La Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala (Copredeh) informó que el Gobierno ofrecerá a la Comisión todas las facilidades necesarias para su desempeño.

Conozca los argumentos

CIDH ordenó al Estado de Guatemala proteger a menores privados de libertad

La Comisión se informará además sobre la situación de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de Justicia, así como de personas privadas de libertad y personas que se encuentran en otras instituciones estatales.

En el comunicado, la Comisión agradeció la cooperación del Gobierno de Guatemala y de las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y preparación de la visita.

La delegación estará encabezada por el Presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, y se entrevistará con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y representantes de la sociedad civil. Asimismo, recabará testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares.

Esperan visita

Hilda Morales, procuradora adjunta de Derechos Humanos, señaló que esperan ampliar a la CIDH la información que tienen sobre la tragedia del Hogar Seguro y también que ellos les den a conocer qué datos les ha compartido el Estado.

Entérese

Lo que dijo la vicepresidenta de la CIDH sobre la tragedia del Hogar Seguro

Refirió que también buscarán saber cómo van las medidas cautelares que la Procuraduría de Derechos Humanos ha solicitado, ya que tiene alrededor de 15 peticiones, entre las cuales se encuentra una para la fiscal general, Thelma Aldana, y otra para el juez Carlos Ruano.

Además quiere establecer comunicación más estrecha con la CIDH para hacer los requerimientos de información, como gestionar que les otorguen más rápido las medidas.

Relató que con el Hogar Seguro las pidieron el 11 de noviembre del 2016 y las reiteraron en enero, sin haber recibido respuesta de enterado, fue hasta después de la tragedia y con ayuda de otra organización que lograron que les contestaran.

• Lea además: Las 398 peticiones que Guatemala hizo a la CIDH en 10 años

“Necesitamos tener una comunicación más estrecha con ellos y que entiendan que somos una entidad específica de la defensa de los derechos humanos para que nos den una respuesta rápida. Es como que tengan una prioridad.

No estamos minimizando el interés que puedan tener las solicitudes de otras organizaciones, pero somos una entidad pública con independencia para la defensa de los derechos humanos”, dijo Morales.

Libertad de expresión

Ileana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, resaltó que en esta visita de alto nivel vendrá el relator de la libertad de expresión, Lanza.

“Se comunicó con nosotros y me comentó que realizarán algunos talleres con sociedad civil para hablar sobre libertad de expresión”, relató Alamilla.

Alamilla añadió: “Esperaríamos como alianza de entidades de prensa —16 asociaciones y cámaras a nivel nacional— que Edison pueda preguntarles al presidente y vicepresidente las razones por las cuáles el programa de protección a periodistas todavía no está en funcionamiento; ni siquiera se ha iniciado su construcción”.

Alamilla considera importante que el relator aborde el tema con el Ejecutivo, ya que van 19 periodistas asesinados desde el 2012 pero solo ha habido tres sentencias.

Evaluación intensa

La visita de la CIDH tiene la característica de estar integrada por todo el equipo, lo cual es indicador de que la observación será amplia, ya que verificará la situación de derechos humanos en temas relacionados con justicia, seguridad ciudadana, desigualdad, discriminación, legado del conflicto armado interno y libertad de expresión.

Temas sensibles

Dentro de las situaciones que han despertado el interés de la CIDH están la tragedia del Hogar Seguro y las condiciones en que se encuentran recluidos menores en conflicto con la ley, temas sobre los cuales ha declarado medidas cautelares, lo cual implica que el gobierno debe tomar medidas urgentes para subsanar las deficiencias.

El Procurador de Derechos Humanos electo, Jordán Rodas, aún no ha recibido invitación para participar en las actividades de la comisión, pero considera que la visita de alto nivel es un mensaje claro en favor de las garantías ciudadanas.

Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígena, calificó de  sano para el país que la CIDH venga a monitorear el cumplimiento de los derechos específicos y colectivos de los pueblos, especialmente de mujeres, niños y de los sectores indígenas.

Considera importante que visite las comunidades, para conocer las condiciones reales de vida.
La CIDH es un órgano independiente creado en 1959 por la Organización de Estados Americanos.

En audiencia de primera declaración, el juez de turno decidió ligar a proceso a Santos, por lavado de dinero, después de que en su casa se localizara una fuerte cantidad de dinero de dudosa procedencia.

El abogado fue detenido porque en su vivienda, durante un allanamiento, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público encontraron US$55 mil.

“Nosotros como abogados podemos cobrar, podemos pactar honorarios, y a mí ese dinero me lo pagaron y voy a demostrar centavo por centavo. Tengo facturas, tengo recibos, tengo todos mis casos, quien me pagó, y cómo me pagaron. Ese dinero es lícito y lo voy a demostrar, y lo voy a recuperar porque no se lo robé a nadie y tampoco estoy lavando dinero”, expresó Santos.

Además, señala que no tiene relación con Lemus.

“Con la señora que le dicen la patrona únicamente me apersoné como abogado”, dice Santos Galindo desde la carceleta donde espera ser escuchado por el juez de turno. “Nunca estuve con ella en una audiencia”.
 
Santos Galindo dijo que el MP llegó a su casa porque una persona que llegó a la cárcel de Mariscal Zavala (no especificó si era el día de la fuga), le contó que había estado allí. El abogado, según sus palabras, le sugirió que fueran a al Ministerio Público a presentar una denuncia y que lo acompañaría como su abogado.
 
“Fuimos y yo me apersoné como abogado de él en el Ministerio Público y por apersonarme fueron a allanar mi casa”, aseguró.

El abogado Byron Manuel Santos dijo que él no tiene nada que ver con la Patrona y acreditará el origen del dinero que hallaron en su casa pic.twitter.com/M1RmaGZ2MZ

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 13, 2017

Santos aclaró que la otra persona es un abogado pero que no podía decir el nombre porque el caso está en investigación.

“Ese abogado llegó al Mariscal Zavala y cuando él me contó que él llegó a las 9.30 y salió a las 10.00”, dijo  Santos. “Es necesario ir al ministerio público a que contés lo que vos viste cuando llegaste, y eso fue lo que se hizo, yo me apersoné como su abogado, como colega y como amigo que es”.
 
El abogado comentó que tiene varios clientes en la cárcel Mariscal Zavala, y que en cierta oportunidad, Lemus le habló para que le analizara su caso y le indicara si era factible que la representara en un caso de evasión que tenía desde mayo del 2016.
 
“Yo agarré el caso, lo analicé, y le dije es factible llevarle su caso”, dice Santos. “Ni siquiera pactamos horarios porque ella se enfermó, ya no estuvimos en la audiencia, al fin de cuentas estaba programada para el 12 de julio del 217 en el Juzgado Cuatro de Primera Instancia Penal, nunca estuve en la audiencia, únicamente me apersoné”.
 
Allana vivienda de otro abogado
La tarde de este sábado autoridades se ejecutaron varios allanamientos en zona 1, 10 y 16 en busca de la Patrona. Entre estos se encuentra la vivienda y vehículo del abogado Benjamín Estrada, defensor de la prófuga.
 https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/863525990760415236

Estrada fue la última persona que visitó a Lemus en su celda, un día antes de la noticia de la fuga, supuestamente, para definir detalles de la audiencia que tenía prevista llevarse a cabo el siguiente día en el Tribunal de Mayor Riesgo C.

De León Duque ofreció una conferencia de prensa para pronunciarse respecto del actuar de la PDH frente a la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Según el procurador, esa institución cumplió fielmente su labor, ya que realizó diversas supervisiones, monitoreos y acciones para pedir el cierre paulatino del Hogar con el objetivo de que se garantizaran los derechos e integridad de los menores albergados.

“Desafortunadamente a la inacción del Estado, y en este caso a la de la Secretaría de Bienestar Social, que es por ley el ente encargado, solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

Además, recordó que la PDH ha efectuado dos resoluciones sobre la violación a los derechos e integridad de los niños y adolescentes que se encontraban en el albergue y que se han remitido varias denuncias al Ministerio Público (MP).

Agregó que a través de redes sociales se han visto ataques sistematizados para restar la credibilidad de la PDH, y que estos surgen luego de que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han sido atacadas por las reformas judiciales, las cuales él ha apoyado.

Desconocen mandato

En opinión del procurador existe desconocimiento de personas y funcionarios sobre el mandato del cargo que representa.

“El mismo Presidente de la República dijo que había responsabilidad del procurador, pero seguramente desconoce el mandato que es fiscalizar la administración pública, y eso lo voy a seguir haciendo hasta el 20 de agosto que me retire de esta institución, aunque esto genere disgusto y malestar a muchos funcionarios públicos”, reiteró.

Lamentó que el país sea incapaz de proteger a su niñez y señaló que el Estado no funciona porque “solo beneficia a los corruptos y pícaros”.

De León Duque hizo un llamado a la unidad para crear una Guatemala distinta y más justa.

Presidente responde

Al ser consultado al respecto de las declaraciones que el procurador De León Duque emitió, el presidente Jimmy Morales dijo: “No le sabría decir qué opinión me merece”.

“Creo que todas las instituciones deberían ser responsables de esperar las investigaciones y poder hacer imputaciones o de no decir lo que ya se ha dicho en repetidas ocasiones”, aseguró.

Agregó: “Hay responsabilidad de muchas instituciones del Estado, hay una responsabilidad de país. Debemos ser responsables de nuestras declaraciones y esperar que se pueda hacer una reconstrucción muy adecuada de lo que sucedió y poder separar o vincular una tragedia”, dijo el mandatario, quien recalcó que “se vive una tragedia”.

Diferencias

En el Congreso, diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron que se nombre al procurador como coordinador de las acciones para retomar el control del Hogar Seguro y los demás centros; sin embargo, diputados oficialistas exigieron su renuncia.

“Para venir a exigir sus leyes sí es bueno, pero para proteger a las niñas sale huyendo de viaje”, aseguró la diputada Sofía Hernández, de Alianza Ciudadana, durante una citación de la Comisión de Gobernación.

En tanto que el diputado oficialista Juan Manuel Giordano, tránsfuga de Líder y quien enfrenta un antejuicio por discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, aseguró que el magistrado de conciencia debería de dejar el cargo por “no haber hecho nada”.

Carlos Barreda, de la UNE, calificó de “inútiles” a los presidentes del Ejecutivo, Morales, y del Congreso, Óscar Chinchilla, al referirse a su labor en beneficio del Hogar Seguro.

Manejo de crisis

El procurador de la Juventud, Ábner Paredes, señaló que resulta preocupante que las autoridades hasta ahora no han conformado un comité de crisis para manejar la emergencia, y que incluso no hay alguien claramente a cargo.

Refirió que, por el momento, los menores están bien en los hogares a los cuales fueron traslados, aunque considera que podrían existir algunos problemas en breve.

“No presenté con anterioridad mi renuncia porque había toda una serie de medidas de apoyo psicosocial, médicas, económicas y de traslado de la demás población del Hogar”, confirma Rodas.

En el documento hace referencia de los logros de su gestión, así como de su trayectoria profesional y nivel educativo.
Rodas asumió el cargo en noviembre de 2016, en sustitución de  Mareny Rosana Mérida, removida por las críticas de la mala situación del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, del cual habían escapado unas 47 adolescentes. 

La renuncia se da a casi una semana del incendio ocurrido en el centro de resguardo de menores, que dejó 40 muertos, 19 perecieron en el lugar y 21 en hospitales.

Niñas fueron encerradas

Aproximadamente 3 mil personas protestaron el sábado frente al Palacio Nacional para exigir justicia por la muerte de las menores. Al grito de “Justicia”, los manifestantes pedían una pesquisa por los hechos y la renuncia del presidente Jimmy Morales por no haber atendido denuncias previas de que en el lugar, a cargo de la presidencia, se cometían abusos.

En entrevista televisiva con la cadena CNN En Español, el presidente dijo el viernes que las niñas estaban encerradas porque “se quería evitar una tragedia”.

Previamente ese día, el mandatario reconoció en conferencia de prensa que “el Estado de Guatemala es responsable de la tragedia sucedida”, ya que todas sus instituciones a cargo de los menores tienen cierta responsabilidad.

Mileni Eloisa Rac Hernández, Cinthia Pahola Morales Alfaro, Reina Nájera Aguilar y Eneyda Nohemí Tecún Monoz fueron trasladadas en dos ambulancias aéreas al hospital Galveston, en Texas, EE. UU. 

La gestión de la Embajada de los Estados Unidos y un equipo de médicos voluntarios permitió el traslado, este sábado en horas de la noche, de las cuatro menores que serán atendidas en el Hospital Shrines, especializado en la atención pediátrica de víctimas de quemaduras. 

“Como guatemaltecos estamos muy conmovidos con lo ocurrido a estas jóvenes y queríamos accionar. Afortunadamente pertenecemos a una organización internacional que provee fondos al Hospital Shrines, institución especializada en atender casos como estos”, dijo el médico Miguel Ángel Valdez. 

El traslado se coordinó con los médicos del Hospital General y Roosevelt y la Procuraduría General de la Nación, que facilitó el permiso para que las menores abandonaran el país.

Las cuatro niñas ingresaron a EE. UU. sin visa, por gestiones autorizadas a través de la cónsul general de ese país y adentro de su territorio se les otorgará visas humanitarias, explicaron integrantes de la organización voluntaria. 

Expectativas

Se espera que otras tres jóvenes más puedan viajar, pero se busca a sus padres para obtener los permisos.

Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, explicó que la tasa de mortalidad en el hospital para menores Shriners, Galveston, Texas, es baja.

“Tienen el tratamiento para las vías aéreas y quemaduras profundas, por eso el tiempo de recuperación se reduce a más de la mitad de lo que podría ser en Guatemala”, dijo Soto.

“Se han solicitado y se han autorizado ya judicialmente algunas órdenes de arraigo, dentro de ellas, la del Secretario”, dijo el secretario de política criminal del MP, Rottman Pérez.

Además, explicó que trabajan a doble marcha en la investigación, por lo que no pueden entrar en detalles de lo que han avanzado.

“Estamos avanzando de manera positiva, pero dentro de las medidas precautorias se ha considerado la necesidad de asegurar la presencia de algunas personas en el país. Para ello se han hecho algunos requerimientos de arraigo y se ha incluido al Secretario de Bienestar Social. Aún se continúa el análisis y durante el día de hoy se estarán requieriendo algunos otros más”, afirmó.

Pérez comentó que hay otras personas, pero no quiso confirmar quiénes son para no ponerlos sobre aviso antes de que los arraigos sean autorizados, sólo adelantó que son “varias personas”.

“Estamos en la fase de análisis de toda la información que se ha recolectado, dentro de ellas informacion testimonial, técnica, científica, e informática que nos sirve para ir finalmente confirmando varias líneas de investigación, no podemos adelantar en este momento la línea que más se acredita con todo el análisis porque todavía no se han concluido”, resaltó el funcionario de la Fiscalía.

El entre investigador trabajará “de lleno”, añadió. “Hemos trabajando 24 horas desde el día del sucesos, el fin de semana no va a ser la excepción para poder pronto dar los resultados finales”, ofreció Pérez.

Rodas presentó su renuncia este viernes al presidente Jimmy Morales, quien dijo a CNN que la aceptó pero que se mantenga cercano al proceso de investigaciones para prestar la colaboración requerida, y que este lunes nombraría al sustituto.

Por orden del Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia del área Metropolitana, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) se encuentra recibiendo llamadas a través del teléfono 2414-3534, para brindar información a las familias acerca la condición y lugar de abrigo de los menores de dicho hogar.

También se habilitó un centro de información, en la sede de esa institución, para familias de los menores trasladados.

El departamento de Comunicación Social de la SBS indicó que la línea está habilitada desde el viernes por la noche, y se atenderá las 24 horas hasta nueva orden. En esta, los padres se pueden comunicar para verificar la situación los menores que están a cargo de dicha entidad.

En cuanto al listado de las menores fallecidas, la SBS informó que aún no lo tienen porque deben esperar que lo traslade el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Les proporcionan información sobre cuál es el estado de sus hijos y posteriormente se les va a informar a los padres de familia o encargados de dónde se encuentran, ya que es la instrucción que el señor juez nos proporcionó”, se indicó.

También que, en caso no les contestan inmediatamente, vuelva a intentar, ya que se reciben varias llamadas y por ser una línea de teléfono normal, solo se puede atender una llamada a la vez.

Ayuda

La SBS también atiende en el número de teléfono 2414-3535 para las personas que deseen hacer algún donativo o voluntariado.

Los artículos que más necesitan en estos momentos son pañales, toallas sanitarias, toallas de baño, jabón en líquido y de tocador, juegos de pants y ropa interior, los cuales puede ser entregados en la 32 calle 9-34 zona 11, colonia Las Charchas, donde se atenderá este sábado y domingo de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Los artículos serán entregados por la SBS a los diferentes hogares donde fueron trasladados los niños del Hogar Seguro, ya que por orden de juez no se pueden hacer directamente a los hogares.

Durante varias visitas y convivencia con algunos menores, la testigo, quien no se identificó por seguridad, observó una serie de incongruencias respecto del fin primordial del albergue: la protección de menores vulnerados en sus derechos.

Los menores eran mantenidos bajo controles estrictos. “Más que hogar parecía una prisión”.

La donante reveló que el hecho de que a las colchonetas de esponja les falten pedazos tiene una explicación: las menores los usaban como toallas higiénicas cuando no tienen. Además, casi no cuentan con ropa interior.

“Casi nadie dona ropa interior o toallas sanitarias. Cuando uno le pide a la gente se queda como sorprendida, cuando es una necesidad y artículos básicos”, afirmó.

La persona narró que en el hogar había cinco lavadoras y dos secadoras para todo el complejo; pero solo dos lavadoras funcionaban, a veces.

“Había cinco señoras que se dedicaban a lavar la ropa de todos, y cuando no funcionaban las máquinas lo debían hacer a mano”, relató.

Agregó: “Un día les pregunté a las señoras que lavan cómo sabían de quién era la ropa y me respondieron que era poca y que los niños no tienen ropa propia; por eso se ponen la que esté disponible. ¡Se imagina, no tienen ni sus propios calzones!”.

Comentó que algunas adolescentes lavaban su ropa ellas mismas, pero lo hacían para cuidarla.

Medicados

La entrevistada comentó que algo que le llamó la atención fue que a muchos de los menores les suministraban fármacos psiquiátricos. “No sé si lo hacían para mantenerlos tranquilos”, indicó.

Explicó que en el caso de los niños, ya que son más manejables porque tienen la capacidad de adaptarse. “Si los tienen encerrados están bien y si los sacan a jugar, igual”, enfatizó.

Lo contrario sucede con los adolescentes, ya que son más agresivos; sin embargo, lo son más las mujeres, pero no siempre, sino algunas veces, como si quisieran mostrar alguna frustración, señaló.

La donante refirió que el trato de algunos monitores o tutores hacia los varones era distinto que hacia las mujeres. En algunos había como un acercamiento amigable, pero sospechoso con las jóvenes.

Recordó que en algunas ocasiones trató de hablar con las adolescentes sobre si era cierto que monitores cometían abusos sexuales, pero nunca se lo confirmaron.

“Lo que vi fue malos tratos, como que una adolescente le jaló el cabello a una monitora y esta reaccionó de la misma forma. Cuando les pregunté a otras internas dijeron que así era allí”, indicó.

La donante señaló que también le llamó la atención que algunas adolescentes resultaban embarazadas en el albergue. Al pedir explicación le dijeron que ellas se salían. Ella dudó de lo afirmado.

Refirió que a los varones los trataban como si estuvieran en el Ejército, ya que los ponían a hacer ejercicios.

La donante dijo que los niños que tenían alguna orientación homosexual eran maltratados por los tutores o los excluían.

Relató que entre los trabajadores del Hogar hay quienes lo hacen por necesidad y otros porque les gusta su labor y se quedan más tiempo. Pero también están quienes buscan sus intereses, entre ellos los que ocupan altos cargos, manifestó.

Frustración

Sin resultado

Marielena García, madre de Joselyn Maricela García Flores, de 16 años, pasó más de ocho horas frente al hogar  para que le informaran sobre el estado de  salud de la menor. A las 14 horas aún no tenía ninguna noticia. “Estoy aquí desde hace ratos. Ahora salen con que no está”, lamentó.

Denuncia

“¡Quiero a mi hijo!

“Yo quiero a mi bebé. Sé que este lugar no es seguro.  Estuve aquí,  me golpearon cuando estaba embarazada y uno de mis gemelos murió”, narró entre el llanto Kimberly Yajaira, de 18 años.  Agregó: “Nos violaban, agredían y nos desnudaban cuando ellos querían”.

