Iván Velásquez.

“Damos testimonio del irrestricto apoyo que hemos recibido de parte de la fiscal general para poder desarrollar las investigaciones y persecución penal con absoluta imparcialidad y objetividad”, dijo Stuardo Campo.

Los fiscales invitaron a los diferentes sectores a luchar por la consolidación del régimen democrático y el fortalecimiento de las instituciones.

“Patentizamos nuestro rechazo ante cualquier acción que pretende debilitar la institucionalidad democrática o interferir en la lucha contra la corrupción o la impunidad”, dijo Campo.

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Ven riesgo

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que en este momento no piensan en qué repercusiones tendría, pero adelantó un panorama de riesgos en las investigaciones.

“El peligro que vemos para los casos es que el trabajo en conjunto que han realizado la fiscal y el comisionado han permitido los resultados que el MP le ha presentado a la sociedad. El trabajo de todas las fiscalías considero que de alguna manera se pondría en riesgo”, dijo Sandoval.

El fiscal habló de la incertidumbre que en “el peor de los escenarios” sea expulsado del país el comisionado Iván Velásquez, de qué manera se continuaría con la continuidad de los casos y según lo que decida la fiscal general, quién podría tomar las riendas del MP.

Esta alianza está integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría General de la Nación (PGN), y Acción Ciudadana.

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“Reconocemos en Iván Velásquez, un profesional íntegro y capaz que ha sabido conducir la Comisión a su cargo, demostrando resultados contundentes que hablan por sí mismos, por ello respaldamos su continuidad al frente de dicha Comisión”, dice el documento presentado en la actividad.

La fiscal General, Thelma Aldana, dijo que está a la espera de la reunión entre el presidente Jimmy Morales y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y si la decisión es sacar a Iván Velásquez de la Cicig, ella concretaría su anuncio de presentar su renuncia.

“El comunicado recoge el unánime apoyo hacia el comisionado Iván Velásquez, reconociendo su trabajo y los resultados en beneficio en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, en eso hay un consenso pleno entre los integrantes de la mesa”, manifestó el procurador Jordán Rodas.

Esa postura fue acuerpada por el contralor Carlos Mencos, la procuradora Anabella Morfín y el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.

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Convocatoria

El pronunciamiento de estas instituciones fue también para hacer una convocatoria a los diferentes sectores sociales “para conformar una instancia de análisis sobre las implicaciones de las prácticas corruptas en la contratación estatal”.

Rodas señaló que presentarán una propuesta que permita agilizar la gestión de los recursos públicos. En tanto, el contralor Mencos indicó que uno de los sectores que ha tenido más baja ejecución presupuestaria es el de infraestructura.

Anabella Morfín, titular de la @PGNguatemala explica qué buscan con la propuesta que plantean pic.twitter.com/QoWeoiq4wH

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 24 de agosto de 2017

La propuesta que dará a conocer más adelante la Alianza para la Transparencia tiene como objetivo “definir la líneas de acción que debamos emprender para superar la inmovilidad que se percibe en distintas instituciones del Estado”.

Vea la transmisión de la conferencia de prensa:

En comunicado representantes de @PDHgt @MPguatemala @PGNguatemala @Contraloria_gt y Acción Ciudadanía plantean su propuesta pic.twitter.com/fmVELjDTfy

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) August 24, 2017

Marco Antonio Canteo, consultor del proceso de la reforma judicial, considera que hay tres elementos que se suman a esa posibilidad de que el presidente vaya a Nueva York a pedir el cambio de Comisionado. “En primer lugar  son los casos abiertos en contra de sus asesores y personas cercanas, quienes eran su primer círculo de confianza cuando recién había llegado al poder. Creo que ese fue un  golpe muy fuerte, porque de alguna forma le evitó conformar un gabinete tal como ellos lo tenían pensado”, indicó.

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Agregó que el segundo aspecto es el caso del Registro Nacional de la Propiedad, en el que su hermano Sammy Morales e hijo Josué Manuel Morales están involucrados en corrupción.

Refirió que el tercer aspecto puede influir en su decisión es una investigación en materia de financiamiento ilícito. “Hoy la señora fiscal general (Thelma Aldana) confirmó que hay una investigación abierta del financiamiento ilícito del 2015.
Eso abarcaría la financiación de los distintos partidos que participaron en la contienda que incluye al partido de gobierno”, indicó.

Agregó: “Creo que son tres aspectos que de alguna forma ha ido desgastando esa relación entre el ejecutivo y los órganos de investigación criminal como la Cicig”.

Canteo comentó que de momento no hay razones para pensar que esta noticia que comenzó anoche sea una cortina de humo, por la postura de la fiscal, la postura del Procurador de los Derechos Humanos, la del Superintendente de Administración Tributaria, así como la del Jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad confirmando que si hay un viaje.

La activista Helen Mack señaló que si se concretara la petición de Morales de remover a Velasquez, en el ámbito nacional Morales no estaría representando el deseo de la población de la lucha contra la corrupción e impunidad.

“Ya todos hemos visto como esa corrupción desenfrenada ha afectado a los más pobres y a la infraestructura, impuesto de salud, sin más prisión. Y la población exigiendo que se nos dé seguridad, que haya salud, que hay educación pero es tan grande la corrupción que no alcanza para hacer una inversión pública”, aseveró.

Mack agregó que si se va a otros niveles en el país por la corrupción se tiene desnutrición crónica alta  y que gente que muere de hambre.

“Abandonar la lucha contra la corrupción o irse en contra de lo que estamos exigiendo desde el 2015, casi pronóstico que el presidente perdería toda popularidad del país. Él debería reflexionar y pensar más,  y  escuchar en su función de presidente, donde debe de dejar a un lado su situación familiar y personal, porque ese ha sido el problema que no hay visión de Estado, sino es cada quien a lo suyo, no solo es el problema del presidente, sino también de los diputados y muchos funcionarios”, aseveró.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitió un comunicado en el cual manifiesta su respaldo al trabajo del comisionado Iván Velásquez en su lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia.

El pronunciamiento del PDH resalta el papel de la sociedad, que desde 2015 se sumó a los esfuerzos contra la corrupción y que en su mayoría se valora y apoyan las acciones de Velásquez contra la impunidad.

“La gente honesta y trabajadora valora su labor. Preocupa este hecho que nos gustaría no fuera cierto, pero han transcurrido varias horas y el Ejecutivo no se pronuncia”, dijo Rodas.

Carta al secretario

Acción Ciudadana envió una carta al secreterio general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que manifiesta su apoyo a Iván Velásquez y expresa su “total rechazo a la intención de truncar los esfuerzos de lucha contra la corrupción que exitosamente lleva a cabo la Cicig”.

El presidente de la organización, Manfredo Marroquín, presentó el documento en la oficina de la ONU en Guatemala.

“Vemos con mucha preocupación que el trabajo de la Cicig esté siendo evaluado sin bases objetivas por parte del mismo mandatario al solicitar, ya sea un cambio en la dirección de la Cicig o bien una modificación a su mandato”, dice la carta.

Además, Acción Ciudadana señaló que “el presidente no está en condiciones de hacer un juicio imparcial y objetivo del trabajo del señor Iván Velásquez”, ya que su hijo y hermano están siendo procesados en un caso de corrupción, en el cual la Cicig, en conjunto con el MP, son partes acusadoras.

Empresarios

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un pronunciamiento en el que resalta tres puntos, entre ellos que Guatemala no debe dar un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción.

“El presidente está obligado a dirigirse a la nación ante las informaciones que circulan y explicar sobre la veracidad de las mismas; en su caso, detallar las razones que lo motivan”, cita el comunicado.

El Cacif también advirtió sobre posibles graves consecuencias para al país, si la fiscal general del Ministerio Público no completa su periodo.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) emitió un breve pronunciamiento a través de las redes sociales en relación a la posible salida del comisionado Velásquez.

“Fundesa expresa su compromiso con el país para seguir trabajando por el fortalecimiento de las instituciones públicas. La lucha contra la corrupción debe seguir y unirnos a todos”, cita el pronunciamiento.

Feci manifiesta apoyo

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que lleva los casos de corrupción más emblemáticos, dijo que en conjunto con la Cicig se han desarticulado estructuras criminales que operaban infiltradas en el Estado, y se subraya que sin la participación de Velásquez y la fiscal General, Thelma Aldana, no se hubieran tendido esos resultados.

Congrestistas estadounidenses

Albio Sires, Eliot Engel, congresistas demócratas de la Cámara de Representanes de los Estados Unidos, y la repúblicana Ileana Ros-Lehtinen instaron al mandatario Morales a continuar apoyando la labor de la Cicig y el MP.

“La fiscal general Aldana y el comisionado Velásquez han realizado un trabajo extraordinario en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, e instamos al presidente Morales a continuar apoyando estas importantes instituciones”, dice el pronunciamiento de los políticos.

Los congrestistas también adviertieron que la eventual salida de Velásquez al frente de la Cicig los “obligaría a los miembros del Congreso a tomar decisiones respecto a la cantidad y naturaleza de la futura asistencia extranjera a Guatemala”.

“Lucha debe continuar”

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos expresó que “la lucha contra la corrupción y la impunidad debe continuar, los logros son sustanciales y aún falta mucho por hacer”.

Agregó que “el Presidente de la República debe ser el principal exponente de la unidad nacional indicada y sus acciones deben ser coherentes con esta aspiración”.

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El hecho fue denunciado por la Contraloría General de Cuentas el 18 de febrero del 2016, en cuyo informe se detalla que se detectaron anomalías en cuanto a la modalidad de contratación utilizada.

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Detalle del contrato entre Mingob y B & R Ingeniería en Sistemas, S.A.

Capturados

• Cinthia Lizbeth Villatoro Villatoro: Exasesora del ministerio de Gobernación.
• Raúl Arturo Valdez Castillo: Exdirector de Servicios Administrativos y Financieros
• Gabriel Basterrechea de la Vega: Gerente y representante legal de B&R Ingeniería de Sistemas, S.A.

Citados

• Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra: quien fungió como segundo viceministro de Gobernación.
• Mauricio López Bonilla: exministro de Gobernación.

López Bonilla en su llegada a la Torre de Tribunales dijo desconocer detalles sobre este nuevo caso, pero que no le sorprendía las nuevas acusaciones en su contra, las cuales calificó de “un espectáculo”. 

Investigación

El Ministerio Público (MP) informó que las cinco personas estarían involucradas en la suscripción de un contrato anómalo en la gestión del Ministerio de Gobernación durante el periodo del Partido Patriota.

Las anomalías denunciadas por la CGC señalaban la modalidad de contratación utilizada para el arrendamiento con opción de compra del equipo tipo appliance con supuesta tecnología para la planeación, gestión y análisis de recursos de gobierno y la automatización de procesos de gestión institucional.

Según las investigaciones, el Ministerio de Gobernación pagó Q13 millones a la empresa que contrató, sin que la misma efectuara la entrega del equipo que se establecía en el contrato.

Además se razona que la contratación se hizo por excepción, cuando por el monto del contrato, debió realizarse un proceso de licitación.

El subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la SBS, Eder Vladimir López, informó que hay unos 798 menores detenidos en todas las correcionales. 
 
Luego de los motines ocurridos en julio pasado y con trasladado de varios internos a otras correccionales, quedaron en Gaviotas 371 adolescentes. “Superamos otra vez los 400 internos en Gaviotas porque siguen llegando los adolescentes. En un plazo de dos semanas llegaron 50 menores”, afirmó López.
 

Problema recurrente

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En plena crisis en los correccionales, la nueva funcionaria sobre el tema dijo: “Estamos en un proceso de evaluación para revisar las acciones que se han tomado respecto a algunos acontecimiento que se han dado, en eso estamos ahorita, en la evaluación de lo que se ha venido haciendo. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué podemos hacer y qué vamos a hacer?”, refirió la secretaria.

Estrada Arrega asumió el cargo el pasado 9 de agosto  en sustitución de Cándida Rabanales, quien fue separada del cargo por orden del presidente Jimmy Morales.

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En cuanto a la situación de los menores trasladados del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a otros centros, públicos y privados, luego del incendio que dejó 41 adolescentes muertas, Estrada Arrega explica que espera conocer los informes.

En este caso, “se están tomando las medidas necesarias para no revictimizar a los menores, se está tratando de ver la infraestructura de otras casas para instalar nuevamente a los niños dentro de estas”, detalló.

La exsectraria de la SBS, Cándida Rabanales, en su momento planteó un modelo de atención residencial familiar de transición en el cual la SBS alquilaría 16 inmuebles para albergar de 12 a 15 menores quienes estarían al cuidado de familiares y de un equipo multidisciplinario. A mediano plazo propuso un nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario.

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Para Estrada los proyectos que había presentado Rabanales están en evaluación, porque los desconoce. “Se están evaluando si son viables, en dónde se podrían ejecutar, qué podría hacerse y que cumplan con los requisitos de los equipos multidisciplinarios, porque no podemos únicamente tener el modelo de casas u hogares, sino también hay que ver que al niño no se le revictimice y que tenga el acompañamiento de los equipos multidisciplinarios. Queremos ver si en el marco de la ley esto es viable”, afirmó.

Rabanales presentó en el Congreso una iniciativa para que la SBS pudiera efectuar compras y contrataciones sin utilizar la ley. Estrada comentó que desconoce sobre ese tema.

“La ley de contrataciones es un poco restrictiva en determinadas situaciones porque hay que cumplir con ella. Sin embargo, nosotros tenemos la judicialización de los niños y adolescentes y debemos restar las órdenes judiciales, si en este si es necesario implementar algún tipo de reforma a la ley, debe de ser quienes están calificados para presentar este proyecto”, indicó.

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“Una cosa no implica que no se lleve a cabo la otra, la situación con los niños, niñas y adolescentes es urgente y se están tomando las medidas necesarias. En cuanto a este plan, se pondrá en marcha siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, por eso es que tenemos que evaluar qué acciones se efectuarán con el plan emergente”, puntualizó.

Durante la entrevista, la secretaria confirmó que Gladys Floridalma Herrera Donis renunció a su cargo de subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia. En esta dependencia continúa Dania Franco, subsecretaria de Preservación Familiar, y Eder Vladimir López, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

Ante la insistencia de organizaciones, el pasado jueves los diputados acordaron eliminar la excepción, mediante el decreto 13-2017.

Según  datos proporcionados por integrantes de la Mesa a Favor de las Niñas y Adolescentes, el Registro Nacional de las Personas (Renap), desde noviembre del 2015 —después de aprobar el decreto— hasta el 3 de agosto pasado, ha inscrito dos mil 221 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años. De este total, solo 526   contrayentes son  adolescentes hombres.

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Al ver los casos en que no aplica la excepción; es decir, la edad de 13 a 15 años, se han inscrito mil 115 matrimonios.

 Durante  ese período no se reporta ningún  adolescente hombre de 13 años, solo uno  de  14 años, autorizado en el 2015, y 12 casos de menores  de 15 años autorizados en el 2016.

Hay que sensibilizar e informar

Valeria Montúfar, asistente técnica de la Asociación Paz Joven  e integrante de la Mesa a Favor de las Niñas y Adolescentes, comentó que la prohibición tiene un impacto porque ya no se podrán aprobar matrimonios de menores de edad, y tanto el notario como el Renap deben verificar la edad de los contrayentes antes de  registrarlos.

Refirió que será un reto  que se implemente, por lo cual se debe divulgar la ley, porque con la excepción hubo incumplimiento.

En relación con las uniones de hecho, comentó que las causas son las mismas que las de los matrimonios forzados, como la pobreza y las ideas de que la mujer está destinada a casarse y a ser madre.

“Así como es difícil lograr que la normativa se cumpla, igual es difícil evitar que se den las uniones de hecho; es decir, que no es que vaya la ley a causar más casos, estos se van a seguir dando porque todavía hay muchas causas estructurales que son condiciones para que eso suceda”, indicó.

Agregó que sobre esos factores se debe trabajar y una  herramienta es este decreto.
Montúfar enfatizó que se debe sensibilizar a la población de que  los adolescentes tendrían que estar gozando de todos los derechos y   otras garantías que el Estado les debería  proporcionarles.

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Se requiere  divulgación y monitoreo

Mirna Montenegro,  del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), considera que eliminar la excepción es un avance en el marco de los derechos de los niños, pero  las más beneficiadas son las mujeres.

Comentó que  la justificación para casar a las menores ha sido el embarazo, sin importar que se unan en matrimonio con el violador.

Señaló que haber eliminado la excepción de matrimonio en menores de edad no resuelve el problema, pero sí es un paso  adelante que ya no se pueda casar antes de los 18 años a las niñas.

Para Montenegro  tampoco implica que se vayan a reducir los embarazos y violaciones. Indicó que ahora buscarán proponerle al Congreso  divulgar la ley  en  todos los espacios e implementar   un programa de monitoreo para ver cuál será el comportamiento ante el decreto en algunas  poblaciones, a fin de verificar si se reducen  los matrimonios y el registro de embarazos en menores de edad, o ver  si hay más uniones de hecho que anteriormente.

Enfatizó que el decreto,  como política pública, va a requerir un monitoreo.

Señaló que la ley no se refiere a la unión de hecho, por lo que se debe  hacer un trabajo fuerte, multisectorial y multidisciplinario para prevenir embarazos en adolescentes.

• 3,336 matrimonios inscritos se regis”tran de adolescentes de entre 13 y 17 años.

• 402 casos de matrimonios de entre 13 y 17 años se registraron en  Guatemala.

• 4 matrimonios en niñas de 13 años se han reportado en lo que va del 2017.

¿Cómo percibe a Guatemala en el combate de la desnutrición?

Todavía tiene mucho trabajo que hacer. El problema de desnutrición aquí es fuerte. La desnutrición crónica  es el 46 por ciento todavía, pero creemos que hay un deseo genuino de enfrentar la situación.

¿Cómo ve las acciones del país? El nuevo gobierno cambió el programa de beneficiados, incluso se redujo.

Con la riqueza que existe al día de hoy disponible,  con todos los avances tecnológicos, y el nuevo compromiso renovado de los líderes de este país, trabajando con la experiencia que tenemos  y nuestro saber en estos temas con el Programa Mundial de Alimentos, yo creo que aquí se puede acabar el hambre.  Sí, llegar al hambre cero en Guatemala. Es solo una población de 16 millones. Si el sector privado, el sector gubernamental y las comunidades religiosas, las iglesias, se juntan y se unen, cualquier cosa puede ser posible.

Desnutrición

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¿En qué medida se deben incrementar los presupuestos?

Eso es una decisión de política, de liderazgo de este país. Llamamos al Gobierno, a los líderes, a todos los partidos del espectro político. Estoy seguro de que tienen diferencias en muchos temas, pero alimentar a un niño con hambre está mucho más arriba de las políticas divisivas. El Gobierno debe trabajar con el sector privado  y con las iglesias para arreglar este problema, el Gobierno no puede  solo, necesita un esfuerzo conjunto. Vamos a trabajar con los líderes de este país para formular un plan de acción, esperamos que para antes de que acabe el año.

¿En qué consiste ese plan?

Habrá un equipo de trabajo que hará una estrategia y realizará un plan de acción. Nosotros trabajamos como más de 80 países por todo el mundo. En el PMA hemos trabajado en países que antes eran beneficiarios de la ayuda como China, México y Corea del Sur, y ahora son países donantes. Tenemos la experiencia y la capacidad para proporcionar el apoyo que se necesita para acabar con la inseguridad alimentaria de una nación. Ahora estamos con el gobierno nacional  y con los gobiernos locales en programas que ayudan a acabar con la desnutrición crónica. He estado en dos de esos proyectos, uno fue en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y otro en Santa Apolonia, Chimaltenango. Uno está enfocado en mejorar la nutrición en las comunidades más vulnerables. Hay buenas y malas noticias, como en todo. Las buenas noticias son que la mayoría de la desnutrición crónica no es resultado de  falta de alimentos.

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¿Y las malas?

Es que no hay una dieta balanceada y nutricional, no hay costumbre de eso. Lo que estamos hablando aquí no es solo de calorías, es qué tipo de calorías apropiadas, qué balance tiene la dieta.

¿La cooperación económica internacional hacia el país podría cambiar en algún momento?

Los Estados Unidos han venido hablando de la necesidad de cortar fondos de ayuda alimentaria, y yo estoy muy confiado de que eso no va a ocurrir, pero aquí está el problema con la ayuda humanitaria. Estamos enfrentándonos globalmente a la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. El 80 por ciento de nuestros recursos está ahora destinado a los conflictos generados por la mano del hombre. Dentro de Siria estamos alimentando cada día a cuatro millones de personas, 2.3 millones en Somalia, 2.1 millones en Sudán del Sur, seis millones en Yemen. La crisis es devastadora para unos recursos limitados… Los recursos cada vez van a ser más difíciles de conseguir por los donantes tradicionales, pero creo que  Guatemala va a proporcionar el liderazgo y la unidad necesaria, y un plan de acción que será muy atractivo de apoyar para países como Estados Unidos,  Canadá y la Unión Europea.

El problema de la migración, que a  Estados Unidos le preocupa, se podría reducir eliminando el problema del hambre.

Tenemos un estudio que  dice que por cada uno por ciento de aumento de hambre hay dos por ciento de aumento de migración.

¿Qué tan importante es la asistencia alimentaria?

En ocasiones se critica que es asistencialismo.Es crítico.  Aquí no estamos hablando  solo de comida, estamos hablando de campañas de nutrición para que la gente pueda mejorar sus hábitos; programas de alimentación escolar. El PMA, en tiempos de paz, desarrolla sistemas que crearán desarrollo sostenible, no dependencia.

Las personas que sabían que en el Hospital Roosevelt no prestaría hoy algunos servicios, se adelantaron para buscar ser atendidos en el Hospital General San Juan de Dios.

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La mañana de este jueves algunas personas que no sabían de la suspensión de atención en la Consulta Externa del Hospital Roosevelt, llegaron para recibir los servicios médicos, pero fue allí donde se enteraron que será hasta el lunes cuando se reanuden los servicios.

En el Hospital Roosevelt hay desplegados elementos del Ejército, varias personas llegaron en búsqueda de atención, pero solo quienes consiguieron permisos especiales pudieron ingresar.

Marina González trajo a su esposo desde Nueva Santa Rosa, porque fue intervenido quirúrgicamente y continúa con fuertes dolores. Del Hospital de Cuilapa le hicieron una hoja de referencia para el Hospital Roosevelt y tuvo que madrugar y pagar Q300 por el viaje.

Ella asegura que advirtió al doctor que se cerciorara que los atendieran después de los incidentes de ayer y le explicó que son de escasos recursos y el gasto de transporte es muy elevado. El médico le aseguró que la atenderían y no fue así.

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“Regresamos a Nueva Santa Rosa otra vez igual y no lloro de sentimiento, sino de coraje porque ellos son los hospitales y por qué no lo atienden a uno, si uno viene de lejos, miren como está mi esposo”, dijo Gonzalez.

Además pidió a las autoridades de Gobierno que no estén pendientes para vigilar a las personas malas que llevan a los hospitales y que les hagan clínicas especiales para reos. “Pagamos nosotros lo que no andamos haciendo, nosotros no tenemos la culpa que haya pasado eso para que no nos quieran atender”, dijo Gonzalez.

“Tengo tres días de tener el dolor, fui al hospital de Cuilapa y no me atendieron porque aquí está mi papelería, no saben de que me operaron”, dijo el esposo de doña Marina.

Dos mujeres contaron que llegaron a una cirugía programada, ayer les llamaron y les confirmaron que harían la cirugía, incluso en la mañana el doctor les dijo que sí les harían la cirugía, pero en la puerta les impidieron el ingreso aduciendo que todas las actividades estaban suspendidas.

“Es lamentable porque uno viene desde muy lejos esperando la fecha para que a última hora le digan a uno que no se va poder y ahora otra vez esperar la fecha”, dijo la paciente que espera una cirugía de vesícula.

Una de las trabajadoras del hospital dijo que el personal está temeroso por la inseguridad, además que ayer todos se retiraron sin saber si tenían que presentarse, pero hoy llegaron para cumplir con sus labores.

“Oímos el sonido y como nunca había pasado algo así, pensamos que eran cohetes, pero luego nos llamaron a los de patología que estamos en el sótano, para que nos encerráramos porque había una balacera”, dijo la trabajadora.

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Acciones

El ministro de Gobernación Francisco Rivas habló con La Red sobre las acciones que tomarán para minimizar riesgos, asegurando que trabajan en un análisis para emitir un esquema operativo en materia de seguridad para “los hospitales más importantes del país”, mencionó el de Escuintla, el de Puerto Barrios, Izabal; el de Cuilapa, Santa Rosa,  y el Regional de Occidente, en Quetzaltenango.

Rivas vio positiva la decisión de la Comisión de Finanzas del Congreso que ayer dictaminó favorable el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para proyectos de remodelación de infraestructura penitenciaria.

¿Qué falló?

Al ser cuestionado sobre qué falló ayer en el protocolo de seguridad para el traslado de reos a centros asistenciales, el ministro aseguro que fue la seguridad del Hospital Roosevelt la que fue vulnerada.

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En el lugar y momento equivocado. Conozca por qué estaban en el Hospital Roosevelt las víctimas

Rivas también dijo que el protocolo está siendo evaluado y que desde ayer expertos en seguridad de infraestructura hicieron un recorrido en el Hospital Roosevelt, para emitir las recomendaciones correspondientes. 

“Es una labor de país, necesitamos infraestructura penitenciaria, legislación que nos permita avanzar en los procesos administrativos y ejecución de los mismos, entendemos que la albor es complicada para atenderla y dar una solución pronta, tenemos un hacinamiento que sobrepasa la capacidad del Sistema Penitenciario”, puntualizó Rivas.

Algunas personas, entre trabajadores del centro asistencial y pacientes, relataron cómo ocurrió el ataque, en el que pandilleros liberaron al reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, quien permanecía recluido en el centro de detención Fraijanes II pero llegó a ese hospital para recibir atención médica.

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“Nosotros los ayudamos –a los reos– . No los dejamos morir. ¿Cómo nos vienen a hacer esto a nosotros?”, lamentó Gómez.

Todo el mundo corría. Fueron como cinco minutos de disparos y no paraban. Yo estaba en el cuarto nivel, pero escuchábamos los disparos porque esa área daba al lugar del ataque”, añadió.

“Llamé a mis compañeros para que me ayudara porque estaba yo solita ahí, en una sala de operaciones. Luego nos escondimos en una bodega para escondernos”, relató la enfermera, entre lágrimas y muy afectada.

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Pandilleros entran en vehículo

Otro trabajador del hospital, quien omitió su identidad por razones de seguridad, dijo que observó de cerca cuando los pandilleros entraron al parqueo del hospital.

“Era un día normal, cuando en la entrada, por el portón azul, se escucharon los disparos. Se vio hasta el humo que salía de las armas. Fue entonces que nos dimos cuenta que no eran cohetes, sino disparos”, dijo el empleado.

“Entró una camioneta, en la que los ocupantes iban disparando a quien encontraban a su paso, hasta llegar a una garita”, añadió.

“La gente buscaba refugio por donde podía. Yo me escondí y ya no pude ver más. Tengo 11 años de trabajar en el Hospital Roosevelt y nunca había pasado algo así”, señaló.

Una mujer, quien esperaba a ser atendida en la emergencia del hospital, dijo que se encontraba junto a sus padres, con quienes se tiraron al suelo cuando vieron lo que ocurría. Sin embargo, una mujer que estaba a la par de ellos no pudo resguardarse y fue una de las personas que resultaron heridas. 

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Según información preliminar, el reo Cabrera Cifuentes era escoltado por tres guardias del Sistema Penitenciario, de los cuales murieron dos en el ataque armado.

“La gente corría para refugiarse”

“Todos estábamos normal. Era un día normal, común y corriente, cuando de repente vimos a la entrada, en el portón azul, porque se escucharon los primeros disparos”, narró un custodio de la entrada a la sala de urgencias.

“Cuando nos percatamos de que no eran cohetes, que eran disparos, y se veía hasta el humo de la ojivas, entró  una camioneta. Era un caos, una confusión. No me acuerdo del color, empezaron a disparar frente a la garita y frente a la farmacia. Venían disparando a diestra y siniestra, al que se les pusiera enfrente. La gente corría buscando refugiarse, me tuve que refugiar”,  relató, aún alterado.

“Echamos llave a todas”

“Como a las ocho, oímos un ruido  extraño y pensamos que se estaban cayendo las cajas. Cuando  nos dimos cuenta  eran balazos”, refirió Karla Casados, estudiante del quinto año de Medicina.

Ministro, Viceministros, Directores y personal de #MinGob, lamentan el fallecimiento de dos guardias del @DGSPG. pic.twitter.com/11p38Cwggj

— MinGob (@mingobguate) August 16, 2017

Comentó que se encontraba en el área de emergencia de Ginecología y   cuando les avisaron sobre los disparos y personas heridas   evacuaron a las pacientes.

“A todas las pacientes las encerramos en un cuartito y echamos llave. Colocamos cosas en la puerta y nos alejamos de las ventanas. Afuera se oía que somataban cosas. Eran los policías que buscaban a los reos o delincuentes”, indicó.

Al señor de la par lo balearon

“Salían balazos por todos lados. Allí donde están esas ventanas entraban todas las balas, pero era tan fuerte, se oían así como ¡pum! ¡pum! Yo, a mi mamá no la quería dejar en la camilla, pero mejor me tiré al suelo. Mi papá se tiró al suelo, mi hermana se tiró al suelo, y a un señor que estaba junto a su hijo, a la par mía, los balearon a ellos, y mi mamá estaba a la par. A ella no  le pasó nada”, relató en medio del llanto  Celeste Rodas.