La llamada

“Me la llevo”

“Si encuentran amor en casa, las niñas no tendrían que estar aquí. Yo hoy me llevó a mi sobrina. Sé que está bien porque anoche me llamó”, afirmó Reyes Nohemí López Jiménez.

Ella viajó desde Zacapa para recoger a su sobrina, de 16 años, quien fue internada este año.

Sobreviviente

“Estaba con llave”

Geovany Castillo  contó a la agencia de noticias AP que su hija, de 15 años, sufrió quemaduras  y sobrevivió casi de milagro.

“Dice mi hija que el lugar estaba cerrado con llave.  Y que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella”, relató.

El Mecanismo contra la Tortura, a partir de visitas efectuadas entre octubre y noviembre de 2016, elaboró tres informes. En uno incluía 17 recomendaciones a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Carlos Solórzano, presidente relator, comentó que en el último informe, del 12 de diciembre pasado, presentaron 13 recomendaciones, de las cuales algunas se cumplieron a medias.

Señaló que en la SBS y el Hogar Seguro no fueron atendidas principalmente las recomendaciones relacionadas con seguridad y control del lugar. Refirió que en la primera visita encontraron que había 64 cámaras, pero solo tres funcionaban, y luego de la recomendación servían 50, pero  el miércoles recién pasado funcionaban 40.

• Lea además | Hogar Seguro parecía prisión

En ese documento se  recomendó a las instituciones atender las necesidades básicas de los menores, como contratar personal adecuado y capacitado para tratarlos en cuanto a seguridad; mejorar la infraestructura, como ampliar dormitorios o remozar los sanitarios y duchas, y también contratar personal médico. Además se les sugirió que se coordinaran con el centro de salud más cercano  los procesos de purificación del agua proveniente del pozo.

Durante el incendio ocurrido el miércoles recién pasado, los padres de varios menores que se encontraban en el Hogar Seguro afirmaron que en reiteradas ocasiones se habían quejado con los jueces de los abusos que se cometen en el albergue, pero  nunca fueron escuchados.

Denuncias de las víctimas

La madre de  Kimberly Yajaira, de 18 años, una exinterna del hogar, señaló que esta fue violada en el albergue y  quedó embarazada. Sin embargo, durante una trifulca la golpearon y perdió a uno de los gemelos que esperaba.

• Lea además | Niñas murieron quemadas e intoxicadas

La madre de la adolescente, quien no se identificó, comentó que su hija está ahora fuera del hogar, pero su nieto quedó a cargo de las autoridades. Ambas buscan que se lo entreguen, ya que temen que sea víctima de abusos.

“Durante seis años estuve en varios hogares. En la mayoría nos golpeaban y nos trataban mal, pero reconozco que hubo uno donde me dieron amor”, recuerda Blanca Lidia Iboy, exinterna de  hogar de protección.

“Nos inyectaban algo para dormirnos,  nos quitaban la ropa y nos dejaban desnudas en el patio. Con nosotros hacían negocios”, lamentó María Marroquín,  exinterna.

“La comida no era mala, pero el problema era que no había suficientes monitoras para cuidarnos,  y era ahí cuando se armaban las revueltas”, denunció Susana Morales, exinterna del Hogar Seguro.

• Lea además | Relato de sobreviviente: Vi el humo y olía a carne

Sugerencias de comisión

Entre las 13 recomendaciones presentadas se pedía investigar la conducta de los menores provenientes de refugios privados para adolescentes en conflicto con la ley penal.

• Coordinar la construcción de más dormitorios, con su respectivo mobiliario, para evitar el hacinamiento.
• Contratación de personal profesional bilingüe de los idiomas que   predominan entre los menores, así como un psiquiatra.
• Remozar los  servicios sanitarios y duchas. Mejorar la iluminación y ventilación de los dormitorios. Prestarle atención a las enfermedades dermatológicas y a la  higiene personal.
• Contratar personal de seguridad para el interior de las instalaciones, a fin de evitar  motines o disturbios que desencadenaran en fugas, luego de capacitarlos sobre trato a menores.
• Coordinar con los juzgados de menores para que no envíen a jóvenes en conflicto con la ley.

La procuradora adjunta, Hilda Morales, recordó que hace tres meses la PDH solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no han obtenido respuesta. “Se mandaron reiteradamente comunicaciones, y hoy —ayer— se mandó una comunicación de urgencia”, indicó.

Morales comentó que las autoridades no tienen la capacidad para manejar un hogar de esa naturaleza, ya que es una finca en donde se ubican pabellones para atender a  diferentes grupos, desde bebés abandonados, niños con discapacidad, menores embarazadas que han sido atacadas hasta adolescentes que han terminado su sanción en procesos de conflicto con la ley y  esperan un recurso familiar.

“Es una población indiscriminada. La institucionalización debe  ser el último recurso para estos niños que están en riesgo, o buscar otras alternativas, como familias ampliadas o sustitutas, para que estas niñas puedan tener un afecto directo y no estar en un conglomerado”, indicó.

Se pudo evitar

Para Justo Solórzano, especialista en protección de niñez de Unicef, se pudo haber evitado esa tragedia.

“Unicef reiteradamente ha dicho a  las autoridades y medios de comunicación que una macroinstitución como la del Hogar Seguro no es un lugar seguro para niños y adolescentes víctimas. Tenemos que recordar que ellos  están aquí por protección, porque han sido víctimas”, resaltó.

Recordó que  el propio Comité de los Derechos del Niño en repetidas ocasiones  ha solicitado al Estado de Guatemala que tome acciones concretas.

Solórzano refirió que a este gobierno le han ofrecido apoyo para desarrollar acogimiento alternativo a la institucionalidad, pero “ven que camina despacio, muy despacio”.

 “Con lo sucedido tenemos  clarísimo que no hay ninguna otra opción que no sea declarar un cierre progresivo de este hogar”, afirmó. El solo hecho de que exista una macroinstitución con más de 500 niños, ya constituye violación de los derechos, indicó.

Para el especialista, así como se declaró luto nacional, “merece que se declare una emergencia nacional con acciones concretas para resolver la situación de las niñas y los niños que todavía están en el hogar”.

Morales coincidió en que  lo mejor es sacar a los menores de la institución, ya que hay casos que no ameritaban tenerlos en ese lugar.

Para Carolina Escobar, de  La Alianza, lo ocurrido en el albergue es  síntoma de un Estado fallido, y que entre las acciones impostergables  que se deben tomar se incluye reubicar a las niñas en hogares apropiados.

“Lo tercero tiene que ser una cuestión de largo plazo, y es que la clase política entienda  que no ha entendido nada, que mientras no protejamos  a la niñez y adolescencia no tenemos futuro en este país”, puntualizó.

En 2016 la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc) sometió a 26 mil 761 docentes de primaria a pruebas diagnósticas. Solo 3 de cada 10 aspirantes superaron satisfactoriamente las habilidades numéricas.

La Digeduca, a requerimiento de Prensa Libre, elaboró un  test de similar dificultad, el objetivo es que, a conciencia, pueda someterse y evaluar cuál es el desempeño en matemática y lectura. ¿Acepta el desafío?

En 2016 la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc) sometió a 26 mil 761 docentes de primaria a pruebas diagnósticas. Solo el 49% aprobó las destrezas lectoras.

La Digeduca, a requerimiento de Prensa Libre, elaboró un  test de similar dificultad, el objetivo es que, a conciencia, pueda someterse y evaluar cuál es el desempeño en comunicación y lenguaje. ¿Acepta el desafío?

El año pasado el logro nacional de lectura de los estudiantes graduandos alcanzó el 32%, superior al 2015, cuando la misma prueba solo fue aprobada por el 26% de estudiantes graduados de nivel diversificado.

“Al final la responsabilidad es del Ministerio porque es el que los está formado. Por lo general se le culpa al maestro de que está preparando mal a los estudiantes, pero el que está preparando mal es el propio ministerio”, opina Miguel Rodríguez, experto del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Según Hugo López, ministro de Educación, ya se instruyó a los directores departamentales y los controles “quedan a criterio de cada establecimiento”.

El Instituto de Educación Básica Simón Bolívar, en la colonia Primero de Julio, en Mixco, está situado en un área de narcomenudeo. Las requisas ya se hacían allí, precisamente para evitar el ingreso de enervantes.

Los registros se hacen por grados, uno a la vez. Los estudiantes colocan a la vista de los maestros el contenido de los bolsones, explica el director Juan José Pérez.

En la misma colonia, a escasos kilómetros, Lisette Hernández dirige la escuela primaria Darío González, pero se encuentra en un dilema. Está consciente de los peligros, aunque considera que inspeccionar las mochilas corresponde a la Policía.

Localizan munición

Una de las docentes entrevistadas durante el recorrido efectuado por Prensa Libre contó que hace pocas semanas encontraron una munición útil  en una mochila. El menor respondió que la halló tirada. Llamaron a la Procuraduría General de la Nación y ante la negativa de actuar de la institución acudieron a la Policía. Los agentes les dijeron que  no podían hacer ningún procedimiento a menos que el menor tuviera 50 cartuchos en su haber.

Cerca del Instituto Miguel García Granados, colonia Bethania, zona 7, hay tres puntos de narcomenudeo, uno en el campo situado al lado del plantel educativo.

Frente al establecimiento de 630 estudiantes hay una patrulla del programa Escuelas Seguras que también vigila otras seis escuelas. Allí no se practican las revisiones porque no hay un protocolo, afirma el director Nery Maldonado. El docente cuestiona si la disposición violentará la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.En el instituto faltan 12 maestros desde hace dos años.

Los agentes Isabel Ramírez y José Chalí pertenecen al programa de Escuelas Seguras y aseveran que la peligrosidad aumenta en El Búcaro, Villa Nueva y la zona 6, donde los maestros son amenazados.

Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, coincide en que el ministerio de Educación (Mineduc) debe elaborar un protocolo.

“¿Sabes que llevan tus hijos a la escuela?”, es la pregunta del video promocional del Mineduc dos días después de que apareciera  en Facebook una foto del bolsón de una estudiante que contenía un arma, una caja de balas Remington y la anotación “Todo listo”.

Eran amigos, vivían cerca, estudiaban juntos y todos los días hacían el recorrido a la escuela. Ambos fueron secuestrados el viernes, a eso de las 7 horas.

Los cadáveres fueron localizados este domingo en un área rural de San Raymundo, a 34 kilómetros de la ciudad capital. Estaban juntos, entre costales, atados de pies y manos, con señales de violencia.

La Policía Nacional Civil (PNC), cree que fueron estrangulados, colocados en los costales y abandonados en ese lugar. Un nombre sale a relucir porque estaba anotado en  los sacos, Yohana López.

Uno de los menores vestía un pantalón azul y sudadero negro, mientras que el otro tenía una pantaloneta azul, calcetines blancos y suéter negro.

Fueron identificados como Carlos Daniel Xiquin, de 10 años, y Óscar Armando Top Cotzajay, de 11 años, este último reconocido por su abuela Marina Canel Pirir.

Vamos a la escuela

Salieron de sus casas como los hacían todos los días, caminaban hasta llegar a la escuela, querían ser profesionales. Un carro negro se les atravesó en el camino.

“Les doy jalón a la escuela, suban”, les dijo un hombre, ellos accedieron porque en la comunidad todos se conocen y es raro que ocurra un hecho de violencia.

Ese viernes no volvieron a casa después de estudiar. ”Los niños fueron secuestrados por un hombre que conducía una Tacoma -picop- negra, les estaba dando jalón a la escuela”, narró Canel Pirir.

Sonó el teléfono a las 2 horas del sábado, era del número de Óscar, una voz ronca, a gritos, exigía Q1 millón para dejar libres a los menores. La voz advertía que de no pagar ese dinero iban a asesinarlos.

La familia afirmó que no tienen trabajos estables y que tampoco poseen esa cantidad de dinero. Otra llamada llegó, ahora pedían Q200 mil.

Las familias suplicaron que les dieran tiempo para juntar esa cantidad. Lo último que escucharon fue que no había más tiempo y que los iban a matar.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han comenzado una investigación con las pistas encontradas junto a los cuerpos. Del carro negro aún no se saben más detalles.

Bvoluntarios localizan en el km 33 de San Juan Sac a San Raymundo a dos Niños fallecidos dentro de costales pic.twitter.com/yBlJ3BdbJc

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 12, 2017

Entre los más recientes estaba la localización de droga dentro de dulces en su aparente envoltorio original. Ahora encontraron sustancias en paquetes de gelatina.

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) coordinó desde la madrugada de este martes un procedimiento en las instalaciones de una oficina de servicio de trasporte de encomiendas, Combex, en la zona 13, en donde un paquete dio positivo.

Al inspeccionar el contenido, encontraron varias cajas con bolsas de gelatina, que en realidad contenían cocaína.

El 20 de enero pasado la Fiscalía logró como positiva una diligencia de inspección en Combex. Al realizarla detectaron que una encomienda que iba dirigida a Estados Unidos.

El hallazgo fue de 61 bombones que aparentaban estar en su paquete original, pero los dulces contenían cocaína.

Delitos en el aeropuerto

Julia Barrera, vocera del MP, refirió que la agencia fiscal que opera en el Aeropuerto Internacional La Aurora, atiende de manera inmediata cualquier ilícito que se cometa allí y de acuerdo con el tipo de diligencia que se realicen remite el caso a la fiscalía correspondiente.

“Por ejemplo si hay persona que lleva sustancia ilícitas procesan la escena y remite el caso al fiscalía de narcoactividad, si la persona llevaba dólares procesa la escena, y la remite la fiscalía de lavado de dinero”, aseveró.

Comentó que de mayo al 31 de diciembre del 2016 se detuvieron a 36 personas, por pretender viajar con sustancias ilícitas o que llevaban más de US$10 mil sin haberlos reportado.

Además fueron detenidas 18 personas que pretendían viajar con documentos  falsificados.

Barrera comentó que entre el dinero incautado se encuentra US$ 519 mil 943.72, así como otras monedas.
Indicó que se han incautado, una cantidad sin especificar, de sustancias ilícitas, entre ellas 77 capsulas expulsadas de cuerpo humano, así como  heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

También se incautaron dos armas de fuego sin registro,  572 municiones y joyería varia.

De acuerdo con Carolina Miranda, titular de la Dirección de Migración General (DGM), ya se recibió la primera entrega de libretas de pasaportes, pero está en marcha un procedimiento interno para comenzar la entrega.

La funcionario confirmó que la primera semana de enero llegaron 24 mil cartillas, las cuales corresponden a la primera entrega de cinco que debe hacer la empresa adjudicada, sin embargo, será a partir de abril que comenzarán a utilizarlas cuando ya tenga 100 mil.

La DGM decidió que, mientras recibe todas las libretas compradas, continuarán con la entrega de una calcomanía para las personas que tienen vencido su pasaporte, la cual tiene validez por un año.

“Con esta primera entrega esperamos que se vaya mejorando, no obstante que en Guatemala no hemos tendido una crisis seria, pero estamos en proceso de ir normalizando la entrega de cartillas”, comentó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, a cuya cartera corresponde Migración.

Miranda refirió que en total son 500 mil libretas y que, en la segunda entrega, será en febrero por ocho mil cartillas y  para marzo la tercera por 30 mil.

En la cuarta se esperan 100 mil y para la quinta 338 mil. Refirió que con estas cartillas se esperan tener abastecimiento para un año.

La compra

El 17 de noviembre del año pasado la DGM adjudicó la compra de 500 mil cartillas para pasaportes ordinarios. La compra fue a la empresa alemana Bundesdruckerei Gmbh.

La entidad gastó Q10 millones 785 mil en la adquisición por excepción, luego de la aprobación de una iniciativa de ley de emergencia por el Congreso, ante la carencia de cartillas.

Desde enero del año pasado la Dirección advirtió de las pocas cartillas que poseía, al mismo tiempo que realizaron varios concursos de licitación, sin que ninguno tuviera éxito.

El regreso a clases fue anunciado desde los primeros días del mes por el Ministerio de Educación para este lunes 16, y con ello el incremento del tránsito.

Desde noviembre del año pasado la afluencia vehicular disminuyó cuando el ciclo escolar concluyó, los capitalinos tuvieron un respiro de unos 50 días con más fluidez en la circulación.

La Policía Municipal de Tránsito estima que a diferencia del año pasado, este 2017 habrá unos 80 mil automóviles más, por lo que esperan un millón 50 mil circulando en la capital.

Para evitar llegar tarde a su lugar de destino, el intendente de tránsito Amilcar Montejo, recomendó salir 15 minutos antes de sus hogares.

Refirió que al tránsito se suman mil 100 autobuses, ya que en el departamento hay más de 300 centros educativos, más el ingreso masivo de municipios o ciudades aledañas.

“De los un millón 50 mil vehículos, estamos hablando que entre el 65% y el 70% vienen de afuera, entonces quienes nos debemos preparar somos los que vivimos afuera para poder entrar a la ciudad”, aseveró.

Refirió que la verdadera complejidad se tendrá a partir de la segunda o tercera semana de febrero, cuando se esperan alcanzar los un millón 75 mil automotores, porque es cuando se formaliza el ingreso de las universidades.

Vamos a clases

En un recorrido de Prensa Libre se verificó que en los centros educativos de la capital los estudiantes ya retornaron a clases.

En las escuelas y algunos colegios los padres de familia llevan a sus hijos a clases, mientras que en otros puntos los buses escolares trasladan a los educandos.

Uniforme, mochila, útiles y lonchera son algunos de los implementos fundamentales de los estudiantes en el regreso a clases 2017.

Las primeras versiones de los montañistas y rescatistas que encontraron los cadáveres, fue que la temperatura durante la noche del sábado llegó a los cero grados centígrados.

El mal clima habría causado la muerte de tres escaladores por hipotermia, como se manejó en una primera versión, ahora, el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalla que las otras víctimas murieron por golpes en el cuerpo.
 
De los seis escaladores, Joselyn Yajaira Roldán Velásquez de 21 años; Lucía Jhire Sánchez Sarceño, 19, y Francisco Javier Velásquez González, 33, murieron por hipotermia, según el Inacif.

El médico, Áxel Rubén Carranza Enríquez, 47, murió por un edema pulmonar -acumulación anormal de líquido en los pulmones-, Jennifer Nimcy Ibania Marroquín Rivera, 20, por golpes en la cabeza y Bani Magdiel Marroquín Rivera, 34, golpes en la cabeza.

Un rescatista contó el día del rescate que “las tiendas de campaña que llevaban –los montañistas–, fueron levantadas por el viento y quedaron desprotegidos”.
 
La información de los bomberos detalla que los turistas comenzaron a subir a las 11 horas del sábado, pero el fuerte viento y el descenso de la temperatura complicaron su estadía en la cumbre.

• Lea tambien: Yajaira Roldán y Lucía Sánchez, las atletas que fallecen en Acatenango

Los vecinos de la finca San Sebastián observaron mochilas y otros artículos de los montañistas en el camino, por lo que hicieron el llamado a los Bomberos Voluntarios, quienes desde temprana hora de este día comenzaron la búsqueda.
 
La tragedia enluta a varias familias luego de conocer que sus seres queridos habían muerto en su intento de vencer un reto al escalar el coloso ubicado entre Chimaltenango y Sacatepéquez.

Investigadores indican que este año no hubo repunte de secuestros, gracias a que mejoró el trabajo de  inteligencia, lo cual ha permitido la detección rápida de  redes criminales.
Según las autoridades, las bandas de plagiarios están integradas por entre cinco y siete personas, aunque hubo casos en  que se detuvo a 12 miembros de una misma estructura.

Expertos afirman que entre los capturados casi siempre figura algún familiar de la víctima, que es quien da la información.

El subdirector de Investigación Criminal, Stu Velasco, indicó que los rescates que exigen los criminales oscilan entre Q500 mil y Q1 millón, aunque nunca obtienen lo que piden, gracias a la intervención policial. “Se debe tener cuidado con la información financiera que se proporciona entre la familia, como una medida de prevención”, advirtió.

Añadió: “La gente se arriesga. Los motiva el interés económico, creyendo que tendrán mejores ingresos, pero no saben que ahora se tiene mejor inteligencia y las sentencias de los tribunales son más grandes”.

La Fuerza de Tarea Comando Antisecuestros del Ministerio de Gobernación y de la PNC registra que los plagios muestran  reducción desde el 2008, cuando se registraron 213, y en el 2016 fueron 28. 