“Mi mamá está grave ahorita porque  se intoxicó, y no la quieren operar porque dicen que le van a dar prioridad a los heridos. Si no la atienden, se muere”, lamentó.

Continúan los operativos de búsqueda del reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes. Cualquier información puede llamar al 110 y 1561. pic.twitter.com/tOsy8nDizb

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 16, 2017

El hecho se registró la madrugada de este lunes, cuando un grupo de hombres fue descubierto por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando con hachas y machetes derribaban los árboles, ubicados en los arriates del mirador del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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Agregó los taladores aprovecharon la soledad del lugar durante la madrugada para cometer el ilícito, pero un grupo de agentes que patrulla el sector notó la presencia de estos y procedió a las capturas y el decomiso de las herramientas que portaban.  

Los detenidos son:

1. Erin Estuardo López, de 18 años.
2. Marco Antonio Solís, 27.
3. Cornelio Orellana, 29.
4. Henry Geovanny Contreras Pulec, 30.
5. Antonio Abeldaño Solares, 36.
6. Juan Francisco Solís González, 37.
7. Carlos Hernández García, 39.
8. Leonel Corrales, 52.
9. Rolando Solís Hernández, 58.

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Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, lamentó el hecho y dijo que un grupo de abogados de la comuna ya trabaja en el caso, para que los responsables sean sancionados con forme a la ley.

Agregó que aún o se tiene claro cuál fue la causa de la tala, aunque algunos de los detenidos dijeron que son trabajadores de una empresa de vallas publicitarias y al parecer los árboles impedían que una de estas se viera con facilidad por lo que decidieron cortarlos.

Durante la madrugada personas cortaron más de 50 árboles en el bulevar San Pablo, zona 13 pic.twitter.com/qoDTvmmavE

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 16 de agosto de 2017

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“Somos la segunda ciudad más verde después de Curitiba (Brasil) y esos actos vandálicos no nos llevan a mantener los espacios verdes”, comentó Sandoval, quien añadió que la comuna no recibió ninguna solicitud para ese tipo de trabajos, lo que por ningún motivo son autorizados.
Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), señaló que algunos de los detenidos argumentaron que la tala de árboles se debió al uso de leña; sin embargo, asegura que por la cantidad es un punto que se descarta.

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Agregó que la mayoría de árboles talados oscilante entre los cinco y siete años de haber sido plantados.

Montejo señala que las personas indicaron que cortaron los árboles por la leña. La municipalidad accionará en contra de los detenidos pic.twitter.com/0tRwVAJBcN

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 16 de agosto de 2017

Una supervisión evidenció  que la cantidad de  agentes y de  autopatrullas ha disminuido este año.

“Desde el 2014 hemos hecho verificación y recomendaciones, toda vez que se hace necesario contar con actuaciones relacionadas con la prevención de la violencia y el resguardo de la integridad y vida de los estudiantes”, indicó Ábner Paredes, defensor de la Juventud de la PDH.

Explicó que entre las variaciones en el programa encontraron que en septiembre del 2016 contaba con 31 autopatrullas y 110 agentes asignados para 90 planteles.

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"Escuelas Seguras" busca ser un programa integral

Agregó que en cuanto a los agentes  asignados en este año hay 95 para 115 establecimientos,  pero se les indicó que entre  ellos hay algunos que están suspendidos por enfermedad, están en otras diligencias o de descanso. “Únicamente cuenta con alrededor de 50 agentes operativos para todo el programa”, resaltó.

Paredes refirió que esos centros educativos se ubican en los municipios de Guatemala, como Villa Nueva, Chinautla y San Juan Sacatepéquez, en 75 inmuebles, y en algunos operan dos jornadas.

La  PDH indicó que el Ministerio de Educación (Mineduc) le informó  que  135 escuelas   en Guatemala, Chimaltenango,  Escuintla y  Sacatepéquez reciben apoyo del programa de Escuelas Seguras de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.

Paredes señaló, durante una verificación en el Centro Histórico para observar protocolos de actuación,  que en algunas escuelas  pasaron  45 minutos  sin observar presencia de patrullas. Comentó que para ese sector solo se tienen asignadas tres unidades, lo cual explica la poca vigilancia.

Añadió que el Mineduc trabaja en estrategias de prevención de la violencia, pero al llegar a los establecimientos  a indagar sobre la implementación de esos planes, no hay evidencia del tipo de acciones que se deberían realizar y menos sobre la coordinación que se debería  dar entre esas instituciones.

Señaló que la vigilancia ha bajado, y es limitada; sin embargo,   por parte de la subdirección a cargo de ese programa la PDH constató que hay voluntad y disposición de trabajar, pero se percibe  la falta de respaldo estratégico.

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El subdirector de Prevención del Delito de la PNC, José Antonio Tzuban, señaló que el programa Escuelas Seguras cuenta con dos componentes: el área sustantiva y el área operativa.

Agregó que  el programa está en proceso de reparación de unidades móviles  que se encuentran con desperfectos mecánicos para que puedan ser de utilidad a la movilidad policíaca. Además, contratarán a siete agentes para  integrar la unidad.

Ana Lucía Hernández, directora  general de Gestión de la Calidad Educativa, resaltó la importancia de la prevención mediante ese programa.

Agregó que el Mineduc, en conjunto con la cartera de Gobernación, ha identificado algunas escuelas que se encuentran en lugares vulnerables por violencia o  enfrentamientos entre estudiantes.

Comentó que los autopatrullas asignados tienen como función vigilar las puertas de los establecimientos educativos para alertar sobre   personas violentas o que quieran persuadir a estudiantes para unirse a grupos delincuenciales.
También manifestó que la presencia de agentes policiales ayuda a evitar las peleas que se producen entre alumnos de distintos establecimientos.

Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, comentó que la iniciativa suprime a la Secretaría de Bienestar Social, a la Procuraduría General de la Nación en la parte de niñez y crea dentro de la estructura una autoridad que ya no se llama central, sino autoridad nacional.

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Este jueves la Comisión dio dictamen favorable a la iniciativa 5285 para reformar el Sistema de Protección a la Niñez, el diputado Cornelio García dijo que le hicieron algunos cambios, entre ellos la integración de una política general.

El legislador Walter Félix reiteró que buscarán que la iniciativa sea puesta en la agenda de la primera reunión de la próxima semana en calidad de urgencia nacional, que acortaría los procesos de aprobación con una solo lectura y la aprobación de 105 diputados.

La diputada del partido Convergencia, Sandra Morán, señaló que luego de la reunión sostenida el martes pasado entre la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión del Menor y Familia se podría conseguir el voto de las dos comisiones que prácticamente tienen representación de casi todas las bancadas.
  
Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, quien participó en dicha reunión, comentó que hubo manifestaciones de diputados que debido a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la gravedad de la situación de la niñez y la debilidad de las instituciones consideran que la iniciativa debe aprobarse de urgencia nacional.
 
“Creemos que es una buena propuesta porque ha sido discutida ampliamente por muchos diputados y sus asesores. Creemos que ha habido avances porque ha habido mucho consenso  y participación y sería un error político que el Congreso no aprobara la iniciativa, tomando en cuenta las condiciones en la que está la niñez del país hoy”, aseveró.
 

Detalles del ente Rector

 https://twitter.com/CongresoGuate/status/894997518496432129

Escobar Sarti agregó que  este instituto no solo velará por la garantía de derechos de toda la niñez y adolescencia, sino también para aquellos que necesitan protección de manera diferenciada.
 
Comentó que en la primera propuesta se había suprimido al Consejo Nacional de Adopciones (CNA), pero se decidió mantenerlo por la autonomía que ya tiene.
 
“Creo que es una ley de primer mundo para un país de cuarto mundo, y por eso hay que trabajar rápido en la reglamentación, tengo entendido que ya hay gente en eso, para que no suceda que por falta de esta no pueda funcionar”, puntualizó.

Zulma Calderón, supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que derivado de denuncias y una supervisión efectuada en el Hospital San Juan de Dios, encontraron una gran cantidad de catéteres e hilos de marcas que en años anteriores habían sido denunciadas por ser de mala calidad.
 
Comentó que en el 2016 se recibieron denuncias por la mala calidad de hilos de sutura, y en esa ocasión se determinó a través de las mismas autoridades del hospital el fallo terapéutico de ese producto.
 
“Este año volvimos a recibir denuncias en relación con las mismas marcas de productos, y se comprobó que casi todos los hilos que se manejan corresponde a dichas marcas”, indicó.
 
Según Calderón, también hay problemas con un catéter y un tubo de extracción de sangre, el cual se reportó que se quiebra la aguja y no extrae la sangre de la forma correcta.
 
“Aquí la preocupación y el motivo de hacer la denuncia es que esos productos de esas marcas —que ya habían sido denunciadas— se dejen de utilizar porque documentamos con los expedientes clínicos que hay cuatro pacientes con complicaciones, porque se les rompieron los hilos después de las cirugías”, afirmó la supervisora.
 
Añadió que se realizará un informe que será  trasladado al Ministerio Público, para pedirle que se incaute el producto hasta que se haga la investigación.
 
“Uno de los casos más dramáticos es un paciente de 16 años que fue ingresado por una herida de arma de fuego, y fue llevado a sala, pero luego se le abrió la herida  por esos hilos  y tuvo que ser llevado cinco veces más a sala por las complicaciones de la rotura de ese hilo”, comentó.
 
Calderón indicó que utilizar estos hilos puede implicar una peritonitis hasta provocar sepsis, e incluso provocar la muerte.

Postura

Carlos Quijada, director interino de dicho hospital, señaló que esto se debe a que a un paciente se le reventó un hilo y “está haciendo un gran problema”, pero eso sucede  en cualquier cirugía.
 
Señaló que  los catéteres no son de mala calidad, y que no hay ningún problema.
 
Al cuestionarle que incluso la PDH tiene información que los insumos reportaron fallos el año pasado, aclaró: “Tuvimos un problemita, teníamos precios de referencia y estábamos obligados a comprar a bajo precios —no fue en mi tiempo, apenas tengo 35 días de estar aquí, fue en alguna administración pasado—”.
 
Añadió que ahora eso ya se ha rectificado y han hecho compras con mayor precio pero de mejor calidad.

Sin ofrecer explicaciones precisas, el vocero presidencial Heinz Heimann dijo que el cambio en la secretaría obedece al “interés del presidente Jimmy Morales por resolver de fondo la problemática de la niñez y adolescencia”.

No hay autoridad

Motines en Gaviotas en la gestión de Rabanales

“Oficialmente es destitución. No llegó carta de renuncia. La expresión verbal con el secretario ­­–Rabanales– fue de su intención de renunciar al cargo”, dijo el portavoz.  

Poco después de la confirmación del despido de Rabanales, Estrada Arreaga fue juramentada esta tarde en la Secretaría General de la Presidencia.

Estrada Arreaga era asesora legal de la Unidad de la Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal del Organismo Judicial y la Secretaría de Bienestar Social (SBS), detalla un comunicado del Ejecutivo.

La profesional del Derecho trabajó como asesora legal del Registro Nacional de las Personas (Renap) y del Ministerio de Gobernación. También fue subcoordinadora de la Sección de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).  

Durante la gestión de Rabanales a cargo de la secretaría hubo cuatro motines, en la correccional Etapa 2 y tres en Gaviotas. Los disturbios dejaron siete muertos, cuatro monitores y tres internos.

Rabanales planteaba un modelo de atención residencial familiar de transición para lo cual la SBS alquilaría 16 inmuebles para albergar de 12 a 15 menores quienes estarán al cuidado de familiares y un equipo multidisciplinario. Sin embargo, con ese modelo hubo problemas en una residencia.

A mediano plazo se trazaba el nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario.

Para el nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario  planteó que se buscarían  terrenos para crear un lugar en el que los niños se queden en residencias pequeñas con los ambientes de un hogar y  un área común en la que puedan compartir.

Rabanales, experta en temas de niñez y adolescencia, asumió el cargo en la SBS luego de la destitución y captura de las anteriores autoridades de la secretaría por la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó 41 niñas muertas.

Apenas la semana pasada, Rabanales había presentado un anteproyecto de ley en el Congreso con el que se faculta a esa instancia a efectuar compras y contrataciones sin utilizar la Ley.

El documento está compuesto por un solo artículo se resalta que la SBS atraviesa por una crisis, por lo que pretendía ejecutar su presupuesto “sin llevar a cabo los procedimientos de adquisición establecidos en la Ley de Contrataciones”.

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Rabanales aseguró que la secretaría tiene Q58 millones para ejecutar y necesitan desde alquilar espacios para trasladar a los menores, hasta contratar transporte y hacer varias remodelaciones y remociones en los centros.

La titular de la SBS aseguró que han tenido problemas de ejecución debido a la burocracia y plazos tan largos plasmados en la Ley.

Pocos avaces

En junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que Bienestar Social no tiene protocolos de actuación para casos de emergencia como los ocurridos en Gaviotas.

“En cada acontecimiento que ocurre la respuesta ha sido distinta, por esa razón nosotros decimos que no tienen un protocolo para casos de emergencia. Ya ha habido rehenes y disturbios, y en ninguna ocasión han hecho nada similar”, explicó Ábner Paredes, defensor de la juventud.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los cuatro centros a cargo de la SBS en junio pasado.

Entre las acciones que ordena ese organismo están “fortalecer la seguridad en los centros y adoptar las medidas necesarias para contar con planes de emergencia ante posibles factores de riesgo identificados”.

El monitoreo se efectuó del 11 de febrero al 1 de marzo últimos, en los 299 puestos de Salud, en 81 municipios priorizados de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula.

 Luego de la presentación del informe se  desarrolló un panel para analizar la importancia del recurso humano en el primer nivel de atención en salud.

Adonay Cajas, coordinador técnico de la Alianza por la Nutrición, señaló que persiste el desafío de la prestación de los servicios  en forma continua, ya que solo el 88.9 por ciento de los puestos de Salud estaban abiertos el día de la visita.
En cuanto al abastecimiento, Cajas señaló que a los insumos que se les  debe poner mayor atención son  los micronutrientes o chispitas, albendazol o desparasitante  y vitamina A, porque se detectó un déficit.

Otra realidad

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“En estas dos personas descansa la responsabilidad de la atención primaria en salud, y hay que darle énfasis y dedicarle mayor atención”, indicó.

El monitoreo reveló que a este personal le falta  conocimiento, lo cual podría deberse a la rotación y contratación temporal, aunque la mayoría dijo que tiene de dos a cuatro años de laborar en el Ministerio de Salud.

En decadencia

“El conocimiento en las normas para la consejería de la Ventana de los Mil Días ha venido decayendo. El Ministerio debe fortalecer sus procesos de capacitación, monitoreo y  evaluación”, dijo Cajas.

Respecto del registro y control de las mujeres embarazadas, el experto señaló que el personal de Salud en el primer nivel de atención no le da importancia ni prioridad a la información y atención, porque el 7.8  y 8.3 por ciento  proporcionó una dosis de las tabletas de hierro y ácido fólico distintas a las que recomiendan las normas  establecidas.

 Además, al  16.8 por ciento de las mujeres que sufrieron complicaciones durante el embarazo no se les dio  seguimiento.

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De acuerdo con la Alianza, en el esquema de vacunación, existe descontrol en la información de los carnés de los niños y  de los puestos de salud.

Cajas explicó que en el esquema completo de vacunación encontraron que el anterior monitoreo pasó de 18.5 a 35 por ciento en marzo de este año, lo cual implica que se ha mejorado pero se debe acelerar el paso.

Édgar González, viceministro de Salud, reconoció que una debilidad de la dependencia es  que el 60 por ciento de las personas contratadas lo  están en forma temporal, lo cual complica la relación laboral, ya que no se les puede asignar ciertas responsabilidades o existe   temor  en el personal de aceptarlas.

Carmen Salguero, coordinadora del eje de solidaridad de Mejoremos Guate, enfatizó que esa cartera debe regirse en base a meritocracia.  “Debemos exigir que se cumpla la Ley de Servicio Civil, debemos promover los puestos para que el funcionario pueda hacer carrera con base a esa ley, deben existir y debemos exigir que cumplan políticas claras en materia de recursos  humanos. El Ministerio de Salud debe dejar de ser la bolsa de empleo de los políticos de turno”, enfatizó.

Salud

 No reciben  vitamina A

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, aseguró que el suministro de  vitamina A a niños se ha complicado porque   dependen de las donaciones de una agencia internacional.

Al finalizar una citación con la Comisión de Salud en el Congreso, la funcionaria indicó que toman medidas para que el Ministerio compre las vitaminas,  debido a que hay desabastecimiento en algunas presentaciones, lo cual ha dificultado la entrega.

La vitamina A  es necesaria para   evitar enfermedades de  la piel, la visión y el cabello en los menores. La ministra afirmó que    esperan solucionar el problema pronto.

La gran Alianza por la Nutrición presentó su quinto informe del monitoreo de la Ventana de los Mil Días, realizado del 11 de febrero al 1 de marzo de este año, en cuyo discurso, el presidente de la organización, Roberto Paiz, indicó que es un guatemalteco avergonzado porque se tiene 46.5 por ciento de niños con desnutrición, y la cifra no cambia.
 
“Quisiera ver a mi familia completa indignada, a las empresas que yo represento indignadas, haciendo algo al respecto, pero se ha vuelto parte del paisaje urbano”, indicó.

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Adonay Cajas, coordinador técnico de la alianza, aseguró que durante el monitoreo encontraron el 88.9% de los puestos de Salud abiertos, pero que en la inspección de abastecimiento evidenciaron la escasez de algunos micronutrientes, desparasitantes y vitamina A.

Producto y abastecimiento

• Alimento terapéutico listo para el consumo (ATLC) 0%
• Vitamina A 200 mil     0%
• Sulfato ferroso 200 mg en jarabe    8%
• Vitamina A 100 mil      21.9%
• Sulfato ferroso 125 mg gotas     37.9%
• Albendazol 400 mg     59.7%
• Micronutrientes      61.6%
• Vacuna Hepatitis B     71.3%
• Vacuna de Rotavirus      75.75
• Vacuna Sarampión, Paperas y Rubeola   83.4%
• Vacuna Oral contra la Poliomielitis (OPV)  86.2%
• Vacuna contra el Neumococo    86.2%
• Vacuna Pentavalente      87.8%

El coordinador técnico también recomendó a las autoridades de Salud que se fortalezca el control de las referencias de las mujeres embarazadas que han tenido complicaciones, ya que no se les dio el seguimiento de la referencia.

Esquemas de vacunación

Cajas señaló que persiste el descontrol en los esquemas de vacunación de los menores, y que encontraron evidencia que los carnets de los niños menores de 2 años, tienen la información incompleta.

El monitoreo también evidenció que existen brechas en los esquemas de vacunación por cohorte (según la edad de los niños menores de 2 años).

Aunque se han mejorado las cifras, siguen existiendo los bolsones de niños menores de 2 años que no tienen acceso a todas su vacunas, en el 2015, el monitoreo reflejó que solo el 18.5% completó su esquema de cobertura y este año aunque las cifras han mejorado, los resultados siguen estando distantes de las condiciones ideales.

La Alianza recomendó que se establezca un equipo de tarea conformado por el Ministerio de Salud y la Alianza, para determinar las causas del hallazgo en el monitoreo; así como se mejore la inducción a los auxiliares de enfermería con énfasis en la Ventana de los Mil Días, para las competencias del personal en atención comunitaria.

Salud responde

Edgar González, viceministro de Salud dijo que la mayoría del personal está contratado bajo los renglones 182, 029 y 189, los cuales son contratos temporales, condición que dificulta los controles y limita las responsabilidades que se les puede asignar.

En cuanto a las recomendaciones, la organización indicó que se debe establecer un equipo de tarea en salud para analizar las causas de los hallazgos del monitoreo para desarrollar planes de trabajo, se debe mejorar procesos de inducción al puesto a las auxiliares de enfermería con énfasis en las acciones de la ventana de los mil días.
 
Además se debe contar con un sistema de certificación de competencias que contenga capacitación continua para mejorar la prestación de servicios de salud, el cual debe ir acompañado evaluaciones de desempeño y competencias del personal que brinda la atención a la población.
 
“Sabemos que el ministerio tiene el desafío de generar una línea base de todos sus empleados, saber cuántas son las personas que laboran en el primer nivel, quiénes son por nombre, cuáles son esas brechas de conocimiento y qué capacidades se deben fortalecer para que se permita conocer de qué forma se puede incrementar el personal en el primer nivel de atención”, indicó Cajas.

Acompañados por los presidentes de los colegios profesionales, representantes de los hospitales nacionales pidieron este lunes en conferencia de prensa ser atendidos por el mandatario, ante la incapacidad y la falta de voluntad de las autoridades ministeriales en solucionar las necesidades de dignificación salarial y estabilidad laboral.
 
La solicitud fue hecha con carácter urgente para dar viabilidad a una situación que consideran es insostenible —los bajos salarios que devengan los profesionales de Salud—, así como la inestabilidad laboral que sufren un gran segmento de este mismo grupo de profesionales.
 
“Es una situación lamentable ya que siendo el recurso humano la principal fuerza que impulsa la salud de la población guatemalteca, desde los diferentes hospitales y servicios del sistema, nuestras necesidades como personas quienes además tenemos familias, no sean debidamente consideradas”, indicó Zagred Zea, integrante de la junta de médicos del Hospital Roosevelt.

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Según los profesionales, les han tratado irrespetuosamente y con desconsideración ya que les han solicitado toda clase de argumentos del motivo de su solicitud. Además resaltaron que su situación es dispar con respecto de profesionales de otras entidades estatales y de gobierno.
 
“Hemos sido postergados en sesiones infructuosas donde ya por varios meses no se ha avanzado y se nos ha demeritado teniendo argumentos válidos, basados tanto en la ley como en la dignidad que todo trabajador merece”, indicó Zea.
 
Los profesionales afirmaron que permanecen en la mesa de dialogo ya conformada, y le reiteraron su compromiso al pueblo, ya que no contemplan ninguna medida de hecho.

Luis Cuyun, representante de hospitales departamentales, explicó que el ajuste salarial que solicitan es para todos los profesionales del sistema de salud, y resaltó que la mayoría del recurso del ministerio son especialistas y subespecialistas que trabajan cuatro horas al día.
 
El medico indicó que es un recurso altamente especializado que tiene un salario base de unos Q1,700 más bonos. los cuales no son parte del pasivo laboral.

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Vulneración a pacientes

Cuyun comentó que por los malos salarios, nadie cotiza mano de obra para los hospitales.
 
“Eso es tan delicado porque nos hemos visto en la necesidad muchas veces, por ejemplo en anestesia  es una especialidad que son muy contados los especialistas, pero por lo salarios que actualmente se tiene nade cotiza ir a dar anestesia durante un mes, ha habido la necesidad que estos turnos se tiene que cubrir en su momento con técnicos en anestesia, y es muy delicado porque ponemos en riesgo legal a los técnicos y en algún riesgo médico a la población”, indicó.
 
Adrián Chávez, viceministro técnico, confirmó la semana pasada que consideran importante para el fortalecimiento institucional lograr una dignificación del trabajo.

Agregó que ya se establecieron reuniones con médicos del Hospital Roosevelt, en donde se les explicaba que era difícil hacer solo un aumento que beneficiara a los médicos de un hospital, y que se tenía que analizar que en dado caso fuera para todos los trabajadores de salud.

Señaló que se estableció una mesa, la cual está conformada por representantes de varios profesionales y del colegio de médicos.

“Se está buscando cuáles son los criterios técnicos y cómo podríamos generar de manera responsable que la dignificación salarial sea progresiva, gradual”, indicó.

Chávez reconoció que se necesita revisar la escala salarial y resolver las etapas que permita que el trabajador de salud recupere su relación laboral, ya que más de la mitad trabaja por contrato.

Para el viceministro, con la mesa técnica esperan definir los criterios necesarios e identificar una propuesta general, porque tampoco por buscar un ajuste salarial se pueden comprometer los recursos previsto para las atenciones ya programadas, porque esto implicaría un rubro adicional en la propuesta del ministerio.

Entre las principales vulneraciones que destacaron los delegados, luego de su visita por el país desde el domingo pasado, figuran los ataques a sectores de justicia, violaciones a privados de libertad, niñez y adolescencia desprotegidas, desplazamientos forzados y discriminación.

La realidad

Las comunidades contaron a la CIDH cómo es vivir en Guatemala

Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH, señaló que la sensación general es que Guatemala vive una especie de encrucijada, en la que su gobierno y sociedad tienen que decidir si avanzan para superar factores estructurales que generaron mucho tiempo atrás un conflicto armado, o se retrocede o estanca, pero subsisten los problemas.

“Lo avanzado en algunos aspectos es incipiente; es positivo, pero en general nuestra visión recogida es que muchos de los problemas estructurales subsisten, que en muchos de ellos se ha avanzado poco”, indicó.

La sensación en general es que hay avances leves en algunos temas, pero persisten peligrosamente poderes paralelos en lo económico, militar, social y un pronunciado racismo y discriminación en la sociedad hacia mujeres, sectores indígenas, afrodescendientes y personas de la diversidad sexual.

Eguiguren dijo que Guatemala es uno de los países con  mayor desigualdad en donde perdura la pobreza y  desnutrición infantil.

Justicia

Eguiguren señaló que la lucha contra la impunidad y la corrupción es fundamental, pero ven con alarma que muchas de las instituciones que reúnen a jueces, fiscales y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) son objeto de ataques, amenazas, presiones, hostigamiento, e  incluso ponen en riesgo la vida de estos  y sus familias.

Agregó que la independencia judicial es fundamental, por ello se debe garantizar un sistema de nombramientos judiciales que garantice el respecto a los méritos y las calidades de las personas que se escogen y no sistemas politizados de nombramientos en base a acuerdos políticos. Para ello ven necesaria la Reforma Constitucional al Sector Justicia.

Luis Vargas, comisionado y relator de los derechos migrantes y unidad sobre personas con discapacidad, señaló que se  estigmatiza a jueces, fiscales y al comisionado de Cicig que son guerrilleros o extremistas.

Migrantes y desplazados

Vargas indicó que han advertido problemas muy complejos en migración, desplazamiento interno y desalojos.

En el tránsito de personas migrantes estas son víctimas de cantidades enormes de abusos e incluso de desapariciones que no ha sido  investigadas.

“Las deportaciones masivas desde otros países de la región plantean un gran desafío, un enorme problema por venir en materia de derechos humanos para las personas que han sido deportadas, el Estado y la sociedad guatemalteca deben estar mucho más pendientes”, afirmó.

¿Está de acuerdo?

CIDH pidió abolir una polémica pena

En ese sentido, la CIDH recomienda adoptar medidas para prevenir las causas que generan la migración forzada de personas, así como medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para personas desplazadas internamente y garantizar el derecho a salir del territorio de migrantes y personas con necesidades de protección internacional.

Vargas comentó que recopilaron información sobre los despojos de las comunidades, la aplicación de los delitos de usurpación y una modalidad agravada que se ha establecido, así como la criminalización de integrantes  y representantes de comunidades campesinas e indígenas en departamentos como Petén, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

Indicó que fueron testigos de “una tragedia inconmensurable” de unas dimensiones  que no habían visto en ninguna parte, “de personas que fueron víctimas de desalojos en Laguna Larga, Petén, y que nos parece que han sido estigmatizados”.

El relator expresó que cree, y lo hace con respeto, que el cumplimiento de una ley no debe implicar  violar los derechos humanos y la dignidad  en personas vulnerables, en donde viven decenas de niños. Agregó que las personas desalojadas reciben ayuda de organismos internacionales y de México, pero no de parte del Estado de Guatemala.

Otro tema que mencionó Vargas es que personas indígenas, mujeres y niños están expuestos a la trata con fines de explotación sexual y laboral, lo cual les preocupa.

Cárceles

Uno de los temas fuertes  de la Comisión fue la situación de los privados de libertad. Vargas comentó que con las visitas a cárceles establecieron un grave problema, principalmente en el hacinamiento, ya que la cantidad de internos triplica la capacidad.  

“Eso genera una cantidad de situaciones de violación de derechos humanos. Hay un uso excesivo de la prisión preventiva, más del 50 por ciento de la población está así”,  señaló.

“El retraso en las decisiones de la justicia agrava las deplorables condiciones de detención, hay altísimos niveles de violencia y de corrupción en los centros  carcelarios, hay una falta de control efectivo de las autoridades en el interior de los centros de reclusión, e incluso se ha llegado a la utilización de recintos miliares y policiales como centros de detención permanente”, resaltó.

Agregó que saben de los esfuerzos estatales dirigidos a racionalizar el uso de la prisión preventiva.

Resaltó el uso desmedido de la reclusiones de castigo con que se sanciona a personas, de exponerlas a encierros donde no ven la luz natural más que una hora al día. También señaló que en el Hospital Nacional de Salud Mental
Federico Mora no se refleja la inversión de US$7 millones, además que es un sitio donde el 75 por ciento de la población no debería estar.

Cuidar a la niñez

La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño señaló que el tema de niñez en Guatemala es una situación que hay que tomar en serio. “Hay que enfocar cuál es la repuesta que estamos dando a los derechos de los niños y adolescentes de este país”, dijo.

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, la relatora  señaló que la situación es terrible.