De acuerdo con César Estrada, jefe de la Unidad contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el año recién pasado recibieron aproximadamente cien denuncias, aunque no todas eran reales; la mayoría son  adolescentes que tienen problemas con sus padres, discusiones de pareja,  simulaciones de secuestro, migrantes privados de libertad en su trayectoria hacia Estados Unidos o personas en estado de ebriedad que desaparecen por varios días.

Ronaldo Leiva, consultor en seguridad y defensa, señaló que el secuestro se practicó durante el conflicto armado, con  rentabilidad de tipo político-económico, y después de la firma de la paz  quedaron ciertas organizaciones dedicadas a cometer plagios y  al mismo tiempo  a efectuar rescates.

Agregó que con el tiempo la exposición de las bandas fue mayor y  la rentabilidad bajó, por razones varias, como la logística.

Afectados

Datos de la PNC y del MP sobre  flagelo en  el 2016.

• Según las autoridades, 28 personas fueron rescatadas.

• Se reportaron nueve simulaciones de plagio.

• Se registraron  tres víctimas  fallecidas y una desaparecida.

• Según la PNC, hubo  92 detenidos. MP reporta 68.

Pese a que la depresión y la ansiedad son padecimientos frecuentes en el país, existe una debilidad en la atención debido a la falta de personal especializado que atienda a toda la población en el área de salud pública.

En el mundo, casi una  de cada 10 personas padece un trastorno mental, pero solo el uno por ciento del personal sanitario mundial presta sus servicios en la esfera de la salud mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Casi la mitad de la población mundial vive en países donde hay menos de un psiquiatra por cada 100 mil habitantes”, cita un informe de la institución.

En el caso de Guatemala, la debilidad es fuerte, ya que solo 108 profesionales están activos en la Asociación de Psiquiatras de Guatemala. Enrique Mendoza, director del Centro de Atención Integral de Salud Mental, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estima que la cifra total no supera los 150.

Otro problema que redunda en la falta de atención psiquiátrica a la población es que el 30 por ciento de los profesionales son mayores de 50 años. Irma Pérez, jefa del Departamento de Programa de Descentralización del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, asegura que un buen grupo de psiquiatras ya está jubilado y la gran mayoría no está dispuesto a trabajar en la provincia por falta de incentivos.

Según el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud, en la red hospitalaria en la provincia laboran nueve psiquiatras —uno en Petén, dos en Quiché, uno en Retalhuleu, dos en Chimaltenango, uno en Santa Rosa y dos en Jutiapa—. Mientras que en el Federico Mora tienen 14, entre ellos el director y subdirector.

Pérez refirió que hay otro psiquiatra en Sololá que no reporta Salud.

Sin atención

La OMS estima que para 2020  la depresión será el segundo padecimiento más prevalente de todas las enfermedades, y en el 2030 será la primera.

Para Mendoza, la morbilidad más frecuente es un trastorno mixto de ansiedad y depresión, luego siguen los trastornos de ansiedad, depresivos y la  bipolaridad.

“O sea que el trastorno del estado del ánimo es una de las enfermedades que más requiere atención en los años venideros”, indicó.

Las causas, según el profesional, son los problemas medioambientales, sociales, de violencia, de desintegración familiar así como a factores  laborales y sentimentales; las mujeres son las más vulnerables.

Ninette Alburez de Von Ahn, coordinadora del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud, señaló que trabajan para   fortalecer el primer y segundo nivel de atención para que en los puestos y centros de salud, que no cuenta con personal especializado, identifiquen de manera temprana a una persona con un trastorno mental o que esté predispuesto a padecerlo. “Y entonces desde la localidad y la comunidad se pueda intervenir sin necesidad de subir a un nivel de atención más alto. Ahora si tuviera necesidad, se tiene que referir”, indicó.

Agregó que se busca descentralizar y desinstitucionalizar a todos los pacientes de salud mental, ya que ahora se concentran en el Federico Mora.

Alburez comentó que en un mapeo  les reportaron que los psiquiatras que se encuentran en la provincia solo atienden discapacidad mental, no trastornos, pero en algunas áreas de salud dan cobertura en psicología y unidades de salud mental.

Explicó que el trastorno mental es un conjunto de síntomas y signos que hacen reconocer a una persona con una dificultad en el área emocional, psicosocial, familiar, laboral; y la discapacidad es una secuela o una consecuencia de un trastorno  mental, por ejemplo la depresión o el alcoholismo, que están muy asociados.

Resaltó que en el programa se trabaja con otras instituciones en la iniciativa de salud mental para fortalecer la atención y descentralizarla.

IGSS cuenta con cuatro programas

Enrique Mendoza, director del Centro de Atención Integral de Salud Mental del Seguro Social, comentó que tienen cuatro servicios —consulta externa, hospitalización, emergencia y hospital de día—. Agregó que en el 2016 registraron 48 mil 804 consultas en los cuatro servicios, de las cuales casi 43 mil corresponden a consulta externa. En este servicio el paciente  recibe tratamiento, proceso psicoterapéutico y medicamentos.

“Tenemos hospitalizados 468 pacientes, emergencia ha asistido a dos mil 726 pacientes y el resto está en los otros servicios”, aseveró, e indicó que el 30 por ciento de los pacientes son de la provincia, a quienes les brindan transporte.

Añadió que aunque los servicios especializados están centralizados, las otras unidades de atención en la capital y los departamentos tienen unidad de psicología.

Agregó que entre los trastornos más frecuentes que atienden están: depresión, ansiedad, trastorno bipolar y los relacionados con bebidas alcohólicas.

En la actualidad, el centro cuenta con 15 psiquiatras profesionales. El Seguro Social tiene una escuela de postgrado que forma a profesionales de esta rama de la salud.

Atención pública

• El Hospital Federico Mora atiende en promedio  entre 150 y 200 pacientes cada día en la consulta externa. Tiene hospitalizados entre 330 y 350.
• El presupuesto que se asignó para ese nosocomio en el 2016 fue de Q53 millones y se logró una ampliación de Q6 millones.
• El hospital  cubría el 80 por ciento de los medicamentos a los pacientes de consulta externa, pero debido a la crisis que hubo en Salud dejó de hacerlo. Ahora se cubre menos de la mitad.
• La especialista Irma
• Pérez señaló que  los programas de salud metal en
• el país tienen atención alta, pero no propiamente
• psiquiátrica, sino psicológica.
• Pérez explicó que los psiquiatras son especialistas médicos y normalmente trabajan en áreas de salud hospitalaria, y los del sistema público también se forman en atención psicosocial y psiquiatría infantil y comunitaria.

Aunque algunas entidades como el Seguro Social, la Superintendencia de Administración Tributaria y Universidad de San Carlos han adoptado el CUI para efectuar ciertos trámites, existe desconocimiento entre trabajadores, ya que por ejemplo en el área de emergencia de la zona 9 del Seguro Social empleados refirieron que no han sido notificados del  cambio, pero que allí atienden a las personas sin el documento personal de identificación (DPI) o carné por la atención que brindan.

El Seguro Social publicó este lunes en el Diario Oficial que a partir del 1 de enero adoptaron como único número de identificación para afiliados y sus beneficiarios y pensionados el CUI, el cual servirá para realizar solicitudes y trámites de prestaciones y administrativos.
https://twitter.com/IGSSGT/status/810263295936630784

En  oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria de la zona 9 se indicó que continúan los procesos como siempre lo han hecho, es decir identificar a la personas por el CUI y el NIT para los trámites con el ente recaudador.

Carlos Narez, vocero del Registro Nacional de las Personas (Renap), confirmó que son varias las entidades que han adoptado el CUI, pero que en el transcurso de este mes se podrán comprobar quienes lo han implementado.

Aclaró que el Renap desde hace un año y medio comenzó a solicitar y recomendar a las distintas instituciones sobre la adopción de CUI, los cual permitirá una interoperabilidad en todas las entidades para informar y compartir información, como ahora sucede con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Policía Nacional Civil.

Recibirán impresora

Para mañana martes se tiene previsto que el Renap reciba la impresora adquirida a la empresa Documentos y Soluciones de Identificación S.A. (Dosolid).

La configuración del equipo podría tardar  48 horas  y se prevé que a partir del próximo lunes comience la impresión, a una velocidad de hasta 150 mil DPI al mes.

El Renap recibe en un mes hasta 80 mil  solicitudes de primer DPI o reposición.

Los datos de ese centro asistencial revelan que la atención a personas con intoxicación alcohólica fueron las que más repunte tuvo con 24 personas, a diferencia de una el año pasado.

Por causa del alcohol también llegaron 78 pacientes con trauma craneoencefálico, por caídas o golpes al estar en estado de ebriedad.

El Director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, recomendó a los adultos que moderen el consumo de bebidas alcohólicas. “Hubo varios ingresos de personas intoxicadas y con traumas craneoencefálico, los cuales pueden provocar la muerte e implica gasto de insumos”.

Otra cifra que alarmó a los médicos y enfermeras de turno fueron las personas atropelladas, que suman 91 y en 2015 hubo 86. Al mismo tiempo que los heridos en accidentes de tránsito con 39.

Por trauma derivado de una caída, golpe o impacto en una superficie sólida, registraron a 103 personas, mientras que la navidad pasada fueron 45.

Los datos contemplan los días 23, 24, 25 y 26 de este mes, fechas en las que el hospital mantiene un sistema de prevención ante cualquier incidente.

Otra de las causas por las que ingresaron al Roosevelt fue por herida corto contundentes, en esa situación se presentaron 67 personas, tres menos que el año pasado.

En los casos figuran cinco con heridas por arma blanca y ocho quemados.

Resaltó que hubo también varios casos de accidentes de tránsito y atropellados, pero indicó que le sorprendió que hubo menos heridos por arma de fuego ya que reportaron cinco casos en dicho período e incluso el 26 de diciembre solo hubo uno, por primera vez.

Menores

El Director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, hizo un llamado a los padres de familia para que cuiden a sus hijos, ya que del 24 al 26 de diciembre se registraron 21 casos de niños con quemaduras a diferencia del 2015 que tuvo 12.

Las caídas también aumentaron, 37 menores llegaron con fracturas, mientras que en la misma fecha del año pasado fueron 26.

“Los papás que son los responsables absolutos sobre los problemas que puedan tener sus niños, entonces evitar dejarlos solos con juegos pirotécnicos y cerca de  agua caliente y que los cuiden más porque se cayeron cuatro niños, de dos pisos, y de esos fallecieron dos”, aseveró.

El director afirmó que para el próximo año espera recibir los fondos estatales a tiempo, para de esa forma poder abastecer el hospital con los insumos médicos y otros necesarios para el funcionamiento.

El mayor de los Bomberos Municipales Héctor Chacón, Santa Claus, es el encargado de mantener la tradición que por 20 años han mantenido, dejando felicidad y un regalo a los menores.

Con gritos de alegría, niños y adultos que viven en tres asentamientos en la zona 6 capitalina recibieron este domingo al  Santa Claus, personaje representativo de la víspera de la navidad.

El Mayor Chacón, quien en enero cumple 71 años de edad, es quien se disfraza todos los años para cumplir con lo que considera es “un compromiso con los niños”.

En esta ocasión, el salto fue desde el puente Las Vacas, en la calzada La Paz, zona 5, estructura donde antes pasaba el ferrocarril y que está a un costado del puente Belice.

Los beneficiados fueron unos 500 niños de los asentamientos Jesús de la Buena Esperanza, Colonia La Paz y Finca El Carmen.

Los regalos entregados fueron recolectados por los bomberos, aspirantes y la familia de Chacón, quien por su edad está considerando heredar la tradición a algunos de sus dos hijos, también bomberos Municipales.

Su agresor no fue denunciado en su momento por temor a que fuera a terminar preso y porque era la única persona que llevaba el sustento económico a la familia; pero igual, él huyó de la comunidad y los abandonó.

La madre de la niña defiende al padrastro al decir que quien la violó fue el novio de Carmelinda, a quien no conoce ni sabe su nombre. Ese caso está en investigación, como muchos tantos.

Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), explicó que se trata de una familia que vive en pobreza en una comunidad de Quiché, con cinco hijos, y dos no son del agresor. “En realidad, como la mayoría de casos de violencia sexual, la madre se entera de que la niña está embarazada cuando tiene 31 semanas de gestación”, aseveró.

Refirió que ese caso, como otros, no avanza en Quiché, a diferencia de otros departamentos, como Huehuetenango y Totonicapán.

Hasta ahora la menor sigue en su casa, sin que las entidades correspondientes le den seguimiento a su caso, como por ejemplo darle una beca para que siga sus estudios, ya que solo tiene cuarto primaria, o brindarle  capacitación para que aprenda un oficio.

La historia de Carmelinda es una de las tantas que existen en el país de niñas a las que se les ha robado su derecho de disfrutar su infancia y se les ha obligado a enfrentar la vida con un niño en brazos, al que también se le condena a una vida precaria y con pocas oportunidades al ser hijo de una pequeña que no ha desarrollado su proyecto de vida.

De enero a julio del 2016, el Registro Nacional de las Personas (Renap) daba cuenta de mil 103 nacimientos de madres de 10 a 14 años. El año pasado fueron dos mil 786.

Los casos de niñas embarazadas a temprana edad producto de violación siguen en aumento. Según el Sistema de Información Gerencial de Salud del Ministerio de Salud, hasta el 19 de noviembre se reportan cuatro mil 662 casos, mientras que el 2015 fueron en total seis mil 523. En este año, que aún no termina, se superan los casos del 2015 en niñas embarazadas de 10 años ya que van 41,  y 91 en menores de 11 años, en tanto el año pasado fueron 27 y 82, respectivamente.

Rubén Herrera, jefe de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, refirió que según el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (Sicomp), durante el 2015 se reportaron cuatro mil 927 denuncias por violación, violación agravada y violación por circunstancias especiales, mientras que en este año se reportan cuatro mil 377. Los departamentos con más casos  son Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quetzaltenango. Respecto a detenciones, en el 2015 se reportaron 627 y en este año van 495, en tanto en condenas se han emitido 540 en el 2015 y este van 505.

Al gestionar información específica sobre menores de 13 a 17 años embarazadas por violación,  el MP reporta cinco denuncias del 2015 y 238 hasta el 11 de noviembre, así como siete detenciones y una sentencia.

Herrera refirió que la mayoría de casos se clasifica por violación en sus diferentes modalidades, pero si las menores están embarazadas se incluye después en el expediente.  

En la Fiscalía de la Mujer indicaron que cuando los agresores de las niñas son familiares, en ocasiones  las madres esconden a las menores o  se retractan por temor a quedarse sin el proveedor del hogar o por el miedo al qué dirán, lo cual incluso dificulta las capturas.

Herrera refirió que en esos casos, aunque las familias se retracten, si son menores de 14 años la investigación continúa. En los expedientes de las mayores de 14 es difícil, porque si ellas dicen que el embarazo se dio con su consentimiento, no puede perseguirse. Agregó que tienen muchos casos en los que el padre o un conocido ha violentado a varias niñas, pero no lo denunciaron, y cuando hay alguna que se atreve acuden las otras a la Fiscalía,  incluso ya con más de 20 años de edad.

Delitos cometidos

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, refirió que según un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,  el 88 por ciento de los delitos denunciados contra personas menores de edad durante el 2009 ha quedado en la impunidad, y en el 2010 la Unicef indicaba que el 98 por ciento de delitos  contra niños y adolescentes queda de manera similar. Señaló que se debe erradicar la creencia que tienen algunos  padres de que  porque son sus hijas él debe ser la persona con quien tengan relaciones sexuales por primera vez. No se puede hacer solo con la ley,  son necesarias  campañas educativas, dijo.

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), resaltó que el 90 por ciento de las extorsiones son planificadas desde los centros carcelarios del país y existen personas intermediarias afuera que las controlan y coordinan, y que para ello utilizan a mujeres y menores.

Refirió que muchos se involucran por voluntad, porque familias completas han integrado las pandillas, o que algunos son obligados, y considera necesario denunciar esos ilícitos.

“Al hablar de pandillas y de extorsiones, hablamos de crimen organizado, el cual ha tenido la capacidad de contaminar las instituciones del mismo Estado, entonces se debe hacer una investigación de inteligencia también para determinar si en estas redes criminales hay personas que ejercen una función y que se desarrollan dentro del mismo Estado, para obtener lucro o lavado de dinero”, indicó.

El experto señaló  que muchas veces los menores de edad y mujeres no tienen conocimiento profundo de la organización, solo obedecen órdenes, y al momento de la captura no proporcionan información y los que están involucrados tampoco, por ello considera que deben utilizarse métodos especiales para llegar a los cerebros de las redes. Enfatizó que se debe ejercer el control total de las cárceles y establecer mejores mecanismos para erradicar este flagelo, así como implementar mejoras para los custodios penitenciarios.

Acuña resaltó que hay errores que se deben corregir, por ejemplo el informar que al día siguiente se continuaría con los operativos, porque con esto se alertó a los cabecillas para que escaparan o se ocultaran. “El crimen organizado tiene capacidad reorganizativa a corto plazo. A estas alturas ya están pensado quién va a sustituir a esta persona. Creo que debe ser un trabajo constante”, refirió.

Hasta octubre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo 635 necropsias a mujeres. El 68% de las causas de muerte fueron por arma de fuego, segundo heridas de arma blanca y la lista de completa con asfixia, estrangulación, incluso decapitación.

La violencia sexual también es un problema latente, según el informe presentado este miércoles por la Procuraduría de Derechos Humanos, que resalta seis mil 415 reconocimientos de delitos sexuales contra las mujeres, de acuerdo a evaluaciones médicas.

El grupo entre 13 a 17 años es el más vulnerable, según estadísticas. Mujeres entre 18 a 29 años ocupa la segunda posición entre las víctimas.

Este año las denuncias de violencia contra la mujer se ha incrementado, de 45 mil 100 el año pasado a 56 mil en 2016.

Para la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, uno de los mayores problemas es la explotación sexual a la que se someten muchas de las mujeres reportadas como desaparecidas.

Este año 402 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y solo 18 fueron localizadas.

Hilda Morales, procuradora adjunta de @PDHgt, indicó que hasta octubre se reportan 402 mujeres desaparecidas y 18 localizadas. pic.twitter.com/kKkSmocxfx

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) December 7, 2016

ida por los trabajadores que se dirigían a distribuir la comida a los pacientes cerca del mediodía. Se quejaron de que eso implicaría más trabajo  para trasladar los carros con comida.

En tanto la empresa encargada del mantenimiento recibía la orden por escrito, se habilitó un ascensor para el traslado de  alimentos.

Antes del cierre, los socorristas acudieron en dos oportunidades, debido a que varias personas  habían quedado atrapadas. Por ello decidieron colocar cintas amarillas para prevenir otros incidentes.

El pasado 29 de noviembre, una paciente y personal de enfermería  quedaron atrapados por más de cuatro horas en un elevador de carga, caso que ahora el Ministerio Público (MP) investiga por la muerte de la mujer que era trasladada.
Ese problema que ahora afronta el mencionado hospital es  reflejo de que la crisis en Salud persiste.

Érick García, gerente técnico de Ingeniería Universal, S. A. (Inuversa), comentó que ellos atienden ocho de los elevadores que “medio funcionan” en el  San Juan de Dios, los cuales tienen  rango de fatalidad de 88 y 97.6 por ciento; es decir, el porcentaje de riesgo que tiene una persona que usa un elevador de sufrir un accidente.

Juan Antonio Villeda, director del centro médico,  indicó que tomaron “una decisión drástica” para garantizar la vida e integridad física del personal y de los pacientes.

“No podemos seguir utilizando esos elevadores. Es una decisión dura, es una decisión difícil, pero no tenemos otro camino”, aseveró, y explicó que la rampa es la única solución que tienen por el momento.

La medida la tomó luego de  haberse reunido con los encargados de la empresa que brinda mantenimiento, quienes le informaron que desde hace varios años han  reportado a la dirección del nosocomio que esos elevadores ponen en riesgo al personal y a los pacientes.

Aníbal Flores, del sindicato de trabajadores, aseveró que esa medida afecta a los empleados, porque deberán hacer mayor esfuerzo para trasladar a los pacientes, quienes son los más perjudicados  ya que muchos deberán ser movilizados en camillas con ventilación mecánica.

“Imagínese el tiempo que se lleva  el traslado. Se puede provocar un paro cardiorrespiratorio…  Además, los médicos están expuestos a demandas en caso de que un paciente muera o haya algún daño colateral por el traslado  en las rampas”, dijo.