Afirmó que en el caso que sea indispensable colocarlos en centros de privación de libertad es necesario que estos cumplan con los estándares internacionales que permitan su reinserción productiva.

Arosemena de Troitiño enfatizó  que el sistema de protección a la infancia que tiene el país no funciona.

El presidente de la CIDH resaltó que dentro de tres meses presentarán el informe en donde se harán recomendaciones puntuales y concretas, pero la  razón de estar no es elaborar un informe de denuncia, ni  una visión destructiva, sino de voluntad y compromiso a ayudar al país.

Discriminación

La relatora Margarette May Mcaulay señaló que una de las grandes causas de impunidad es la discriminación que existe en el país, en especial hacia los pueblos indígenas. Refirió que los niveles de discriminación que existen en Guatemala son inauditos, los cuales nunca había encontrado.

Desnutrición

La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño refirió que  la desnutrición infantil alcanza casi el 50 por ciento,  una cifra de alarma, porque esto no   se trata del futuro, sino de hoy.

“Eso no es realmente aceptable, porque están en juego hoy los derechos de esos niños, pero esté en juego la nación guatemalteca, la expectativa de vida de la población guatemalteca”, indicó.

La CIDH recomienda continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, en especial, adoptar medidas urgentes para eliminar la desnutrición infantil.

Prensa

Según el  relator Edison Lanza, en libertad de expresión se tienen desafíos, en particular la situación de violencia contra los periodistas, ya que se reportan más de 30 asesinatos en los últimos años.

También se  reunieron con el Superintendente de Telecomunicaciones con quien hablaron sobre la importancia de facilitar el proceso de la televisión análoga a la digital, y que haya más pluralismo en  medios informativos.

“En las comunidades de nuestro municipio suceden casos en  que a las niñas las someten desde temprana edad. Desde los 4 o 5 años, las dos familias, de la niña y del muchacho, hacen como un trato. A ellas, desde esa edad les cortan el cabello de enfrente, les dejan como fleco. Entonces los muchachos o familias que les vean el fleco es seña de que ya estás apartadas para un muchacho”.

Insólito

Las niñas de 10 años que son mamás

La joven narró: “Entonces la familia del muchacho, cuando mira que la niña va creciendo y creciendo, entre los 14 y 15 años miran que está bonita. Ellos piensan que ya está preparada para ser madre y esposa. Entonces los papás la llegan a pedir”.

Pérez aclaró que estudia segundo básico, tiene dos hermanos y cuatros hermanas —ya casadas y profesionales—.  “Le doy gracias a Dios porque tengo una familia que respeta  mis decisiones y mis derechos, porque hay otras niñas que no tienen ese privilegio”, afirmó.

En la actividad se informó que del  1 de agosto del 2015 a noviembre del 2016 se registraron cuatro mil 743 matrimonios de adolescentes de entre 13 y 17 años, y tres mil 560 de  16 a 17 años.

Pérez comentó que en la mayoría de los casos los varones son mucho mayores que la menor.

“Una niña, cuando la casan, los sueños de ella desaparecen. Ella tiene planes de viajar, de estudiar, de trabajar, pero si la obligan a ser madre y esposa no está preparada, ya que la edad que tiene es muy vulnerable”, indicó.

La expositora añadió: “Las jovencitas tienen  planes, pero a veces los papás no piensan en ellas, sino piensan en ellos mismos, y no miran la realidad de cómo las afectan emocionalmente y psicológicamente”.

Petición al Congreso

Integrantes de la Mesa a Favor de la Niñas y Adolescentes señalaron en conferencia de prensa que cuando las menores se casan a temprana edad se les condena a vivir en un círculo de pobreza,  lo cual no  permite cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Mesa demandó que se elimine toda excepción para contraer matrimonio infantil.

¿Se les olvidó?

La excepción que hizo el Congreso por el que siguen casando a niños y adolescentes

“El mismo decreto no establece cuáles son aquellas situaciones que pueden justificar contraer matrimonio, y esto ha generado que los jueces hagan a discreción la situación de por qué  autorizaron o no  el matrimonio”, aseveró.

Según la entidad este año se han autorizado al menos 117 matrimonios mediante la mencionada  excepción, aunque están a la espera de recibir un dato más actualizado del Registro Nacional de las Personas.

Eyleen Menchú, de 14 años, de Quetzaltenango, señaló que solo en ese departamento se registraron 13 matrimonios este año.En Guatemala se estima que dos menores de 18 años contraen matrimonio cada día, según datos de  Unicef.

Vulneración

Eyleen Menchú comentó que es importante que las niñas tengan sueños y metas. “Estamos en una edad en la cual tenemos muchos sueños y metas, pero al llegar el matrimonio se truncan porque se les cierran a las puertas para que se dediquen a atender la casa”, indicó.

Conozca el caso

La madre que prostituía a sus niñas

“Las niñas y adolescentes queremos tener un mejor nivel de vida, luchar por nuestros sueños, seguir adelante. No es justo que obliguen a las niñas casarse, porque eso trunca sus sueños y no permite que se desarrollen como mujeres”, indicó.

López comentó que conoce a varias niñas de un albergue que han sido violentadas sexualmente o victimas de trata. Señaló que hay niñas a quienes hombres mayores les ofrecen una mejor vida y ante la falta de amor de sus padres deciden irse con ellos, pero al final solo les hacen daño porque las exponen vivir cosas que una niña no debe experimentar.

Demandas

La Mesa a favor de las niñas y adolescentes pide que el Estado intervenga para proteger a las menores y emitió varias recomendaciones.

• Eliminar la excepción de matrimonios en menores a través de la aprobación de la iniciativa de Ley 5216
• Mayor inversión en políticas, programas y proyectos que eliminen las brechas de desigualdad en las niñas y adolescentes.
• Que realicen una campaña de sensibilización para dejar de considera el matrimonio como una alternativa para el futuro de las menores
• Mayor acceso a educación integral en sexualidad como un derecho

La situación se agrava porque este año el Departamento de Estado de Estados Unidos  bajó a Guatemala  de categoría en la lista de vigilancia porque es un país que “no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos”.

En el informe se señala  que el país se mantenía en nivel 2 de vigilancia desde el 2011, pero fue degradado a la lista de vigilancia del mismo nivel, debido al incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción —albergue donde había víctimas de trata—, por el que  murieron 41 adolescentes, y también  por la disminución en las sentencias y la identificación de víctimas durante el 2016.

Una de las debilidades del gobierno guatemalteco es la baja ejecución presupuestaria de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), dependencia de la Vicepresidencia. Esta muestra baja ejecución presupuestaria del 2012 al 2016, ya que en cinco años ha dejado de ocupar  Q19.1 millones del monto asignado, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  del Ministerio de Finanzas.

Enemigo en casa

Mujer es capturada por prostituir a sus hijas

En el informe circunstanciado del 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se hace referencia a la asignación de fondos para las instituciones y se indica que es necesario que la Svet refleje en sus acciones e informes el buen uso y aprovechamiento del presupuesto asignado.

Claudia Ordóñez, jefa de la mencionada secretaría, señaló que puede responder por el año pasado, que la dependencia estuvo bajo su dirección. Indicó que la baja ejecución  se debió a la contención del gasto y a que se pidió una ampliación presupuestaria, pero cuando se entregó ya era medio año y era difícil usar los fondos, por  los plazos de la Ley de Contrataciones.

Según  Ordóñez, con la degradación de   categoría de nivel de vigilancia, por ahora, no    afecta  económicamente; “no obstante, es un llamado de atención a todo el Estado, porque el combate de este delito no corresponde solo a una institución, sino a varias”.

Alex Colop, fiscal contra la Tratade Personas, coincidió en que este delito involucra a todas las instituciones del Estado, tanto en lo preventivo como en atención y persecución.

Mynor Pinto, de la mencionada fiscalía, señaló que este año se han registrado 155 casos de trata, los cuales no solo tienen que ver con denuncias, sino también con las mismas investigaciones que esta sección desarrolla.

Agregó que al menos 44 casos están relacionados con explotación sexual, unos 45 con pornografía infantil y 35 con explotación laboral.

Según el informe de estado 2016-2017 de la Svet, presentado la semana pasada, en el primer semestre de este año se ha atendido a 147 víctimas —134 son niños y adolescentes—.

Ana Lucía Peláez, defensora de las Víctimas de Trata, de la PDH, señaló que aunque se observan avances, hay  temas olvidados, como   la atención a las víctimas adultas —hombres y mujeres—, que aunque no quieran ser albergadas, es responsabilidad del Estado  brindar una atención  ambulatoria, de acuerdo con lo que establece el Protocolo de Atención a Víctimas de Trata. Peláez agregó que es preocupante que no haya un albergue público para adultos y recordó que no existe  registro unificado de ese flagelo.

Ordóñez argumentó que se destina un presupuesto a la  Fundación Sobrevivientes, que atiende a víctimas adultas, y resaltó que la situación con los mayores de edad —en especial hombres— es compleja, pues se niegan a permanecer albergadas porque tienen familiares que dependen de ellos o prefieren mantenerse alejados del tratante, por lo que no denuncian.

En cuanto al seguimiento a las víctimas que han sido institucionalizadas, Peláez comentó que solo  los albergues de Refugio de la Niñez y la Asociación La Alianza lo hacen.

Indicó que es importante que la Svet, como ente rector,   recomiende a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), a cargo de la Presidencia, el seguimiento a  las víctimas de trata que se encontraban en el Hogar Seguro.

“Hemos constatado que no han recibido ese seguimiento, no hay esa atención de segundo orden a las víctimas de trata. Es importante que le pongan atención”, enfatizó.

“Hay retrocesos y debilidades que se deben combatir, y aquí no es criticar. Al contrario, es recomendar esas acciones que puedan ir fortaleciendo la institucionalidad”, indicó.

PNC y lentitud

Según la PDH, en una supervisión efectuada el 19 de julio pasado a la Sección contra la Trata, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía  Nacional Civil (PNC),  se detectaron varias debilidades y limitaciones. Entre ellas que no se cuenta con un   protocolo para la investigación de los casos, lo cual queda a  criterio de los agentes  que los conocen, y tampoco se cuenta con un programa permanente de capacitación.

“Un agente entrevistado no sabía las modalidades de trata que hay, ni los derechos que se le violentan a una víctima de trata”, indicó Peláez.

Otros hallazgos incluyen  mal estado de los vehículos, ya que de cuatro   solo uno funciona. Hay casos que están en la oficina desde el 2013, sin que hayan sido asignados, y es poco el personal para la cantidad de expedientes.

Peláez refirió que el proceso, desde que entra a la sección y pasa a  la oficina,  dura 17 días en promedio, y de la oficina a los lineamientos de investigación, otros 35. Para llegar al MP pasan 108 días.

Mujeres captoras

Aprovechan la   confianza que inspiran.

• Según el informe de Estado de 2016-2017 de la Svet, el Ministerio Público determinó que la mayoría de tratantes son mujeres —53 por ciento—.
• En años anteriores, las primeras modalidades de trata que se investigaron incluyeron la  adopción irregular. En esta, una  mujer captaba a otra para que diera a su hijo en adopción, a cambio de dinero o por engaño. También  intervinieron médicos, abogados y personas particulares.
• “La primera reclutadora era una mujer, pues inspiraba mayor confianza”, se indica.
• En  explotación sexual o prostitución ajena suele suceder lo mismo. Una de las primeras tratantes es una mujer, que capta a otras,  pero el que se beneficia puede ser un hombre.
• En pornografía infantil ocurre lo contrario: los  vinculados son hombres comprendidos entre los 25 y  35 años, aproximadamente. Utilizan las redes sociales para captar   víctimas.
• En 2016   ligaron a proceso por el delito de trata de personas a 61 personas;  37 eran mujeres. Con prisión preventiva hubo 42  personas —10 mujeres—.

El amparo es provisional a favor de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que intervino por los vecinos afectados.

El caso viene desde 2015, cuando los vecinos denunciaron que sus viviendas empezaron a tener grietas y pequeños hundimientos, lo cual atribuyen a la existencia de aguas negras subterráneas.

Testimonios</p> <p>

Vecinos de Jardines del Norte temen colapso de sus viviendas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró inhabitable el sector 2 de esa colonia en octubre de 2015, y un estudio geológico confirmó la inestabilidad del terreno.

Algunas de las 600 familias que en un inicio residían en Jardines del Norte han abandonado sus viviendas por temor a una tragedia, pero las demás permanecen ahí, debido a que no tienen dónde ir.

Ante la falta de ayuda de las instituciones encargadas de la vivienda y de la constructora vendedora del proyecto, los vecinos acudieron a la PDH. 

“Lo que planteamos ante la Corte de Constitucionalidad fue que ahí había una seria amenaza en contra del derecho a la vida, principalmente integridad y vivienda de las familias”, dijo Giovanny Guzmán, subdirector de Mediación de la PDH.

Este martes se conoció que la CC otorgó el amparo provisional a la PDH, el cual fue interpuesto contra el vicepresidente Jafeth Cabrera, como máxima autoridad en el tema de vivienda; la Conred, la Municipalidad de Guatemala, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), el Ministerio de Comunicaciones (CIV) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La CC ordena que “de forma inmediata deben emitir todas las órdenes ejecutivas y administrativas para que se compruebe si existe la amenaza cierta e inminente”.

“De comprobarse la situación descrita, las autoridades deberán pronunciar de inmediato las instrucciones y órdenes necesarias, indispensables y urgentes que conduzcan a garantizar a los habitantes de aquella área los derechos que pudieran resultar vulnerados”, agrega el fallo de la corte.

Guzmán dijo que también está en trámite en el Ministerio Público (MP) una denuncia que la PDH presentó en contra de la empresa que inicialmente vendió el terreno, a sabiendas que no era apto para la construcción de viviendas.

La Municipalidad de Guatemala ha enviado avisos a los vecinos cuyas viviendas presentan grietas y deben ser evacuadas por recomendación de la Conred.

“Se le hace de conocimiento para que usted pueda adoptar las medidas que considere pertinentes a fin de salvaguardar la vida e integridad física suya y de su familia”, dice una notificación de la comuna de 2016.

Según Rudy  Zepeda, vocero del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), se estableció que los 31 hogares privados que recibieron a menores ya tienen  los expedientes de 85 internos.

“Los 31 hogares privados cuentan con equipos multidisciplinarios para atender a la población abrigada. Sin embargo, la falta de traslado oportuno de expedientes por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), especialmente médicos, psicosociales y educativos, hacia los hogares a donde fueron reubicados los niños y adolescentes, ha causado dificultades para el abordaje especializado y asertivo”, dijo Zepeda.

Agregó que además de afectar el seguimiento de cada caso, da lugar a la revictimización de los menores que tuvieron que ser reevaluados.

Gabriela Tuch, defensora de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que para un menor que se encuentra en un hogar de abrigo y protección es importante y necesario que se le faciliten todos los medios para construir y continuar con su plan de vida individual.

¿Hogar Seguro?

Niñas huían de la violencia y de la precariedad

El CNA resaltó que los hogares privados financian sus programas con fondos propios, pero  es necesario que la SBS, en coordinación con otros ministerios e instituciones, retome las responsabilidades en cuanto al acogimiento residencial.

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“También en programas de prevención, fortalecimiento familiar y cuidados alternativos para garantizar el derecho de los menores a crecer en un ambiente familiar y que la institucionalización no sea prolongada con la finalidad de no afectar su desarrollo integral”, dijo el vocero.

Según Zepeda, no se  encontró hacinamiento en los hogares privados, pero el Consejo ha recomendado no exceder sus capacidades de atención, físicas y de personal, para que todos los menores abrigados se encuentren en condiciones de dignidad y se beneficien de los programas de atención que implementan.

Añadió que la mayor dificultad que tienen los juzgados está en  ubicar a los adolescentes, ya que en su mayoría los hogares  privados tienen un perfil de ingreso de niños de 0 a 12 años.

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, señaló que debido a que se hace énfasis en la desinstitucionalización de menores, los jueces evitan enviarlos  a hogares. Pero cuando hay casos de violación sexual o donde la vida del menor corre riesgo  sí debe ser enviado a un albergue,  allí hay problemas porque los hogares privados en su mayoría  están llenos, además de que estos trabajan con  cooperación y ayuda internacional.

“Cada uno de los hogares privados tiene una limitación en cuanto a los casos que puede atender, tanto para adolescentes hombres o mujeres, entonces tenemos un colapso de protección a nivel  de onegés  porque ya no  hay capacidad para seguir atendiendo a más”, indicó.

Se solicitó información a la SBS sobre la razón de por qué no se han remitido los expedientes, sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.

Desde el domingo recién pasado se encuentran en el país el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren; la primera vicepresidenta, Margarette May Macaulay; la segunda vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño; y los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva.

También el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

¿A qué vino la CIDH?

CIDH pedirá explicaciones de casos específicos como el del Hogar Seguro

“Hablamos del tema de la prisión preventiva, del Hogar Seguro, de la iniciativa de ley  sobre la niñez y trata de personas. Ellos están muy impactados por lo que han sabido de cómo se ha vuelto mucho más común este delito en Guatemala. Hablamos de las reformas constitucionales y de muchos otros temas”, indicó el procurador.

Según De León, todos los temas le preocupan a la CIDH, pero entre la agenda destacan  niñez y adolescencia, violencia contra la mujer, privados de libertad y libertad de expresión.

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Por protección

En este último punto, entidades de prensa unidas, con la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo a la cabeza,   solicitaron  al relator de Libertad de Expresión abordar el peligro y hostilidad en la que se ejerce el periodismo en el país, y que le recomiende al presidente Jimmy Morales la construcción del programa de protección.

Después de la reunión con el mandatario, los representantes de la CIDH, tuvieron un diálogo con  magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general, Thelma Aldana.

Por la tarde se entrevistaron con organizaciones de la sociedad civil.

La Fiscal General comentó que en la cita se les   presentaron los avances del  Ministerio Público en cuanto a la creación de las fiscalías de la Niñez y de Femicidio, así como de los protocolos de actuación en casos de defensa de los
derechos humanos sobre la investigación de delitos contra sindicalistas y de los casos investigados que se conocen en los tribunales, además del fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Al preguntarle si la CIDH le manifestó alguna preocupación  específica, Aldana  dijo  que fue respecto del “Sistema Penitenciario y la situación  de mujeres privadas de libertad”.

Andrea Barrios, del Colectivo Artesanas, comentó que el domingo conversaron con Esmeralda Arosemena, relatora de la Niñez y Adolescencia, sobre los hijos de privados de libertad y la situación de adolescentes en conflicto con la ley. También dijo que participarán en  las reuniones de la sociedad civil.

Peticiones

El Gobierno  pidió una “crítica constructiva” a los representantes de la Comisión, para formar políticas que mejoren la protección y promoción de los derechos humanos.

Al final de la cita, el presidente de la CIDH, el jurista peruano Francisco Eguiguren, solo se refirió a algunos de los temas tratados, como la situación de la niñez y los centros de detención para jóvenes. Evitó hacer más comentarios porque dijo que  darán a conocer sus impresiones    el viernes, cuando hayan hablado con los distintos sectores.

El canciller Carlos Raúl Morales, quien participó en la reunión, explicó que hablaron de menores, mujeres, cárceles, áreas protegidas, población afrodescendiente y otros temas, durante más de una hora.

“Lo que queremos es la crítica constructiva de la CIDH y que ayuden a construir las políticas que nos permitan proteger y promover de mejor manera los derechos humanos”, afirmó el funcionario.

Agregó que también se busca que Guatemala salga del capítulo 4 de la CIDH, el cual contiene sanciones y en el que el país fue incluido en el 2015 por considerarse que no se permitía la visita de relatores y expertos en la materia.

“Los señores de la Comisión escucharon y le expresaron al presidente que una de sus altas prioridades son estos centros —de detención juvenil—. Ellos van a hacer las visitas correspondientes. Yo me reuniré con ellos al final de la visita para recibir los comentarios generales  y que tengamos críticas constructivas que nos ayuden a decir cómo solventar la situación en estos centros”, enfatizó.

Según informe de Refugio de la Niñez, de los 788 casos que han litigado desde el 2009 al 2016, 400 son por violencia sexual en donde la victima ha sido un niño  o un adolescentes, en su mayoría mujeres, 99 por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, 57 por agresión sexual, y 43 por maltrato de menores.

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Niñas son sometidas a la ignorancia sexual

Comentó que, por ejemplo, muchas víctimas de violencia sexual padecen de enfermedades de transmisión sexual y la recarga de trabajo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) provoca que no se realicen los informes médicos a todos los menores.

También señaló que para la realización de los exámenes forenses es demasiado largo el plazo, ya que en ocasiones supera los seis meses solo para lograr la cita.

Mayorga indicó que en el caso del Organismo Judicial (OJ), no se celebran las audiencias en la hora programada, lo cual implica desgate para los menores y equipos de profesionales.

“Algunos tribunales de sentencia no da valor probatoria a la declaración presentada por la niña como prueba anticipada, exponiéndola a tener que presentar nueva su declaración lo que la victimiza”, indicó.

En cuando el ministerio Público refirió que la falta de un modelo unificado de organización de las fiscalías repercute en la metodología y tratamiento de los casos, y que solo la fiscalía contra la trata está organizada por unidad.

Agrega que el hecho de que los casos sean conocidos por diferentes auxiliares fiscales debilita el impulso del proceso penal.
Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, comentó que otro problema que se observa es que en los departamentos hay casos que no avanzan porque los fiscales y jueces buscan conciliar algunos casos de violencia sexual y trata de personas.

La magistrada Delia Dávila señaló que en estos casos se debe denunciar a los responsables para que sean investigados.
Mayra Veliz, secretaria del MP, indicó que como parte de las mejorar que se trabajan este viernes se entregó el protocolo de atención a la victima de trata para que sea aplicado en todas las fiscalías

La SVET presentó el Informe de Estado sobre la trata de personas resaltando que este delito es un problema que le compete contrarrestar a los tres organismos del Estado.

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Mujer vendía a sus hijas para servicios sexuales

De los 48 menores rescatados por la Procuraduría General de la Nación (PGN), 33 son víctimas de explotación laboral y 12 de explotación sexual.

Según el informe de SVET —presentado en el marco de que el próximo 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata y el que participó el vicepresidente Jafeth— se muestra de las victimas atendidas, 138 son mujeres. Además que la mayoría de personas agraviadas se ubicaron en el departamento de Guatemala.

Danissa Ramírez, director contra la trata de personas, indicó que entre las principales modalidades se encuentra explotación sexual con 87, explotación laboral con 27, prostitución agena con 21 y trabajo forzado con tres.

En el primer semestre de este año, el Ministerio Público (MP) ha recibido 68 denuncias, de estas  77 son de Guatemala y 17 de Escuintla,  además tienen 154 casos en investigaciones, 21 aprehensiones  y 21 sanciones, de las cuales 17 fueron condenatorias.
 
Alex Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, señaló que este año han realizado 129 allanamientos, en los cuales reconoce que varias instituciones aportan sus esfuerzos para combatir este  flagelo y atender a las víctimas.

Refirió que aunque existen debilidades, también hay avances, ya que ha cambiado la forma de hacer investigación. “Hemos tenido el cambio de mentalidad se investigar para detener y no se detener para investigar, creo que  hoy podemos decir que en los casos que llega a la fiscalía se encentra métodos tecnológicos”, indicó.
 
Añadió que este año se llevan 17 sentencias, lo cual es digno de aplaudir ya que no solo en Guatemala sino en otros países, porque para emitir una condena se toman muchas circunstancias, como por ejemplo hay desconocimiento de que el consentimiento de la victima de trata no se toma en cuenta, entre otros.

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El Vicepresidente Jafeth Cabrera acudió a la presentación del informe y señaló que el fenómeno de la trata de personas es complejo. “Se ha avanzado, pero hay mucho que hacer todavía”, dijo Cabrera.

Además el vicemandatario recordó el caso de una madre que vendía a su hija y destacó el daño psicológico, que no era solo para la víctima, sino que incidía en toda la familia. 

Ana Lucía Peláez, defensora de las víctimas de trata de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que sin ánimos de criticar, sino más de recomendar por la vulneración que sufren las víctimas de este flagelo, han observado y expresado que la atención a hacia las personas adultas por parte del estado es débil.

Agregó que el hecho que personas adultas no quieran ir a un albergue por diversas razones, no quita la responsabilidad de que existan espacios para ellos. De las víctimas de trata atendidas en este primer semestre se reportan 13.

De León Duque señaló que este miércoles tuvo un primer acercamiento con el procurador electo Jordán Rodas Andrade para informarle sobre la situación en que se encuentra la institución.
 
“Fue una mirada rápida a todo el tema de la institución, fue muy productiva, él con mucha apertura a recibir la información y yo con absoluta transparencia”, indicó de León Duque.
 
Resaltó que el puesto del procurador es ver temas complejos todos los días y a toda hora, ya que la conflictividad no respeta días ni horarios.

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Renuncia a indemnización

Según De León, le contó al procurador electo sobre la reducción del salario que hizo cuando llegó a ocupar este cargo, ya que de Q106 mil que estaba asignado lo redujo a Q52,700.

Añadió que su disposición ahora es que no lo indemnicen, porque es un pago que se le hace al personal que despiden y él fue electo para ocupar un cargo por cinco años.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) indicó que Mavélita Interiano Amador, de 8 años, pesa 35 libras y lucha por sobrevivir a una desnutrición severa. Además ha  pasado por cuatro cirugías, debido a una obstrucción intestinal producida por un parásito.

Interiano Amador es una de las tres niñas y dos niños de cuatro familias, originarios de  Cañón Tisipe y Lelá Chancó,  Camotán, Chiquimula, que fueron amparados por un juez de Zacapa en el 2013.

Hilda Morales, procuradora adjunta, recordó que un juez de Zacapa declaró en la parte resolutiva de las sentencia  la vulneración de los derechos humanos de estos menores, tales como violación del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación y vivienda.

En esta resolución se señaló al Estado guatemalteco como responsable, por omisión.

“Hemos visto con preocupación que las instituciones del Estado involucradas en el cumplimiento de la sentencia han hecho acciones paliativas, pero  no han resuelto el problema, a pesar de que se ha buscado de parte de la Procuraduría establecer mesas de coordinación para empujar el cumplimiento de la sentencia”, indicó Morales.

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales, señaló que el caso de la menor es el reflejo de la tragedia  que afronta el país, ya que alrededor del 47 por ciento de los niños padecen de desnutrición crónica.

Interiano Amador fue trasladada del hospital de Chiquimula al de Cuilapa, Santa Rosa, y ahora se encuentra en el área de cuidados críticos del Hospital Roosevelt, donde esperan que se estabilice para practicarle una quinta cirugía.

Medida

• Juez de niñez y adolescencia de Zacapa emite una resolución.
• En el 2013  ordenó al Estado  que por medio de 10 instituciones ejecutara 26 medidas específicas para restaurar los derechos humanos violados.
• La PDH   fue delegada para verificar el cumplimiento de la sentencia en cuanto a que a los menores se le brindara atención en salud, educación y apoyo educativo a las familias.

Medidas a medias

La defensora del seguridad alimentaria, Andrea Aldana,  señaló desde el 2013 a la fecha ha efectuado cuatro supervisiones para verificar el cumplimiento de cada una de las instituciones a las que el juez de niñez y adolescencia de Zacapa ordenó medidas.

Uno de los ejemplo es que a las cuatro familias les llevaron estufas ahorradoras, pero no las  terminaron de instalar.  Se les proporcionó filtros purificadores de agua, pero no se les dio mantenimiento ni explicó cómo usarlos.

Aldana agregó que en abril del 2016 presentaron una denuncia al Ministerio Público para que investigara el incumplimiento de deberes y desobediencia a la sentencia del juez de Zacapa.

Demandan al Estado por flagelo

La campaña Guatemala sin hambre, impulsada por 14 organizaciones, comenzó procesos judiciales contra el Estado por la presunta vulneración por omisión del derecho a la alimentación en cuatro niños de Camotán, Chiquimula.

Las acciones judiciales se ganaron en favor de las niñas Dina Marilú y Mavelita Lucila Interiano Amador, y Mayra Amador Raymundo, y de Brayan René Espino Ramírez y Leonel Amador García.

La denuncia se fundamentó en la violación a su derecho a la alimentación y a la amenaza que supone para el disfrute de los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda.

Integrantes de la Red contra la Trata de Personas se mostraron preocupados porque en el país no existe un sistema de información y registro que permita tipificar, cuantificar  y estimar los casos de trata, así como las tendencias y comportamiento para la toma decisiones que orienta las acciones dirigida a la prevención, atención de la visita y provisión de servicios y programas.
 
Refirieron que la atención integral para niños y adolescentes varones sigue deficiente ya que no se cuenta con programas especializados, y en el caso de personas adultas es un asunto pendiente, lo cual provoca que a las víctimas de trata se les revictimice y vuelvan a caer en manos de tratantes y explotadores.
 
Ana Lucía Peláez, de la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que durante el primer semestre del año ha recibido 19 denuncias de trata.
 

Reconocimiento

Claudia Ordóñez, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, explotación y Trata de Personas (SVET), reconoció que no existe un registro unificado o nacional sobre el tema como lo contempla la ley, aunque si existen datos de casos de la víctimas, estadísticas de denuncias y  allanamientos, pero los maneja cada instituciones.
 
Agregó que por medio de instituciones como el Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia (Unicef) y Fundación Sobrevivientes ya han firmado una carta convenio para desarrollar la creación de este registro.
 
En cuanto a las víctimas adultas, según Ordóñez, no tienen un albergue administrado por el Estado pero se apoyan en organizaciones civiles a las que les trasladan fondos. Afirmó que hay que tomar en cuenta que muchas veces las víctimas no quieren permanecer albergadas y no quieren denunciar.
 
Cabe destacar que recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos le bajó la categoría al país ya que pasó del nivel 2 de vigilancia a la lista de países en vigilancia, esto en parte a lo ocurrido el pasado 8 de marzo  en el Hogar Seguro Virgen de Asunción donde murieron 41 adolescentes. 
 
“El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El gobierno demostró esfuerzos significativos durante el período de que se informa al el Comité Interinstitucional contra la Tráfico de personas”, se indica en dicho informe.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de enero a mayo ha realizado 320 necropsias a mujeres, relacionadas a hechos criminales.

De las necropsias efectuadas en dicho período, la causa de muerte de 209 mujeres fue por heridas provocadas con arma de fuego y 30 con arma blanca, además se reportan tres mujeres desmembradas.
 
Esta cifra se mantiene en aumento, ya que la noche del sábado se reportó una mujer fallecida que fue apuñalada dentro de un vivienda y otra que fue dejada en una calle envuelta en sábanas.
 
William González, socorrista de los Bomberos Voluntarios, informó que acudieron a una llamada de emergencia, sin embargo al llegar a la vivienda ubicada en Colonia Torreliana, Residenciales Planes de Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva, localizaron a una mujer fallecida.
 
La víctima fue identificada como Laura Beatriz Morales Molina, de 30 años, quien tenía una herida de arma blanca en el tórax. En el lugar se localizó un cuchillo de mesa.
 
Otra mujer fue localizada sin vida en la Colonia el Edén 3 de San José Villa Nueva. La fallecida estaba envuelta en sábanas, tenía heridas de balas, según los socorristas.

Preocupan muertes violentas

Según el informe circunstanciado 2016 de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la muerte violenta de mujeres preocupa no solo por las características de misoginia y saña que presen­tan sino porque el número de víctimas ha mantenido una alta frecuencia desde el 2013.
 
“En 2016 el 65 por ciento de las muertes violentas de mujeres se cometió con arma de fuego, el 61 por ciento de ellas tenía entre 13 y 29 años de edad; el departamento de Guatemala registró el 48 por ciento de víctimas, seguido de Escuintla (5 por ciento); y, entre enero y octubre de 2016 el MP señaló que 168 casos de muerte violenta contra mujeres cons­tituyeron delito de femicidio, mientras que en 2015 fueron 195”, indica la PDH.

El conductor de moto taxi Édgar Daniel Díaz Gonzalez, de 24 años, murió en un ataque armado la mañana de este sábado en la 3a. calle y 12 avenida de la zona 7, colonia Quinta Samayoa.
 
Según un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), Díaz se detuvo a discutir con dos individuos, quienes le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta. El oficial indicó que conocidos indicaron que había pagado la extorsión, por lo que desconocen el motivo del ataque, asimismo la víctima no tenía un perfil delictivo,ni tatuajes.
 
Los peritos localizaron siete casquillos de calibre ignorado y tres ojivas, los cuales fueron embalados para la respectiva investigación.
 
Durante la noche del viernes, los Bomberos Municipales trasladaron a un hospital a Bryan Barillas Chunta, 20,  luego de que fuera atacado con arma de fuego en la Avenida Petapa y 24 calle, de la zona 12.
 
En otro hecho violento resultó herido Carlos Aroldo Jaime Álvarez, 42, quien se encontraba dentro de su taxi, cuando una persona se les acercó y disparó. El incidente ocurrió en la 27 calle y 23 avenida de la zona 5.
 
La víctima fue herida en la espalda del lado derecho y en el brazo izquierdo, por ello fue traslado a un hospital.
 

Vapuleado y ataque

Los Bomberos Voluntarios atendieron a Angel Gabriel Morales Jordán, 22, quien fue localizado con golpes en el cráneo y heridas provocadas con arma blanca en diversas partes del cuerpo, en la 6a. avenida  A y 18 calle de la zona 1.
 
En otro incidente, los socorristas auxiliaron a dos personas que fueron heridas con arma de fuego en el lote 12 manzana 23 de la Colonia Juana de Arco, zona 18. Las personas fueron identificadas como Carlos Eduardo Gonzáles, 23, y Marco Antonio Mijangos, 24 años.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), informó sobre el proceso de convalecencia de dos menores que todavía necesitan cuidados médicos en EE. UU. luego de sufrir quemaduras graves en el incendio de Virgen de la Asunción, el pasado 8 de marzo.

Morfín señaló que aún permanecen dos adolescentes hospitalizadas y se están haciendo las gestiones para que familiares puedan viajar a EE. UU. y acompañar a las menores.

La procuradora dice que el objetivo es que los familiares puedan apoyar psicológicamente a las niñas y se facilite el proceso de recuperación.

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La PGN, según Morfín ha dado seguimiento a los niños y adolescentes del Hogar Seguro que fueron reintegrados a sus familias, aunque no descarta que en algún momento un menor se haya escapado de la tutela de su familia.

Pidió vacaciones

Harold Flores, procurador de la niñez, siguen en su cargo, a pesar de que enfrenta un proceso judicial por el incidente del Hogar Seguro.

Según Morfín, se respeta el derecho laboral de Flores, y debido a que tenía vacaciones pendientes desde el 2014 y solicitó la licencia, la PGN lo autorizó. De manera interina en el cargo se encuentra Lilian Guzmán.

Flores enfrenta señalamientos por homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes. 

Marvin Bautista, coordinador técnico de equipo psicosocial, indicó que han logrado desinstitucionalizar a 300 menores entre 2016 y este año por medio de los equipos de respuesta rápida. Las declaraciones fueron brindadas durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
 
La procuradora, Anabella Morfín, dijo este viernes que en el 2016 se tuvo un incremento de Q15 millones en el presupuesto de la institución, lo que permitió la contratación del equipo de psicología y trabajadoras sociales. Además la PGN firmó nuevos convenios interinstitucionales para capacitar y desarrollar protocolos de atención y mecanismos para evitar que más niños y adolescentes sean enviados a hogares estatales.
 
Morfín explicó que se tiene un incremento presupuestario de Q25 millones, los cuales serán destinados para la adquisición de equipo informático para los nuevos equipos de respuesta rápida. 

Avances

Bautista recordó que en la actualidad hay más de cinco mil niños institucionalizados, y aunque la cantidad de ingresos fluctúa, cada año ingresan al sistema entre 500 y 700.
 
“Lo que  pretendemos con el modelo actual de gestión es evitar que el niño llegue con el juez para evitar las instituciones”, dijo Bautista. “Queremos además disminuir los cinco mil niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados”.
 
Al consultarle sobre la efectividad del trabajo, Bautista indicó: “El modelo no solo es trasladar de una familia a otra al niño, sino hacer un trabajo por medio de una trabajadora social y una psicóloga. Se hace un estudio del contexto del niño y se busca que las autoridades locales, instituciones gubernamentales y oenegés nos apoyen en seguimiento y acompañamiento”.
 
El técnico añadió que no solo es la búsqueda de recurso familiar: es la restitución de los derechos del menor, fortalecer el cuidado parental para modificar una forma de crianza que tendrá un impacto social a largo plazo.
 
En Chimaltenango y Sacatepéquez, el 67 por ciento de todos los casos atendidos fueron ubicados con un recurso familiar idóneo o se han quedado con el núcleo familiar pero con un plan de protección, mientras que en Mixco, ha sido el 70 por ciento, según registros de la PGN.
 
Otros equipos de respuesta rápida también se implementarán en Quetzaltenango, Retalhuleu,  Zacapa, Petén, Alta Verapaz, Escuintla y Jutiapa. 

“Al realizar el conteo de los adolescentes se detectó la ausencia de tres internos, colocando de inmediato la denuncia al juzgado correspondiente por parte de las autoridades del centro, colocando a los adolescentes en estado de rebeldía… de lo cual no se ha tenido información alguna hasta la fecha”,  indicó   Comunicación Social de la SBS.

Al preguntar sobre los delitos por los que estaban recluidos esos jóvenes,  se informó que esta información se debía solicitar por escrito, sin explicar por qué razón.

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Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, dijo que se informó sobre la fuga de dos internos.

Explicó que en este tipo de casos el procedimiento es que la SBS informa al juzgado sobre la fuga y, de oficio, ellos declaran  rebeldía, para su inmediata localización y conducción por parte de Policía Nacional Civil.

Según un juzgado de Ejecución de Medidas de  Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, la SBS les ha enviado oficios de dos menores que escaparon, pero cuando  se  pidieron los nombres, observaron  que estos  aparecen en las listas de  ingresos del Sistema Penitenciario.

El resto de internos

Según la SBS,  los siete adolescentes que fueron trasladados al Hospital Roosevelt porque sufrieron  politraumatismo colectivo debido a que se venció el techo sobre el cual se encontraban  el día del motín,  ya fueron dados de alta y entregados a las autoridades del centro  de prevención juvenil.

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Se confirmó también que de los  175 jóvenes trasladados por orden de juez a un centro de privación de libertad para adultos,  14  fueron retornados al constatarse que eran menores de edad.

El hacinamiento en la correccional continúa, ya que allí se encuentran 414 internos y  el lugar tiene capacidad para 175.

Esta resolución ilegal, que ha sido apelada varias veces sin éxito,  fue dictada por el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, el 3 de octubre del 2008, en un laudo arbitral para atender varias peticiones del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios.

Entre las inconsistencias que señala el ministerio, figura que el Estado pague las  deudas personales de trabajadores, adquiridas en el banco que deseen, así como la instalación de  una agencia dentro del hospital, sin tomar en cuenta la Ley de Contrataciones.

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Estas obligaciones salen a luz luego de que los trabajadores le recordaran al Ministerio del fallo.

Dentro de la resolución, el Juzgado aprobó un aumento salarial de Q1 mil para todo empleado del mencionado hospital. Al principio la petición era un incremento  de Q1 mil 500.

El Juzgado aprobó la  liquidación por Q63 millones 506 mil 767.94, en concepto de reajuste al salario mensual de cada  trabajador  individualizado, por un plazo de dos años,  a partir del 2011, cuando el laudo arbitral quedó   firme.

Problemas legales

El asesor jurídico de la ministra de Salud, Alejandro Argueta, aseguró que han tratado de buscar una salida legal al problema, pero es muy difícil encontrar un mecanismo cuando ya la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió  sentencia.

Argueta explicó que han sostenido reuniones con el sindicato responsable, pero lo único que han encontrado es un rechazo rotundo a negociar y amenazas de que solicitarán que sea conducida la ministra, por incumplir una orden judicial.

“Acá tenemos varias dificultades, porque ambas solicitudes no encuadran con los mecanismos de ejecución de los recursos públicos”, aseguró Argueta.La ministra, Lucrecia Hernández, señaló que se encuentran ante un dilema, ya que si no cumple se le certificaría lo conducente y si lo hace, incurriría en ilegalidades.

El abogado agregó: “En la actualidad no se pueden crear fideicomisos; ahora está prohibido. Además, no se puede dar un aumento salarial selectivo porque sería discriminatorio, ya que solo aplica a los trabajadores del hospital”.

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Según Argueta, en una de las primeras reuniones que sostuvo la ministra con los sindicalistas, los trabajadores del  San Juan de Dios recordaron que existía esta sentencia. “Nosotros la habíamos visto, pero estábamos empezando a analizarla. Ellos preguntaron si cumpliríamos y se les dijo que se haría lo que estuviera en ley”, enfatizó.

El abogado aseguró que a raíz de ello se firmó un acta de compromiso en la que se creó una comisión que debía estudiar la sentencia, la cual se institucionalizó a través de un acuerdo ministerial, y durante las discusiones se trató de explicar las dificultades que existen, pero los sindicalistas no quieren ceder, aunque el fallo es ilegal.

“Dieron 15 días para cumplir. El dilema es ¿por qué una sentencia nos está obligando a violar la ley? El contenido de la sentencia es ilegal”, cuestionó.

Argueta cuestiona: “Por sentido común, ¿será que suena legal que el Estado contrate un fideicomiso de Q10 millones para pagar las deudas privadas de los trabajadores del hospital? ¿Se pueden pagar las deudas particulares  de los empleados con fondos públicos?”.

Negociar

• Plantea propuesta

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, propone al sindicato revisar punto por punto y corregir las necesidades a través de la negociación colectiva. “Estamos dispuestos a cumplir con los compromisos que tengan las bases legales, administrativas y financieras”, afirmó.

Aníbal Flores, del Sindicato Nacional San Juan de Dios, reconoció  que sí existen algunas inconsistencias en el fallo, ya que, según  la ley del salario, no se le puede aumentar a una sola unidad ejecutora en detrimetro de otra. Agregó que  otro problema  es que se modifica el monto del bono de antigüedad real de cada  trabajador.

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Flores comentó que al principio algunos miembros de este sindicato estaban en el comité, pero se salieron porque este comenzó a cobrar a las personas para el pago de un abogado, a pesar de que la sentencia ya había sido emitida.

Se buscó hablar con Gonzalo Campos, del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados, pero su  celular estuvo apagado.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó provisionalmente a los pacientes con cáncer para que en el Hospital General San Juan de Dios se les brinde su medicamento, esto después de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentara una acción.
 
En dicha resolución, emitida el 5 de junio pasado, la CSJ dictó  al Hospital General San Juan de Dios tome las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento periódico de los medicamentos e insumos para el tratamiento de las personas con enfermedades oncológicas que acuden a dicha institución.
 
Zulma Calderón, supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señaló que durante el transcurso del año han tenido 20 denuncias de pacientes con cáncer específicos del dicho hospital que han estado sin tratamiento.
 
“Hubo una detonante con el caso de una chica de 26 años que tiene cáncer de mama y pasó cinco meses si recibir medicamento llamado trastuzumab que vale entre Q30 mil  y Q 50 mil. En la última reunión que se tuvo con el director que renunció se no indicó que esos medicamentos eran demasiados caros y la paciente tenía poca expectativa de vida”, aseveró.

 Las intimidaciones, aseguran, fueron hechas por  integrantes de la Mara Salvatrucha.

El Ministerio Público (MP) confirmó haber recibido varias denuncias de los togados, la mayoría del área metropolitana.  
“En las audiencias nos vienen a dejar  pliegos de peticiones y nos dan   plazo para que  las cumplamos, principalmente los integrantes de la Mara Salvatrucha”, explicó Verónica Galicia, titular del Juzgado de Ejecución de Medidas de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal.

Recordó  que unas  semanas antes en una audiencia un adolescente  le entregó una lista con demandas, entre las que se incluía mejorar la alimentación, más   encomiendas, que se  alargara el tiempo de recreación y visitas conyugales.    

• Los ocho internos que organizaron un mortal amotinamiento

En una segunda oportunidad, en la judicatura, el  joven le dijo que se había acabado el plazo,  y  que roto el diálogo se desataba la guerra. “¡Bueno, si guerra quiere, guerra tendrá!, dijo exaltado el muchacho, traté de calmarlo y  respondí: aquí no hay ninguna guerra. Pero no había pasado ni cinco minutos y se escucharon  disparos”, narró.

Según Galicia, en esa ocasión la Policía capturó, a pocas cuadras de la sede judicial, a un hombre que se encontraba dentro de un parqueo con varias armas de fuego.   

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“El incidente ocurrió cerca del  Juzgado de Adolescentes en Conflicto, el  detenido tenía en su poder dos fusiles AK-47 y uno M-16, con los que se presume perpetraría un ataque armado. También le decomisaron chalecos de una empresa de seguridad privada”, aseveró Aguilar.

Además de las intimidaciones directas en las audiencias, aseguraron que la Corte Suprema de Justicia incrementó la seguridad en el edificio por  que ese grupo delincuencial amenazó con varios   ataques armados, por  no haber cumplido con sus requerimientos.

“A nosotros nos incrementaron la  seguridad. Recuerdo que iba en carretera, recibí una llamada de alerta de que cuatro hombres armados nos rodeaban y tuvimos que regresar”, dijo Galicia.

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El MP descartó que pueda haber una alianza entre las maras, debido a la lucha de poder que mantienen.  

La Fiscalía de Derechos Humanos indicó que de enero a julio han recibido 19 denuncias de jueces por amenazas, sin  revelar los nombres por estar en investigación los casos.

Desde las 2.15 horas llegaron al Centro Juvenil Etapa 2, cien agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fiscales del Ministerio Público (MP) y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Las autoridades hicieron una requisa en el correccional a manera de prevención de posibles intentos de motín.
Según las autoridades las diligencias las pudieron efectuar en un ambiente de tranquilidad por el lado de los internos y sin manifestaciones de violencia.

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Buscan ilícitos 

• Prevenir fugas.
• Incautación de armas.
• Incautación de celulares.
• Prevenir amotinamientos.
• Ubicar cualquier objeto ilícito en el lugar.

Sin embargo, la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, informó que durante la requisa no se ubicó ningún ilícito.

Amotinamiento

El lunes 3 de julio ocurrió un amotinamiento en el Centro Juvenil de Detección Provisional Gaviotas, donde hubo tres muertos y ocho internos heridos.

El motín en Gaviotas duró varias horas y los internos salieron del correccional, algunos intentaron fugarse, otros se desplazaron sobre los techos de los inmuebles aledaños al correccional.

El edificio resultó con daños considerables y varios internos que ya habían cumplido la mayoría de edad fueron reubicados en cárceles para adultos.

Hasta ahora las autoridades de la SBS no ha brindado informacional adicional sobre la situación de dicha correccional.

Aunque del 1 de enero al 2 de julio de este año las autoridades de Gobernación reportan seis mil 785 kilos de cocaína incautados, el viceministro de Antinarcóticos, Óscar Dávila, reconoció que la cantidad no se encuentra dentro de los datos esperados.
 
“Hemos visto un fenómeno relacionado a las incautaciones —específicamente la cocaína— tomando  en consideración que según los reportes que teníamos a nivel regional, sobre todo de Colombia y Estados Unidos, a la fecha deberíamos de llevar más kilos de los que llevamos al día de hoy”, indicó.
 
Agregó que un factor que ha influido en esto son los planes operativos, las fuerzas de tarea del Quinto Viceministerio, y el despliegue de elementos militares fronterizos, así como la Operación Fortaleza que cubre toda frontera con Honduras, El Salvador y litoral del pacífico.
 
“Hemos visto una respuesta del narcotráfico que ha reacomodado sus rutas, eso ha repercutido ya un poco más en México, y hemos visto un buen desarrollo de los planes y las estrategias que hemos liderado y que han tenido una consecuencia positiva”, afirmó.
 
Dávila resaltó que a pesar de que a la fecha se lleva más incautado en cocaína que en el mismo período del año pasado, no es “un dato histórico”, ya que esperaban tener más derivado de la información que se tiene de Estados Unidos y Colombia.
 
Según Dávila se debería tener aproximadamente un 40 por ciento más de incautaciones, de forma anual.
 
En este año, las autoridades reportan seis mil 785 kilos de cocaína incautados, con un avalúo de Q697 millones 131 mil 921. En el 2016 se decomisaron 12 mil 818 kilos de cocaína, lo cual duplicó los 6 mil 175 kilos incautados el año anterior.

Otras vías

El viceministro indicó que el año pasado se dio un aumento considerable de entrada de droga por la ruta marítima del litoral pacífico, y que este año se han disminuido un poco en ese transitar.
 
“Sabemos que no es que no esté pasando droga, sino que ya no viene directamente a Guatemala sino que se está direccionando a países vecinos en fronteras”, apuntualizó.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que desde el 2010 hasta ahora han incautado tres mil 48 toneladas de precursores químicos, de las cuales el 85 por ciento puede ser destruido en el nuevo horno.
 
Con el proceso que se realiza en la actualidad, las autoridades y empresas privadas destruyen en promedio 144 toneladas por año, lo cual implicaba que se llevarían 16 años en inutilizar lo incautado.
 

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Según el ministro Francisco Rivas, el equipo fue donado por la Embajada de Estados Unidos, cuyo costo es de Q6 millones y una inversión total de Q12 millones, que incluye costos logísticos y de acondicionamiento del terreno, el cual se ubica  en Estanzuela, Zacapa.
 
Entre los precursores químicos que podrán ser destruidos se encuentra ácido fenol carbólico, acetona, ácido fenilacético, sulfato de sodio, isopropanol, acetato de etilo y etanol, así como droga.

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Alejandra Gonzalez, encargada de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público (MP), indicó que la violencia contra la mujer tiene raíces en la cultura patriarcal, y la forma de erradicarla es mediante la prevención.

Comentó que en el 2016 cerraron con más de 59 mil denuncias, mientras que hasta el 18 de julio de este año registran 33 mil 825.
 
La magistrada de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, Delia Dávila, señaló que el año pasado ingresaron a control jurisdiccional 11 mil casos, y de estos emitieron más de tres mil sentencias.
 
Gonzalez explicó que aunque al MP ingrese varios casos, no implica que tengan la misma salida para el Organismo Judicial, ya que los procesos son muy diferentes.
 
“En el 2016 ingresaron 59 mil denuncias, es probable que el dato de los 11 mil que ingresaron al Organismo Judicial son de años anteriores, podrían ser del 2014 o 2015, por lo  mismo de la carga que tienen las fiscalías de la mujer, y los juzgados especializados”, indicó.
 
Agregó: “La demanda está sobrepasando la capacidad de las fiscalías y de los juzgados especializados, esto es natural porque es demasiada la carga que se tiene”.
 
De acuerdo con la jefa de la Secretaría de la Mujer, debido a la agenda que tienen los juzgados especializados estos programan de seis a ocho meses las audiencias luego de que ingrese una denuncia.
 
“Después de que ingrese la denuncia al ministerio se tiene que valorar qué tipo de prueba se tiene para poder argumentar  el tipo de delito, y todo esto lleva un tiempo determinado”, indicó.
 
Para Gonzalez aunque hay que fortalecer las fiscalías de la mujer, es necesario trabajar interinstitucionalmente en la prevención, ya que aunque existiera el doble de juzgados especializados o el doble de fiscalías el fenómeno de violencia contra la mujer no se puede solucionar, por ello la prevención es un tema que compete a todas las instituciones del estado.
 
“Creo que debería haber un esfuerzo mayor para que el tema preventivo sea una discusión o esté en la agenda política nacional para que se pueda disminuir la cantidad de víctimas que se tiene. El final último de la prevención es la erradicación de violencia contra la mujer”, aseveró.
 
La directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia de Corzantes, se lamentó porque la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones es un flagelo grande, para lo cual se requiere cambios de paradigma, eliminación de estereotipos y oportunidades de capacitación.
 
“Se necesita comenzar a educar a los niños para no tener que sancionar a los adultos”, puntualizó.
 https://twitter.com/OJGuatemala/status/887683996724977664

Cobertura

El MP tiene previsto inaugurar tres agencias fiscales en Suchitepéquez, Retalhuleu y Baja Verapaz. Con estas quedará pendientes de cubrir los departamentos de Totonicapán y Sacatepéquez. En tanto el Organismo Judicial cuenta con cobertura de juzgados especializados solo en 12 departamentos.
 
La magistrada Dávila señaló —luego de inaugurar el segundo encuentro interinstitucional sobre atención en casos de violencia contra la mujer y violencia sexual—  que una de las debilidades que se tienen es brindar cobertura especializada en todos los departamentos, como lo contempla normativa.
 
Comentó que para este año fue aprobado por el pleno de magistrados crear otro juzgado de femicidio, un tribunal y juzgado de primera instancia penal en Mazatenango, Suchitepéquez, así como una sala de apelaciones de femicidio, aunque todavía tiene pendiente ubicar los inmuebles.
 
“En los departamentos donde no se tiene juzgados especializados, se atienden los casos por competencia territorial, y hacemos que estos jueces ordinarios reciban capacitación en justicia con enfoque de género”, indicó la magistrada.

Al consultarle a monseñor Vian que opinaba sobre que el mandatario le haya dicho al periodista Jorge Ramos, de Univisión, que la corrupción es normal en Guatemala, señaló que está muy mal.

“O sea que existe sí, pero que por naturaleza nosotros somos corruptos, eso no es cierto”, dice Vian. “Tanta buena educación que hay en Guatemala en tantas personas; que ciertamente hemos descuidado la educación y que muchos se han educado en la corrupción, si es cierto, pero que tenemos que salir de allí, que tenemos que trabajar, y que tenemos educarnos”.

Agregó que hay que cumplir las leyes “por qué no se exige, si nuestros gobernantes están para eso, para exigir, pero se comenten fechorías y allí esta policía y no dice nada, y no hace nada, pasan los motoristas, allí sin casco y no dicen nada, ¿cómo es posible?, tenemos que entrar en una disciplina en nuestra Guatemala”.

Para el arzobispo, las declaraciones de Morales no fueron realmente justas para el país.

Debe haber castigo

En el caso de la evasión de procesos de menores de los centros protección y abrigo estatal, Vian considera que es parte de que el sistema no camina y que los educadores no han sido formados.

En tanto a que se dé casos en donde haya menores de edad involucrados en sicariato, monseñor refirió que hay padres irresponsables, que solo engendran a los hijos y los tiran a la calle.

“Esa es una irresponsabilidad y más aún es un pecado grave. Tiene que educar a su hijos, tiene que estar cerca de sus  hijos, amar a sus hijos y creo que estamos necesitando en Guatemala que los padres se hagan responsables”, puntualizó.

Jesús como solución

En el marco de la celebración del Corpus Christi, Vian indicó que si los guatemaltecos “comiéramos a Jesús”, sería distinto el país. “No habría asesinatos, no habría robos, no habría todo el mal que tenemos. ¿Cuántas personas mueren todos los días en Guatemala, asesinadas, y esto no es posible”, indicó.

Monseñor Óscar Julio Vian oficia misa en la Cátedra Metropolitana. Hoy se celebra el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. pic.twitter.com/oq4mGome4o

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 18, 2017

Agregó que la existencia de maras y grupos de jóvenes en la calles en parte se debe a que no hay responsabilidad de los padres de familia. “Debería hacerse responsables, a ellos habría que castigar, pero en realidad nuestras autoridades son muy endebles, no hacen cumplir las leyes”, aseveró.

En cuanto a la elección del próximo procurador de derechos humanos, el sacerdote señaló que no conoce a los candidatos pero que espera que él o ella sea una persona que ponga no solo el hombro sino también todo su ser para que haya en Guatemala más paz y más desarrollo.

Sobre la fiscal general Thelma Aldana y su ausencia en la comitiva oficial que llegó a Estados Unidos, Vian dijo que no sabe la razón, pero considera que tendría que haber sido invitada e incluida.

Dos hombres murieron en un ataque armado ocurrido en la sección “B” frente al lote 26 de la colonia el Milagro zona 6 Mixco, la noche del sábado.

Los fallecidos fueron identificados como Erick Ismael García Reyes, de 23 años, y Marvin Hernández Canagui, de 43 años. Ambos presentaban heridas de bala en el cráneo.

En el incidente resultó herido Luis Alberto Rosales López, 31, trasladado por bomberos a la emergencia del Hospital de Accidentes del Seguro Social, en Mixco.

Los cuerpos de las víctimas quedaron frente a varios autobuses del transporte público; se localizó en el área un arma de fuego y varios casquillos.

#Ampliación persona de sexo masculino fallecido, tras el ataque armado en la Col. Las Vistas Ciudad Quetzal #CBM pic.twitter.com/NGpi0mNyTJ

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 17, 2017

En otro ataque registrado en la 8a. avenida y 4a. calle de la colona La Florida zona 19, los socorristas le brindan los primeros auxilios y trasladaron a la emergencia del hospital a una menor de 17 años que tenía una herida de bala en el muslo derecho, así como a  William Antonio Monterroso Canales y Patrick Valenzuela Gutiérrez, ambos de 18 años.

Mientras que en hecho de violencia ocurrido en la Avenida Juan Chapín y 1a. calle, zona 1, resultó herido un hombre que vestía un suéter negro, gorra negra, bóxer verde a cuadros, pantalón negro y zapatos tenis de color blanco.

La tarde del sábado se registró un ataque en la Colonia Las Vistas, Ciudad Quetzal, murió Ericsson Caal Oyarzabal, de 25, y otro hombre resultó herido.

Localizan armas en allanamiento

https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/876576785210769408

Enseguimiento al ataque ocurrido en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco la noche del sábado, la Policía efectuó un allanamiento en el Lote 104, Sección “C” de la misma colonia, donde encontró dos pistolas, una subametralladora, un cargador para pistola y tres cargadores para mini uzi y 182 municiones calibre 9 milímetros.

Según Bomberos Voluntarios, las víctimas fueron identificadas como Byron Eusebio Guitz Peinado, de 16 años y Marco Antonio Guitz Peinado, 10.
 
Ambos había sido arrastrados por las corrientes del río conocido por los vecinos como Pasota que recurre la aldea de San José Nacahuil.
 
El socorrista William González indicó que cuando los menores fueron arrastrados anoche por el río otros dos hermanos, Eduardo, de 21, y  Nelson Guadalupe, 22 años, intentaron salvarlos pero también fue arrastrados por la fuerte corriente. Sin embargo, los dos fueron rescatados con vidas por los bomberos que atendieron la emergencia.