Al consultar al director sobre una citación que se dio en el Congreso en la cual le increparon que no hizo nada cuando fue viceministro de Salud, refirió que su función no era esa. Admitió que no sabía de otro incidente en  elevadores  de maternidad ocurrido el mismo  día en que murió una paciente.

El gerente técnico de Inuversa manifestó que hace dos años, en dos elevadores, se dieron  fallas que hicieron que las máquinas se estrellaran en la terraza, pero  afortunadamente no transportaban a nadie.

Aseguró que ninguno de los elevadores funciona adecuadamente, ni eléctrica ni mecánicamente, ya que son demasiado antiguos y aunque los repuestos se importaban de Estados Unidos, debido a que la fábrica dejó de producirlos han tenido que comprarlos en otros países. Resaltó que   la cabina  y las plataformas son de madera y tienen polilla, por lo que es necesario renovarlos.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó el informe de las entidades de la administración central, en el que destaca que la mayoría no brinda datos al público.

Se trata de 14 ministerios, dos comisiones y cinco oficinas, fondos y defensorías, que cumplen “de forma ineficiente la Ley de Acceso a la Información”.

Además la PDH verificó de forma complementaria a la Presidencia, Vicepresidencia y 16 secretarías del Organismo Ejecutivo.

Violeta Mazariegos, defensora de la PDH, señaló que en el pago de recursos humanos, las instituciones no tienen completa la información.

Mazariegos argumentó que algunas instituciones han mejorado la publicación de datos de pagos de salarios, aunque muchos siguen sin revelarlo.

La modalidad empleada fue por medio de una supervisión en los portales electrónicos institucionales y verificación de datos del Sistema de contabilidad Integrada (Sicoin).

Las entidades deben tener publicados los datos sobre remuneraciones de salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y otros ingresos que perciban los trabajadores.

Aunque en el proyecto de presupuesto para el 2017 el Ministerio de Salud Pública ha incrementado los recursos que solicitó para la adquisición de productos farmacéuticos y médicos así como otros relacionados a insumos, los cuales servirían para atender el desabastecimiento que  existe este año  año,  en el proyecto también crecieron otros rubros de los cuales no queda claro su destino.

No tanto por la cantidad de dinero, sino por el crecimiento que representan respecto del presupuesto asignado en el 2016, sobresalen los gastos bancarios, comisiones y otros, la impresión, encuadernación y reproducción, servicios de atención y protocolo, y el  pago para vigilancia.

Para el próximo año, el proyecto que se presentó ante el Legislativo tiene un crecimiento del 23.27 por ciento, ya que suma Q1 mil 287 millones 404 mil 711 más que lo asignado el año pasado. En la propuesta se prioriza el área administrativa, y para inversión solo se destina el 2.96 por ciento.

Se buscó la versión oficial para aclarar rubros como  comisiones y otros pagos, pero en Comunicación Social se informó que el dato no se obtuvo con el área financiera.

Lea además | En qué gastará el Congreso Q767.9 millones (Q70 millones menos que en 2016)

Un estado de Excepción para que el Ministerio de Comunicaciones gestione los recursos necesarios para intervenir en la recuperación del Puente Belice, destaca en la resolución 002-2016 de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El documento, divulgado este viernes por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), señala que el puente “requiere de acciones de mantenimiento, rehabilitación y/o readecuación estructural de manera urgente”.

La Conred recomienda el mantenimiento inmediato a la estructura y al Ministerio de Comunicaciones que “intensifique el control de peso para transporte pesado”.

El informe, elaborado por el Consejo Científico de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Conred también recomienda a la Municipalidad de Guatemala un “análisis social del asentamiento humano ubicado bajo el Puente Belice para su reubicación en otro sitio”.

La Conred también incluye en sus conclusiones que las instituciones, públicas y privadas, “contemplen un análisis y estudios de vías alternas que permita que el tránsito vehicular fluya”.

La resolución se hizo en base a los informes presentados por ingenieros de la universidad Mariano Gálvez, luego de una serie de pruebas y diágnosticos a los que se sometió la estructura.

Detalles del informe

La resolución 002-2016, emitida por la Conred el 25 de agosto de 2016, recomienda:

• Que la Conred proponga ante el Ejecutivo la atención urgente el Puente Belice y se emita una declaración del estado de Excepción contemplada en el artículo 139 de la Constitución y en el 8 de la Ley de Orden Público.
• Que el Ministerio de Comunicaciones gestione los recursos necesarios para llevar a cabo trabajos de rehabilitación y readecuación estructural.
• La Municipalidad de Guatemala y/o las instituciones que compete, realicen un análisis social del asentamiento humano ubicado bajo el Puente, para su reubicación en otro sitio.
• Los órganos y entidades públicas y privadas contemplen un análisis y estudios de vías alternas que permita que el tránsito vehicular fluya de y hacia el área metropolitana y ruta al Atlántico.

Las entrevistadas refieren que muchos niños y adolescentes que son institucionalizados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción para supuestamente mejorar sus proyectos de vida, resultan con problemas agudizados.

Las tres jóvenes —aunque solo una lo admitió— tienen en común haber sido abusadas sexualmente, así como haber infringido leyes, lo cual las condujo al refugio.

Se fugó varias veces

Carmen López —nombre ficticio—, se escapó seis veces del hogar. “Mi mamá está en la cárcel, yo tuve problemas con mi abuela, me fugué de mi casa y después me fui para la zona 1 a molestar y pasó un accidente, entonces me atrapó la Policía y llamaron a mi abuela y dijo que ya no quería que estuviera con ella. Me llevaron al Hogar Seguro el 26 de diciembre del 2014. Me pasaron a Princesitas, tenía 12 años, todo estuvo bien y cuando cumplí 13 me mandaron para Mi Hogar y fue lo peor para mí ese año”, manifestó.

“Me pasaron al módulo 2, allí estuve tranquila. Le soy sincera, sí tuve novia, pero no me importó, la dejé. Después,  agarré los caracteres de otras, de que planchás, o sea te subís a los techos”, dijo.

Afirmó que en el hogar se fomenta el lesbianismo y recordó que el 15 de mayo pasado  distrajo al delta —policía— para que algunas se escaparan, ella no lo hizo; se quejó que cuando el policía la detuvo le manoseó los pechos y la monitora no le dijo nada a él.

Señaló que hay agentes que las golpean y  que   algunos procuradores se preocupan por ellas.

Se tocó el tobillo derecho mientras recordaba  otra fuga: la  vez que se dobló el pie. Relató que escapó con dos compañeras y fueron capturadas en Sololá, donde una de ellas buscaba a su mamá. Indicó que no le colocaron yeso y le dieron muletas gracias a un delegado de la PDH.

Consumía drogas

María Rodas —nombre ficticio— fue enviada al hogar por ser drogadicta y su madre estaba cansada de que se desapareciera. “Cuando estuve allí fue lo peor, fue la experiencia más fea que pude tener, nomás ingresé me pegaron, tuve que aprender a defenderme, allí se entra de todo, hay cocaína, marihuana, teléfonos, dinero… cualquier cosa es pelea, si usted me cae mal yo le pego, si usted tiene zapatos bonitos yo le pego, se los quito y me los pongo”, describió.

Refirió que cuando las monitoras las castigan les ponen penas exageradas como hacer mil sentadillas, la ley del diablo —poner la frente en la pared y quedarse rectas por horas— o caminar agachadas.

Agregó que la comida “es fea” y en ocasiones tenía gusanos y que en los seis meses que estuvo allí vio cómo algunas adolescentes “se metían sexualmente” con maestros de física a cambio de drogas o teléfonos, o con el dinero que les dejaban los padres les pedían marihuana a las monitoras.

“Los deltas son bien abusivos porque llegan hasta a pegarnos, nos patean, nos jalaban del pelo, pero a veces como se cansaban de nosotros, nos dicen te doy una hora y te escapas, dejan el portón abierto y nos dejaban ir, eso fue el año pasado”, indicó, y afirmó que nunca recibió tratamiento por su adicción a las drogas.

De forma reciente, el referido hogar ha sido criticado por las condiciones deplorables en las que viven los menores.

Hasta el 5 de noviembre último, la unidad tenía 127 casos confirmados y  299 sospechosos. Esas cifras superan las del 2015, cuando fueron 83 confirmados y 243 sospechosos.

El departamento que reporta más casos confirmados es Guatemala, 59; sigue Sacatepéquez, 15; Alta Verapaz, 10; e Izabal y San Marcos, siete cada uno, de acuerdo con los datos.

Un reporte de vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, hasta la semana 24 de este año —18 de junio—, registra que a esa fecha hubo dos fallecimientos, en tanto en todo el año pasado se registraron tres. En el informe —que contabilizaba 57 casos confirmados y 84 sospechosos, a la referida fecha— la mayoría de brotes se dieron en niños menores de 1 año.

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales, de la Procuraduría de Derechos Humanos, señaló que hasta junio la cobertura de vacunación no era la ideal, porque para ese mes se esperaba por lo menos el 50% de inmunizaciones, pero se incumplió.
Recordó que según información del Sistema Integral de Atención en Salud, la vacuna pentavalente y rotavirus se había aplicado al 38% de la población menor de 1 año. Mientras que los refuerzos de vacunas, que se deben aplicar a los 2 y 4 años, tenían cobertura menor al 40%.

Refirió que es necesario hablar no solo de las coberturas sino de la importancia del subregistro, ya que muchos casos se tratan como sospechosos pero no se reportan y se quedan en el área o puesto de Salud.

Bebés son vulnerables

A Calderón le preocupa que se trate de niños menores de 1 año, porque quiere decir que no han sido vacunados y de los grandes vienen de los bolsones de años anteriores.

Mario Melgar, de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, señaló que los brotes de tos ferina tienen relación con que se dejó de vacunar a los niños durante los últimos dos años, pero no es la única causa, ya que en el mundo hay un incremento de la enfermedad desde hace 10 años.

Indicó que los familiares transmiten el mal al bebé cuando tosen o estornudan, y que se contagian más los infantes que no han sido vacunados con la pentavalente, quizá porque aún no tienen edad para inmunizarlos, ya que se aplica a los 2, 4 y 6 meses de nacido. Además, se refuerza a los 2 y 4 años. Comentó que con las tres dosis el bebé está protegido.

Melgar señaló que con el tiempo ha bajado la inmunidad de la vacuna, y por ello en algunos países han optado por vacunar a la madre embarazada, para que le transfiera defensas al feto y de ese modo reducir los brotes en los pequeños.

Lucrecia Bosque, coordinadora del Programa de Inmunizaciones, confirmó que el brote ocurre en niños menores de 6 meses, que no están en edad de vacunación o no han concluido el proceso y que a la fecha la cobertura de esta vacuna es del 65%. Refirió que para el 2018 se tiene planificado aplicar la TDAP a mujeres embarazadas.

127
casos confirmados de tos ferina este año.

299
casos sospechosos hasta el 5 de noviembre.

83
casos se confirmaron en el 2015.

25
pacientes se confirmaron en el 2014.

Aunque el cultivo de flores, follajes y plantas ornamentales  no genera grandes cantidades de divisas como otros, sí es un sector que emplea mucha mano de obra calificada.

En dicho sector, productores —pequeños, medianos y grandes— buscan abrir mercados y mejorar procesos para crecer.

Según el Banco de Guatemala, el año pasado se generaron US$95.3 millones en ventas al exterior de este sector, y hasta agosto de este año llevaban US$70.2 millones.

Brigitte Obrock, gerente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que este grupo cuenta con más de 500 especies y tres mil variedades de todo el conjunto de plantas ornamentales, flores de corte y follajes.

Señaló que en el país se producen flores todo el año, pero cuando hay más venta es en las temporadas altas en los países de destino; es decir, Estados Unidos, principal socio comercial, y  Europa.

Obrock  indicó que se estima que el 80% de la producción de este sector se exporta, y el resto se consume de forma local. Según la comisión, se generan alrededor de 15 mil empleos permanentes y más de 60 mil fuentes estables de trabajo —temporales— en donde el 80% son mujeres.

La citada comisión no aglutina a todos los productores del país, ya que hay muchos que son pequeños y medianos que trabajan en lo local o no están asociados.

Para este año Agexport espera cerrar con un crecimiento de entre ocho a 10%, y para el 2017, va por el 12.

Obrock señaló que un reto para el sector es exportar más producto terminado, pues ahora envía mucha materia prima, ya que en Estados Unidos hay barreras no arancelarias que no permiten entrar tierra.

“En Europa no existen, uno puede enviar un contenedor de plantas como producto terminado en una maceta… para Estados Unidos se exporta solo el esqueje (vástago) de la planta que reciben los viveros, lo hacen crecer, le ponen en una maceta y la sacan al consumidor final. El reto sería exportar más producto terminado, porque se vende a más precio”, indicó.

Comentó que las flores y follajes por ser perecederos se mandan vía aérea en contenedores refrigerados, y plantas que van en maceta a Europa, vía marítima. Agregó que en Centroamérica el principal competidor es  Costa Rica.

La diversidad de climas y microclimas del territorio permite cultivar especies nativas y otras introducidas, las cuales se han adaptado con facilidad. Todas  son exportadas en múltiples formas: plantas en medio cultivo, enraizadas y brotados, bulbos, tips, rizomas, acodos o puntas, así como flores cortadas, presentadas en Consumer Bunches o bouquets.

Luis Pacheco, gerente de operaciones de Vita Farms, S.A., ubicados en Villa Canales, comentó que  cultivan  plantas ornamentales para exportación. 

“El 90% del mercado es para Estados Unidos y Canadá. Producimos esquejes para plantas de interior, patio y plantas de exterior; tenemos unas 360 variedad de plantas, empleamos 230 personas en el proceso de producción y exportación”, indicó.

Agregó que el  95% son esquejes sin raíz, y 5% puede ir enraizado para Europa.

Pacheco comentó que el sector de la floricultura es importante para el país porque demanda de  personal calificado  y existen climas que ayudan al cultivo,  lo que considera ha favorecido para que haya inversiones de empresas importantes en el mundo para establecer fincas productoras.

Selvin Navas, gerente de operaciones de  Siembra Visión, ubicada en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, señaló que el 80% de la producción de rosas se exporta  a Estados Unidos y el resto se queda en el mercado local. Comentó que la temporada fuerte para ellos es San Valentín y el Día de la Madre.

Afirmó que el  mercado ha estado difícil porque compiten  con productores  grandes como Ecuador y Colombia, por eso es necesario contar con una buena calidad de producto y una  buena  plataforma de mercadeo. “Si uno cumple con esas dos condicionantes sí se puede competir, aunque no en todo. Hay que cuidar esos mercados”, aseveró.

Agregó que el producto que vende a nivel local es de la misma calidad que el que se exporta, pero  debido a que hay muchos productores que venden solo en lo local  se ven afectados por los precios.
 
Recordó que hace años  existían más empresas, pero  muchas cerraron porque las exigencias de calidad se volvieron más fuertes, por ello es necesario mejorar procesos y reducir costos.

Un productor de Plantaciones Daniela,  en  Tecpán, Chimaltenango, señaló que ellos brindan empleo directo a 170 personas y  se dedican al cultivo de clavel, miniclavel, lirios y gerberas, de  las cuales exportan el 70% a El Salvador.

Según el productor, quien no quiso  ser identificado, el mercado ha topado, porque hay bastante competencia y, por ejemplo, las empresas formales se ven afectadas por las informales que no hacen todos los pagos fiscales. Se quejó de “las trabas arancelarias” a la hora de exportar e importar productos, ya que hay mucha burocracia.

El científico botánico Fredy Archila, quien se dedica a la conservación de la Monja Blanca —flor nacional—,   comentó que en cuanto a la producción de flores para exportación el país tiene un alto renombre en el mundo, como en el caso de las pascuas que durante muchos años fue el principal proveedor para muchos países.

Agregó que en la producción de flores locales se observa mucho esfuerzo, pero debería ser aprovechado por el Gobierno para preservar especies en peligro de extinción.

Se encuentran preparados

Varios productores de pascuas en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, se encuentran preparados para atender la demanda  de la época  de  fin de año, en la que es codiciada tanto nacional como internacionalmente.

Llojan Cachupe, administrador de Cultivos San Miguel,  aseguró que para ellos el proceso inició desde enero.  Agregó que durante el transcurso de la producción  en ocasiones las plantas son susceptibles a plagas y enfermedades de raíz, pero los agricultores aplican los productos necesarios para salvar el negocio.

Refirió que entre las especies existen la pascua silvestre o nativa de  Guatemala, México  y otros países, y la  modificada  genéticamente para obtener la variedad de colores que exigen en el  mercado, por lo que podrían variar a unas  125 especies de diferentes tonos.

María Inés Cruz, encargada de ventas del Vivero Flores del Río, comentó que para este año tienen preparadas unas 10 mil plantas para comercializarlas localmente y unas 30 mil para Centroamérica y México.

Buscan mejorar la producción

Un grupo de 15 microproductores de la aldea Loma Alta, San Juan Sacatepéquez, comienza a unirse en busca de conformar una asociación que les permita mejorar su producción para llegar a otros mercados.

Maximiliano Boror, uno de los floricultores, comentó que en la actualidad comercializan alrededor de 15 mil manojos de crisantemos de variedades y colores distintos a la semana, los cuales distribuyen a compradores de Mazatenango, Huehuetenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz, e incluso algunos los  envían a  El Salvador, Honduras y México.

Otra agrupación que trabaja en la mejora de procesos incluye a  41 productores de la Asociación de Floricultores Sanjuaneros (Asoflorsa), quienes comercializan unos siete mil paquetes de rosas al año, aunque con el nuevo invernadero que implementaron espera producir más de 20 mil paquetes.

En este caso, en la subestación la Policía Nacional Civil de San José Pinula se informó que dos educadores del albergue presentaron la denuncia de la desaparición de los menores, todos hombres, según explicaron, a eso de las 1.50 horas de este miércoles se dieron cuenta que ocho menores de edad escaparon por una pared perimetral.
Las edades del grupo son, dos de 14 años, cuatro de 15, y 2 de 14.

El denunciante explicó que los menores, quienes dormían en el módulo San Lucas, se apoderaron de las llaves para escapar y huyeron del hogar por un paredón.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) confirmó los nuevos hechos en el Hogar.

La casa hogar a cargo de la SBS tiene resguardados a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400 niños y adolescentes.

De acuerdo con la SBS uno de los problemas es que jueces remiten al hogar a adolescentes en conflicto con la Ley Penal, quienes serían los responsables de provocar que otros menores que están internados por medidas de protección escapen, se cree que bajo amenazas. 

Cuarenta abandonan hogar

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se encuentra alarmada porque desde el 15 de mayo último suman 47 los casos de adolescentes que evaden el proceso de protección en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en El Platanar, finca San Antonio, San José Pinula.

La cifra subió porque en las últimas dos semanas escaparon 12 menores, cuatro la semana pasada, y ocho ayer.

Posible explotación sexual

La PDH presentó una denuncia en la Fiscalía contra la Trata de Personas por sospechas que en el hogar podría existir explotación sexual.

.@PDHgt @JDeLeonDuque con personal de Fiscalía de la Niñez del @MPguatemala continúa verificando situación en Hogar Virgen de la Asunción pic.twitter.com/gbpgBV0651

— PDH Guatemala (@PDHgt) November 3, 2016

Testimonio

“La primera vez que nos escapamos fue de noche. Recuerdo que me llevaron a una discoteca. Los conocidos de la persona con que escape me pidieron que entregara una bolsa a unos hombres que abordaban un vehículo frente al lugar. No sé qué era, solo la llevé. Mi compañera me dijo que era droga. La verdad, solo cumplí la orden y regresé”, fue el testimonio de una menor que habló con Prensa Libre y confesó lo que ahí ocurre.

Aunque dijo estar agradecida por el apoyo de la casa hogar, contó que dos veces se escapó, convencida por sus compañeras, para trabajar en un comedor.

“La verdad, solo buscaba huir de mis problemas”, refirió mientras jugaba con una pulsera que llevaba en la muñeca.

[AHORA] Procurador de los Derechos Humanos @JDeLeonDuque da seguimiento a situación de Hogar Virgen de la Asunción pic.twitter.com/MkmmhxU7si

— PDH Guatemala (@PDHgt) November 2, 2016

El pasado viernes la Secretaría de Bienestar Social (SBS) reconoció que tienen limitaciones económicas, sin embargo analizan las alternativas para habilitar una nueva área mientras se atiende la orden judicial.

Mareny Mérida, secretaria de la SBS, refirió que a través de una mesa técnica se analizan para encontrar un lugar adecuado para realizar el traslado de los adolescentes, y se  considera la posibilidad de que puedan permanecer dentro del centro en otras instalaciones mientras se efectúan las remociones.

Afirmó que para el próximo año solicitaron una ampliación presupuestaria de Q75 millones, pero para hacer las remociones requeridas por la jueza deberán gestionarse a través de la coordinación interinstitucional con otros actores.

En cuanto a que se tenga a adolescentes que están bajo la protección de la SBS con otros que han tenido conflicto con ley pero ya cumplieron su sanción, Mérida refirió que “Al Hogar Seguro han ingresado perfiles de menores que han cumplido su sanción en un centro de privación para adolescentes y porque son menores de edad y no han logrado los jueces ubicarlos en la familia y la Procuraduría General de la Nación con su familia nuclear o una familia ampliada, los remite al Hogar virgen de la Asunción, a pesar de múltiples solicitudes de parte de la Secretaria de Bienestar Social para los señores jueces que puedan  considerar otro tipo de familia”, afirmó.

Mérida agregó que las familias de acogimiento temporal ha sido un proyecto que ha reforzado la Primera Dama de la Nación para permitirles permanecer a los menores en una familia que pueda acogerlos en tanto se resuelve su situación jurídica, antes de ser institucionalizados porque no cuentan con más hogares como para hacer esa separación.

“En el hogar tenemos a los niños clasificados por sexo, por edad, mas no podemos tener la separación por perfiles porque es un hogar de protección en donde todos gozan de libertad”, indicó.

Resaltó que trabajan de manera coordinada, sociedad civil y SBS para unir esfuerzos y darles la menor opción y alternativa a los jueces para que los niños puedan estar con mejores condiciones de vida.

En cuanto que la falta de ropa y zapatos en algunos hogares, refirió que como consecuencia del gobierno de transición existieron algunas instrucciones en cuanto a la contención del gasto, en la cual no se contempla la compra de ropa, zapatos y uniformes.

La secretaria explicó que están conscientes de que tienen esa necesidad, pero se apoyan en donaciones, ya que aunque la vestimenta es un derecho de los niños,  tiene que priorizar las medicinas, ya dentro del hogar hay muchos niños y adolescentes que requieren de un tratamiento psiquiátrico que tiene un costo alto.

Los operativos comenzaron el miércoles en horas de la tarde y concluyeron el jueves a las 4.30 de la mañana, el resultado son siete hombres capturados y dos mujeres.

Las acciones fueron coordinadas la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), y agentes de la Sección contra la Trata de Personas de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), de la Policía Nacional Civil (PNC).

El operativo duró 12 horas y según los fiscales lograron la declaración de 200 víctimas de explotación sexual, quienes estaban en los inmuebles y recibían a personas que pagaban de Q50 a Q200 por tener relaciones sexuales.

En uno de los inmuebles estaba una menor de edad que fue remitida a la Procuraduría General de la Nación, mientras que las adultas trasladadas a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Los negocios fueron clausurados y quedan bajo resguardo de la Policía Nacional Civil.

En el primer inmueble allanado en la 9a. avenida y 6a. calle, colonia Quinta Samayoa, zona 7, fueron detenidos Petrona Martínez de 50 años y Oscar Alexander Morales Martínez, 28, pues dentro de la casa encontraron a varias mujeres que eran víctimas de explotación sexual, además de evidencia que los involucra directamente.

Otro operativo fue en la 9a. avenida y 4a. calle, en la misma zona, donde detuvieron a Mateo Pop Chub y Julia Verónica Revolorio Reyes, sindicados por los mismos hechos.

Además inspeccionaron un inmueble en la 9a. avenida y 7a. calle, colonia Quinta Samayoa, donde detuvieron a Gabino Torres Corado.

Los agentes reportaron el arresto del salvadoreño Francisco Armando Velazco Flores, 30, encargado de un negocio de hospedaje La Quinta, esto fue en la 9a. avenida y 5a. calle, colonia Quinta Samayoa. En el mismo lugar apresaron a Juan Antonio Gómez Del Cid.

Cerca de los anteriores inmuebles detuvieron a un menor de 17 años, que fue remitido a un Juzgado de Menores. A pocas cuadras capturaron a Zoila Emilia Abularach, por los mismos delitos.

El último detenido es Juan Antonio Gómez Del Cid, 22, quien es encargado del negocio La Pasadita II, en la 5a. calle y 8a. avenida de la misma colonia.

Se trata de Luis Antonio Soledispia Alvia, quien tenía como destino viajar a la ciudad de Cali, Colombia.

El procedimiento fue efectuado por los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), de la Policía Nacional Civil.

El hallazgo se llevó a cabo durante el registro que empleados del aeropuerto llevaron al equipaje de mano de Soledispia Alvia; los empleados se sorprendieron al encontrar un hueso humano.

La policía puso bajo vigilancia al ecuatoriano quien no presentó ningún de permiso para transportar el hueso.

Soledispia Alvia dijo a las autoridaes que el hueso pertenece a su difunto abuelo, lo usa como amuleto; su abuela se lo obsequió. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses recibió la evidencia para analizar si los restos son humanos o de algún animal. 

El sospechoso fue presentado ante un juez de turno para solvenrtar su legal.

Los agentes informaron que no existe un delito que tipifíque llevar un hueso humano, aunque eso lo determinará un juez competente. Sin embargo estiman que debe tener un permiso para trasladar el resto humano.

Entre los aprehendidos, miembros de la clica Corner gangster de la pandilla del Barrio 18, se encuentra un menor de 14 años,  alias el Granada.

Según investigadores, el pasado 3 de julio el adolescente cumplió 14 años y a su corta edad ya participaba en  sicariato y extorsión.

El menor fue capturado en la colonia Las Ilusiones, zona 18, donde vivía con una hermana, ya que su padre murió y su madre se encuentra en prisión.

Entre los detenidos se encuentra Miriam Marleny Ruano Calderón,  quien, según investigadores de la Policía Nacional Civil, es conviviente del pandillero Carlos Josué Méndez Gómez,  alias el Brown. Este fue capturado el pasado 13 de octubre, en la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, sindicado de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Ambos eran coordinadores de la clica.

Otros de los capturados son Wálter Gustavo Rafael Herdwittini, Marcos Benjamín Puluc Morales, Elvis Andree Gatica Ramírez, Édgar Domingo Uluan Uluan, Erwin Estuardo Monroy Mata y Jaqueline María Luisa Calderón.

Presos coordinan

 Nery Benito, agente de la Policía Nacional Civil, señaló que además de la capturas fueron citadas cuatro personas que están en prisión y supuestamente tienen relación con los hechos ilícitos.

Según  la investigación, esta clica ha cometido ataques armados en contra de propietarios y trabajadores de empresas de transporte extraurbano, como medio de intimidación o represalia por el incumplimiento de pagos de extorsión. Los hechos criminales han sido ordenados por los líderes de la red, que están en prisión. El grupo también habría planificado y ejecutado atentados contra pandilleros rivales.

Los delitos de los cuales se sindica a los detenidos son  asesinato, asociación ilícita, conspiración para el asesinato, conspiración de obstrucción extorsiva de tránsito, traslado ilegal de armas de fuego, traslado ilegal de municiones y portación ilegal de armas de fuego.

La subsecretaria general del Ministerio Público (MP), Ana Elena Guzmán, hizo énfasis en que ayer fue el tercer día de allanamientos  para desarticular estructuras de extorsionistas.

Forma de operar

De acuerdo con el MP, los integrantes de la mencionada clica entregaban un celular a las víctimas, luego las llamaban para exigirles el pago por depósitos bancarios o  “mano a mano”, y las amenazaban de muerte.

Miriam Ambrosio, fiscal  de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, confirmó que el grupo delictivo operaba en  las zonas 5 y  18, y también en el municipio de San Pedro Ayampuc.

La fiscal resaltó que uno  de los sucesos que se le atribuyen a esta clica es el   ocurrido el pasado 4 de julio, cuando fueron detenidas tres personas que pretendían atentar contra trabajadores del transporte extraurbano  y se les incautó un arma de fuego y una motocicleta.

La operación denominada Cóndor Fase 2, fueron 20 allanamientos en conjunto con el Ministerio Público y la Subdirección General de Investigación Criminal, investigación que partió del bombazo a un bus en San José Pinula en marzo pasado.
 
Las autoridades reportaron la captura de Kevin Javier Osoy, de 19 años, señalado como uno de los líderes de la clica Vatos Locos, de la pandilla del Barrio 18. El arresto fue en Santa Catarina Pinula.
 
“Como resultado de las investigaciones fueron solicitadas las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de 20 inmuebles, con la finalidad de detener a 10 personas con orden de captura”, indicó la policía.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público localizaron un cable de conducción eléctrica, una placa de teléfono móvil, celdas de batería de motocicleta y un encendedor de vehículo, lo que llevó a las autoridades a concluir que era un “artefacto construido”  y detonado a distancia.

El incidente se produjo la mañana del 7 de marzo en la 3a. calle y 6a. avenida de la zona 4 de San José Pinula, ubicado a 22 kilómetros de la capital, se abrió la investigación que llevó a identificar al grupo que este jueves fue desarticulado.

MP investiga explosión en bus de San José Pinula – https://t.co/eG1Sg2vTOW pic.twitter.com/ABlEWCjjU5

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 7, 2016

Extorsiones

El grupo ejecutaba asesinatos y el traslado de armas de fuego. De acuerdo con el Ministerio Público, utilizaban a menores de edad para efectuar las acciones criminales. También contaban con la colaboración de taxistas para transportar armas y recibir dinero proveniente de extorsiones.
 
Las órdenes de aprehensión son por los delitos de asesinato, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de arma de fuego y traslado ilegal de municiones.

Uno de los casos que se vincula a la estructura es la muerte de Ana Waleska Solis Loarca y Flor de María Toquer. Ese hecho ocurrió en 3 de junio de este año en la 8a. avenida y 10a. calle, cantón Matasano, San José Pinula.
 

Los capturados: 

• Kevin Javier Osoy
• Jackeline Carolina Lemus Guzmán
• María José Ramírez
• Rosa Angélica Recinos Vivar
• Juan Antonio Calderón
• Romeo Alexander Chacón Meda
• Juan Calderon
• Jorge René Monroy Mus
• Dos menores de edad

En otro caso la policía reportó la captura de un pandillero conocido como El Brown, quien tiene orden de captura por cinco delitos. El arresto fue en la colonia Lomas de San Faz, zona 18 capitalina.

El Brown” presunto pandillero de del Barrio 18, es capturado sindicado de cinco delitos, en colonia Lomas de Santa Faz, zona 18. pic.twitter.com/6bvcmdzPc0

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2016

Los Bomberos Municipales confirmaron la muerte de María Albina Rosendo Yoc, de 44 años, dentro de una panadería en la 5a. avenida y 5a. calle de la zona 16.

La mujer tenía varias lesiones de bala provocadas por un hombre, sin más datos, que se acercó y disparó a discresión. 

Los agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de dos mujeres y un hombre en el cruce conocido como cuatro caminos, luego de una persecución policial.

Se trata de Aura Marina Vicente Recinos, de 23 años y Otoniel Marroquín Gómez, de 50 años, junto a la menor de 17 años, apodada como La Morena o La Negra.
 
Al momento de la captura los sindicados viajaban en el taxi A-718BCF y se les  incauta una  pistola calibre 45mm.
Los tres viajaban en un taxi con registro 5151 y matrícula de alquiler 718BCF. 

A las 17 horas los pandilleros fueron entregados a las autoridades de El Salvador en la frontera Valle Nuevo, Jalpatuagua, Jutiapa, en el marco del convenio de cooperación entre las fuerzas de seguridad y Ministerio Público de ambos países.

Los salvadoreños fueron identificados como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), quienes según la investigación coordinaba operaciones delictivas entre grupos de clicas de El Salvador y Guatemala, una de esas actividades era el tráfico de armas.

En la colonia La Asunción, zona 5, fue capturado José Alonso Marroquín López, de 40 años. alias Ave. Está señalado en El Salvador por terrorismo, asesinato y tráfico ilegal de armas.

Autoridades del vecino país explicaron que los pandilleros están en Guatemala para comprar armas a integrantes de los carteles de narcotráfico de Sinaloa y Zetas. En julio pasado, el Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, aseguró que las pandillas de su país compraban armas en Guatemala y Honduras.

Cabecillas de grupos criminales capturados por autoridades Guatemala. Fruto de la cooperacion policial regional en materia de seguridad. pic.twitter.com/9GzIq3OR88

— Mauricio Ramirez (@RamirezLan) October 12, 2016

La Policía de El Salvador identificó a Alonso Marroquín como  integrante de La Federación, un grupo de líderes de la MS en el vecino país. El detenido era buscado por tres asesinatos y 30 casos de conspiración para cometer asesinatos.

Marroquín López sería quien coordinaba el trasiego de armas ilegales de Guatemala a El Salvador; desde hace seis meses ingreso en el país de forma ilegal.

Otro de los detenidos es Eduardo Enrique Cruz, el Comején, uno de los cien pandilleros más buscados en El Salvador, señalado de cometer varios delitos.

En la 33 avenida A y 15 calle de la colonia abril, zona 5, fue detenido Osmar Alexander Pinzón Fajardo, 35,  alias Conejo, tenía en su poder un arma de grueso calibre.

Otros tres salvadoreños integrantes de la MS fueron aprehendidos en un operativo efectuado en San Miguel Petapa.

Pandilleros salvadoreños:

1. César Augusto Castillo Lemus
2. Eduardo Enrique Cruz Escobar
3. José Alonzo Marroquín López
4. Katherine Rocío Gómez Ramos
5. Osmar Alexander Pinzón Fajardo
6. Ramón Estuardo Dávila Gamarro

https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/786330669102223361

Contra extorsiones

Las fuerzas de seguridad e investigadores efectuaron allanamientos en Guatemala, Mixco, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc, Chinautla, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales, Palín y San Marcos.

Durante el operativo se buscaba cumplir con 32 órdenes de aprehensión de una estructura a la que se le atribuyen varios atentados contra pilotos y ayudantes de buses urbanos y extraurbanos. Se concretaron 25 detenciones.

Según investigaciones, los extorsionistas realizaban amenazas constantes para mantener el control de la negociación del dinero exigido y cuando se lograba un acuerdo respecto a la cantidad a entregar, las víctimas debían hacer depósitos bancarios, todo coordinado mediante un teléfono celular que le entregaban a las víctimas.

Cuando un piloto se negaba a contestar las llamadas de extorsión, un miembro de la estructura se hacía pasar por un pasajero para abordar el bus y atacar al piloto.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra las Extorsiones, la estructura también es integrada por la clica Vatos Locos de la pandilla del Barrio 18.

“Desde mayo de 2015 cobraron más de Q400 mil. El modo de operar identificado es que entregaban a las víctimas un celular, posteriormente les llamaban, los intimidaban y los obligaban, bajo amenazas, a realizar depósitos bancarios o pagos de mano a mano”, informó el Ministerio Público (MP).

En el operativo participan 280 agentes de la PNC, 80 investigadores de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), cuatro analistas de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae).

El procedimiento comenzó el lunes pasado con la observación y seguimiento de los sospechosos. El MP busca en 34 inmuebles de los 10 municipios, evidencia que relacione a las personas con el delito.

Las personas capturadas en el operativo son:

• Saúl Franco Siquina Chocoj
• Lesly Saraí González Yoc
• Gerson David Ramos Recinos
• Dayrin Imelda Salvador López
• Norma Elizabeth Conde López
• Claudia Lorena Amperes Ramírez
• Roberto Carlos García Monroy
• Carlos Enrique Martínez Arévalo
• Víctor Estuardo Hernández Argueta
• Sonia Marisol Maldonado Paredes
• Yoselin Adela Gutiérrez Palma
• María Dolores Sáenz Infante
• José Manolo Carrillo López
• Gloria Ester Infante Escobar
• Víctor Arturo Rodríguez Ramírez
• Zuli Marleni Orellana Tahuite
• Gilmer Alexander Martínez
• Lorena de Jesús Bamaca de la Cruz
• Reina Ester León López
• María Otilia Jolón Ovando
• Ana Elizabeth Zamora Ovalle
• Devora Raquel Girón Rivera
• Eliseo Saúl Blanco Jolom
• Katherine Roxana Reina Fuentes
• José Manolo Carrillo López
• Gerson David Ruano Recinos

Los hallazgos ocurrieron en las primeras horas de este martes y fueron encontrados en condiciones similares, envueltos en sábanas y marcas que evidencian violencia física.

La mujer fue encontrada frente al lote 76, manzana L, sector 1 de Villa Hermosa 2, San Miguel Petapa. Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y verificaron las condiciones del cuerpo.

La víctima estaba envuelta en sábanas y le calcularon no más de 25 años. Tenía una mordaza en la boca y vestía solo un sudadero de color negro y rosado. El cuerpo tenía señales de violencia.

Anoche. Sector 1 de Villa Hermosa 2 Localizan a fémina fallecida en vuelta en sabanas,@CBMDEPTAL coordina PNC y MP. pic.twitter.com/CuEHAK2gQl

— BDepartamentales (@CBMDEPTAL) October 11, 2016

Otro caso

Bomberos Municipales acudieron a la 25 avenida frente al numeral 20-20 de la colonia 30 de junio de la zona 6 capitalina.
Al llegar, los socorristas constataron que se trataba de un hombre amarrado de pies y manos.

Vecinos de ese sector comentaron de manera anónima que  escucharon un vehículo sospechoso, que se detuvo y momentos después continuó la marcha.

Además afirmaron que desconocen quien es la víctima, pues no vive en el sector.

#Madrugada#CBM localiza a persona fallecida envuelta en sábanas a inmediaciones del campo Manía Villa Toro, zona 6. pic.twitter.com/oHhNLoKWcI

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) October 11, 2016

El operativo fue desarrollado por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en la zona 13. 

La inspección en una de las bodegas de una empresa de envíos cercana al Aeropuerto Internacional La Aurora resultó sospechosa al encontrar los paquetes de producto natural, por lo que decidieron confiscarlos para hacer una prueba especial.

Se trata de seis bolsas que en su exterior estaban identificadas como linaza, una fibra natura con distintos usos.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de heroína, según el vocero policial Jorge Aguilar Chinchilla.

Durante el procedimiento estuvo presente el Ministerio Público que informó que se incautaron 400 gramos 2.4 kilogramos de heroína. El valor de cada kilo es de Q386 mil 137.17 lo que representaría una incautación de Q926 mil 729.20 en droga.

En este caso la sospecha sobre las bolsas fue que además del sello de seguridad tenía una protección adicional.

De acuerdo con la policía, en el aeropuerto La Aurora existe un sistema de revisión e inspección permanente y cuando se sospecha de algún ilícito se procede a la revisión.

#SGAIA-PNC durante operativo en bodegas del Aeropuerto La Aurora, localizaron heroína, se encontraba escondida en bolsas de fibra. pic.twitter.com/EMO2hhnJKO

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 11, 2016

Este lunes vecinos de Villa Nueva decidieron bloquear el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en ambas vías, para que el Gobierno desista de implementar el proyecto, o al menos modificar las condiciones hasta ahora estipuladas.

La Policía Nacional Civil (PNC) decidió intervenir luego de más de unan hora de bloqueo, el cual había paralizado el tránsito desde y hacia el Pacífico. Los manifestantes, incluídos vecinos con niños, depusieron la protesta luego que las fuerzas de seguridad inundaran de gas irritante el área.

Minutos después el grupo de inconformes se volvió a organizar y salieron de nuevo a ocupar la ruta, esta vez para realizar una caminata, al llegar al kilómetro 18, frente al ingreso a la colonia Santa Isabel; ahí se sumó otro grupo que, de nuevo, se enfrentó a la polcía.

Vandalismo

La PNC reportó la destrucción de ventas que estaban ubicadas en el ingreso a Santa Isabel y logró controlar a los inconformes lanzando gases lacrimógenos. 

Luego que la policía retomará el control y removió los obstáculos dejados por el grupo, entre estos piedras y llantas, reportó el hallazgo de varias botellas con combustible, preparadas para ser lanzadas hacia las fuerzas de seguridad. 

No se reportaron capturas por parte de la policía, ni heridos durante los enfrentamientos.

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, sobre los incidentes dijo que se respetaron los derechos humanos, principalmente el de locomoción, además la postura oficial es que el proyecto de construcción de la cárcel continúe. 