Este sábado las fuerzas de seguridad interceptaron una embarcación en el Pacífico, donde eran trasladadas 790 kilos de cocaína. Se capturó a los tres tripulantes, todos guatemaltecos. 
 
Los detenidos son Carlos René Aldana Morales, de 22 años, Bryan Teodoro Salguero Santos, 20, y Luis Enrique Aguilar Rodríguez, 28, que tripulaban la lancha identificada con el nombre Tigre.
                                              
Los agentes localizaron en la embarcación 26  tulas con 780 paquetes, cuyo avaluó es de  Q80 millones 148 mil 565.

Otros operativos

El pasado jueves, las autoridades capturaron a tres personas que se transportaba en una lancha denomina Marivel, con 20 sacos que contenía 772 kilos de cocaína.
 
El miércoles se incautó 950 kilos, valorados en Q97 millones 604 mil 662. La droga era trasladada hacia EE. UU. en dos embarcaciones.
 
En dicho operativo los capturados fueron tres guatemaltecos, dos ecuatorianos,  un colombiano y un salvadoreño.
 
Hasta  el 17 de junio, suman 6 mil 729.60 los kilos de droga  incautadas,  con un avaluó de Q691 millones 411 mil 055.46. En el 2016 se decomisaron 12 mil 818 kilos de cocaína, el doble de los 6 mil 175 kilos incautados el año anterior.

Lea: Incautan 950 kilos de cocaína y detienen a siete
 

Gran demanda

El 90 por ciento de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos en 2016 pasó por el corredor centroamericano, según el informe anual de su Gobierno sobre narcotráfico en el mundo, que incluye a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica entre los mayores países de tránsito de drogas del mundo.
 
En el caso de Guatemala, el documento advierte que por su territorio se trafican alrededor de 1 mil toneladas métricas de cocaína al año, la gran mayoría destinada al mercado estadounidense. Para ello los narcotraficantes se aprovechan de las fronteras porosas del país, la sobrecarga de las agencias policiales y la “ausencia de una presencia permanente” de las fuerzas del orden
 
Con información de ACAN-EFE

El mandatario participó en la presentación del Modelo Incluyente del Salud del Ministerio de Salud Pública que se realizó en el hotel Camino Real ubicado en la zona 10 capitalina.

En el lugar fue abordado por periodistas quienes le preguntaron su opinión por la solicitud de antejuicio hecha por dos diputados que el Ministerio Público traslado a la Corte Suprema de Justicia.

“Como todo guatemalteco sensato preocupa este tipo de situaciones; sin embargo, volvemos a decir lo mismo creemos en nuestras instituciones y creemos que el OJ hará su trabajo y estaremos esperando”, respondió el gobernante.

Morales fue cuestionado sobre qué sabía el día que ocurrió el incendio: “lo que se vivió fue que había existido una fuga, se le pidió a las fuerzas de seguridad que ayudaran. Los jóvenes no querían entrar al lugar, estuvo presencia de los distintos organismo que debían de dar atención, se siguieron los protocolos y las investigaciones que se tengan darán luz, esa era la información que yo tenía”, aseguró.

“Las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad necesaria para los menores, en el momento del incendio en realidad todos tenemos que esperar que las investigaciones puedan dar luz real para que podamos tener nosotros una mejor participación como país”, mencionó Morales.

Recalca que pidió ayuda

“Yo pedí la ayuda para que la investigación pudiera ser dirigida por especialistas realmente de alto grado a nivel mundial, con experiencia a nivel mundial para que hubiese una decisión imparcial”, destacó el presidente, al recordar que pidió al Buro Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) que participaran en las investigaciones.

Agregó que lo hizo para que las instituciones fueran apoyadas “por verdaderos expertos”  para que “nos puedan dar paz y seguridad en el país, sin embargo, volvemos a la situación los guatemaltecos debemos creer en nuestras instituciones”, declaró.

Luego de sus declaraciones periodistas cuestionaron al presidente si hacer eso no fue un acto de desconfianza a las autoridades que iban a investigar el caso.

“No, estoy pidiendo la ayuda  para la investigación de profesionales que tengan alta experiencia en incendios. Aquí no es porque uno crea que van a hacer las cosas, se necesita siempre pedir la ayuda de personas que nos puedan transmitir información y mucho apoyo. Lo que yo siempre he buscado y buscaré es poder tener mejoría en todos los procedimientos de nuestras instituciones”, indicó Morales.

Instrucciones

Los comunicadores preguntaron al presidente si cuando dio la orden de dar seguridad a los menores incluía encerrar con llave a las niñas.

“Nosotros no lo tenemos que debatir, esos sistema los tiene que debatir los juzgados y las investigaciones las tienen que hacer las instituciones. Ahora yo no estoy dando instrucción a nadie que quiten o pongan llave en todas las instituciones o edificios”, respondió el mandatario.

Ante sus respuestas los periodistas indicaron a Morales que él reconoció ante un entrevistador de una cadena de noticias internacional que sabía que las niñas estaban encerradas.

“Fue posterior, a mí me entregan informes yo no doy instrucciones pongan llave o quiten lleve. Por favor se necesita dos dedos de frente para poder entender que no es el presidente el que da todas las instrucciones”, respondió el presidente.

Morales indicó que por respeto a todo lo que pasó lo que se debe hacer es dejar que las instancias investigadoras hagan su trabajo y confiar en ellas. “La orden es señores protejan a los niños, esa es la orden siempre, ha sido y será”, concluyó el mandatario.

Durante una citación de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Óscar Hugo López, señaló que se encontraba en la disposición de respectar la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto al restablecimiento de la carrera del magisterio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del catón Xolacul, Nebaj, Quiché.
 
Tanto diputados como directores de varias escuelas le manifestaron a López que la carrera del magisterio seguía vigente porque en ningún momento se anuló y que el hecho de que ahora funcionará el bachillerato y profesorado universitario se debía a una imposición del gobierno del Partido Patriota.
 
El diputado Carlos Barrera señaló en la citación que considera que podría crearse un modelo en el cual existan la carrera del magisterio y la del bachillerato, por lo que le solicitó una contrapropuesta.

Los docentes son los profesionales más importantes para una nación, por eso debemos esforzarnos en su formación. @MineducGT pic.twitter.com/vM3xbe12ab

— Oscar Hugo López (@oscar_hlopez) June 12, 2017

La bancada citó al ministro para el 22 de junio para que presente una contrapropuesta, pero el ministro manifestó que consideraría lo discutido pero manifestó que en el caso de que se optara por restablecer la carrera tendría que ser diferente al modelo que antes existía, porque eso implicaría un retroceso.
 
Antes de participar en la citación, López enfatizó en que la resolución de la CC emitida en febrero pasado a favor de una escuela en Nebaj es particular, y reconoció que esta es una acción que las escuelas que quieran restablecer la carrera puede acudir a dicha corte.
 
“Somos de la idea que el retorno de la carrera del Magisterio consiste en un retroceso, y en este caso seremos respetuosos de que si la solución es regresar la carrera de magisterio a esa escuela, lo vamos a hacer, pero no tiene carácter general es particular, cualquier otra escuela que quiera que el magisterio regrese tendrá que interponer su recurso de amparo”, afirmó.

Entre las personas que se encuentran en citación señalan que el bachillerato fue una imposición, pero la carrera magisterial sigue vigente pic.twitter.com/4Q1Yyxrit5

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 12, 2017

Agregó que el grupo de abogados de esta cartera analiza si una solución es la emisión de un acuerdo generalizado acerca del fortalecimiento de la creación del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en la educación. “Y hacer mejorar sustantivas a ese bachillerato de manera que tengan un componente fuerte de educación bilingüe e intercultural”, afirmó.
 
López considera que esta resolución plantea dos tipos de magisterios, lo cual implica una expresión de racismo.

El médico, Edwin Bravo, jefe de traumatología del Hospital General, confirmó el ingreso la adolescente. Sin embargo, señaló que toda la información con relación al caso le compete a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
 
Con la adolescente llegó al país la médico, Tracy Geboury, del Hospital Infantil Shriners. Estará 48 horas en el país para dar una inducción sobre las fisioterapeutas que debe seguir la paciente.
 
La especialista trae videos y todo el equipo que utiliza en la fisioterapia para que la joven pueda hacer sus ejercicios y continuar su recuperación.  
 
En un comunicado, la PGN explica que la adolescente es la séptima víctima que regresa al país de las nueve que fueron trasladadas a Estados Unidos para un mejor tratamiento y recuperación. Todavía permanecen dos jóvenes en los centros de Galveston, Texas y Boston, Massachussetts.
 
La PGN confirmó que la adolescente continuará el tratamiento médico en un hogar privado. “Para su seguridad y tranquilidad, la ubicación e identidad por el momento no se dará a conocer”.

En los últimos días, cinco adolescentes han evadido su proceso de protección. Según los vecinos de la colonia los menores han saltado desde el techo de una casa para la calle.

El sábado pasado, un adolescente abandonó el proceso, no fue encontrado.

El lunes lo hicieron otros dos, que fueron devueltos.

El martes pasado, luego de recibir información del Consejo Nacional de Adopciones sobre que un menor había agredido  a tres  y amenazado a monitores, la PDH solicitó una  exhibición personal, y también lo hizo el miércoles,  a favor de los internos y monitores.

Esta vez descubrieron que los internos estaban bajo el efecto de algún fármaco, había música con alto volumen, sillas tiradas y un vidrio roto. Incluso en un video que mostró la Procuraduría  se ve a un joven con un frasco de tíner.

Los vecinos de la colonia, molestos por los constantes escándalos en la vivienda que sirve de protección a los menores, han descrito a los medios detalles de qué ocurre en la colonia.

 “Vi saltar a cuatro muchachos la pared que comunica con la casa de la vecindad del hogar. Llevaban lazos. Las autoridades dicen que son menores. Yo vi sus rasgos físicos y no son de adolescentes”, explicó una vecina.

 Otro residente del sector relató que  constantemente escuchar gritos de auxilio. “El otro día, una mujer gritaba que la querían violar. Pedimos a las autoridades verificar si es prudente tener ese tipo de hogares en un área residencial”, manifestó.

Durante una conferencia de prensa, Vianey Hernández, madre de Ashley Anyely Rodríguez, hizo un llamado a las madres de las víctimas que no se han pronunciado a que lo hagan, que no tengan miedo a las amenazas o represalias.

Hernández manifestó que tiene conocimiento de que las niñas eran prostituidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y que tiene un video del 2010 donde una niña declaró que ellas eran prostituidas por agentes.

Indicó que incluso la menor comentó que llegaban personas “entacuchadas” y se llevaban a las niñas a prostituirlas.

Piden justicia

Las familias de las adolescentes que fallecieron en el Hogar Seguro se pronunciaron este viernes para exigir justicia, y pedir al MP que investigue la tragedia del 8 de marzo.

En la conferencia participaron seis madres de las 41 fallecidas y el padre de una de las jóvenes que se recupera de las quemaduras, pidieron al Ministerio Público (MP) que investigue este caso.

Las  familias pidieron al fiscal general, Thelma Aldana, que provea de suficientes fiscales y personal para que puedan hacer las investigaciones de la mejor manera para este caso, ya que hasta ahora solo hay tres personas capturadas, y uno de los delitos ha sido cambiado.

Rosa Espino, madre de la fallecida Rosa Tobar Espino, exigió que se haga justicia. “Que esos monitores y policías sean castigados con todo el peso de la ley, no por ser trabajadores del Estado no quiere decir que el Gobierno no los pongan donde deben estar, son asesinos de niños”, indicó.

Dasia Ramírez, madre de Ashley Gabriela Méndez Ramírez, afirmó: “Estamos acá por todas las niñas, pidiendo justicia, pidiendo que se aclare, pidiendo que los culpables sean apresados, porque esto no se puede quedar impune, es una muerte violenta lo que sucedió”.

Dasia Ramírez, madre de una menor fallecida del #HogarSeguro, afirma que no han recibido ningún apoyo psicológico ni de otro tipo del Estado pic.twitter.com/utgYcW8Pv4

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 9, 2017

Agregó que dicha tragedia ha dejado marcadas a estas familias para toda la vida, y no puede ser que se quede en la impunidad.

Falta de apoyo

Representantes de la Fundación Sobrevivientes y Colectivo Tijax señalaron, además, que las familias no han recibido acompañamiento de las autoridades después de la tragedia, e incluso que una joven que retornó de Estados Unidos las autoridades indicaron que ya no le podía continuar dando el tratamiento porque había cumplido los 18 años.

Norma Cruz, fundadora de Fundación Sobrevivientes, comentó que le pidieron apoyo al Refugio de la Niñez para que recibiera en uno de sus centros a la joven porque la familia no tiene las condiciones para tenerla en su casa.

Carlos Sotoj, padre de Estefany Sotoj —sobreviviente que retornó al país el pasado 12 de abril— indicó que no le están dando ningún apoyo económico para atender a su hija, ya que tiene quemaduras en los brazos, piernas y rostro, además a la menor le amputaron cuatro dedos de sus manos.

Comentó que solo trasladarla le cuesta Q200, ya que debe pagar taxi, a esto se suma los gastos de cremas y alguna otra medicina que le receta el médico, así mismo debe llevar a su hija a terapias de rehabilitación.

Sigue la crisis

La Secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales, ofreció una conferencia de prensa, donde dijo que la institución que dirige continúa “viviendo una crisis”, debido a que aún no cuentan con los espacios para atender a los menores a su cargo.

Además, indicó que están en el proceso de expulsar a los monitores que han sido detectados como no idóneos para el puesto.

“Hay situaciones que se están dando que vienen en contra de la acciones que estamos implementando”, refirió Rabanales.

De la situación se tuvo conocimiento por medio de un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)  presentado a  Prensa Libre.

Además, ayer el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se pronunció sobre los avances y retos en este caso  y exigió acelerar la investigación.

“Exhorta al Gobierno a acelerar e intensificar los esfuerzos para lograr una respuesta integral a corto, mediano y largo plazo que atienda a la niñez víctima del Hogar Seguro”, señala Unicef en un comunicado.

Según la PDH, han verificado que centros y hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), privados e inmuebles que, sin ser hogares de abrigo y protección, han sido habilitados para atender a los niños y adolescentes que se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero descubrieron que el sistema de este  se sigue imitando en esos lugares.

La subdirectora de Procuración, Leslie Ramírez, señaló que entre los problemas está la falta de expedientes de los menores en los hogares, por lo que este año no tuvieron acceso a educación.

La defensora de la Mujer Gabriela Tuch recordó que tras el incendio los jueces de Paz hicieron los traslados para atender la emergencia, pero han pasado tres meses y no se ha  revisado si esta medida  es la adecuada.

Tuch afirmó que no se ha brindado apoyo psicológico después de la crisis a los niños y adolescentes para asegurar su salud mental.

Agregó que preocupa que haya audiencias  fijadas para  octubre o noviembre y algunos jóvenes cumplirán los 18 años antes de esa fecha. Incluso señaló que se han dado casos de menores que  casi al día siguiente de cumplir la mayoría de edad fueron sacados sin haberles dado acompañamiento psicológico y de  reinserción.

“El sistema en general de protección de la niñez no está cumpliendo con su mandato de garantizar la reinserción”, recalcó.

Tuch afirmó: “Desconcentraron el Hogar Seguro en varios hogares, pero están replicando el mismo sistema, y eso es lo preocupante, que si bien es cierto que son nuevas autoridades, nueva administración,  no se han visto acciones contundentes en donde se pueda reflejar que hay un cambio en el modelo de protección de los niños y adolescentes”.

Criticó que han percibido que la SBS  ha focalizado sus esfuerzos en buscar más casas, pero siguen sin atender a la población que tienen albergada y los problemas de fondo.

Incluso los jueces no saben a dónde enviar a los niños que requieren institucionalización porque la SBS no les notifica lugares.

Cándida Rabanales, jefa de la SBS, respondió mediante correo electrónico  que, aunque se han abierto nuevos hogares, a la fecha son insuficientes para la cantidad de niños y adolescentes que remiten los juzgados, y que “efectivamente no se agotan previamente los procedimientos de investigación de recurso familiar”.

La Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) efectuó la tarde de este miércoles una verificación de seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 26 de abril cuando los estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales 2 salieron a manifestar.
 
Como resultado de esta medida, un joven atropelló a varios estudiantes y provocó la muerte de la menor Brenda Domínguez derivado de las múltiples heridas que sufrió.
 
El defensor Abner Paredes señaló que verificaron las demandas que desde el año pasado estudiantes  y maestros habían solicitado a la Dirección Departamental de Educación.
 
“Falta el nombramiento de catedráticos para 17  áreas, de igual forma la infraestructura del centro educativo está colapsada, principalmente en el segundo nivel en donde existen filtraciones, moho y otros desperfectos en el área de tubería y electricidad,  hay cableado expuesto, los sanitarios están colapsados y las condiciones de higiene no son las adecuadas”, indicó Paredes.

Verificamos situación de estudiantes y respuesta de autoridades del @MineducGT en seguimiento a caso de Escuela de Ciencias Comerciales No.2 pic.twitter.com/0tSbPCzKk8

— PDH Guatemala (@PDHgt) June 7, 2017

El defensor agregó que esta escuela tiene más de seis meses de no pagar la extracción de basura, y que de los recursos que corresponden al fondo de gratuidad  les entregaron menos del 50 por ciento el 2 de mayo pasado, y les prohibieron el uso hasta el 15 de junio.
 
Los maestros indicaron que les han traslado productos que no solicitaron, pero la dirección les comentó que era como complemento debido a que no contaban con los insumos requeridos.
 
“Estos son block, piedrín, hierro y cemento, los cuales no necesitan, por lo tanto es una arbitrariedad de las autoridades de la dirección al enviar esto”, afirmó Paredes.
 
Según la PDH, las autoridades del Ministerio de Educación no han brindado ningún acompañamiento psicológico a los alumnos y docentes que estuvieron en la tragedia del 26 de abril, además han sufrido amenazas y agresiones, después de los hechos.

Incluso graduandos que ya tenían su práctica autorizada en empresas privadas se las han rechazado.

Estos menores y adultos permanecieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hasta el pasado 8 de marzo, cuando ocurrió el incendio que dejó 41 adolescentes fallecidas.

Ana Ruth Mérida, defensora de las personas con discapacidad, señaló que los menores que viven en el Centro Alida de España duermen en colchonetas ubicadas en aulas que tienen filtraciones de agua.

“Van para tres meses de estar viviendo en esas condiciones y no hay una respuesta por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) en mejorar las condiciones”, dijo Mérida.

Agregó que consideran que “se están cometiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de esta población”.

Los niños, adolescentes y adultos que viven en esas condiciones tienen diferentes tipos de discapacidad, la cual requiere de una atención adecuada.

El traslado de este grupo de personas proveniente del Hogar Seguro ha afectado a 500 niños y adolescentes que recibían terapia en esas instalaciones, debido que no se habilitó otro lugar para atenderlos.

La titular de la SBS, Cándida Rabanales, indicó hace algunas semanas que buscarían 16 casas para trasladar a los menores que se encuentran en este centro, así como los que están en otros lugares, después de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro.

Según la oficina de Comunicación Social de la SBS, hasta la fecha solo se han encontrado cinco casas y que en dos de ellas se trasladaron a jóvenes que estaban en el Hogar Seguro.

Según Comunicación Social del Mineduc, el descanso de medio año para centros educativos públicos, privados, por cooperativa de enseñanza y municipales,  este año será del 23 al 29 de junio.

¿Cuándo empiezan las clases del 2018?

Esta sala de bienvenida se ubica dentro del aeropuerto internacional La Aurora, zona 13, la cual tiene capacidad para atender a 150 personas a diario, además cuenta con áreas de asistencia médica primaria, asistencia psicosocial, privacidad para lactancia materna y recreación.
 
Durante la inauguración participaron representantes de la Organización Internacional para las Inmigraciones (OIM),  la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)  y autoridades de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y Procuraduría General de la Nación (PGN).
 
Patricia de Morales, primera dama de nación, señaló que los próximos meses se comenzarán otros dos proyectos para recibir a los migrantes nacionales en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y Tecún Umán, San Marcos.
 
Luego de la inauguración, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, señaló que esta sala es una muestra de la colaboración entre la comunidad internacional y el gobierno de Guatemala para recibir a niños migrantes no acompañados con dignidad y darles el servicio que necesitan.

Además de la sala de bienvenida para menores migrantes, se tiene previsto habilitar otra en la fuerza aérea y una Tecún Umán, San Marcos pic.twitter.com/08DUM8MqGf

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 31, 2017

Al consultarse si esta acción se podría interpretar que las deportaciones de Estados Unidos continuarán,  respondió: “Creo que el gobierno de los Estados Unidos ha sido claro que vamos a proteger nuestras fronteras pero vamos a hacerlo trabajando con los gobiernos de la región”.
 
El diplomático indicó que continuarán trabajando con el gobierno de Guatemala y la Comunidad Internacional.
 
En cuanto a la baja de menores retornados que se ha dado este año, Robinson señaló que la situación es complicada, tanto en Guatemala como en su país, y los dos van a influir en la decisión de migrar irregularmente o no.
 
Agregó que espera que el mensaje del peligro que existe de viajar de forma irregular convenza a la gente para no hacerlo.

Jorge Peraza, jefe de Misión de la OIM, explicó que con esta sala se cierra un proceso que se implementó también en El Salvador y Honduras para consolidar centro de recepción niños y adolescentes.
 
Agregó que la donación del equipo y mobiliario para esta área tuvo un costo de US$100 mil —unos Q735 mil—.
 
Peraza indicó que en el caso de los otros dos proyectos, uno es en la Fuerza Aérea para atender alrededor de 135 adultos migrantes retornados, el cual esperan que esté listo en el primer trimestre del próximo año, así mismo se realizará otro más grande en  Tecún Umán, San Marcos,  aunque todavía trabajan en la identificación del local.

 
A la baja

Según datos proporcionados por la OIM, durante el primer cuatrimestre de este año se retornaron a mil 95 niños y adolescentes no acompañados, un 52.7 por ciento menos que el en el 2017 cuando fueron dos mil 317 casos.
 
De los retornos registrados de enero a abril, 986 fueron de México y 109 fueron de Estados Unidos.
 
Hasta abril de este año, el total de personas —adultos y menores— retornadas desde México y Estados Unidos son 19 mil 36, mientras que el año pasado fueron 28 mil 333, es decir que se registra una reducción del 32.8 por ciento.

Peraza indicó que concuerda con el embajador Robinson en que existe un ambiente un poco complicado para tomar la decisión de migrar y hacerlo de forma irregular implica una serie de factores que están influyendo en el país de atracción.
 
Agregó que si se analiza que hay una disminución de la tasa de homicidios en el Triángulo Norte, este es un factor que incide en la toma de decisiones.

El procurador de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores, explicó que la institución ha cambiado la metodología de los procesos de institucionalización, ya que la anterior hacía que la carga judicial aumentara y se vulneraran los derechos de los menores.
 
Con los equipos de respuesta rápida —conformados por trabajadoras sociales, psicólogas e investigadores—  se  analizarán cada caso que se presente a la institución, para su derivación de los mismos, es decir, que sean resueltos por la vía administrativa sin necesidad de presentarlo a un juzgado.
 
Flores señaló que hace poco tiempo comenzó a funcionar la unidad de respuesta rápida en Mixco, en donde de 19 casos recibidos solo uno se institucionalizó, lo cual permitió que los menores se mantuviera dentro de su círculo familiar.
 
Comentó que la PGN tiene contemplado crear estos equipos en siete departamentos —Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, tres en Guatemala, uno en Cobán, Alta Verapaz, y uno en el oriente del país— donde la estadísticas de niños que institucionalizados son altas.
 
Agregó que en Guatemala se encuentra ya el equipo en Mixco, se implementarán dos en la sede central en la zona 13, donde una atenderá los casos de los juzgados del área metropolitana de primera instancia y el otro para los juzgados de turno.

Según las autoridades de PGN, las propuestas de los equipos busca la desinstitucionalización que ya está en hogares públicos y no institucionalización de los niños. Luego seguirá en los hogares privados, ya que son más de cuatro 4 mil niños que se encuentran en hogares.
 

Acciones luego de la tragedia

La PGN señaló que el 8 de marzo pasado —día de incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción— se encontraban 600 niños y adolescentes en dicho lugar.

De estos, se activaron 22 alertas Alba Keneth, 41 niñas fallecidas, ocho egresos por mayoría de edad, 248 menores reintegrados a sus familias, 134 remitido a otros hogares públicos, 137 a hogares privados, cuatro repatriados a Honduras, uno a El salvador, y nueve menores hospitalizadas.

De los 248 casos de menores reintegrados, la PGN aseguró que han sido supervisados por los equipos multidisciplinarios para verificar que estén bien.
 
Flores refirió que de las nueves adolescentes que fueron enviadas a Estados Unidos para ser atendidas en hospitales especializados, está previsto que una regrese en los próximos días y tres más seguirán en dicho para país, mientras que las que ya regresaron se mantienen en hogares privados donde reciben cuidados especiales.
 
Suilma Cano, jefa de la unidad de Alerta Alba Keneth, explicó que de las 142 alertas activas durante el 2016  del Hogar Seguro y de las 37 de este año, hay activas 93 todavía.
 
La procuradora general Anabella Morfín señaló que hicieron una solicitud de presupuesto para contratar a más profesionales que se encarguen de hacer una integración de equipo de búsqueda y desactivación de estas alertas.

La Fundación Sobrevivientes señaló que por este caso enfrentará debate oral y público Edberto Geovany Granados Villalobos ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla, por el delito de trata.
 
Granados Villalobos era oficial primero de la municipalidad de Iztapa, Escuintla, en agosto del 2016, lo cual le permitió realizar una inscripción de nacimiento falsa para facilitar la salida de la menor López López con el nombre de Cindy García.
 
Para ello, Granados hizo que una comadrona de 98 años de edad, bajo engaño, colocara su impresión dactilar del dedo pulgar derecho en una hoja en blanco para falsificar el nacimiento de la menor.
 
Olga Angélica López y López, madre de Arlene Escarleth López López quien fue sustraída de su casa por una desconocida, mantiene la esperanza de que se haga justicia y pueda ver a su hija en algún momento, después de más de años de haberla perdido.
 
El abogado Rodolfo Díaz señaló que este caso es emblemático porque es una de las tres madres que en el 2006 se acercaron a pedir justicia —las otras son Loyda Rodríguez y Raquel Par— a quienes les arrebataron a sus hijos de forma violenta para darlos en adopción.
 
“Esto provocó en el sistema que se empezara a realizar una transformación a pensar de que sufrieron amenazas, intimidaciones las victimas para que no siguieran en los procesos porque se trataba de estructuras de poder”, indicó.

Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, señaló que la falta de voluntad de las autoridades permitió que niños salieran de forma ilegal pic.twitter.com/rFSEu2IqoI

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 29, 2017

El abogado recordó que la institución hizo la campaña Cunas Vacías para apoya a estar madres, y buscar llamar la atención de las autoridades.
                                   
Norma Cruz, fundadora de esta organización, afirmó que a pesar de los esfuerzos que realizaron para lograr que estas niñas que fueron sustraídas y dadas en adopción a familias en Estados Unidos fueran regresadas a sus familias biológicas, no se logró, debido a la falta de voluntad del Gobierno de Alvaro Colom.
 
Entre 2001 y 2009 se registraron 26 mil 758 adopciones irregulares al extranjero, principalmente a Estados Unidos.
 
Según Cruz, de los 10 mil expedientes que tuvieron la oportunidad de revisar todos tenía alguna irregularidad. Agregó que debido a que nunca se conformó una comisión de la verdad, no se sabe cuántos de todas las adopciones que se efectuaron fueron ilegales.

Dos hombres fueron atacados con arma de fuego por desconocidos en la 25 calle y 29 avenida de la colonia 4 de Febrero, zona 7, en horas de la tarde este sábado.
 
Las víctimas fueron identificadas como Manuel Mayen Blas, de 20 años aproximadamente, y Jhony Francisco Cisneros, 27, según los Bomberos Voluntarios.
 https://twitter.com/BVoluntariosGT/status/868629276232474624

Por la mañana del sábado se localizó a un hombre calcinado en una cueva, en un área boscosa ubicada en la 4ª avenida y 40 calle de la colonia San Jerónimo zona 1 de Mixco, camino a  la aldea el Manzanillo.

En otro hecho armado ocurrido en la Ceiba San José La Comunidad, una persona murió y dos resultaron heridas.

Ábner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), recordó que en los últimos meses se han dado situaciones como la muerte de monitores y  amotinamientos en dos centros.

Agregó que es necesario que la SBS reciba asesoría del Ministerio de Gobernación en temas como la ubicación de cámaras, los protocolos de seguridad y de registro de visitas, porque en estas áreas es donde se ha detectado que hay  vulnerabilidad, lo cual podría afectar no solo la seguridad de los adolescentes internos, sino del personal que labora allí.

Paredes señaló que el año pasado se hizo una serie de recomendaciones y se entregó un informe público. Además, la jueza Verónica Galicia ordenó varias acciones que la SBS debía cumplir, las cuales fueron interrumpidas por el cambio de autoridades.  “Las nuevas autoridades tienen que acelerar el paso en torno al cumplimiento de todas las recomendaciones y a lo ordenado por la jueza”, afirmó Paredes.

Agregó que incluso hay una mesa instalada con la sociedad civil y la SBS para diagnosticar cuál es la situación de los centros para que esta última tome las acciones correspondientes. La discusión seguirá en junio.