Inconformidad

El 12 de julio de 2016 se publicó el Acuerdo Gubernativo 135-2016, el cual establece la entrega de un terreno a Gobernación para la construcción de un Centro de Reinserción en Bárcena, Villa Nueva; desde esa fecha la comuna manifestó el rechazo al proyecto.

El alcalde, Edwin Escobar, ha dicho en anteriores ocasiones que existe una oposición de los villanovanos a la construcción del recinto por “temor”.

El pasado 3 de octubre, en un espacio pagado, la comuna de Villa Nueva advirtió de la molestia que generaba en los vecinos la construcción de la cárcel en esa jurisdicción. Demandó la comuna una mesa de diálogo con el Ministerio de Gobernación para abordar el tema.  

PNC se accidenta

Un segundo contingente antidisturbios de la PNC fue destacado hacia Villa Nueva, sin embargo en la calzada Raúl Aguilar Batres colisionó contra un taxi.

Los Bomberos Municipales llegaron a auxiliar a varios policias que resultaron con heridas luego de la colisión. En el momento del percance, un grupo de pobladores, por segunda vez, se enfrentaba a la policía.

El Ministerio de Gobernación, Francisco Rivas, aseguró que no se violentó el derecho de ninguna persona y solo se actuó para poder garantizar la libertad de locomoción. 

Según autoridades, desconocidos bajaron de un carro gris a un hombre herido en las piernas frente a la casa ubicada en la 18 avenida, 25-84, colonia La Palmita, zona 5. La víctima fue identificada como Miguel Eduardo Vicente Estrada, de 31 años.

Testigos indicaron que vieron a Vicente Estrada  tocar la puerta de la casa, pero cuando le abrieron familiares se desmayó.

Los socorristas fueron alertados por el hecho, y al llegar a lugar evaluaron a la víctima, quien a causa de las heridas ya había muerto.

Vicente Estrada salió hace seis meses de la cárcel, donde estuvo preso por robo agravado, refirieron los investigadores.

Estadísticas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registra en su página web el número de necropsias con indicios de violencia que se han efectuado en los laboratorios de la entidad.

La última fecha en la que se actualizó la estadística es el 20 de septiembre, momento en el cual se habían realizado cuatro mil procedimientos a cadáveres con heridas de bala, señales de violencia como asfixia, estrangulamiento, desmembramiento o producidas por objetos cortants.

Según la estadística, el mes más violento fue agosto, con 490 necropsias a cadáveres con señales de violencia. Le sigue marzo, con 487, y en tercer lugar está julio, con 485.

En tan solo 20 días de septiembre se reportan 271 procedimientos.

Datos

Los datos mensuales de necropsias efectuadas por el Inacif a cadáveres con señales de violencia son:

La víctima es Marvin Corado Cardona de 37 años, quien fue identificado por su hermana Vicenta Carolina. A poca distancia del lugar encontraron el vehículo del fallecido.

Según la mujer, Corado Cardona trabajaba con un automóvil tipo agrícola haciendo viajes de carga a distintos puntos de la ciudad.

La última vez que lo vieron fue el jueves en la noche, luego de cenar y despedirse de la familia. La hermana del fallecido indicó que él estaba en estado de ebriedad.

La esposa de la víctima llegó al lugar y solicitó que le entregaran el automotor, pero le fue negado porque está a nombre de una tercer persona.

Los bomberos voluntarios que acudieron al lugar manifestaron que la persona murió lapidada, pero desconocen si fue en el lugar donde cometieron el crimen.

Vecinos del sector indicaron que es común que lleguen a dejar cuerpos de personas en esa área. Además aseguraron que no lo conocen.

PNC descarta robo contra Marvin Corado Cardona porque a pocos kilómetros se encontraba su vehículo pic.twitter.com/KwA81t2BuU

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 7 de octubre de 2016

Esto se evidencia en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa el índice de desarrollo humano (IDH) del país, que es de 0.49.

El reporte Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, que será presentado hoy, se basa en la evaluación de  las políticas públicas que rigieron el país desde 1985 hasta el 2015 y los resultados de su aplicación, e incluye parte de una encuesta que ofrece cifras más recientes sobre la situación en que vive la población.

El perfil

Según el estudio del PNUD, el guatemalteco promedio acude a los servicios públicos de salud por el acceso físico y económico que este representa, aunque dude de su calidad, no tenga confianza y haya poca pertinencia cultural en ese centro.

Por lo menos una vez, ese guatemalteco fue a un servicio de salud pero no fue atendido por falta de insumos, medicinas o personal médico; entonces, decidió acudir a un centro privado. La otra opción era esperar a que a la clínica estuviera abastecida o quedarse sin recibir atención.
En el informe se detalla que el 80.5 por ciento de guatemaltecos se inscribe en una escuela pública, porque no puede pagar un colegio, aunque la calidad de la educación ofrecida por el Estado es precaria y eso afecta su desarrollo laboral y de participación política.

El guatemalteco, por lo general —82.37%—, no puede cubrir el total de gastos de su hogar, que incluye salud, educación, alimentación, servicios del hogar, alquiler o pago de vivienda, recreación, transporte, vestido, calzado y artículos para el hogar.

Cuando el guatemalteco no puede cubrir un gasto, deja de consumir o acude a un préstamo.

Durante el último año, el 49% de ciudadanos pensó que su familia podría quedarse sin comida, y el 23.2% de  hogares sufrió esa situación.

Uno de cada cuatro guatemaltecos se ha sentido discriminado y cree que su nivel económico es causa de esa situación. Esa percepción se incrementa si la persona es indígena.

La mayoría de habitantes del país tiene menos de seis años de escolaridad y siete de cada 10 trabaja en la informalidad.

El guatemalteco —90%— cree que el Gobierno le debe dar salud gratuita, educación obligatoria  y garantizar los derechos de los trabajadores.

También considera que es responsabilidad del Estado proveer de electricidad y que las personas tengan un transporte público de calidad.

El 60% de los guatemaltecos cree que el Gobierno no invierte lo suficiente en las personas de escasos recursos.

Proceso

No satisfacer las necesidades del hogar, sentirse excluido y sin información son causas de la conflictividad, según el documento.

El indicador del PNUD demuestra que el país tuvo un impulso hasta el 2006, cuando el crecimiento del índice era de 2.3% anual, pero a partir de ese año se redujo a 0.3% por ciento anual.

“El proceso de democratización en Guatemala, a partir de 1985, y el fin del conflicto armado interno, en 1996, facilitó condiciones para establecer una agenda de país con mayor justicia y equidad. No obstante y de forma contradictoria, se debilitó la capacidad pública para cumplir con los compromisos, mediante políticas de reducción de funciones del Estado y privatizaciones poco transparentes”, señala el informe.

Otro aspecto que destaca en el estudio es que la baja inversión social del Estado y el modelo económico del país obstaculizaron la reducción de la pobreza. La población en esta condición se redujo en los primeros años posteriores a los acuerdos de paz de 72% a 58%, pero después del 2006 la pobreza se ha incrementado y alcanza  dos terceras partes de la población.

Se debe atender la conflictividad

En los últimos años en el país se ha producido un incremento de acciones colectivas vinculadas con disputas por ausencia de servicios básicos, descontento con autoridades gubernamentales, reclamos territoriales y rechazo a proyectos que afectan el medioambiente, según el informe.

El modelo económico y las políticas públicas del país han excluido a gran parte de la población y originado desigualdad económica y social que limita el bienestar de los guatemaltecos, reflejado en el IDH.

Esas disparidades desatan conflictos sociales. Por ejemplo, en el 2015, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos reportó 441 conflictos —135 relacionados con temas agrarios, 111 con políticas públicas y 86 con recursos naturales—, la mayoría en Alta Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango y Xela.

Entre el 2004 y el 2015 se contabilizan 93 consultas comunitarias, pero ninguna ha generado resultados vinculantes a políticas públicas o megaproyectos, aunque las comunidades han expresado su desacuerdo en la instalación de estos.

Un ejemplo del rechazo es Alta Verapaz, departamento con mayor número de hidroeléctricas, en donde solo el 43.5% de población cuenta con servicio de energía eléctrica.

El PNUD hace un llamado para que las manifestaciones públicas y demandas colectivas sean comprendidas más allá de la conflictividad social y buscar un modelo incluyente de desarrollo.

Los Bomberos Voluntarios suponen que se trata del torso de una mujer el que fue localizado en un camino de terracería de La Comunidad, zona 10 de Mixco, entre un costal.

Fueron vecinos que dieron la alerta a los socorristas del paquete misterioso que amaneció este lunes en la calle de acceso al lugar, un estrecho camino de terracería, de una sola vía.

https://twitter.com/GeldiMunoz_PL/status/782979579115732996

La policía recogió información de vecinos, sin embargo nadie precisa cómo fue llevado ahí el cadáver desmembrado. Niegan también ser víctimas de violencia directa en el sector.

Este domingo comenzaron las quejas de los locatarios por las constantes presiones y amenazas de grupos que exigen dinero a cambio de no atentar contra los comerciantes.

Este lunes amanecieron todos los locales con números, colocados supuestamente por los extorsionistas para “controlar” a sus víctimas, lo que hizo que los comerciantes decidieran paralizar las labores.

Las denuncias de los locatarios hicieron que Gobernación apoyara con algunos agentes de la Policía Nacional  Civil y soldados del grupo Seguridad Ciudadana, que llegaron a vigilar los pasillos del mercado.

Ya con la presencia policial algunos vendedores decidieron abrir sus negocios, aunque con miedo, tienen productos perecederos y necesitan venderlos.

El mercado La Candelaria se suma a los mercados de Jocotales, Santa Luisa y San Martín, en la zona 6, Santa Faz, en Chinautla y La Palmita, en la zona 5, todos acechados por extorsionistas que incluso ya han atentado contra los vendedores.

El pasado domingo, el vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, explicó que la seguridad en esos recintos es competencia del Ministerio de Gobernación y la autoridad edil se ha limitado a gestionar el diálogo entre vendedores y autoridades.

La mitad de locales del mercado Candelaria, zona 6, siguen cerrados por acoso de extorsionistas. Video: Érick Ávila. pic.twitter.com/u3eX0KKjWT

— Prensa Libre (@prensa_libre) October 3, 2016

Las cuotas de los extorsionistas oscilan entre los Q200 hasta Q500 por semana,  a cada vendedor, sin que algunos superen los Q50 en ganancias diarias por el tipo de comercio.

La Policía Nacional Civil ante la ola de extorsiones a mercados a señalado que no reciben denuncias, lo que dificulta la acción preventiva.

Deben investigar 

Lizandro Acuña, experto en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), señaló que el MP y la PNC no requieren de las denuncias para investigar y desarticular a las bandas de extorsionistas.

“El mandato constitucional es que para los delitos de acción pública como el de la extorsión, el MP, de oficio, empieza las investigaciones cuando se tiene conocimiento, y no se requiere que la persona denuncie”, explicó Acuña.

Añadió que “El problema de por qué no denuncian las víctimas es porque hay filtraciones de información, debido a que algunos agentes de la PNC están involucrados con el crimen organizado, y eso obliga a que las víctimas se abstengan, por temor a represalias”, enfatizó el experto.

Si no denuncian no investigan

El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos indicó que se tiene conocimiento de algunas acciones de extorsión por parte de pandilleros, “pero la Policía carece de denuncias porque se dice tanto, pero oficialmente no se tiene un dato concreto”.

Subrayó: las exacciones ilegales han resurgido, porque meses atrás “el tema de la extorsión había desaparecido y ahora están tratando de implantar este fenómeno extorsivo a los comerciantes, pero no lo vamos a permitir”.

“Es ahí donde necesitamos el papel activo de quienes dicen ser víctimas de extorsión porque mientras callen dificultará más la recolección de información para empezar los procesos de investigación”, agregó.

Al cuestionarlo sobre que las víctimas de extorsión temen hablar con la PNC porque algunos agentes les informan a los extorsionistas aseguró que son especulaciones, refutó:  “Eso es falso. Dejémonos de especulaciones. Aquí nuestros equipos de investigaciones son serios y son los que han desarticulado múltiples estructuras criminales”.

En su informe sobre Guatemala, el Comité manifiesta su profunda preocupación porque observa que los esfuerzos del Estado para combatir los prejuicios y estereotipos negativos que sufren las personas con discapacidad son insuficientes.

Además que las personas con discapacidad, especialmente niños y niñas, mujeres y pueblos indígenas, son víctimas de costumbres, supersticiones y prácticas que constituyen vulneraciones graves contra el respeto a su dignidad, a su seguridad y a otros derechos fundamentales.

Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), está consciente que el Estado de Guatemala, en cuanto a la evaluación y el cumplimiento de la convención, iba a marcar grandes pendientes.

“El 80 por ciento de los servicios que se ejecutan para las personas con discapacidad lo resuelve la sociedad civil y otras organizaciones, mientras que el Estado lo está haciendo en un 20 por ciento”, explicó Toledo.

El director de Conadi dijo que están planteando al Estado, con base a la Ley de Presupuesto, un clasificador temático para que cada sector público registre los datos sobre el trabajo que realiza en función de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, consideró que los esfuerzos de los sucesivos gobiernos de Guatemala han sido “insuficientes para combatir los prejuicios y estereotipos negativos que sufren las personas con discapacidad”.

Estos, además son víctimas “de costumbres, supersticiones y prácticas” que vulneran gravemente su dignidad, sostuvo el órgano que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado.

En su informe final sobre Guatemala, el Comité expresa su preocupación por que se retire de forma automática a los discapacitados ingresados en instituciones, su capacidad jurídica, porque el director del establecimiento se convierta en su tutor.

Por ello, el Comité pidió a las autoridades del país centroamericano que revoquen esa medida y que se ponga sistemas de apoyo a disposición de los discapacitados, para que tomen sus propias decisiones.

El Comité también criticó que se practiquen “esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos y otras formas de tratamientos anticonceptivos no consentidos” a discapacitados, especialmente a mujeres y niñas que han sufrido abuso sexual, incapacitadas legalmente o en internamiento.

En esa línea, se pide a las autoridades adoptar todas las medidas posibles para abolir tales prácticas, así como que se garantice el consentimiento de la persona afectada antes de cualquier intervención o tratamiento médico.

El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas se mostró este lunes crítico con las campañas como la Teletón de Guatemala porque a su juicio acentúan una visión asistencialista en relación a los discapacitados.

“Campañas como por ejemplo la Teletón, receptora de fondos públicos, refuerzan un modelo asistencialista contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas”, dijo el Comité en su informe sobre la manera en que Guatemala cumple lo estipulado en este instrumento jurídico internacional.

No es hacia Fundabiem

Juan Carlos Eggenberger, director General de Fundabiem, respondió que esto no es una crítica a la Teletón, es al Estado de Guatemala porque es el garante de los derechos.

“Solo somos una institución de la sociedad civil que se ha dado a la tarea de desarrollar un sistema de rehabilitación que de alguna manera brinde un servicio aun sector de la población que ha sido claramente marginado, no por nosotros, sino por el Estado que es el garante de los derechos humanos y los derechos más inherentes a la persona”, aseveró.

Aseveró que la Teletón es un proyecto que desde hace 30 años se ha dado a la tarea, no de reemplazar al Estado, sino de servir a las personas con discapacidad.

“Como proyecto estamos dispuestos a entregar la red de rehabilitación para que el Estado la administre, en el caso de la ONU me parece arrogante que una institución que ni siquiera se tomó el tiempo de venir a Guatemala, sino a partir de notas y de información de otras organizaciones  de las sociedad civil que también trabajan con personas con discapacidad, haya sacado esta resolución”, indicó

Añadió que: “Es muy cómodo para los dirigentes de la ONU desde Ginebra en la comodidad de sus oficina hablar de derechos humanos, cuando hay personas en Guatemala que no solo se están muriendo de hambre, sino además tienen que enfrentarse a una situación de discapacidad y no tienen acceso a rehabilitación, sino es a través de la Fundación”.

Eggenberger refirió que la Teletón la pueden hacer para cualquier otra organización, porque va más allá de un evento de recaudación para personas con capacidades, es una actividad de unidad nacional, ya que ha unido al país durante 30 años entorno a una causa.

En el caso de Fundabiem señaló que es un red de rehabilitación con equipo de última generación, más de 8.5 millones de servicios de habilitación otorgados en 30 años y cuenta con 21 centros en todo el país.

“Si me parece una arrogancia de parte de la ONU, venir a decir esto, esto es una opinión, no están hablando de un tema que tengan que ver con recursos, lo que están diciendo es una opinión de nuestras campañas, pero al día de hoy yo no he recibido ninguna información de la ONU donde nos hayan pedido información de nuestras campañas”, aseveró.

Destacó que incluso el año pasado lanzaron una campaña con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Teletones.

*Con información de Agencia EFE

Directivos de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt se reunieron este miércoles con representantes del Sistema Penitenciario (SP) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para exponer los peligros que implica atender reos y tener custodios en las salas de esos nosocomios; al final  lograron que las autoridades carcelarias revisen sus protocolos.

Los médicos señalaron que reos son trasladados por dolor de cabeza o cuello hasta con ocho custodios, y estos no cumplen con los protocolos de seguridad, ya que son permisivos con los prisioneros y dejan que se reúnan con familiares y hablen por teléfono.

Los directivos de los hospitales mencionados agregaron que reciben reclusos con heridas leves o enfermedades crónicas que podrían ser atendidos en las clínicas  carcelarias.

Édgar Escobar, jefe de Unidad de Servicios Médicos y subdirector operativo del SP, señaló que los traslados se efectúan porque carecen de insumos médicos para atender a los prisioneros, debido a que no han ejecutado los Q600 mil  asignados, por gestiones administrativas. Agregó que solo tienen seis médicos y 40 enfermeras para  21 prisiones.

En abril del 2015, el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación  Mauricio López Bonilla  y el director del SP  Anthony Pivaral  inauguraron la primera clínica para atender a privados de libertad en el complejo carcelario de Fraijanes, con una inversión de Q1 millón, pero no funcionó.

• Lea también: El fracaso de las clínicas médicas en la cárcel Fraijanes

Piden más seguridad

Marco Antonio Barrientos, subdirector de Servicios Médicos del Roosevelt, señaló que no niegan la atención a reos, pero sí es necesario que les garanticen seguridad.

Los representantes del SP acordaron que fortalecerán la capacitación a los custodios para el cumplimiento de protocolos y que coordinarán con los hospitales en cuanto a los traslados de los reos.

Los médicos de los nosocomios acordaron intercambiar datos sobre las medidas que aplican, para unificar.

El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, quien no estuvo presente en la reunión, informó un día antes a Prensa Libre que alrededor del 30 o 35 por ciento de reos que acuden a recibir atención no llevan ninguna orden de juez o referencia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Comentó que debido al riesgo que implica atender reclusos en ese nosocomio, el pasado 27 de julio le enviaron un oficio al SP para pedirle que mande cierta cantidad de reos y que quienes no lleven orden del juez o referencia no serán atendidos.

Indicó que, debido a la balacera que se registró frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), el pasado 26 de agosto,  este lunes enviaron otro oficio con la misma petición, con copia a los juzgadores.

Soto refirió que en julio atendieron a 120 reos, de los cuales, el 15 por ciento  se quedó hospitalizado y de estos, entre un 10 y 12 por ciento son de alta peligrosidad.

Julio Figueroa, director del Hospital General San Juan de Dios, comentó que atienden alrededor de 25 reos cada día.

Explicó que recientemente el Ministerio Público (MP) envió a un hombre que había ingerido cápsulas con  droga, y a pesar del riesgo que había porque podían llegar a sacarlo, según la misma Fiscalía, no se les brindó mayor seguridad.

Figueroa comentó que mantienen hospitalizados a entre cuatro y cinco reos, los cuales se encuentran con el resto de pacientes, debido a que tampoco pueden atenderlos por separado.

Carlos Betancourt, director médico de Unaerc, dijo que  atienden a 10 pacientes renales, sin incluir al que murió en la balacera.

A estos les han programado una máquina y un horario fijos para evitar que  permanezcan tanto tiempo en el lugar, por el riesgo que eso implica.

Agregó que ellos le piden al SP que se cumpla un protocolo, en el cual no pueden hablar por teléfono dentro de la sede ni recibir visitas, pero no  cumplen.

Según Rudy Esquivel, vocero del SP, el 30 de agosto había 54 reos internados, 20 de los cuales se encuentran en el hospital Federico Mora.

Otra piedra más en el zapato del gobierno anterior resaltó un informe de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que asegura que las clínicas con una inversión de Q1 millón, solo funcionarios dos semanas y existen dudas sobre el costo real del proyecto.

Según la PDH las clínicas de especialidades, que fueron habilitadas el 8 de abril de 2015 en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes – Pavoncito, “no existen”.

Dichas clínicas fueron inauguradas por las autoridades del Sistema Penitenciario junto al ministerio de Gobernación, de Salud, y también asistieron el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. En el evento se mencionó que la inversión había sido de Q1 millón.

Las autoridades del gobierno del Partido Patriota decidieron crear las clínicas de especialidades luego del ataque ocurrido el 10 de marzo de 2015 frente al hospital San Juan de Dios contra un reo, en el cual fallecieron varias personas.

• Lea también: Ataque en hospital deja 25 heridos y un muerto

Gerardo Villamar, defensor del Debido Proceso, señaló que el hallazgo concreto fue que el espacio físico ya estaba instalado, y que no hubo ninguna inversión, y que esas se encuentran a la par de la clínica médica y odontología del centro penal que funciona desde 1993.

Refirió Villamar que lo ofrecido por las autoridades en la inauguración fue que las clínicas tendría tres médicos especialistas, un cirujano, un laborista y dos médicos de turno y un enfermero, pero el 25 de mayo de 2015 cuando la PDH hizo una supervisión, a menos de 50 días de ser habilitadas, se encontró que solo había un médico de turno, contratado por Salud, sin firmar un contrato; otra doctora ya había dejado de asistir.

Los otros médicos especialistas solo llegaron tres días porque no había medicamentos ni equipo especializado y la ginecóloga carecía de guantes para trabajar.

Villamar comentó que según la investigación en la que se basa el informe, solo se atendieron pacientes privados de libertad durante 14 días en las clínicas habilitadas.

Según la PDH, varios reos coincidieron que el lugar asignado había sido habilitado para el privado de libertad Byron Lima, ahora muerto,  y que “las autoridades no hicieron más que pintar el área y comprar un par de camillas de atención, 2 computadoras, 4 escritorios, 4 archivos y aparatos que no han tenido uso por falta de insumos para el laboratorista que nunca fue contratado”.

• Lea también: Inauguran clínica en interior de prisión 

Estos datos fueron confirmados por Édgar Escobar, jefe de la Unidad de Servicios Médicos y subdirector operativo del Sistema Penitenciario, durante una reunión con médicos del Hospital General San Juan de Dios y del Roosevelt en la PDH, donde se abordó el tema de atención médica a reos.

Escobar comentó que solo cuentan con seis médicos y 40 enfermeras para los 21 centros carcelarios y que tienen falta de insumos para atender a los reos, debido a que no han ejecutado los Q600 mil de recursos asignados debido a gestiones administrativas y cambio de autoridades.

Vecinos de las zonas 12 y 21 se quejan de que el Transurbano les debita Q3 y Q5 por pasaje de su tarjeta prepago antes de las 6.30 horas y después de las 20 horas. Lo que se repite los fines de semana.

Édgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que esas denuncias no son nuevas, ya que vienen de meses anteriores.

Mencionó que en julio último presentaron  quejas en seis expedientes, y la justificación de la empresa Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) fue que tuvo fallas en el sistema de cobros y ofreció  disculpas por el error.

Guerra comentó que tiene conocimiento de que les han impuesto 60 multas a los buses que cobran de más, pero no le devolvieron el dinero a los usuarios.

Sergio Vásquez, vocero del  Transurbano, aseveró que las tarifas que cobran son las autorizadas en la metrópoli.

“Desearíamos que las personas se presenten a un centro de atención o vinieran a las oficinas centrales específicamente para ver en dónde pudo haber ocurrido alguna situación que pudo haber sido anómala”, indicó.

Agregó que a quienes han llegado les han explicado el error en el sistema y lo han entendido, pero no aclaró si les devolvieron el dinero.

Varias denuncias

Transurbano no solo tiene denuncias de usuarios.

• El pasado 20 de agosto, el Ministerio Público allanó bodegas de las oficinas del Siga para recopilar indicios, luego de tres denuncias que se presentaron por posibles actos de corrupción.
• Desde el 25 de noviembre del 2015, el Transmetro, a cargo de la municipalidad capitalina, ya no aceptó la tarjeta prepago del Siga, con el argumento de que había irregularidades en el funcionamiento.
• En noviembre del 2015, pilotos del Transurbano suspendieron el servicio en el eje sur debido al incumplimiento salarial y malos tratos.

Según el Frente Nacional de Trabajadores y Jubilados en Defensa de la Seguridad Social, se quiere hacer creer a la población que la atención pésima que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una situación de los mismos trabajadores, pero consideran que es una estrategia política de la Junta Directiva para que la gente solicite su privatización.

El frente se pronunció este viernes para rechazar los fondos de pensión privados que se tratan de impulsar, ya que estos conllevaría a la quiebra el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia del IGSS y se pone en riesgo la reserva técnica que tiene dicho programa, la cual oscila en unos Q18 mil millones.

Enfatizaron que se ha cambiado de discurso, ya que no se hablan de privatizar el seguro social sino de crear los fondos de pensión privados, pero estos van más allá de la privatización, ya que implicarían la extinción del IGSS, advierte el grupo.

Este frente está constituido por ocho sindicatos activos del IGSS, organizaciones sindicales y de jubilados del sector privado y público.

“Han bombardeado mediáticamente el programa de salud que presta el IGSS con el contubernio de la Junta Directiva y de la administración, que son los que han propiciado la grave crisis en materia de salud y escasez medicamentos dentro de la  institución. Este es un gran boicot en contra del IGSS por sus enemigos de antaño con el favor de los miembros de la Junta Directiva”, aseveraron.

Trabajadores y jubilados consideran que el desabastecimiento del @IGSSGT es estrategia política porque dinero hay pic.twitter.com/GsTkMm5BB4

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) August 26, 2016

El frente existe para que se pague al IGSS la deuda que tienen el Estado, entidades descentralizadas, municipalidades y sector privado, la cual oscilan en Q35 mil millones. Agregaron que con ese dinero se podría restaurar la infraestructura, equipo médico y efectuar contrataciones de especialistas.

Los sindicalistas exigieron la renuncia de la junta directiva del Seguro Social y al presidente, Jimmy Morales, que revise la toma de posesión de Carlos Contreras, ya que es uno de los propiciadores de que creen fondos de pensión privado y para ello maneja un doble discurso, en el que dice que no se busca la privatización.

Lucía Dubón, vocera del IGSS, señaló que rechazan esa declaración, por el contrario la Junta Directiva ha defendido la autonomía y han adoptado acciones profundas para el fortalecimiento de la institución.

Falta de oportunidades e ingresos bajos, son algunas de las dificultades a los que se enfrentan los jóvenes en Guatemala, según la denuncia de varias organizaciones que pidieron, este viernes, que haya políticas de Estado que contribuya con su desarrollo.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, las organizaciones argumentaron que hay casi 80 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en Guatemala –grupo denominado Ninis–, lo que evidencia la ausencia de políticas de protección para la juventud y revela la relación de muchos de ellos con pandillas y crimen organizado.

La información de las agrupaciones indica que de 200 mil jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral, solo el 10 por ciento accede a un trabajo estable y con prestaciones de Ley, el resto se ubica en el sector informal, con condiciones precarias.

Otra de las preocupaciones es que según el informe “Formalizando la informalidad juvenil”, de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en el 2015, la brecha salarial de genero en las personas jóvenes es de 38 puntos porcentuales.

• Lea también: Estudiantes protestan contra su estigmatización

Marlon García, miembro de la Fundación para la Juventud y del Frente Nacional de Juventud, señaló que durante muchos años, los jóvenes, hombres y mujeres, salen día a día a vivir, sobrevivir o morir debido a la falta de políticas públicas y de interés de las autoridades.

“Tomando en cuenta que somos casi 6 millones de jóvenes existe aún pendiente de aprobación una ley nacional de juventud en el congreso que permitiría generar condiciones para que jóvenes pueden acceder a oportunidad de empleo y de trabajo digno y que esto nos permitirá tener un mejor nivel de vida”, indicó García.

El activista agregó que “de lo contrario tendríamos a jóvenes, que a pesar de los datos que hemos compartido hoy, que a pesar de que estudian o tienen habilidades y destrezas muy particulares son víctimas del crimen organizado  para utilizarlos como sicarios como aquellos personajes que van a traer la extorsión o como herramientas de las trata de personas, especialmente las mujeres, que son víctimas de violaciones de sus derechos e integridad física”.

Las organizaciones exigieron al presidente, Jimmy Morales; al director del Concejo Nacional de la Juventud, Edgar Chin; al presidente del Congreso, Mario Taracena; al jefe de la bancada oficial, Javier Hernández; y la presidenta de la Comisión de la Juventud en el Congreso, Eva Monte, que se aprueben la ley nacional de la juventud y que le den viabilidad a la política nacional 2012-2020.

Como parte de las actividades, algunas agrupaciones juveniles realizaron una manifestación por el Centro Histórico, incluyendo el Congreso de la República, donde exigieron a los diputados más atención.

Óscar Hugo López, titular de Educación, refirió que evalúan el sistema preprimario porque se tiene una deuda en la cobertura, y que además revisan los materiales que se utilizan, pues buscan mejorar el rumbo de este nivel.

Agregó que esperan tener en los próximos días una guía para docentes.

López lamentó que la cobertura solo llega a 44 de cada 100 niños en edad de estudiar preprimaria.

“Tenemos la intención de que en estos cuatro años se aumente 12 puntos porcentuales la cobertura”, indicó.

Para eso trabajan en un plan que será presentado el próximo mes. Se identificarán las áreas con menor cobertura y se harán proyectos en función de la realidad de cada lugar.

Lucía Verdugo, oficial de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señaló que la educación preprimaria en el país ha conservado una perspectiva muy tradicional  y ahora de lo que se trata es de ponerla al día con los nuevos conocimientos.

“Hay mucho que se puede hacer para mejorar la práctica educativa de las maestras, sobre todo para asumir que tenemos dos sentidos para la preprimaria, uno que construye una preparación para el primer grado, pero en ese sentido lo preescolar ha venido a centrar esta educación solo en que el niño adquiera habilidades que le sirven en primero, más no a desarrollar la potencialidad que tienen los niños para ser creativos y desarrollar todas las habilidades para ser buenos estudiantes”, aseveró.

Verdugo puntualizó que  se tienen que asumir las responsabilidades para cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual es lograr por lo menos un año de educación preprimaria universal en el país.

En la puerta principal de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios, en la 1a. avenida y 10a. calle,  zona 1,   en medio de la oscuridad de las 4 de la mañana y mientras la mayoría de la ciudad aún duerme, empiezan a llegar pacientes de diversos lugares del país. Todos tienen el mismo objetivo: lograr atención de los  médicos.  
 
Decenas de pacientes  descienden de taxis; solo ellos conocen  el esfuerzo  para  ubicarse entre los  primeros en la  fila y garantizarse el acceso a la salud.

Nadie los dirije, pero todos se forman en la fila de la consulta externa y brindan  un saludo de cortesía que el resto responde, “muy buenos días”.

Mientras esperan, algunos ven sus recetas, otros relatan su situación con  personas que también llegaron en busca de salud.  Se quedan allí.  A las 6.30 horas ya son 150 pacientes.

Yolanda Méndez Rivas, de 52 años,  responsabiliza al Gobierno de Otto Pérez Molina, de las carencias actuales en el sistema de salud pública, “Él —Pérez Molina— tiene el dinero escondido en bóvedas, deberían de encontrarlo, ese dinero debió servir para mejorar los hospitales”.

Julia Hernández, 33,  es otra paciente del  Hospital General San Juan de Dios, el segundo centro asistencial más grande  de Guatemala.

Hernández llegó   para continuar con el  tratamiento de una fractura en sus pierna derecha,   luego de que la atropellaron en febrero último.

Su frustración fue evidente, cuando después  de tres horas las enfermeras  le informaron  que su tratamiento se prolongará, debido a que los aparatos de Rayos X no funcionan.

Historias unidas

La molestia de Hernández es tan solo un lado de la moneda.  Del otro está la del médico residente Edwin González, quien atendió este caso. Su incomodidad se basa en que atiende un promedio de 40 pacientes  al día —de 8.30 a 11.30 horas—, con pocos o  sin  insumos.

En el caso de Hernández, el médico no puede ver la evolución de la fractura porque no hay  Rayos X y su paciente le dijo: “Doctor, no ajusté el dinero para hacerme los exámenes y no sé si en las próximas semanas lo tenga”.  Ella tiene dos hijos, alquilan una habitación en la colonia El Paraíso 2, en la zona 18, junto a su esposo Domingo  Toc, quien trabaja como agente de seguridad privada.

 “Hemos tratado de ir poco a poco, lastimosamente pidiéndole al paciente que se haga el examen en otro lugar. En ocasiones solo nos queda aconsejarles el lugar en que son más baratos, o los enviamos al patronato”, explicó González.

Según  una enfermera del nosocomio, que pidió no ser identificada,  “todos  sabemos que el hospital  no es cinco estrellas ni es un privado, aquí trabajamos con muchas limitantes, que a veces hay un medicamento a veces no, igual el material, que se descompone un chorro, un lavamanos, que no hay ropa…”.

Agregó que las enfermeras hacen labores que no le competen, como trabajo secretarial por falta de personal o como la supervisora de la noche, quien si no hay ropa disponible le toca  ir a buscarla.

“No es su trabajo, ella está para atender pacientes, pero como no hay ropa, y los pacientes están sucios, ella va por la ropa”, afirmó.

La fuente aseguró que cuando hay personal que está suspendido por enfermedad  o bien   hay mucha actividad sindical se recarga el trabajo porque se tiene doble asignación.

De acuerdo al departamento de enfermería, hay unas  200 enfermeras graduadas y mil auxiliares.
De estas,  98 atienden la emergencia y 30 la consulta externa y el resto en otra áreas.

El subdirector del hospital Leopoldo Mérida Spinola, opina que  los médicos del San Juan de Dios  y de otros hospitales nacionales trabajan por vocación, amor al prójimo, interés científico, y por último por el incentivo económico, ya que  tienen un salario base promedio de  Q7 mil, lo que no compensa  todas las responsabilidades y  dificultades que enfrentan en su profesión.

No es caridad

“El Gobierno se quedó con la idea de que el médico tiene que trabajar por vocación, por el famoso juramento hipocrático y porque tiene la obligación de servirle al prójimo”, aseveró.

Agregó que es “una especie de obligación el  sacrificio” y que “el concepto de los gobiernos —guatemaltecos— de la medicina es curar enfermedades o atender por caridad, cuando es obligación del Gobierno.  No solo dan pocos recursos,  sino que al médico que ejerce su profesión en el Estado se le pide como una “caridad obligada, por lo que tienen que ganar poco en lugar de trabajar  por un salario como cualquier otro trabajador”.

Enfatizó que la labor que  hacen tiene la gran responsabilidad de tratar con la vida de las personas, aunque las autoridades no creen que tenga valor. Ante eso se han visto en la necesidad de hacer colectas, actividades deportivas y conciertos  para recaudar fondos y así prestar un servicio al pueblo que ya pagó el acceso a la salud.

“Hospitales enfermos”

En la actualidad el Gobierno central tiene como desafío sacar de la crisis al sistema de salud pública, se efectuaron aportes financieros y  abastecimiento de insumos. Pese a las medidas, algunos galenos  aún dudan de que sobrepasen las penurias.
Napoleón Méndez, médico, subjefe de la unidad de Emergencias del Hospital General San Juan de Dios,  describió la situación del sistema hospitalario como un paciente gravemente enfermo.

Méndez aseguró que la crisis no se superó, y que apenas se hacen esfuerzos para salir de esa situación
“Los 44 hospitales están en una crisis profunda. Hace dos mes el sistema hospitalario era un enfermo grave de muerte, ahora es un enfermo que empezó a dar suspiros, empezó a respirar un poco. Pero quisiéramos que el Gobierno le de la importancia a la Salud”, enfatizo Méndez.

En la unidad de emergencia del centro asistencial persisten las carencias, aseguró Méndez: Nos faltan los antibióticos, las gasas, las suturas, equipo laparoscópico, de Rayos X.  Estamos muy conscientes que los hospitales San Juan de Dios y el Roosevelt, no son suficientes para atender la demanda“.

• Fractura de pie

La paciente no tuvo acceso a Rayos X. En abril fue atendida en el hospital por una fractura en el pie derecho. El tratamiento se prolongó debido a que los aparatos de rayos X no funcionan.

“No me pudieron atender porque no sirven los aparatos de rayos X, con mi dinero pagaré mi examen en un laboratorio”
Macaria Pop Xol, sufrió una fractura.

• Úlcera en el colon

Cada 15 días asiste al hospital. Hace  tres meses empezó tratamientos por úlcera en el colon. En los últimos dos meses se dedicó a pedir donativos porque  perdió su trabajo.

“Vengo a mis tratamientos por mi enfermedad de colon, el dolor me alejó del trabajo y gasto mis ahorros para curarme”
Rolando Coyusanza, padece colitis ulcerativa.

Bloqueos en carreteras de provincia y manifestaciones afuera de los centros de salud, son parte de las primeras acciones que se esperan del grupo salubrista, confirmó Luís Alpírez del sindicato de Salud.

Los bloqueos previstos para este miércoles los efectuarán sindicalistas en la provincia, “decidieron empezar con las acciones por la gravedad de los problemas en las comunidades”, mencionó Alpírez, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud, y aseguró que no estarán bajo el control de esa organización.

“Considero que habrá dos o tres puntos, lamento no poder informar cuáles serán los puntos, en el transcurso del día se conocerán, nosotros dejamos la libertad a los líderes de las comunidades que hicieran las coordinaciones y de acuerdo a los problemas locales se accionarán”, agregó.

“Hay mucha coyuntura para que nuestras bases se adapten a otros sectores, porque ya no van a ser solo salubristas. Estamos en coordinación, ahora sí con comunidades que tienen conflictos”, manifestó el sindicalista.

Bloqueos y marchas

En los bloqueos anunciados para el jueves se espera que salubristas y maestros cierren el paso en las principales rutas de la provincia y del centro de la capital, como ocurrió hace 15 días.

Las marchas, según Luis Alpírez,  se llevarán a cabo porque el presidente Jimmy Morales se niega a atender sus demandas: La falta de pago de viáticos y  una deuda de unificación de bonos a los trabajadores.

Otras peticiones son las reformas al sector de Salud para enfrentar la crisis que afecta a la población, principalmente en las áreas rurales.

“Nos ven como si tuviéramos lepra o rasquiña, nadie quiere hablar con nosotros, por esa razón se tomó la decisión de reactivar la hoja de ruta de trabajo. Si el presidente Jimmy Morales se niega a atendernos, saldremos a las calles”, declaró Alpírez.

Nuevos puntos

Los manifestantes tienen previsto bloquear las carreteras a partir de las 7 horas; en la capital efectuarán caminatas desde diferentes puntos hacia el Congreso y la Casa Presidencial.

Alpírez dijo que es posible que los bloqueos no se lleven a cabo en los puntos acostumbrados, pero que esa decisión la tomarán con los secretarios departamentales del sindicato.

El incidente ocurrió a los alrededores de la municipalidad de Guatemala en el Centro Cívico, paralelo a la celebración de los 60 años de los Bomberos Municipales.
El juez de Paz y Faltas de Turno, Sergio Rene Mena Samayoa, transitaba en un vehículo sobre  la 6a. avenida y 24 calle de la zona 1, salió de la torre de Tribunales para ir en dirección al sur, una de las calles de esa avenida estaba cerrada y no pudo pasar.
El juzgador iba a efectuar una exhibición personal de una niña, llamó al 110 y solicitó apoyo para capturar al agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), por obstrucción a la autoridad y abuso de autoridad.
Como Giovanni Muñoz fue identificado el agente, que según la Policía Nacional Civil (PNC), no permitió pasar al juzgador.https://twitter.com/infoTRAFICOgt/status/759819005699829760

Un compañero de Muñoz afirmó que el juez estaba en una fila de vehículos que esperando pasar en una calle cerrada, y el juzgador no se identificó, de lo contrario le hubieran permitido circular.
“El problema del juez no es con el agente sino con la institución”, reveló el policía de tránsito que no quiso identificarse.
Muñoz fue llevado a la carceleta de la torre de tribunales para que espere una audiencia donde los podrían ligar a proceso o dejar en libertad.