Investigación

Julia Barrera, vocera del MP,  confirmó que investigan el caso del joven localizado sin vida en un dormitorio de la correccional Gaviotas. Según la información recopilada, el cuerpo se encontraba cubierto con sábanas, boca abajo y presentaba escoriaciones en el cuello.

La necropsia hecha por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses al menor, identificado como Josué Israel Pineda Chun, de 16 años, indicó que murió por asfixia por estrangulación.

Según una fuente cercana al  centro, en el lugar se halló un plástico enrollado y se presume que con este mataron al interno. Además indicó que la SBS dio apoyo psicológico a la familia y asumió los gastos funerarios.

El subsecretario de reinserción y resocialización, Eder Vladimir López, indicó por medio de comunicación social de la SBS que no podía dar información porque el caso está en investigación.

Osmundo Vasquez, integrante de Redca+ Guatemala, señaló que el mayor desafío que tiene Guatemala es reducir  el estima y discriminación hacia persona con VIH, y para contribuir a la eliminación de barreras legales.
 
Vasquez indicó que la plataforma de denuncia se encuentra disponible en www.redca.org donde se puede llenar un formulario, ya sea una persona o una organización de los países que integran dicha red. Agregó que los datos que se proporcionan se manejan de forma confidencial.
 
Rodolfo Javier Rosales, otro integrante de Redca+ Guatemala, comentó que la plataforma busca mitigar los casos de violaciones de los derechos humanos de las personas con VIH, así mismo se quiere unificar las denuncias que se dan en la región, ya que en la actualidad cada uno registra los datos.

Para denunciar se puede acceder al link https://t.co/SjrHZo7Xxz y llenar un formulario. La información se maneja de forma confidencial pic.twitter.com/SQTq9vg6nM

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 26, 2017

Según los integrantes de Redca+ Guatemala y otras instituciones que participaron en el lanzamiento, entre los derechos más denunciados se encuentra el de la salud, que ocupa el 75 por ciento, principalmente por falta de medicamentos, le siguen denuncias por vulneración al derecho laboral con un 20 por ciento.
 
Marleny Negreros, de Fundación de Atención Médica para el SIDA en Guatemala (AHF, en inglés), consideró que habrá que esperar como se encuentran conformado el equipo multidisciplinario que dará apoyo a las personas ya que existe una red legal que ya trabaja con una plataforma de denuncia en la cual se le da seguimiento, y esta nueva podría duplicar los esfuerzos.
 
Rosales señaló que Redca trata, no de generar duplicidad de funciones,  sino de colaborar para que estas denuncias lleguen a la instancia que corresponde y poder dar un mejor seguimiento.

Casos

Hasta octubre del año pasado se reportó un total de 538 nuevos casos de personas infectadas con VIH, de los cuales 148 fueron mujeres y 390 hombres; las edades más afectadas son los grupos entre 20 y 24 años, y por estado civil los más afectados son los solteros.

De las 56 jóvenes que se encontraban en un salón del Hogar Seguro y de las cuales murieron 41 durante y en los días siguientes a un incendio ocurrido el 8 de marzo, tan solo una tenía como razón de ingreso “conflicto con la ley penal”.
Al preguntar a esa institución cuáles eran los motivos de ingreso de cada una de las niñas —fallecidas y sobrevivientes—, sin identificarlas por  nombre, pero sí por su lugar de residencia, los datos brindados  apuntan a que 14 ingresaron por rebeldía, 12 por problemas familiares, seis por maltrato, cinco por consumo de drogas, cuatro por protección y abrigo, mientras que por abandono, agresión sexual y orfandad fueron dos de cada motivo.

Por violencia sexual, falta de recursos, riesgo social, víctima de secuestro, alcoholismo,  afiliación a pandillas y conflicto con la ley penal ingresó una por cada razón.

Respecto a los lugares de residencia u origen de las 56 adolescentes, la mayoría  provenía de sitios en donde las condiciones de servicios básicos y pobreza no le permiten a la población un desarrollo integral.

De las 26 menores del departamento de Guatemala, dos provenían de Amatitlán, seis de Villa Nueva y una de Mixco. Aunque la SBS no especificó las zonas, durante los días posteriores a la tragedia familiares indicaron que residían en áreas vulnerables donde la presencia de las pandillas es fuerte.

De las adolescentes que vivían en el área rural, había cinco  de Jutiapa, cuatro de Chimaltenango, tres de Huehuetenango y el resto de otros departamentos, en donde las condiciones de  pobreza en las que crecieron y la falta de oportunidades de educación fueron determinantes para trasladarse a un lugar lejano a su comunidad.

Reflejo de la realidad

Rosa María Ortiz, experta en derechos humanos y de la niñez, quien visitó el país recientemente, comentó: “Generalmente, las víctimas son un espejo de lo que nos falta.  Lo triste es que además de ser víctimas se les culpabiliza, en lugar de ver que las carencias estaban altas”.

Eso se evidenció en el informe Pobreza multidimensional infantil y adolescente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2014), que muestra que  el 54.8 por ciento de los hogares en los que habitan menores de 18 años viven en situación de pobreza, no solo monetaria, sino también y de forma simultánea en situación de privación en al menos dos dimensiones de derechos.

Para Ortiz, en los casos de las víctimas del Hogar Seguro, “hay muchos índices de discriminación, ya que muchos de los que estaban allí son niños indígenas y  pobres”.

Destacó la experta que es necesario tomar en cuenta que la discriminación que mató a esas jóvenes “tiene que enseñarnos que están faltando políticas de inclusión”.

Esto debido a que entre las jóvenes, y el resto de niños albergados, había quienes  estaban allí porque la madre trabajaba o porque sus padres se separaron.

Ortiz  indicó que se debe “evaluar qué servicio precisa Guatemala, y servicios  donde viven los niños, no servicios dentro de la capital”.

Comentó que es docente de quinto y sexto primaria y con el apoyo de la plataforma offline  Ka Lite —proporcionada por Fundación Sergio Paiz Andrade (Funsepa) y Learning Equality—  mientras da clases a un grado, al otro le deja un ejercicio en sus tabletas.

Agregó que el plan piloto inició en 2014 y este año ya lo implementaron en cuatro grados.

El director del plantel,  Ruby Danilo Hernández, comentó que la herramienta ofrece a los estudiantes refuerzo en Matemática, Comunicación y Lenguaje, Ciencias Naturales  y  otras materias. Indicó, además, que esta funciona mediante una red interna que le permite acceder desde la computadora o un teléfono para  ver los contenidos que  enseña el maestro a los alumnos.

“Hemos visto cambios significativos en el desarrollo y aprendizaje de los chicos…  les ayuda a aprender más rápido y en algunos casos a entender  un poco más”, indicó.

Jessica Hammer, directora de Funsepa, señaló que ellos trabajan para mejorar la calidad de la educación primaria en escuelas públicas por medio de la tecnología. Agregó  que en el 2014  comenzaron a trabajar con Khan Academy,  que tiene la plataforma Ka Lite —versión offline y online—, creada por Learning Equality.

A partir de ello, Funsepa hizo una evaluación de impacto para medir el  modelo más  eficiente para poderlo escalar.
Uno de los resultados obtenidos con la versión offline fue que los niños  mejoraron en Matemática,  pues subieron desde 10 hasta 26 puntos en 10 meses.

Funsepa sigue trabajando con Learning Equality y ahora lo hace con apoyo de Google.org, para implementar una nueva plataforma que se llama Kolibri.

Devon Rueckner, desarrollador de Learning Equality, comentó que trabajan en Kolibri —un software de segunda generación, y que Funsepa usa la primera Ka Lite—. Indicó que este  tiene dos componentes:  curar el contenido para que la gente o institución decida qué usar, qué le sirve y qué le aplica, y el segundo, capacitar y darle material a los maestros.

Desde el lunes se encuentra  en el país un grupo de  voluntarios   de Google y expertos de  Learning Equality para compartir con  personal de Funsepa,  maestros y estudiantes para   conocer información  que ayude al desarrollo  de Kolibri.

Donación

Aporte para el país

 Flor Bianco,  gerente de Comunicación de Google de América Latina, señaló que Google.org entregará US$50 mil —más de Q360 mil— a Funsepa para apoyar el trabajo que  realiza en educación.

Indicó que Google.org, además del voluntariado, invierte en el desarrollo de tecnologías para que llegue  a todo el mundo, sin necesidad de que exista conexión de alta definición.

Aunque su pasaporte dice que se llama Ricardo William Borz, su primer nombre es Osmín Ricardo Tobar Ramírez. Esto se debe a que fue arrancado de su familia en Guatemala mediante un proceso irregular y enviado a Estados Unidos con una ueva familia.
 
Este lunes se desarrolló la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) —en San José, Costa Rica— Osmín Ricardo Tobar Ramírez y su padre, Gustavo Amílcar Tobar, así como peritos, aportarán información e insumos técnicos al caso de adopción irregular ocurrido en 1998.

Las partes presentaron sus alegatos finales en el tribunal internacional. Este es el primer caso de este tipo que llega a esa instancia.
Osmín Ricardo Tobar Ramírez —también conocido como Ricco—, quien fue uno de los afectados, espera que con este proceso su caso no se repita con otros menores y sus familias.

Esta adopción ilegal fue gestionada por Susana María de la Asunción Luarca Saracho, sentenciada a 18 años y ocho meses de prisión por trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Hechos

En 1997, los hermanos Osmín Ricardo Tobar Ramírez y Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, de 7 y 2 años, respectivamente, fueron separados de su familia y entregados de manera ilegal en adopción a dos familias en Estados Unidos.

Los hermanos fueron institucionalizados luego de una denuncia por supuesto abandono, sin que este extremo se comprobara.

Y aunque su madre reclamó y presentó recursos legales para oponerse a la separación, una jueza decidió quitarle la patria potestad y, en una forma irregular,  los hermanos  fueron dados en adopción en el extranjero. Incluso el padre de uno de ellos nunca fue informado de estos procesos.

Según el Refugio de la Niñez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), este  caso ocurrió debido a la existencia de una red de trata y venta de niños y niñas con fines de adopción que operaba en Guatemala y que involucraba a distintas instituciones y personas.

Según el informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en el país, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),   entre  2001 y 2009 se registraron 26 mil 758 adopciones al extranjero.

Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez, señaló que se debe reconocer que este caso ejemplifica cómo desde hace muchos años el sistema de protección jurídico y social no  funcionaba en el país.

“Este caso viene a ponerle la guinda al pastel y se le pide a la Corte que le solicite al Estado de Guatemala generar un nuevo sistema de protección porque las instituciones del sistema reaccionaron de manera no coordinada, lo que a la postre provocó que niños fueran separados de sus padres y criados en ambiente fuera de su comunidad”, afirmó.

Expectativa

Tobar Ramírez comentó vía telefónica a Prensa Libre que su expectativa es buscar la reparación de jóvenes que, como él, han pasado por una adopción  ilegal, para que en Guatemala  haya mecanismos  para que se celebren  audiencias públicas y cualquiera que busque información la encuentre.

Comentó que en la audiencia explicó su caso y respondió las preguntas que le plantearon. Agregó que para él haberlo separado de sus padres y el país, le afectó en su identidad; además, fue difícil porque sufrió discriminación.

Carlos Escoffie, abogado de  Cejil, explicó que en la audiencia hubo representación del Estado de Guatemala y que luego de la misma la Corte decidirá cuándo emite una resolución, aunque no hay fecha establecida para ello.

Niña robada y entregada a otros padres

Loyda Rodríguez, madre de Angely Liseth Hernández Rodríguez, ha vivido en angustia desde que su hija le fue robada y entregada en adopción de manera irregular.

La niña fue robada el 3 de noviembre de 2006, del patio de su vivienda,  en San Miguel Petapa.

Luego, la menor fue entregada en adopción con el nombre de Karen Abigaíl López García a una familia en Estados Unidos,  con documentos falsos, por la supuesta madre, a través de la Asociación Primavera.

El 25 de octubre  de 2011, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a la abogada Alma Beatriz Valle Flores a 21 años y cuatro meses de prisión, y a Enriqueta Francisca Noriega Cano, a 16 años, sindicada de haber participado en la adopción irregular de la niña.

Incluso, la entidad que tiene a su cargo esta disciplina ha tenido deficiencias como baja ejecución presupuestaria y señalamientos de posibles actos de corrupción.

Según la Dirección General de Educación Física (Digef), solo tres de cada 10 estudiantes reciben Educación Física, ya que en la actualidad existen dos mil 949 docentes en los centros educativos oficiales de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. Estos atienden a un millón 152 mil estudiantes; es decir, se cubre al 32 por ciento de la población escolar.

Las escuelas con maestros de Educación Física suman cinco mil 504, lo que es igual al 18 por ciento del total de establecimientos. Para cubrir a todos los estudiantes debería haber alrededor de 10 mil docentes contratados.

Josué Morales, coordinador de Comunicación de la Digef, indicó que se espera que con la convocatoria número 29 se creen más plazas para maestros de esa rama física bajo renglón 011, aunque es responsabilidad del Ministerio de Educación, así como contratos bajo el renglón 189 para incrementar la cobertura extracurricular.

Canto indicó que aún no se tiene el dato de la cantidad de maestros que se contratarán, porque se debe evaluar con cuántos recursos se dispone.

Según Morales, por medio de licitación se busca dotar a los centros educativos con materiales de calidad en cantidades que respondan a la demanda de la población educativa.

Miguel Ángel Vielman, director de la Escuela Normal Central de Educación Física, señaló que el cerebro, entre más oxigenado esté, tiene mejor capacidad para aprender, por ello el alumno con actividad física tiene mejores resultados académicos.

Comentó que en una institución donde no exista la Educación Física se tendrá un alumno sedentario, que puede llegar a padecer obesidad.

Resaltó que lo recomendable es que los estudiantes reciban por lo menos dos veces a la semana esa materia, en períodos de 45 minutos. Lo óptimo es que sea de tres a cuatro veces a la semana, pero en las escuelas del país no se da así, salvo en algunas instituciones privadas que lo hacen dos veces y deporte otras dos veces.

Deficiencias

La Digef tiene una baja ejecución presupuestaria. En el 2015, de los Q221.1 millones que le fueron asignados solo ejecutó el 70.4 por ciento, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, mientras que en el 2016 de los Q223.4 millones solo se ejecutó el 35.7 por ciento, y en este año hasta abril va 3.7 por ciento ejecutado, de Q228.8 millones.

El viceministro señaló que esto preocupa y por ello han solicitado la autorización de un contrato abierto para que en septiembre se logren adquirir implementos para las escuelas de Educación Física y las multigrado —son más de siete mil 500 que carecen de maestros de este ramo—.

Otra deficiencia es que en los últimos cuatros gobiernos, de los directores al frente de la Digef ninguno ha tenido experiencia en la disciplina, ya que ha habido desde arquitectos hasta bachilleres. Incluso, el actual director, Gonzalo Romero, es licenciado en Mercadotecnia.

Si bien dichos municipios mantienen una disputa territorial y un conflicto limítrofe desde hace más de ocho décadas, la explosión de violencia es atribuida por muchos a una mezcla de falta de presencia del Estado y penetración del crimen organizado, tanto guatemalteco como mexicano, especialmente del narcotráfico.

Los ofrecimientos

El presidente Jimmy Morales detalló la hoja de ruta a seguir en las próximas semanas y las etapas posteriores al estado de Sitio. Indicó que el Registro de Información Catastral establecerá límites entre Ixchiguán y Tajumulco, por lo que pidió al Congreso ayudar a decretarlos.

Asimismo, ofreció que se mantendrá la presencia policial, y más efectivos del Ejército serán trasladados a la zona fronteriza para resguardar la zona, y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social llevarán programas de alimentos y ayuda económica, para aliviar a las familias que dependían de la amapola.

“Vamos a hacer una invitación para que empresas puedan invertir garantizando nosotros la seguridad y así se pondrá pensar que en los próximos meses podremos estar generando empleo en esos lugares”, dijo el gobernante.

Utópico

“Suena utópico, porque el ministerio de Agricultura no podría ofrecer programas diferentes a la extensión agrícola, y lo tradicional que podría ofrecer es el cultivo de papa, maíz y frijol, pero eso es lo que no saca de la pobreza a la población”, señaló Carlos Aníbal Martínez, analista socioeconómico.

Martínez hace un estudio de un organismo internacional en San Marcos, y aseguró que los campesinos venden a unos Q20 mil la libra de la pasta que extraen de la amapola, y son tres cosechas al año, mientras que del cultivo natural del lugar, la papa, aunque vendieran a Q300 cada quintal, y saquen 10 quintales en la única cosecha del año, quedan lejos de lo que consiguen con la amapola.

La amapola está prohibida en el país, pero resulta rentable para las familias. “Como no hay alternativa laboral, obviamente ahí se junta el delito con la necesidad”, añadió Martínez.

Retos inmediatos

El procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, aseguró: “No es posible que los grupos criminales actúen con impunidad, el Estado tendrá que encontrar mecanismos para que la tranquilidad regrese, sin cometer abusos”.

El Facebook fue la herramienta que hizo posible que los cuatro hermanos se reuniera este viernes, luego de que en 1981, la familia Ciprián Gómez se vio obligada a salir de su hogar ubicado en la aldea Sichup, del municipio de Joyabaj, Quiché.
 
“Me siento feliz de escuchar a mis hermanos. Encontré a mi hermano por el feis, y como mi hija se conecta en el feis y cuando ella vio que los apellidos eran igual que mi apellido, entonces me dijo ella, es tu hermano mamá, porque tienen el mismo apellido”, relató Juana Ciprián.
 
Agregó que luego se comunicaron por teléfono. “Me siento feliz y ahorita estoy nerviosa por ver a mis hermanos allí, porque cuantos años de que nos los he visto”, resaltó.
 
Juana Ciprián comentó que el día que salieron de su casa, ella tenía 13 años, y que en la huida tomó otro camino y se perdió. Luego una señora la fue a pedir a los soldados y se la llevó a Cobán, pero esta la trataba mal. Después Juana optó por irse a Tucurú, Alta Verapaz donde comenzó a trabajar y luego conformó una familia.
 
Abraham Ciprián señaló que tenía 11 años cuando eso ocurrió y escuchaba que decían que su papá era guerrillero, pero cree que no era así porque él tenía 65 años y una persona anciana no podría dedicarse a eso.
 
“Nos corrieron de la casa y nos quemaron nuestra casa, y salimos huyeron los que pudieron escapar y los que no los mataron. Estuvimos en varios lugares y en esos momentos fue que mi hermana Juana se perdió en parte de Cubulco”, relató el hermano.
 
Agregó que los saldados los fueron a buscar pero a él no se lo llevaron, entonces esperó a que anocheciera ese día, luego regresó a buscar a la familia a la casa porque su padre decía que si algo pasaba que volvieran a la casa porque quien no regresara era porque se lo llevaron o estaba muerto.
“Por Feis nos contactó y tenía duda, por el apellido aparecen mucho iguales, pero cuando ella me dijo (sobrina)  que su abuela y abuelo se llaman así, vi que era mi papá y mi mamá, y cuando escribió Juana Ciprián entendí que es ella”, aseveró.
 
Recordó que a su padre lo mataron los soldados cuando andaba buscando a su hermana.
 
“Me siento feliz de haber encontrado a mi hermana porque era la única que nos faltaba”, indicó.

Las autoridades informaron que es en al menos siete lugares que tienen identificados donde prolifera el cultivo de amapola, cuya flor es utilizada para la producción de heroína.

Las autoridades informaron que la destrucción es de al menos cinco millones de plantas.

“La tercera fase es la erradicación de amapola más grande que hayamos tenido en Guatemala”, expresó ayer Edwin Mayén, subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además comentó que existen 32 órdenes de captura, y se tienen identificadas a las personas que habrían participado en el secuestro de varios policías hace unos días.

“En el proceso de investigación y persecución penal que se va a desarrollar en contra de los responsables de estos hechos, nuestra obligación también es documentarlo para que quede evidencia de estos hechos, que posteriormente se van a sustentar como pruebas para perseguir penalmente a los responsables”, aseguró el ministro de Gobernación, Francisco Rivas.

El jueves en la tarde la PNC publicó que Matías López Chilel, de 47 años, es el primer detenido en Villa Real, Ixchiguán, San Marcos, sindicado del delito de  homicidio.

El presidente Morales dijo que analizará en los próximos días la posibilidad de ampliar el estado de Sitio  y ofreció que los ministerios llegarán a esas áreas con los programas sociales, para ofrecer una alternativa productiva a las familias.

El ministro de la Defensa, Williams Mansilla, indicó que el Cuerpo de Ingenieros revisa las trincheras y búnkeres, para determinar si es necesario el uso de  explosivos para destruirlos.

En total,  cerca de dos mil 500 soldados y policías se encuentran en el lugar, y aseguran que no se ha hecho ningún disparo de ninguna de las partes.

Ismael Ramos, alcalde de Tajumulco, señaló que  ya empezó a retornar la calma, e incluso el comercio trabaja con  normalidad.

Comentó que han fijado la postura de eliminar aparatos de ataque que inciten a la violencia a las comunidades vecinas, el retorno de las familias a sus hogares y que abran las escuelas, 24 horas de permanencia de las fuerzas combinadas, y el  retorno de la mesa de diálogo.

Luis Morales, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en San Marcos, señaló que  se mantiene en observación el actuar del Ejército.

El procurador, Jorge de León Duque, señaló que siempre en estos estados extraordinarios las preocupaciones son los abusos que se puedan dar como consecuencia de que se suspenden las garantías, por ello se mantienen pendientes.

Que una mujer desaparecida no sea localizada, como ocurre con la mayoría, puede representar que esté siendo víctima de delitos como trata de personas, consideran fuentes consultadas.

Estas fuentes señalan que con la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas —aprobada en marzo— se espera obtener mayor información y localizar a más víctimas.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) registró dos mil 77 reportes con esas denuncias, según el Informe de Situación de Trata de Personas en Guatemala 2016, presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos

En este documento se resalta que de los datos proporcionados, el 13 por ciento —273— de las mujeres desaparecidas fueron localizadas, aunque se desconocen en qué circunstancias.

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El informe de la PDH resalta que de las 273 mujeres encontradas, solamente el 10 por ciento —27— son adultas, lo cual indica que las menores localizadas fueron ubicadas a partir de las alertas de Alba-Keneth, no del mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, como lo contempla la Ley.

Claudia María Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, señaló que con la implementación de esta ley, hasta este año se logró integrar la coordinadora que se establece, lo cual implicó que cada institución siguiera recibiendo las denuncias como antes.

Para la directiva de la Fundación, a pesar de que la Ley se emitió el año pasado, hasta entonces se han empezado a reunir.

Agregó que ante la desaparición de mujeres, lo primero es conocer el antecedente familiar de la víctima, ya que si hubo diferencias con la pareja o violencia, en algunos casos la búsqueda puede terminar en muerte. En otros casos podía deberse a migración o bien a que sufrieron algún accidente y por no portar documentos no fueron identificadas.

Ana Lucía Peláez, defensora contra la trata de personas, señaló que “son más de dos mil mujeres desaparecidas solo del 2016, y de las pocas que han sido localizadas se desconocen las circunstancias o el motivo de desaparición.

Peláez señaló que preocupa que puedan ser víctimas de trata y señaló la falta de un albergue nacional para atender a las adultas.

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Comentó que para julio se tiene previsto lanzar la alerta que llevará el nombre de Isabel Claudina, en función de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, por la desaparición y asesinato de Claudina Velásquez y María Isabel Véliz Franco.

Resaltó que hay avances en cada institución y como MP brindan el servicio a través de la línea 1572, para que se pueda denunciar la desaparición de mujeres.

“Por principios de la Ley, la celeridad está presente en el MP y el auxiliar fiscal que recibe la denuncia debe, de manera inmediata, notificar a la PNC para que se inicie la búsqueda”, indicó.

Según González, mientras las mujeres no aparezcan los casos permanecen abiertos y en investigación. Agregó que las primeras 72 horas son clave para el desarrollo de las pesquisas.

Hay un objetivo: “Hagamos un internet más seguro para la niñez y la adolescencia”. La página meconectosinclavos.net.gt ofrece a los padres una guía de cómo afrontar un problema como la violencia sexual, trata de personas, extorsiones, sexting, grooming y bullyng.

También hay respuesta para cada duda que el padre de familia tiene.

La mayoría de los papás no saben qué  hacen sus hijos en la red. Casi un 67 por ciento de adolescentes en Guatemala no le teme a esa herramienta tecnológica que en promedio los entretiene tres horas al día, tiempo en el que pueden exponerse a riesgos insospechados.

Para los menores de edad el portal ofrece seis juegos: Caída libre, Serpenteando, Tablero de preguntas, Carrera de obstáculos, carrera de cohetes y Memoria. Cada entretenimiento ofrece un consejo al jugador.

Para los padres hay una diversidad de tutoriales y videos:

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Datos alarmantes

Para conocer la percepción en seguridad y el uso responsable del internet y las redes, Unicef  y la Fundación Sobrevivientes analizaron a 400 niños y adolescentes y padres de Alta Verapaz, Izabal, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, San Marcos Sololá, Chiquimula y Guatemala—

El resultado se estableció que el 70 por ciento de los padres desconocen de las técnicas que los pederastas o cibercriminales usan para engañar y seducir a menores en internet.

El 67 por ciento de los niños y adolescentes comparten fotos con desconocidos, y el 33 por ciento de ese material comprometen la integridad y seguridad de los menores.

Ocho de cada 10 padres no conoce el control parental, y el 54 por ciento de los niños adolescentes no tienen seguridad en sus cuentas, además cuentan con un perfil sin tener los 16 años de edad.

¿Qué es el control parental?

Es una característica especialmente útil para padres y responsables educativos que desean impedir que niños o adolescentes puedan acceder a páginas web inapropiadas.

Dicha iniciativa fue presentada el lunes por diputados de diferentes partidos en el Congreso, y esta contempla la creación de una autoridad central que coordinará un sistema de protección social para diseñar e implementar políticas públicas que garanticen los derechos a la vida, salud, educación,  vivienda, alimentación y seguridad de los menores excluidos.
 
Además contempla un sistema de protección especial para la niñez y adolescencia que ha sido violentada en sus derechos, para que se desarrollen servicios especializados que los protejan y se ayude a mejorar los patrones de crianza y evitar la institucionalización.
 
Las organizaciones señalaron que la tragedia ocurrida el 8 de marzo pasado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que fallecieron 41 adolescentes, evidenció la situación que vive este sector de la población
 

Organizaciones de niñez apoyan iniciativa de la ley del sistema de protección nacional de la niñez y adolescencia pic.twitter.com/lj6MQECokc

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 16, 2017

Escobar explicó que los programas y competencias de la Secretaria de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, y el Consejo Nacional de Adopciones serán asumidos por el nuevo instituto de Protección especial de la Niñez.
 
“Hoy por hoy la respuesta que se está dando a la niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos es la judicialización de todos los casos, con ausencia de servicios de acogimiento familiar y de protección y fortalecimiento a la familia, este proceso administrativo servirá para poder hacer un análisis específicos de aquellos casos que efectivamente ameriten pasar al sistema judicial”, afirmó Medina.
 
Roberto Cabrera, director de Save the Children, señaló que en estos momentos no hay ninguna estructura del Estado que esté con los ojos puestos en la niñez para elaborar políticas sociales básicas de protección ni especiales.
 
“No tenemos un sistema de protección adecuado y lo que hacen estos hogares es acoger todos estos niños excluidos  que va dejando el sistema y lo hace de una manera inadecuada y sin tener el interés superior del niño como principio básico”, afirmó.
 
Las organizaciones afirmaron que se necesita de una autoridad central que puedan elaborar las políticas desde el nivel central hasta lo comunitario para garantizar la protección de los niños y adolescentes.
 

Carmen Salguero, de esa entidad, recordó que en junio pasado se firmó el convenio  para la implementación del proyecto, el cual busca ser una herramienta que permita optimizar la compra y contratación de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

Los hospitales que se encuentran en el proyecto son Roosevelt, General San Juan de Dios, Regional de Occidente, Escuintla, Cobán,  Antigua y el de Zacapa.

Según Salguero,  en el 2016 el presupuesto asignado para los 44 hospitales fue de unos Q597 millones, de los cuales el 52 por ciento se destinó a los hospitales Roosevelt y  San Juan de Dios.

Luego del convenio, se analizó toda la información de fuentes oficiales relacionadas con las compras de los hospitales. También se ordenaron y se catalogaron todas las medicinas e insumos que utilizan.

Después se ordenó por categorías de consumo y se encontró que  durante el primer semestre del 2016 los 44 hospitales compraron Q123 millones en artículos de lento y bajo consumo.

“La práctica internacional del manejo de inventarios dice que deberías tener 180 días de inventario óptimo, pero en lo público  no se maneja porque todo es más lento, la burocracia, el desorden. Entonces, el Ministerio de Salud dice: Como somos tan malos para comprar y tenemos tan malas relaciones, dejemos 300 días”, indicó.

Adonay Cajas, de Mejoremos Guate, comentó que se compran productos para largos períodos, incluso con el riesgo de que se venzan, y se halló que  de unos de alto consumo fueron comprados  con poca disponibilidad.

Salguero refirió que el  Roosevelt adquirió casi Q30 millones de productos de consumo bajo, con 500 días de disponibilidad, y el San Juan de Dios, uno de consumo medio para cien días.

Comentó que de los siete hospitales,  el de Cobán y el de Occidente ya usan la herramienta.

Los directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios refirieron que consideran que la herramienta podría mejorar los procesos de compras y transparencia, así como establecer un mismo sistema en todos los hospitales, pero también ven que hay algunos problemas.

El director del San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, señaló que el proceso de compra es muy complejo porque se basa en una normativa técnica que fue aprobada en el 2002, y en el proceso actúan muchos actores.

El viceministro administrativo de Salud, Édgar González, comentó que  han dado seguimiento y apoyo para el desarrollo de esta herramienta. Además, considera que  será una herramienta adecuada para el manejo de inventarios que permitirá hacer mejores compras.

 Añadió que es un proyecto piloto, pero para  implementarlo se tiene que actualizar alguna normativa, la lista básica de medicamentos e introducir algo de tecnología.

Esta prueba, además, tiene otro componente, identificar a los factores que hace que jóvenes en esta edad abandonen la escuela, así como determinar sus conocimientos y las necesidades que tienen.

Uno de cada tres jóvenes entre 14 y 16 años se encuentra fuera de la escuela, y uno de cada 10 está en primaria, según datos del Ministerio de Educación (Mineduc).

Varios informes y expertos en educación han señalado en ocasiones que hay jóvenes que abandonan la escuela por la violencia, por la migración y por la pobreza.

Luisa Müller, directora de Digeduca, explicó que Pisa abarca más de 70 países a escala internacional y es una evaluación que se trabaja en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde).

En el 2014, el país firmó el convenio de participación y se han realizados evaluaciones específicas para determinar qué tan preparado estaba Guatemala para entrar en el proceso de evaluación internacional.

Con Guatemala participan Honduras, Panamá, Ecuador, Paraguay, Zambia, Senegal y Camboya.

“Queremos dimensionar las brechas educativas para que en algún momento utilizar información que sustente la toma de decisiones”, afirmó.

Durante mayo y junio de este año se efectuará el proceso de medición, que cubrirá a 50 sectores censales para evaluar si están listos para pasar la encuesta final, que se realizará entre abril, mayo y junio del 2017, para entregar los resultados en el 2018.

Para participar en Pisa se pagó una membresía de cerca de US$222 mil.

No le ven utilidad

La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) considera que Pisa es una oportunidad para determinar cuáles son los factores exactos que provocan ese abandono y a la vez se mejore la dirección de las políticas, pero expertos ven que es una evaluación costosa que revelará cifras que ya se conocen.

Enrique Maldonado, analista del Instituto de Ciencias Centroamericanos de Estudios Fiscales, señaló: “Ya sabemos que estamos enfermos no necesitamos un termómetro de lujo para poderlo saber. ¿Qué va a salir en Pisa? Que estamos mal en materia educativa; eso ya lo sabemos”.

Según Maldonado, Digeduca hace un buen trabajo y buenas evaluaciones junto a Costa Rica. “Necesitamos tener maestros mejor capacitados, se necesita que los niños no lleguen con hambre a la escuela”, afirmó.

Para Carlos Biguría, de Empresarios por Guatemala, es importante comparar cómo se está respecto de otros países, y aunque se salga mal, servirá para enfocar mejor los programas.

Mario Rodríguez, experto del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, señaló que hay que evaluar los costos de esta evaluación, porque si con los resultados no se van a implementar medidas necesarias para mejorar las condiciones de los estudiantes, de nada sirve una prueba cuyo costo es elevado.

Agregó que hay que considerar el abandono de las escuelas como un fenómeno nacional multicausal, cuya principal causa es la pobreza.

La población

Estos son algunos datos de la situación de los jóvenes:

• Según datos de la Encuesta Condiciones de Vida 2016 (Encovi), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se calcula que la población entre 14 y 16 es de un millón 237 mil 850, lo cual equivale al 7.7 por ciento.
• El 37.5 por ciento no estaba inscrito en la escuela durante el período escolar de referencia de la encuesta.
• Según la Dirección de Planificación (Diplan), de los estudiantes entre 14 y 16 años que se encontraban en sexto primaria o grados inferiores en el 2016,  69 mil 485 son de 14 años, 29 mil 837 de 15 años y 10 mil 643 de 16.
• El departamento con mayor cantidad de jóvenes en primaria es Alta Verapaz, con 16 mil 250, Quiché con nueve mil 991,  Huehuetenango con ocho mil 479 y Guatemala con siete mil 956.
• En el área rural, uno de cada dos jóvenes está fuera del sistema. En el área urbana es uno  de cada cuatro.

Algunas fueron cuestionadas por malos procedimientos efectuados en el Sistema Penitenciario o incluso llegaron a reconocer la incapacidad que existe para contralar las cárceles.
 
Una de las directoras, Patricia Guillermo de Chea,  el 26 de abril del 2005, afirmó en el Congreso que se necesitaba de nuevas leyes para poder regular los excesos que se dan en las cárceles.
 
Para el 31 de agosto del 2004, los reos de la Granja Penal elegirían a quienes ejercería el comité de orden y disciplina a cargo de los reos. Días antes, el 16 de agosto del 2004, Guillermo de Chea justificó que los reos tenían permitido desde hacía más de 30 años la asociación y el derecho de elegir, lo cual no era fácil de modificar.
 
Cuando Irma Arriaza era directora, el 5 de febrero de 2003, se publicó que había una cárcel exclusiva para cuatro militares. Esta era la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa, la cual ocupaban cuatro militares, tres del caso Mack, y Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.
 
Arriaza  confirmó que sólo se encontraban esos cuatro militares en esa prisión y aclaró que de ninguna forma se tomó la decisión de trasladarlos a ese lugar como un privilegio, sino, más bien, era una manera de ejercer mayor control sobre ellos.
 
El 11 de enero del 2003, Prensa Libre publicó que faltaban 44 reclusos en Pavocinto. La autoridades de Gobernación, incluida Arriaza, no confirmaban el número exacto de internos después del sangriento motín del 23 y 24 de diciembre del 2002, que dejó 14 muertos.
 
Cuando Sandra Zayas ocupaba la dirección de Presidios, en octubre del 2005, las autoridades habían recibido alertadas de fugas de El Infiernito a través de cartas, días antes de que 19 reos de alta peligrosidad se evadieran.
 
El 27 de octubre del 2005, Zayas reconoció que el Sistema Penitenciario no tenía la posibilidad de dar seguridad perimetral en todos los centros de detención.
 
En el 1993 fungió como directora, Ana María Orozco Olivet, en febrero de ese año se enfrentó a un brote de caso de Sida en la Granja Penal de Cantel, en Quetzaltenango, así como a la falta de agua potable, mal estado de instalaciones y un escaso presupuesto.
 
El 19 de abril de 1993 el congresista Mario Mazariegos de León acusaba a Orozco Olivet por no atender dos citaciones para concurrir al Congreso a aclarar denuncias de corrupción que han hecho los reclusos de Pavoncito.
 
El 16 de mayo del mismo año Orozco Olivet debía rendir un informe oficial al Juzgado Sexto de Instrucción Penal con relación a violentos sucesos ocurridos en Pavoncito unos días antes y con la muerte no aclarada de varios reclusos.

El hecho más reciente fue el ataque armado en la Calzada Aguilar Batres y 2a calle de la zona 11, donde murió Carlos Amílcar Castillo Cruz, de 37 años, luego de que dos hombres se le acercaron y disparan.
 
La víctima fue identificada por su esposa Vilma López, quien indicó que Castillo Cruz se dedicaba a cuidar carros en el lugar, y que ambos son originarios de El Salvador, según indicó a socorristas. Su esposo había sido amenazado hace dos meses por supuestos pandilleros.
 
Bomberos Municipales que cubrieron la emergencia, también atendieron a Joseline Adriana Corado, de 21 años, quien recibió una lesión de bala en pómulo derecho cuando caminaba por el lugar.

Otros hechos

Manuel Gonzáles Hernández, de 16 años, fue traslado a la emergencia del Hospital Roosevelt alrededor de las seis de la tarde del sábado, luego de resultar herido de bala en el abdomen.

Ampliación
Siete personas heridas de bala en la 2a avenida y 32 calle, zona 8 trasladadas al Hospital Roosevelt. pic.twitter.com/XYIfk14ltT

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 14, 2017

En otro incidente armado ocurrido en la  10a avenida y 30 calle, Los Eucaliptos, Santa Fe, allí resultó herido Pablo Nehemías Gaspar Pérez, 34, víctima de balas perdidas; mientras un menor de 12 años, de apellidos Roca Orellana, sufrió una herida en tibia y peroné izquierdo.
 
Un hombre, de unos 24 años, murió en otro ataque reportado en la sección B, frente al lote 39, del asentamiento Santa María de la Paz, zona 21. El fallecido vestía playera blanca, pantaloneta gris, zapatos formales de color negro. También resultó herida Sucely Hernández Díaz, de 24.
 
En la  32 calle y 2a avenida, zona 8, fueron atacadas siete personas, que fueron identificadas como Frida Rosales Figueroa, 45, Mirian Elizabeth Hernández, 44,  Douglas Daniel Roza Gutiérrez, 24, José Manuel Pichilla, 29, Josué Armando Ixcoy Chanchavac, 19 años, Damaris López Gonzáles Michel, 16, y José Estuardo Chin Esteban, 26.

En la meseta central, que incluye a la capital, la temporada comenzó ya, mientras que para el litoral pacífico, región nororiente y caribe se esperan que comience el 20 al 30 de mayo, según el Instituto  Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
 

https://twitter.com/amilcarmontejo/status/863833485047472129

Hasta la primera quincena de mayo la lluvia se ha establecido en un 35 por ciento del territorio naciona, dijo David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
 
De León dijo que ante la llegada de la temporada de lluvia se tiene que evitar tirar basura en la calle, ya que esta se concentra en los tragantes, lo cual provoca inundaciones súbitas y esto se deriva en otros problemas, como el tránsito.
 
El vocero de la Conred también recomendó a las familias tomar en cuenta factores que se hayan registrado en años anteriores como inundaciones, deslaves y deslizamientos para evitar cualquier peligro, así como definir un punto de encuentro y una línea de comunicación en caso de una emergencia.
 

ESCUINTLA: Se monitorea estado de rutas a comunidades cercanas al volcán de Fuego, entre ellas San Andrés Osuna y San Vicente los Cimientos. pic.twitter.com/yTeu5l51td

— CONRED (@ConredGuatemala) May 14, 2017

Para las personas que viven en comunidades rurales, De León sugiere verificar las áreas y cualquier situación reportarla a las autoridades municipales, porque ya se han creado planes de emergencia.

Reporte de las últimas horas

Por las lluvias ocurridas después del mediodía de este domingo, algunos vecinos alertaron sobre el desplome de un árbol en la 10 avenida y 6 calles de la Colonia Roosevelt, zona 11. Así como falta de servicio eléctrico en la Avenida Petapa y 13 calle de la zona 12.

En el área del volcán de Fuego el pasado sábado se registró una correntada de material volcánico en la barranca Santa Teresa, en donde se depositó abundante material productó de las recientes erupciones.
 

González Hernández, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) burló la custodia al suministrarle algún tipo de somnífero al guardia de presidios.

Como Wilfredo Gonzáles Hernández fue identificado el reo que se escapó del Hospital Roosevelt cuando era atendido por cuadro de apendicitis pic.twitter.com/0EnVjCQ5sx

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 14, 2017

González Hernández guardaba prisión por el delito de secuestro. Salió del centro asistencial vistiendo como paciente. Se presume que afuera lo estaban esperando para completar la huida en vehículo.

El privado de libertad había llegado el pasado sábado al Hospital  Roosevelt para ser sometido a una cirugía de apéndice, sin ninguna complicación durante el procedimiento se esperaba se le diera de alta este domingo y regresara al Centro Preventivo para Hombres, en la zona 18.

La fuga se habría registrado entre las 12.15 y 12.30 de este domingo y la alerta se elevó a la Comisaría 14 que montó operativos en el área cercana al hospital, sin resultados.

Tres detenidos

La PNC reportó la detención preventiva de tres personas, responsables de la custodia del reo, quienes no pudieron explicar dónde estaban y las acciones que habrían hecho para evitar la fuga. 

Juventino Simón López, de 41 años, José Fidelino Salomón Cajbón, 33 y Denis Misael Olivares, 33, fueron detenidos por su supuesta complicidad en la fuga de González del Hospital Roosevelt. 

Con la renuncia de Santos, Mirna Fajardo, quien fungía como Directora de Recursos Humanos, se convierte en la nueva directora. Ella es la séptima mujer en ocupar este cargo.
 
Santos asumió dicho cargo, luego de que Francisco Rivas, titular de Gobernación, destituyera a Nicolás García por la fuga de Marixa Ethelinda Lemus Pérez, alias la Patrona, así como por otras irregularidades que se dieron durante su administración.
 
El vocero del SP, Rudy Esquivel, confirmó “que es correcto que Santos presentó su carta de renuncia, y que las autoridades nombraron de manera inmediata e interina a Mirna Fajardo para ocupar el cargo hasta que asignen al titular de la entidad”.

Desde el viernes trascemdió el rumor de que había renunciado y se había nombrado a Fajardo pero hasta este domingo lo confirmó el vocero del Sisteema Penitenciario.

 
Esquivel señaló que Santos presentó su renuncia, y la reacción de nombrar a Fajardo fue según la jerarquización del personal que existe en la institución, así como el perfil de idoneidad, profesionalismo y experiencia en el tema penitenciario.
 
Desde 1967 a la fecha, en el Sistema Penitenciario han existido siete mujeres que han ocupado ya sea el cargo de Directora General o bien Directora General Interina.
 
 

Fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC-PNC) efectuaron ayer cuatro allanamientos en las zonas 1, 10 y 16, los cuales culminaron este domingo en horas de la madrugada.
 
Dichos operativos se realizaron para darle seguimiento a la fugitiva Marixa Ethelinda Lemus Pérez, conocida como la Patrona, de 46 años, quien se escapó de la cárcel militar Mariscal Zavala, el pasado miércoles.
 
En la oficina 1006, ubicada en el 10 piso del edificio Géminis 10, se procedió al secuestro de una computadora portátil color gris, marca HP.
Mientras que en el condominio Alta Bosque, casa 56, zona 16, residencia Benjamín Estrada, abogado del defensor de la Patrona,  se embaló y secuestró vestuario, una agenda, documentos varios, un teléfono celular, el vehículo placas P-266DTH, los cuales fueron trasladados al almacén del MP para someterlos a análisis.https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/863764944285835264

 
En el vehículo propiedad del abogado fue localizado un fragmento de huella dactilar y debajo del asiento de atrás una aparente caleta donde se localizó elementos pilosos —cabellos—, mismos que fueron embalados para su análisis.

 
Ligado a proceso

El abogado Byron Manuel Santos Galindo, capturado durante un allanamiento el viernes pasado, fue ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos la noche del sábado por un juzgado de turno.
 
A Santos Galindo se le localizó en su hogar US$50,862.00 —unos Q406 mil—. Según el aprehendido, él no tiene relación con la Patrona y que allanaron su casa por haberse apersonado a un caso de la fugitiva.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno dictó auto de prisión preventiva y le concedió al MP dos meses para que presente la investigación.
La fiscalía comenzó el trámite ante el Juzgado de Extinción de Dominio para que convalide la incautación del dinero que se realizó en la vivienda que se ubica en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico.
 
Según las pesquisas del MP, Santos llegó a visitar a Lemus Pérez a ese centro de detención horas de la fuga, sin embargo, el abogado indicó a medios de comunicación que la última vez que visito dicho lugar fue hacer 10 días, ya que tiene varios clientes allí.
Además indicó que allí estuvo otro abogado, al que él se ofreció apernarse.

En audiencia de primera declaración, el juez de turno decidió ligar a proceso a Santos, por lavado de dinero, después de que en su casa se localizara una fuerte cantidad de dinero de dudosa procedencia.

El abogado fue detenido porque en su vivienda, durante un allanamiento, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público encontraron US$55 mil.

“Nosotros como abogados podemos cobrar, podemos pactar honorarios, y a mí ese dinero me lo pagaron y voy a demostrar centavo por centavo. Tengo facturas, tengo recibos, tengo todos mis casos, quien me pagó, y cómo me pagaron. Ese dinero es lícito y lo voy a demostrar, y lo voy a recuperar porque no se lo robé a nadie y tampoco estoy lavando dinero”, expresó Santos.

Además, señala que no tiene relación con Lemus.

“Con la señora que le dicen la patrona únicamente me apersoné como abogado”, dice Santos Galindo desde la carceleta donde espera ser escuchado por el juez de turno. “Nunca estuve con ella en una audiencia”.
 
Santos Galindo dijo que el MP llegó a su casa porque una persona que llegó a la cárcel de Mariscal Zavala (no especificó si era el día de la fuga), le contó que había estado allí. El abogado, según sus palabras, le sugirió que fueran a al Ministerio Público a presentar una denuncia y que lo acompañaría como su abogado.
 
“Fuimos y yo me apersoné como abogado de él en el Ministerio Público y por apersonarme fueron a allanar mi casa”, aseguró.

El abogado Byron Manuel Santos dijo que él no tiene nada que ver con la Patrona y acreditará el origen del dinero que hallaron en su casa pic.twitter.com/M1RmaGZ2MZ

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 13, 2017

Santos aclaró que la otra persona es un abogado pero que no podía decir el nombre porque el caso está en investigación.

“Ese abogado llegó al Mariscal Zavala y cuando él me contó que él llegó a las 9.30 y salió a las 10.00”, dijo  Santos. “Es necesario ir al ministerio público a que contés lo que vos viste cuando llegaste, y eso fue lo que se hizo, yo me apersoné como su abogado, como colega y como amigo que es”.
 
El abogado comentó que tiene varios clientes en la cárcel Mariscal Zavala, y que en cierta oportunidad, Lemus le habló para que le analizara su caso y le indicara si era factible que la representara en un caso de evasión que tenía desde mayo del 2016.
 
“Yo agarré el caso, lo analicé, y le dije es factible llevarle su caso”, dice Santos. “Ni siquiera pactamos horarios porque ella se enfermó, ya no estuvimos en la audiencia, al fin de cuentas estaba programada para el 12 de julio del 217 en el Juzgado Cuatro de Primera Instancia Penal, nunca estuve en la audiencia, únicamente me apersoné”.
 
Allana vivienda de otro abogado
La tarde de este sábado autoridades se ejecutaron varios allanamientos en zona 1, 10 y 16 en busca de la Patrona. Entre estos se encuentra la vivienda y vehículo del abogado Benjamín Estrada, defensor de la prófuga.
 https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/863525990760415236

Estrada fue la última persona que visitó a Lemus en su celda, un día antes de la noticia de la fuga, supuestamente, para definir detalles de la audiencia que tenía prevista llevarse a cabo el siguiente día en el Tribunal de Mayor Riesgo C.

Esta competencia se realiza en el marco del Festival de Cafés Especiales y es organizada por Evento de Cafés Especiales de Guatemala, en las instalaciones de Anacafé.

La mañana de este domingo fueron elegidos los seis  competidores que pasarían  a la final de la Competencia Guatemalteca de Baristas. Los finalistas fueron son Andrés Avendaño, Jenner Fuentes, Carlos Cuéllar, Carlos Ricardo Morales, Gabriela García y Gerson Otzoy.

Mientras que los seis finalistas de la Competencia Guatemalteca de Catadores fueron Norberto Antonio Ortíz, de la finca El Injerto, María Inés Leal, Manuel De León Ovalle, de Castell Café, Dulce Elena Barrera, de Bella Vista Coffee, Carlos Del Cid, de Unitrade, y Junior Sigüenza.

En esta categoría, Ortíz de la Finca el Injerto y Junior Sigüenza fueron electos por el jurado con el segundo y tercer lugar.

El Festival de Cafés Especiales de Guatemala se realizó durante tres días, en los que hubo degustación de bebidas elaboradas con café, postres, exhibiciones de preparación y venta de comida.

Rogelio Dávila, presidente de Evento de Cafés Especiales de Guatemala explicó que los ganadores participarán en eventos internacionales  .https://twitter.com/GeldiMunoz_PL/status/863818790118854657

El mejor catador participará en el concurso del  13 al 15 de junió próximo en Budapest, Hungría, mientras que el barista ganador participará en la Competencia Mundial de Barismo del 9 al 12 de noviembre a Seúl, Corea.

Dávila comentó que este festival está enfocado al desarrollo de la cultura de café de calidad, y que la competencia ha impulsado a ser mejores.

“Desde que se empezó la competencia, el nivel de los baristas y la calidad del café ha cambiado ya podemos degustar de una taza de calidad estándar hasta una tasa de nivel presidencial que son de punteos altísimos de  90 puntos para arria, en coffee shops”, afirmó.

Luego de la tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde un incendio dejó como resultado 41 adolescentes fallecidas, nueve de las sobrevivientes fueron enviadas a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en los Hospitales Shriners, que ofrecieron su apoyo.
 
La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que las adolescentes continuarán su recuperación en el país, y se le darán acompañamiento psicológico a cada una de ellas y sus familias.

“Por respeto a las jóvenes y sus familiares, los nombres y otros datos se mantiene bajo reserva”, manifestó la PGN en un comunicado.
 
Hasta ahora han retornado al país cuatro jóvenes ya recuperadas, y una fallecida, quien fue identificada como Wendy Anaí Vividor Ramírez, de 16 años, que se convirtió en la víctima 41 de la tragedia.
 
Aún permanecen en tratamiento cuatro adolescentes en el país del norte, una en Galveston, Texas, dos en Boston, Massachusetts, y una en Cincinnati, Ohio.
 

Barrios, quien vive en Derby, Connecticut (noreste de Estados Unidos), tenía un dispositivo que controlaba sus movimientos, el cual se estaba apagando. Así fue como supo que era por una buena noticia: le iban a quitar el aparato definitivamente.

Después de salir del edificio federal Abraham A. Ribicoff, Barrios dijo que se sentía feliz. A su lado, su hija Jessica, compartía el mismo sentimiento y estaba sorprendida.

“Ya no tenemos que preocuparnos”, dijo Jessica Barrios.

Barrios agradeció a los que lo habían apoyado, vecinos y autoridades locales. Le dio las gracias a Dios. Agradeció a los medios de comunicación y a los extraños que se convirtieron en seguidores.

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Su historia provocó manifestaciones de activistas pro-inmigrantes en todo el estado de Connecticut.

Blumenthal dijo que no estaba al tanto del proceso que derivó en la permanencia. Sin embargo, señaló que “no se le ocurre un mejor caso” para otorgar un aplazamiento que el de Luis Barrios, un hombre casado y padre de cuatro hijos de nacionalidad estadounidense.

Antecedentes

A inicios del mes, Barrios recibió un aplazamiento por 30 días horas antes de que se le colocara en un avión para ser deportado desde Nueva York a Guatemala.

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Sin embargo, no hubo intentos de deportarlo hasta que el presidente Donald Trump puso como prioridad ejercer las leyes migratorias. Durante este proceso hubo manifestaciones a favor de Luis Barrios, que la policía contuvo con arrestos.

Barrios salió de Guatemala en 1992 debido a las amenazas contra su familia.

El Ministerio Público (MP) reportó 596 víctimas detectadas el año pasado, mientras que en el 2015 fueron 673.

Claudia López, procuradora adjunta, indicó que esto podría parecer alentador, pero al evaluar los escenarios hay posibilidad las acciones han tenido un resultado positivo para combatir la trata o lo peor que se deba a la dificultad para identificar a las víctimas.

La modalidad por explotación sexual ocupa el primer lugar, seguida de la explotación laboral (15 %), la mendicidad (13 %), la venta de personas (7 %), la prostitución ajena (7 %), el trabajo forzado (4 %) o la pornografía (4 %), entre otros.

La explotación laboral, sexual y mendicidad son las modalidades más reportadas en el informe de trata de personas de @PDHgt pic.twitter.com/07CJphZgqd

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 12, 2017

Ana Lucía Peláez, defensoras de la PDH, señaló que el país sigue en el nivel de vigilancia 2, lo cual implica que no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, aunque realiza esfuerzos.

Los proyectos desarrollados para la prevención de la trata de personas carecen de un sistema de evaluación, por lo que se desconocen sus “alcances, resultados o impacto” en las causas estructurales.

“Las instituciones del Estado siguen sin abordar la problemática social de la trata de personas como un tema de violencia de género, pese a que el 66 % de las víctimas de este delito son mujeres”, lamentó Peláez y agregó que en muchos casos no se haya identificado el sexo y la edad de las víctimas.

De los datos porporcionados por el MP señaló que de las víctimas rescatadas el año pasado el 66 por ciento son mujeres.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) rescató 170 niños y adolescentes víctimas de trata, de estos el 59 por ciento fueron víctimas de explotación laboral, 20 de explotación sexual y 12 por mendicidad.

Durante el año pasado, @PGNguatemala rescató 170 niños, niñas y adolescentes víctimas de trata @PDHgt pic.twitter.com/c2bnhsnS40

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 12, 2017

La Procuraduría considera  necesario que la instituciones que tienen posibilidades de detectar a víctimas implemente lo ante posible la guía para la identificación de víctimas de trata que se desarrolló el año pasado.

En el referido caso se encuentran involucrados el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y funcionarios de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT).

Esas declaraciones las emitió  la Fiscal General luego de haber participado en un curso dirigido a  periodistas, en el cual mencionó que  la Unidad de Métodos Especiales (UME) del Ministerio Público (MP), entre el 2016 y el 2017, ha salvado la vida de 655 personas, incluida la de ella.

“El sistema o el funcionamiento de UME es detectar cuando una persona está corriendo riesgo en su vida, y coordina inmediatamente con la Policía Nacional Civil (PNC)”, refirió.

Aldana explicó que, según las investigaciones, se tenía previsto utilizar sicarios de El Salvador o de Honduras para que vinieran a Guatemala a realizar el atentado y que luego pudieran salir.

“Esta es la última información que tuvimos. También trataron de contratar sicarios en Guatemala para realizar el atentado”, afirmó.

Aldana aseguró que no tiene conocimiento de cuánto le habrían ofrecido a los sicarios, pero sí que el ataque provenía de integrantes de La Línea, y que se trataba de aproximadamente seis criminales.

Amenaza contra todos

El embajador de  Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, se encontraba en otra reunión, y se refirió a la Fiscal General. Mencionó que ha trabajado “duro” y ha formado  equipo con el MP, la Cicig y la Comunidad Internacional.
“Las amenazas en contra de ella son amenazas en contra de todos, y vale la pena protegerla”, expresó.

Además, el diplomático cree que es normal que las estructuras afectadas por las investigaciones del MP reaccionen de esa manera.

“Me imagino que ellos tienen mucho tiempo en la cárcel de pensar sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar, y nosotros pensábamos que ellos iban a reaccionar. Estamos listos para seguir trabajando”, recalcó Robinson.

La fiscal indicó que el atentado en su contra lograron capturas a algunas personas por otros delitos pic.twitter.com/jCAtbvUThG

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 11, 2017

El embajador añadió que continuará trabajando con Aldana, la Cicig y todos los que quieren luchar  contra  la corrupción.
Stu Velasco, subdirector de Investigación  Criminal de la PNC, indicó que este año se han logrado evitar aproximadamente 270 homicidios.

Agregó que la División de Métodos Especiales de Investigación cuenta con más de 200 expertos que monitorean y analizan para orientar a expertos investigadores y personal táctico  operativo para anticiparse a hechos violentos, como asesinatos y homicidios.

“Se detienen justo antes de accionar armas contra víctimas”, manifestó. Agregó que se ha salvado a personas de todos los perfiles.

Medidas de seguridad

El  28 de septiembre último, el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, informó que un mes antes había conversado  con la jefa del MP sobre los riesgos que ella corría, y por ello las medidas fueron incrementadas.

La Fiscal declaró en esa oportunidad que se habían detectado cuentas de Twitter falsas que son manejadas desde el extranjero, y afirmó que investigar amenazas es complejo para los fiscales.

Aldana reconoció que recibió la recomendación de aumentar las medidas de seguridad, pues hay indicios de que la alerta subió al nivel máximo.

Las amenazas contra la fiscal general Thelma Aldana son amenazas contra todos, indica el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. pic.twitter.com/wdnXTXHR9o

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) May 11, 2017

Aseveró   que la organización criminal mencionada exige que el atentado se ejecute, y que los ataques podrían provenir de cualquiera de los casos de investigación que el MP ha revelado o que están en desarrollo.

En julio del 2016, el MP señaló que había amenazas contra la Fiscal. Incluso un equipo de especialistas de esa entidad cree que podrían provenir de personas ligadas a los procesos penales en los casos de corrupción La Línea y Cooptación del Estado.

 En esa misma fecha, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, aseguró que las investigaciones estaban en curso desde la primera vez que denunció intimidaciones, cuando duplicaron la seguridad con agentes especiales. El MP, en comunicado, señaló que se investigaban ataques por medio de opiniones provenientes de grupos que se sentían amenazados con las investigaciones.

La Organización Panamericana de Mercadeo Social (Pasmo), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el ministerio de Salud lanzaron esta mañana la campaña “Mamá segura, bebé seguro de zika”, con la cual buscan reducir la transmisión y efectos negativos en el feto durante el embarazo.
 
El viceministro técnico de Salud, Adrián Chávez, indicó que durante este año se reportan 22 casos de niños nacidos con microcefalia relacionada con zika. En total desde el año 2015 a 2017 se reportan 160 casos de microcefalia, de los cuales 70 han sido confirmados.
 
En este año la incidencia de los casos han bajado, sin embargo las autoridades señalan que cuatro de cinco casos no presentan síntomas, por lo que una persona puede tener el virus y no saberlo.

Evidencian desconocimiento

Samayoa comentó que en la encuesta efectuada en enero pasado encontraron que el 40 por ciento indicó que no ha escuchado nada sobre el zika, mientras que en la primera efectuada en septiembre del año pasado fue el 28 por cierto.
 
El 27 por ciento indicó que han escuchado que es una enfermedad grave o peligrosa, el 15 por ciento a cerca de los métodos de prevención y 15 por ciento que se trasmite por medio del zancudo. Mientras que el 6 por ciento indicó que escucharon sobre los daños que tiene en mujeres embarazadas y otro 5 por ciento que está relacionada con nacimientos de niños con microcefalia.
 https://twitter.com/GeldiMunoz_PL/status/862716839708811264

Según las personas entrevistadas, el 61 por ciento se considera en riesgo de contraer zika. En cuanto a los medios de transmisión, el 56 por ciento respondió que se transmite por zancudo, el 3 por ciento  indicó que sabía que se da por transmisión sexual,  nadie sabía  que se transmite durante el embarazo.
 
El 41 por ciento de población encuestada afirmó que ha tomado alguna media para prevenir el zika, de esto el 23 por ciento ha eliminado agua estancada.
 
El 88 por ciento de las personas respondió que no conoce las complicaciones de esta enfermedad.
                                                 
Samayoa comentó que se encuestó sobre el uso de métodos anticonceptivos y los encuestados señalaron que el 32 por ciento usaba alguno, de estos el más usado es el condón, pero el reto es que se use para prevenir enfermedades de transmisión sexual y que se haga con la pareja embarazada para prevenir el zika.

De los 10 casos del Mineduc, ocho se encuentran clasificados por violación y tres reportaron un embarazo. Uno de los casos fue contra un niño de 3 años, cometido en Jalapa por un practicante. Entre los municipios se encuentran dos de Huehuetenango y uno de Retalhuleu, Chimaltenango, Jalapa, Quiché, Santa Rosa, Alta Verapaz, Jalapa y San Marcos.

En este año, la unidad reporta al menos tres casos solo en enero, pero todos se encuentran en investigación.

Se considera que podría haber más casos, ya que la Fiscalía de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP), la cual fue inaugurada en octubre pasado, conoce al menos ocho.

De la Roca comentó que cuando un maestro es denunciado por violencia sexual se le traslada a un área administrativa o dirección departamental para separarlo de los niños, y si se encuentra en prisión preventiva se le recorta el salario. En el caso de que sea presupuestado se le destituye si ha recibido condena, ya que por estar sindicalizados el proceso es más complicado, mientras que si es por renglón 021 se le despide de inmediato.

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hizo una supervisión al Mineduc y sus sedes departamentales el año pasado, en la cual encontró que la Dirección General de Coordinación (Digecor) recibió del 2012 a octubre del 2016 41 denuncias de abuso sexual, 68 de acoso sexual y hostigamiento, 19 de violencia sexual, mil 27 de maltrato a niños y adolescentes en modalidad física o psicológica y 16 de racismo y discriminación. Estas han sido en el ámbito escolar, y puede ser entre pares —estudiantes— o de maestros y directores contra estudiantes.

Ramírez comentó que tiene un caso de un docente de Educación Física, de 38 años, quien supuestamente sedujo a una alumna de 14 años. Poco a poco la convenció, y en un hotel abusó de ella. Mientras se realiza la investigación, la menor dejó de estudiar y el maestro sigue impartiendo clases.

La fiscal refirió que en uno de los casos en donde el delito fue agresión sexual por parte del director de un colegio, a la niña la cambiaron de establecimiento, mientras este indicó que ella era una mentirosa. “Entonces en lugar de castigar al agresor se castiga a la víctima. Pero qué gana la niña con inventarse eso”, cuestionó la fiscal.

En este caso el informe final de la investigación se entregó el 22 de noviembre del 2016 y la audiencia se fijó para el 10 de noviembre del 2017. Ramírez lamentó esto, ya que el posible agresor sigue cerca de niños.

Casos reales

Adolescente de 14 años, Instituto público, seducida por un maestro de 38 años

Niña de 12 años, colegio, director la tocó varias veces

Niña de 13 años, colegio, la Directora sabía de los abusos

“Sabemos que desafortunadamente en Guatemala hay desnutrición infantil”, indicó durante la inauguración de una fiscalía en San Marcos.

“He dado la instrucción esta misma mañana —ayer— de iniciar una investigación para establecer quiénes pueden ser los funcionarios responsables de que en Guatemala exista un millón de niños malnutridos”, indicó.

Agregó que ella guiará la  pesquisa desde la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP).

“Llevaremos a los tribunales del país, derivado de una investigación objetiva y transparente, a quienes se pueda determinar   responsabilidad,  a diversos funcionarios que han tenido la obligación de cumplir con la población infantil y  no lo han hecho adecuadamente”, aseguró.

Resaltó que  en Guatemala, a pesar de ser un país rico en recursos humanos,  desafortunadamente  la corrupción se ha enraizado y afecta a las personas más pobres.

En el país existen por lo menos un millón 67 mil 907 menores de 5 años con algún tipo de desnutrición y que representan a la mitad de la población de esa edad, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística  y de  la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015.

Hasta el 8 de abril pasado se registraban dos mil 270 casos de desnutrición aguda y 12 muertes de menores.
El año pasado, en total, se reportaron 13 mil 418 casos de desnutrición y 161 muertes por dicha causa.

La experta Karin Slowing indicó que es importante que la Fiscal y su equipo comprendan bien el fenómeno primero,  porque la desnutrición es estructural y multicausal pues tiene sus orígenes en la matriz económica, política y social, ya que la riqueza que se produce no se distribuye de tal manera que sus beneficios alcancen a todos.

No se pueden interpretar las declaraciones de la jefa del MP, y más bien hay que esperar a que ella misma precise el alcance de sus palabras, porque derivado de que es un fenómeno multicausal no se podría culpar a un funcionario o un grupo de un problema, estimó Slowing, y consideró que debe ofrecerse  la asesoría para que se construya  todo el marco.

El economista Alberto Fuentes Knight refirió que es un tema complejo que tiene dimensiones estructurales y de políticas de corto y mediano plazo que se deben tomar en consideración.

“En la medida que las dimensiones de corto plazo que tiene que  ver con políticas han tenido un impacto negativo, puede en particular resultar el mal uso de recursos. Entonces sería válido realizar una investigación, pero hay que distinguir entre las dimensiones de largo plazo y estos fenómenos de corto plazo”, advirtió.

Agregó que el punto de entrada tendría que ver con el mal uso de  recursos y con la desviación de estos, que estaban dirigidos, quizá originalmente, para atender temas de nutrición y que no fueron utilizados con ese propósito.

Imágenes y mensajes de WhatsApp son de las principales evidencias que se siguen en el proceso administrativo, en la Escuela de Ciencias Comerciales  2, de acuerdo con el funcionario.

“En la lista aparecen más de 10 personas. Es personal del Ministerio en ese lugar”, aseguró López, después de la reunión del Gabinete General.

El personal  que menciona López podrían ser docentes, aunque  recalcó que no pueden darse más detalles debido a la investigación en curso..

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López añadió que el Ministerio Público (MP) dirige la investigación penal, la cual ha avanzado “significativamente”.

Al consultar con la directora en funciones de ese instituto, Blanca Rosa de Pozuelos, señaló que los maestros ya declararon,  primero en la Dirección Departamental de Educación y luego, en el MP.

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Una integrante de la junta de padres de la Escuela, quien pidió no ser identificada, informó que si hubo personas que motivaron a los estudiantes a salir a manifestar es algo que hasta ahora no tienen claro.

Comentó que a las autoridades de Educación les han pedido que  expliquen por qué dos días antes de que  los adolescentes salieran a manifestar se pasó una encuesta a cuatro estudiantes de cada  grado, en la cual ellos expusieron sus  quejas y de esta surgieron represalias de parte de algunos docentes.

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Cada año cientos de  migrantes  que buscan el llamado sueño americano mueren en el camino, ya sea en territorio mexicano o en la frontera con Estados Unidos.

Nery Cabrera, director del Inacif, comentó que está en conversaciones con el  Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y la Patrulla Fronteriza, para que por medio de una carta de entendimiento, la información sobre las personas que han fallecido en la frontera sur de Estados Unidos  y  les hayan hecho perfil genético a través de los sistemas   ya existentes en Guatemala  se  cruce para verificar su identidad.

“Vamos a hacer una alianza para poder identificar a estas personas porque nosotros acá perfilamos a los familiares, ellos perfilan a las personas que mueren allá. Esto nos permite hacer un cruce y un match para  ver a cuántos guatemaltecos  corresponden esos perfiles”, indicó.

Cabrera comentó que la idea es darle una respuesta a esas familias que tienen a un pariente migrante desaparecido. “Tenemos los mismos sistemas que utilizan en Estados  Unidos. Tener los perfiles genéticos de ellos, comparados con los que tenemos nos permite hacer una identificación más rápida,  una solución para esas personas que están como desconocidas allá y que nosotros tenemos los perfiles de los familiares aquí en Guatemala a través de los sistemas  Combined DNA Index System (CoDIS)  y  M-FISys,   nuestras dos bases de datos de perfiles genéticos”, comentó.

El director del Inacif explicó que representantes de la Patrulla Fronteriza visitaron el país para comprobar los estándares que esta entidad tiene, por lo que espera que pronto pueda firmarse un convenio para empezar a trabajar.

Agregó que, incluso, esto se podría extender a otros países de la región centroamericana que utilizan los mismos sistemas.

Para Cabrera, esto constituirá un avance en la identificación de los fallecidos y un apoyo humanitario para sus familiares.

Eduardo López, subdirector de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que él atendió a los representantes de la Patrulla Fronteriza y que hubo pláticas al respecto; sin embargo,  todavía no hay una respuesta formal.

“La semana pasada hubo una visita de la Patrulla Fronteriza, efectivamente se hizo un recorrido y una visita al Inacif, en donde ellos conocieron la capacitad técnica y científica que tiene el instituto para el tema de reconocimiento y de identificación de personas fallecidas, a través de muestras de ADN, y se conversó para ver si se puede empezar a trabajar en conjunto”, dijo.

López agregó que ahora le corresponde al Minex  darle seguimiento al tema.

Cifras alarmantes

Jorge de León Duque, procurador de Derechos Humanos, comentó durante un recorrido   en diciembre pasado por Arizona que le impactó la cantidad de migrantes que han fallecido en la frontera.

“Es impactante ver la cantidad de guatemaltecos que han fallecido, que están siendo detenidos en las fronteras, los que están en los centros de detención, por ejemplo, visité uno con capacidad para  mil 400 personas y una tercera parte eran guatemaltecos. Fui a un centro en donde atienden a niños que viajan solos. De 130 niños, 80 eran guatemaltecos”, afirmó.

De León comentó que preocupa la cantidad de  guatemaltecos y sobre todo de niños no acompañados que entran por la frontera. “Le hablo de Arizona, que no es el lugar por donde más guatemaltecos entran, sino por el área de Texas”, enfatizó.

Agregó que luego visitó  la morgue, donde había alrededor de mil 500 personas fallecidas sin ser identificadas por lo que no se conoce su  nacionalidad, pero que por los rasgos podrían haber guatemaltecos.

“El problema que se tiene es que los guatemaltecos que migran, por consejo de los coyotes, se van con otra identificación, entonces se encuentra gente con  rasgos de guatemaltecos, no solo físicos sino con indumentaria o ropa, pero cuando se ve la identificación dice que son mexicanos”, indicó.

En ocasiones, se logra reconocer a los fallecidos, gracias a la ropa o algún objeto en particular que portan.

Barrios, de 51 años, migró hace 25  a Estados Unidos. Ahora vive en Derby, Connecticut, con su esposa, Dora, y sus cuatro hijos: Jesica, 19; Léster, 16, y las gemelas Sindy y Gabriela, 11, todos ciudadanos estadounidenses.

El connacional fue detenido en el 2011 por llevar una luz trasera del automóvil quebrada, pero las autoridades le aplicaron la orden de deportación luego de que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero y estableció como prioridad el cumplimiento de las leyes migratorias.

La medida fue aplicada a pesar de que Barrios no tiene antecedentes criminales, lo que derivó en que varias personas se pronunciaran a su favor en marchas, en las cuales incluso hubo detenidos.

Con esperanza

Horas antes de que Barrios recibiera la noticia de que le daban un indulto, Prensa Libre logró comunicarse con él vía telefónica y manifestó que mantenía la esperanza de quedarse.

“Probablemente al final del día me llamen. Hasta el momento no ha habido nada. Si en caso ya no hay respuesta tendría que estar mañana —hoy— en Guatemala”, afirmó.

Agregó: “Yo confío mucho en Dios, en que Él está obrando en mi caso, y hay muchas peticiones adentro, hay muchas personas tratando de ayudarme, pero las leyes han cambiado, aunque esa es mi esperanza, que haya una oportunidad”.

Barrios salió de Guatemala en 1992, en medio de   amenazas,  por la violencia en el país.

Siempre con la esperanza de recibir una buena noticia,  durante la mañana de ayer  aprovechó para resolver asuntos pendientes en caso de que fuera deportado.

Comentó que por la tarde tenía previsto reunirse con familiares y amigos, para compartir.

“Puede  que  no me den la noticia —de quedarse— en este día, sino hasta la hora que ellos decidan, incluso puede ser cuando  ya  esté en el aeropuerto. Así sucede a veces. Hay que confiar en Dios”, afirmó.

El afectado, quien trabaja para una empresa de mantenimiento y limpieza de sistemas sépticos, debía salir deportado de Nueva York a Guatemala hoy.

De la zona 5

“Lo que es familia, familia… mis padres ya  fallecieron. Hay tíos allá, pero  tengo mucho tiempo de no verlos. Muchas veces uno ya no tiene comunicación. Sí tengo unas primas por parte de mi papá”, sostuvo cuando se le preguntó si tiene parientes en Guatemala.

Refirió que vivió en la zona 5 capitalina, pero  desde que se fue del país, hace 25 años, nunca regresó.

Su esposa, Dora, también es guatemalteca. Ella es originaria de San Marcos, y  a corta edad perdió a su padres. La única hermana que tiene vive  en Estados Unidos.

Al preguntarle cómo afectaría su deportación a la familia, Barrios señaló: “Es complicado porque solo yo trabajo ahora. Se nos destruye la vida que llevamos, porque no sé lo que va a pasar. Siempre hay personas que lo apoyan a uno, ¿pero cuánto tiempo lo podrán apoyar a uno? A saber. Es difícil por toda esta situación, pero esperamos que salga bien”.

“He hablado con quien era mi cuñado. Él es el que me va a ayudar en caso que yo regrese, porque con él es  que tengo más contacto. Era esposo de mi hermana, que ya falleció”, aseguró antes de saber que se quedaría un tiempo más en EE. UU.

Gran noticia

Alrededor de las 5 de la tarde de ayer, varias personas, entre ellas miembros de Unidad Latina en Acción —agrupación multiétnica que defiende los derechos humanos de los inmigrantes y los trabajadores de New Haven, Connecticut y las comunidades cercanas—  organizaron una vigilia. Fue entonces cuando Barrios recibió la noticia del indulto del senador demócrata Richard Blumenthal.

Prensa Libre lo contactó de nuevo  y esta vez comentó que antes de dar una entrevista a un medio local recibió una llamada en la que le indicaron que tiene un plazo de 30 días, durante  el cual revisarán su caso, y luego le avisaron a su abogada, Erin O’Neill.

“Estos  30 días es una esperanza que nos dejaron. Dios es grande y yo, la verdad, todavía no estaba listo para irme”, resaltó Barrios.

Agregó que le informaron que las autoridades encontraron  errores y que por ello  reabrirán su caso durante ese tiempo, y que  podría llegar a una corte.

“Espero en Dios que eso sea para bien. Si ellos decidieron dejarme es porque realmente ven que hay algunos errores: creo que algo mejor viene”, expuso.

Barrios, de 51 años, es un guatemalteco que migró hace 25 años a Estados Unidos, y hoy se encuentra casado y es padre de cuatro hijos nacidos en EE. UU.,  sin embargo, la familia podría ser separada si este jueves se cumple la orden de las autoridades de deportarlo.
 
El guatemalteco conversó con Prensa Libre vía telefónica desde su casa en Derby, Connecticut, y explicó que su esperanza es que en las próximas horas reciba la respuesta de que no lo deportan, ya que no tiene parientes en Guatemala y le preocupa dejar a su familia porque él es quien sostiene el hogar.
 
Erin O’Neil-Baker, abogada de Barrios, anunció por la tarde que funcionarios de inmigración le permitieron permanecer en Estados Unidos otro mes mientras revisan su caso.

“Esa es mi esperanza, yo confío mucho en Dios…  hay mucha peticiones adentro, hay muchas personas tratando de ayudarme pero las leyes han cambiado. Entonces esa es mi esperanza que haya una oportunidad. Todavía falta unas horas y estoy esperanzado, hay un aliento todavía”, indicó.
 
Barrios comentó que este jueves tiene que presentarse al aeropuerto de Nueva York para su deportación, pero que incluso allí tendría la oportunidad de que le avisen de que ya no es necesario que salga del país, si las autoridades deciden abrir su caso.
 
Miembros de la Unidad Latina en Acción —ULA— también mantienen la esperanza de que las autoridades cambien de opinión, por ello realizan esta tarde una vigilia junto a la familia de Barrios.

Apoyo de muchos

Barrios fue detenido en el 2011 por llevar rota una luz trasera del auto y las autoridades le aplicaron una orden de deportación, luego que el presidente Donald Trump asumiera el poder en enero y estableciera como prioridad el cumplimiento de las leyes migratorias.
 
Su abogada y miembros de la delegación del Congreso de Connecticut han solicitado a las autoridades de inmigración que reviertan la orden de deportación, mientras que Barrios está pidiendo asilo.
 
“En base a los fuertes lazos que tiene el señor Barrios con la comunidad, incluidos sus cuatro hijos estadounidenses, el hecho de que no tenga antecedentes de arrestos, y a que existe la amenaza creíble de violencia en su contra si es forzado a regresar a Guatemala, creemos que en este caso se justifica que la fiscalía actúe a discreción”, escribieron los senadores demócratas Richard Blumenthal y Chris Murphy en una carta enviada a funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
 
Otra demócrata de Connecticut, la representante Rosa DeLauro, también está intercediendo por Barrios ante funcionarios de inmigración.

Barrios comentó que le ha sorprendido el apoyo que diferentes personas, activistas y medios de comunicación le han manifestado y se siente agradecido.
 
El ICE indicó en un comunicado que ellos acatan la orden de deportación que un juez emitió en 1998.

Con información de AP

Para quienes están desempleados, colocarse en un puesto de trabajo que les permita sobrevivir resulta complicado. En ocasiones se debe a la la falta de experiencia,  la edad —arriba de los 35 años, sobre todo—, por el grado académico que tienen o  porque las plazas disponibles son escasas.

Según  la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 3-2016 del Instituto Nacional de Estadística (INEI),  el 67.8 por ciento de las personas trabajan en la informalidad. Esta crece en ciertos grupos; por ejemplo,  en  la población indígena ocho  de cada 10 personas    se ubican en el sector informal, al igual que  las mujeres —84.2 por ciento—.

La tasa de desempleo abierto es de 2.4 por ciento. Esta   es mayor para los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 24 años —el 5.6 por ciento—, en relación con la  de los adultos de 25 años y más de edad —1.1 por ciento—.

Prensa Libre contactó, el pasado 17 de abril,  a cuatro personas que tramitaban la constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos con la esperanza de encontrar un trabajo, y al cierre de esta nota no todos habían logrado su objetivo. Continúan a la espera de una oportunidad.

El inglés, una oportunidad

Manuel David Enríquez, de 20 años, considera que haber estudiado inglés durante cuatro años representa una oportunidad para obtener un mejor empleo.

Enríquez, originario de Cobán, se graduó de bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación y desde hace  dos años se independizó de sus padres. Ahora reside  en la capital, junto a su hermano mayor.

Tiene  amigos a quienes les ha costado encontrar trabajo porque no hablan otro idioma o la carrera que estudiaron no les ayuda. En promedio, cada año 200 mil jóvenes se suman al mercado laboral.

Enríquez señaló que  encontrar trabajo en Guatemala  es una labor difícil para los jóvenes. “Las  empresas solo por cuello lo meten a uno o nada más porque logró  entrar por pura suerte. Hay personas que pasan meses sin trabajo y les cuesta demasiado”, dijo. Agregó que en el país las oportunidades son escasas  y muchas veces le piden a la persona experiencia laboral.

“Uno no tiene la experiencia, pero en todos los lugares le piden que tenga universidad cerrada o  un par de años de universidad. ¿Y cómo puede tenerla si acaba de salir de bachillerato? Y    cuesta  porque no se encuentra un empleo”, indicó.

Enríquez   es fotógrafo y  le gustaría dedicarse a eso, aunque es  consciente de que no será fácil, por lo que busca un trabajo formal que le permita salir adelante.

El pasado 21 de abril fue contactado para aplicar a un puesto en un call center y ahora está en el proceso de reclutamiento, esperando una respuesta positiva.

Su edad  le cierra puertas

A pesar de tener 20 años de experiencia como enfermera auxiliar e incluso contar con visa para viajar con pacientes a Estados Unidos, a Lesbia Franco no le ha sido fácil encontrar   empleo.

Señaló que a sus 47 años de edad se le ha tornado difícil colocarse en un trabajo formal y ya lleva  seis meses sin conseguir una oportunidad.

“Tengo experiencia, cuido pacientes a domicilio, con atención personalizada… Sin un empleo formal tengo dos años. He cubierto algunos turnos esporádicos, tengo un negocito y vendo cualquier artículo que me permita sobrevivir”, comentó.

Franco agregó que su mayor anhelo en este momento es seguir prestando servicios y cuidados integrales a pacientes.

“En lo personal, lo que me afecta es la delincuencia, porque nosotros ingresamos al hogar del paciente y mucha gente, si uno no tiene el contacto adecuado,  no lo deja entrar. Justo ahora  hay que pasar la prueba de polígrafo, además de los antecedentes —penales y policiacos— que uno debe presentar, demostrar de qué familia es”, lamentó.

Agregó que la situación es más complicada para los jóvenes, porque algunos están mal preparados, no son educados o no tienen valores.

“Habemos muchas personas que somos honradas, que necesitamos un trabajo, pero nos cuesta a todo nivel. No importa si son adultos o jóvenes, universitarios, obreros o  de carreras técnicas”, comentó. Hasta el momento,  Franco continúa en la búsqueda de un empleo.

Se debe  ser  optimista

Mientras Lorena Pérez logra conseguir un trabajo como cocinera, su familia subsiste con lo que obtiene de sus ventas ambulantes desde hace seis meses.

Pérez, de 41 años y originaria de San Marcos, comentó que junto a su hija, quien estudia los fines de semana,   busca  empleo para sostener la economía del hogar.

“Hemos subsistido con ventas ambulantes, pero no debemos  dejarnos vencer. Increíblemente nuestro país pasa por una situación bien difícil y nosotras, como mujeres, tenemos que seguir adelante, luchar y criar a nuestros hijos. A muchas nos ha tocado ser padre y madre, no podemos dejarnos vencer”, expresó.

Agregó que en Guatemala es  difícil conseguir empleo, ya que no hay oportunidades y cuando se trata de  mujeres mayores de 40 años la situación se torna complicada, porque además  piden un  título. En su caso, solo cuenta con sexto primaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2016), la baja escolaridad dificulta el acceso a empleo.

Pérez se mostró positiva mientras hacía los trámites para obtener sus antecedentes, ya que considera que debe confiar en que le saldrá un empleo. “Los chapines nos tenemos que levantar todos los días con la intención de ser diferentes y volver a empezar de nuevo y no dejarnos caer. Aunque la situación esté difícil podemos seguir adelante”, expresó.

Pérez fue a una entrevista de trabajo en un restaurante, pero no aplicó, pues  le pedían mayor escolaridad.

La remuneración es baja

La prioridad de Cristian López es encontrar un empleo, ya que lleva dos meses sin un ingreso fijo y como padre de una niña de casi 2 años las responsabilidades son mayores. Su esposa tampoco tiene  trabajo.

López, de 27 años,  comentó que se graduó de bachiller Industrial y Mecánica Automotriz, pero ha trabajado en ventas porque le ha costado encontrar una oportunidad laboral. Señaló que   muchos  guatemaltecos se conforman con ganar muy poco, por esa misma falta de oportunidades.

Comentó que ha trabajado en lugares   hasta 12 horas por poca paga y ha tenido que  sacrificar a su familia, debido a la necesidad.

“Creo que todos trabajamos por un buen sueldo, y, pues, ahora  nosotros los guatemaltecos nos conformamos con poco,  porque no hay más y porque si dejamos ir un trabajo en donde estamos ganando  poco, nos cuesta después encontrar”, afirmó.

López agregó que el sueño de todos es tener un buen trabajo, pero  lamentablemente en el país no hay buenas oportunidades de empresas que paguen bien. Señaló que las oportunidades  que se ofrecen  para el desarrollo de los jóvenes son  escasas

En la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos , que corresponde al tercer trimestre del 2016, se  evidencia que el potencial de la fuerza laboral joven del país no es aprovechada al máximo.

Al cierre de esta nota, López seguía en la búsqueda de un empleo, pues no lo habían llamado de ningún lugar de los que había presentado solicitud.

Fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a 12 personas, entre este jueves y la madrugada de este viernes, en 21 allanamientos efectuados en el Puerto San José, Escuintla y Villa Nueva.

Las pesquisas comenzaron después de una denuncia que presentaron las autoridades del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en noviembre del año pasado, cuando una adolescente, de 16 años, que fue recibida  por protección refirió haber sido captada por una mujer a la que identificó como María Esperanza Girón Ávila, alias la Flaca, en el parque central de Villa Nueva.

Alex Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, indicó que la víctima comentó que había sido captada por dicha mujer, quien la llevaba a varios centros nocturnos de Villa Nueva y de Puerto San José, Escuintla.
 
Agregó que luego encontraron otros dos casos, pero que las menores se negaron a dar información por temor a represalias, pero una de ellas colaboró y dio algunos datos que coincidieron, los cuales permitieron efectuar los 21 operativos.
 
Colop refirió que en los allanamientos efectuados se logró rescatar a cuatro víctimas de trata, así como capturar a las personas que se encontraba en los centros nocturnos por promoción y facilitación de prostitución y  por trata de personas.
 
Según investigadores las jóvenes fueron trasladas por la captora a varios bares en donde las obliga a prestar servicios, por los cuales se estima un cobro de Q125.
 

Los capturados son:

1. María Esperanza Girón Ávila, alías la Flaka
2. Oscar Leonel Caballeros Ramírez
3. Walter Giovanni Rodríguez Girón
4. Sarvelio Enríquez Mayen
5. Rosa Amanda García
6. Marta Lilian Corte
7. Elvis René Días Milian
8. Kevin Abelardo Salazar Herrarte
9. Ciria Emileni Martínez Esquite
10. Johana Beatriz Félix Orruego
11. Héctor Raúl Díaz Corrales
12. Diego Idan Contreras Gómez

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), inauguró este jueves el laboratorio de informática forense, el cual contribuirá al análisis de la evidencia que se localice en dispositivos electrónicos.
 
Dicho laboratorio tuvo una inversión de Q4 millones solo en el equipo y fue financiado con el apoyo de la Instancia de Coordinadora de la Modernización del sector justicia, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
 
Nery Cabrera, director de Inacif, señaló que este laboratorio contribuirá a fundamentar bien los casos con la prueba objetiva para las sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias.  Agregó que la prueba científica es el aporte hacia persona que se le reclama un hecho punible.
 
Comentó que abarca cualquier instrumento digital que tenga información almacenada y que represente evidencia en cualquiera de los juicios de los diferentes delitos que ocurren en el país, tales como pedofilia, pornografía y económicos.
 
“En este momento entramos en una nueva etapa del Inacif en donde vamos ser integrales, vamos a ir coordinando las acciones de informática con psiquiatría, análisis de voz con todas las especialización para potenciar y generar las pruebas que se necesitan.

Nery Medina, presidente del Organismo Judicial, señaló que el mundo se han modernizado  y tecnificado de manera acelerada y que el sector justicia debe adaptarse a esos avances para brindar un servicio acorde al contexto.
 
Agregó que la utilización de la tecnología de información y comunicación permite almacenar, procesar y transportar datos en forma fácil, rápida y cómoda, pero con esto se aumentan los delitos informáticos que generan daños sensibles, por ello era necesario contar con este laboratorio.

¿Cómo funciona?

Fredy Sánchez, ingeniero en sistemas del laboratorio, explicó que cuando se hace el análisis deben tener cuidado para no alterar el documento, por eso se debe generar una copia exacta, y trabajan sobre esta para recuperar la imagen se fue borrada o extraer los archivos que estén allí.
 
Señaló que se puede obtener fotografías, audios o documentos comprimidos siempre que estén almacenados dentro del dispositivo.
 
Otros de los servicios que puede brindar el laboratorio es la búsqueda y extracción del historial de navegación de internet, así como la recuperación de archivos en el espacio no asignado del medio de almacenamiento. En el caso de redes sociales se puede establecer el IP o bien verificar la propiedad intelectual de los documentos.