Geovanni Muñoz, agente de la PMT, fue detenido por no dejar pasar al juez Sergio Mena. Video: Esbin García. pic.twitter.com/ZKS0fvs916

— Axel José Vicente (@axelvicente_pl) 31 de julio de 2016

En una actividad en la Plaza de la Loba, frente a la comuna capitalina, el mandatario y el jefe edil Álvaro Arzú, realizaron un acto protocolario con los miembros del cuerpo de socorro y estudiantes de la academia.
Morales condecoró a bomberos que tienen más de 25 y 50 años en la institución y envió un mensaje para los socorristas y la labor de salvar vidas que realizan.
El mandatario afirmó que siempre quiso ser bombero porque es admirable arriesgarse y dar la vida por otra persona. “A veces uno mira con desdén, conforme va creciendo, actividades que son sensibles, y las cambia por dinero, reconocimiento, y deja de hacer lo valioso”, indicó el mandatario.
El presidente hizo referencia a la canción “Yo quiero ser Bombero”, y afirmó que se refleja en él, porque en la melodía el artista narra que de tantas profesiones al final se le olvidó que quería ser bombero.

Mientras la crisis en el sistema público continúa, los dos grupos tratan de que el presidente Jimmy Morales tome en cuenta a su candidato; cada uno llevaría su propio enfoque y  equipo de trabajo.

El equipo propuesto por los médicos, quienes entregaron una carta con los nombres al mandatario, está integrado por el actual viceministro de hospitales, Mario Figueroa, quien sería el candidato propuesto para dirigir la cartera.

Como viceministro de Atención Primaria,  Francisco Bermúdez, ex viceministro técnico de Salud que acompañó a Luis Enrique Monterroso —ministro en la fase final del gobierno del PP— y actual director del Área de Salud de Sacatepéquez.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt y quien se desempeñó como supervisor de hospitales,  sería el viceministro de Hospitales.

La otra propuesta

Del lado de la sociedad civil se impulsa el nombramiento de Lucrecia Hernández Mack, hija de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1989.

Según médicos, junto a Hernández Mack llegarían los viceministros que acompañaron a Mariano Rayo en su gestión: Juan Antonio Villeda y Velia Oliva, por lo que no aceptarían esa designación.

• Lea también: Alfonso Cabrera renuncia al ministerio de Salud

Los directores se enteraron de esa propuesta ayer por la mañana, antes de que se hiciera pública la renuncia del  ministro, y decidieron elaborar su propia planilla.

La salida de Cabrera, quien se encuentra en Paraguay en una cumbre de ministros de Salud, se hará efectiva el 1 de agosto.

Presionan y se extrañan

Luis Alpírez, representante del sindicato de Salud, refirió que les sorprendió la renuncia de Cabrera, porque habían hecho un compromiso con él desde el inicio de la gestión para sacar adelante el sistema de salud, pese a que esta semana han efectuado varios bloqueos como medida de presión.

“Lamentablemente, creemos que cayó en un bache político de presiones de los empresarios de la salud, los que siempre lucran con la salud del pueblo y obviamente esa presión lo hizo tomar esa decisión”, expresó.

• Lea también: Médicos denuncian a diputado por acoso psicológico

Agregó que los bloqueos en calles  no tenían como finalidad el retiro de Cabrera, sino “para que se atienda la crisis”.

Según Alpírez, el único perfil que necesita el ministro que llegue es  ser profesional de la salud, que esté inmerso en el ministerio y que no responda a intereses “privatizadores”, por lo cual dicen decantarse por la propuesta de los médicos y directores de áreas de Salud.

Rechaza reciclaje

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), refirió que para elegir al nuevo ministro el presidente Jimmy Morales debe tener un perfil  definido que se adapte a la difícil situación  de Salud.
“No se puede seguir con prueba y error, como hemos venido”, aseveró al referirse que desde el 2014 esta sería la séptima persona en ocupar esa cartera.

Resaltó que no es sano que se reciclen los  funcionarios que por mucho tiempo han sido parte de esa cartera.
Agregó que es momento de que el Ministerio de Salud se renueve, que tengan propuestas de personas con nuevas ideas, con un enfoque diferente de la salud, como algo integral.

Calderón resaltó que es necesario que el nuevo ministro tenga apoyo político total y sin interferencias.

“Me refiero al tema de la Vicepresidencia, que es una constante. Sigue habiendo una línea paralela de poder desde la Vicepresidencia que interfiere con el funcionamiento del ministerio. No se sabe quién realmente toma las decisiones, si es el ministro como tal, la Vicepresidencia o los asesores de esta”, indicó.

La Alianza por la Nutrición, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló mediante un comunicado que les preocupa la profundización de la crisis del sistema de salud pública en el país.

Fundesa  recomienda fortalecer los servicios y administración de la institución, y propone acelerar la reforma para actualizar los sistemas de prevención, así como mejorar los controles para asegurar la transparencia. También sugirió que el cargo de ministro debe tener un fuerte componente gerencial.

Lucrecia Hernández Mack

Es médica y cirujana. Tiene maestría  en  Salud Pública, y estudios en Medicina Social y Salud Colectiva. Tiene relación con varias organizaciones, como la OPS Es hija de la antropóloga Myrna Mack Chang, asesinada en 1990.

Mario Figueroa

Ocupa el cargo de viceministro de Hospitales. Figueroa ha laborado en el Ministerio de Salud por más de 10 años en diferentes puestos institucionales, y es promovido por  directores de hospitales.

El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, presentó ayer su renuncia al cargo, luego de poco  más de seis meses de haber sido nombrado por el presidente Jimmy Morales.

Cabrera espera que el gobernante acepte su renuncia a partir del 1 de agosto próximo, en medio de una crisis crónica en el sistema nacional de salud.

La semana recién pasada, el funcionario anunció su salida, pero  ayer el vocero de la dependencia, Édgar Arana, confirmó que el ministro firmó la carta el martes y la envió ayer al mandatario, en la cual expone que desea dejar el cargo por “motivo puramente personal”.

Cabrera viajó a Paraguay para participar en la 17 Reunión Interamericana Interministerial de Salud y Agricultura, actividad que terminará el próximo domingo, y espera regresar al país el lunes. El viceministro Mario Figueroa quedó a cargo del despacho.

Fragmentación

Esta cartera ya mostraba debilidad en su equipo, ya que Rodolfo Zea, viceministro de Atención Primaria en Salud, anunció su renuncia el pasado 30 de junio, pero al momento sigue en funciones debido a que aún no se ha elegido a quien ocupará su cargo.

La administración de Cabrera se ha desarrollado en medio de la crisis que afronta el sistema de salud por el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales, baja cobertura en la atención primaria, así como por la deuda con proveedores y atraso en pagos al personal.

Al nada más conocerse la renuncia empezaron a circular nombres de supuestos sustitutos.

En una reunión sostenida entre los directores de hospitales y de áreas de Salud, en el auditorio del Hospital Roosevelt, luego de una citación de directores con el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, se acordó presentar una propuesta de equipo para dirigir la cartera.

Para hoy se tiene previsto entregar el documento a Morales, en el que se solicita que Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, pase a dirigir la cartera, y Francisco Bermúdez, director de Salud de Sacatepéquez, se encargue  del Viceministerio de Atención Primaria. Como viceministro de Hospitales se sugiere a Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt.

En octubre del 2014, Bermúdez fue juramentado por el entonces presidente Otto Pérez  como viceministro técnico de Salud, durante la gestión de Luis  Monterroso.

• Lea también: Pacientes cuentan la crisis en los hospitales

El viernes de la semana pasado durante una citación en el Congreso, el ministro Cabrera se desligó del acuerdo que firmó con el diputado Luis Hernández Azmitia, el pasado 28 de junio.

Con ese acuerdo, Cabrera se comprometió a renunciar si en un mes no mejoraban las condiciones en el sistema de Salud, aunque esta promesa no quedó por escrito.

El ministro aseguró que ese acuerdo lo firmó por “atención al señor diputado”, pero que el compromiso lo tiene con el presidente, Jimmy Morales y “con el pueblo de Guatemala”.

La propuesta de los directores:

• Ministro de Salud, Mario Figueroa –actual viceministro–.
• Viceministro de atención primaria en Salud, Francisco Bermúdez.
• Viceministro de hospitales, Carlos Soto –director del Hospital Roosevelt–.

Accionan contra diputado

Directores de varios hospitales públicos manifestaron por la mañana su apoyo al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, y aseguraron que el presidente de la Comisión de Salud, Luis Hernández, tenía intereses espurios al solicitar la renuncia del funcionario.

El director del Hospital de Chimaltenango, Amílcar Anleu, aseguró que Hernández no tiene la calidad moral para pedir la renuncia  por los vínculos que tuvo con el Partido Patriota, cuando fue viceministro de Desarrollo Social.

Dificultad para dirigir

Trabajó en Salud Pública entre varios cuestionamientos.

7-2-16

Nepotismo

• El ministro de Salud reconoce que familiares suyos trabajan en esa cartera, pero que tienen años de laborar allí.

6-4-16

Entrega lista

• Cabrera entrega lista de citas, luego de versiones de que había recibido presiones de diputados para contratar personal.

18-4-16

Se queja

• Afirma que personalidades políticas le han pedido renunciar, y que si el presidente lo separa, se irá tranquilo.

27-6-16

A juicio político

• Se anuncia que Cabrera sería el primero en ser interpelado en la octava legislatura.

28-6-16

Suspensión súbita

• El diputado Luis Hernández cancela juicio político al ministro, lo cual se hace de forma abrupta.

Con información de Geovanni  Contreras.

El orden lo determinó el hallazgo de los cuerpos en medio de un dantesco escenario  cuando finalmente los fiscales ingresaron, a las 16 horas del 18 de julio recién pasado.

Desde las 10 de la mañana, hora en que Byron Lima murió, según la necropsia, los reos tuvieron el control del lugar.

En la primera escena, al ingreso de la garita, había cinco cuerpos —uno al lado de otro— que fueron llevados hasta allí por los internos.

Tres cadáveres más fueron localizados en el patio trasero del sector nueve. Los cuerpos de dos hombres y una mujer —Joanna Birriel— estaban en un área cercana.

Una cuarta escena fue marcada a unos cuantos metros en donde fueron encontrados los restos calcinados de un hombre.

Un total de 69 casquillos fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis.

Los fiscales coinciden en que fueron encontrados indicios sobre la utilización de tres tipos de armas:  calibres 9 milímetros, .40  y   .45.

La hipótesis de que fue utilizada una granada sigue sin  sustento hasta ahora. El cuerpo calcinado no tenía indicios de haber estado expuesto a una explosión.

El ataque, según el testimonio de  los reos, pudo haber durado unos 45 minutos.

Otro hecho inquietante para los investigadores es que fueron encontrados rastros de sangre que venían de la parte trasera del sector nueve, lo que sugiere —aunque esto es solo una presunción aclara uno de ellos— que algunas víctimas hayan sido llevadas a uno de los patios para darles muerte.

Versiones recogidas por las autoridades dan cuenta de que ese día, Lima Oliva inauguró una abarrotería.

Más datos

Roberto Garza, vocero del Inacif, señaló que entregaron 12 de los 14 cuerpos.

Además de las causas  por las que murieron las primeras cinco víctimas, divulgadas el martes, el Inacif aportó ayer nuevos datos a la investigación.

El disparo que le provocó la muerte a   Birriel fue acertado en  el rostro.

 Víctor Manuel Cruz Cruz  murió por las heridas  en el cráneo ocasionadas con un arma blanca, al igual que  José Alberto Pérez Paredes.

Eric Fernandino Canel Martínez recibió disparos en el tórax, el abdómen y la cabeza, al igual que César Giovani Monroy Martínez. Emanuel de Jesús Martínez Castañeda, Anahel Ochoa y Julio César Aguirre murieron por impactos de bala en el tórax, según los peritajes.

aún no ven nexo

De acuerdo con los fiscales consultados quienes conocieron algunos de los procesos en contra de  12 reos asesinados no existe una conexión,  hasta ahora probada, con Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.

Cruz Cruz fue condenado a 42 años, entre otros delitos, por tráfico de estupefacientes y al pago de la multa de Q100 mil y US$ 102 mil 375, según la Fiscalía contra la Narcoactividad.

Martínez Castañeda fue detenido por realizar disparos con arma de fuego sin licencia, en Jalapa, y fue sentenciado por homicidio y portación  ilegal.

Gean Adán González enfrentó un proceso  por asesinato por el que fue sentenciado y el 18 de diciembre del 2007 se abrió otro en su contra por una trifulca protagonizada dentro de Pavón.

Canel Martínez había sido condenado a seis años por extorsión, después de haber sido detenido por flagrancia, al igual que Ochoa quien purgaba una condena por el mismo delito.

Zúñiga García y Aguirre Pérez estaban condenados por secuestro, aunque en distintos hechos. Toribio Aguilar, por violación.  Marcos Chub Santos y Monroy Martínez estaban recluidos por robo agravado.

En una entrevista radial, la fiscal general Thelma Aldana dijo que la Cicig apoyaría las investigaciones y opinó que el atentado contra Lima tuvo una “planificación bastante larga”.

Primera: Caso Gerardi

La primera es que descubrieron en Estados Unidos a una testigo protegida, que según explicó el Ministerio Público abandonó, quien decidió decir la verdad, lo cual era un serio motivo para reabrir el caso por la muerte del obispo Juan Gerardi, por el cual había sido condenado a 20 años de cárcel.

“A la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado no le iba a gustar; esa ha sido su bandera insignia”, expresó.

Agregó que la testigo era empleada pública y estuvo en reuniones donde se sabía que el crimen habría sido por el  robo de imágenes por la banda Valle del Sol y no político.

“En el sistema jurídico de Guatemala existe la revisión, y esa revisión funciona cuando hay una prueba extraordinaria; esto era una prueba extraordinaria, el FBI -Buro Federal de Investigaciones- le tomó la declaración a esta persona y el informe vino al MP donde se pidió que se reabra el caso”, dijo Luis Lima.

• Lea también: Hija de Byron Lima se despide de su padre en Facebook

Segunda: Por dar información

La segunda es que trabajaba con una unidad que analiza pandillas en Washington y que en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte le pidieron a Lima apoyo para efectuar  un análisis del Sistema Penitenciario (SP), con el fin de contar la situación de prisiones y las mafias que se manejan dentro.

El pasado viernes, según contó luis, un funcionario -extranjero- visitó a su hermano y hablaron sobre el tema carcelario.

“Una operación de esa no la hace cualquier delincuente tiene que haber alguien atrás con recursos, con logística, con permisos para ingresar armas y granadas, porque las armas y pistolas no entra caminando, y todo está entre  la gente de la guardia penitenciaria.

• Lea también: Joanna Birriel, la argentina que murió junto a Byron Lima

Tercera: “Ejecución extrajudicial”

La última hipótesis es que hace casi dos semanas Luis Lima recibió  información de una fuente del Ejecutivo de que planificaban matar a su hermano y que se haría una operación al estilo Boquerón y Pavo Real, para justificar la  reforma del SP.

“Ellos se refirieron a mi hermano como el cáncer a extirpar”, indicó.

Luis Lima señaló que le advirtió a su hermano y por eso Byron usaba un chaleco blindado.  Además responsabilizó al Estado de “la ejecución extrajudicial” de su hermano y no descartó la vinculación de otros sectores y exfuncionarios.

Una bicicleta podría cambiar el destino de una adolescente guatemalteca, el Unfpa entrega este transporte en lugares donde no hay acceso a la educación debido a las distancias que se deben recorrer para llegar a la escuela.

Verónica Simán, representante de la entidad en Guatemala, dijo que Chisec, Alta Verapaz, es uno de los lugares donde ya se han entregado bicicletas, en busca de que las niñas y adolescentes encuentre oportunidades de desarrollo.

“Tenemos un proyecto con el Population Council, con niñas indígenas, para asegurar que las niñas  se empoderen, que tengan información y puedan continuar en la escuela. Una bicicleta puede hacer la diferencia en que una niña se mantenga o no en la escuela por accesibilidad”, expresó Simán.

La representante de Unfpa agregó que el programa no es generalizado, se trata de casos particulares en donde se identifican a las niñas que, al terminar el grado y pasar al otro, tienen un problema por la distancia y se les capacita y entrega este transporte.

La estrategia fue presentada este lunes, durante el foro para conmemorar el Día Mundial de la Población, que la entidad internacional enfocó este año en la inversión en la niña adolescente.

Dificultades 

En Guatemala, según la Unfpa, viven 1.9 millones de niñas y adolescentes, con edades de entre 10 y 19 años, y el país es parte de la región considerada con más desigualdades entre hombre y mujeres.

La falta de participación política, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, son tres de los principales problemas a los que se deben enfrentar las adolescentes en el país, afirma Simán.

Por ello, la diplomática informó sobre la necesidad de que se invierta en la niñez y resaltó entre los problemas más recurrentes en el país, la violencia sexual, los matrimonios forzados y los embarazos prematuros, que además de limitar el desarrollo de la niña y el bebé que espera, atrasa el desarrollo del país.

Inversiones clave

Según Unfpa, para que las adolescentes tengan oportuidad de desarrollo, el país debe invertir en:

• Educación
• Salud
• Salud sexual y reproductiva
• Seguridad
• Participación
• Oportunidades
• Derechos
• Políticas
• Bienestar e igualdad

https://twitter.com/GeldiMunoz_PL/status/752547494404329472

Según información de los agentes de la Comisaria 11, los detenidos son los presuntos responsables de un ataque armado en donde falleció Kevin Sau Soto Aragon, de 23 años, y resultó herido Pablo Esteban López López, de 22.

Los aprehendidos son Francisco Ignacio Carrillo, de 47 años, Wilmer Geovany Ajcuc, 20, Ismael Munguia Mateo, 23, y Ever Ardani Catalán Quevedo, 22.

A dichas personas se les incautaron tres pistolas y una subametralladora, dos de las pistolas con reporte de robo y cinco cargadores, así como siete teléfonos celulares y un radio transmisor.

Al momento de la captura se conducían a bordo de un taxi marca Yaris de color corinto con placas A-900BCH.

Cuatro presuntos sicarios capturados en zona 1, presuntos responsables de dar muerte a hombre y herir a otro. pic.twitter.com/M7LM4sqvWC

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 10, 2016

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), señaló que los agentes policiales escucharon las detonaciones de arma de fuego y de inmediato acudieron al lugar copando a los hoy detenidos.

Según la investigación de la PNC,  el ataque fue por rivalidad entre pandillas.

Caso similar

Cinco supuestos pandilleros fueron capturados ayer en la 25 avenida final y 29 calle de la colonia La Reinita, zona 6, tras un enfrentamiento armado y una persecución policial que se originó cuando los ahora detenidos no se detuvieron en un puesto de registro.

En el intercambio de disparos, uno de los supuestos pandilleros hirió a uno de sus cómplices en el pie y fue trasladado al Hospital General.
La policía informó que se trasladaban en un taxi con reporte de robo y les incautaron cuatro armas.https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/751839590302912512

Fortalecen seguridad en frontera con El Salvador

Desde abril pasado se implementó el plan denominado Éxodo Guatemala, con el cual se espera evitar que la ofensiva de las autoridades de seguridad de El Salvador origine una migración masiva ilegal de pandilleros.

Desde su implementación, más de 400 personas con perfil de pandillero han sido retornadas.

Édgar Arana, vocero del Ministerio de Salud, confirmó que han nacido cuatro niños con esa anomalía, uno en Escuintla y tres en Suchitepéquez.

“De ninguna de ellas —las madres— su proceso de embarazo fue seguido por el Ministerio. Indicaron que el médico particular que las trató les dijo que podrían haber tenido zika y se les hicieron las pruebas, tanto a los bebés como a las mamás, para determinar si había presencia de zika, y salieron negativas”, aseveró.

Arana agregó que se enviaron las muestras al Centro para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, en inglés) en Estados Unidos, para   una segunda evaluación, y   los resultados se conocerán cuando esa entidad proporcione sus conclusiones.

“Pero por el momento es falso que haya un nacimiento de microcefalia asociado a zika  ya comprobado”, aseguró.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, difiere con Arana   respecto de Salud, ya que indicó que en junio pasado atendieron a una paciente que ingresó con zika diagnosticado  y esta dio a luz un bebé con microcefalia.

“Le hicieron todas las pruebas al recién nacido. No han regresado   del Laboratorio Nacional, pero sí se le hicieron todas las demás pruebas al paciente y fueron negativas. Se le hizo también una tomografía al niño y se observó que obviamente sí es   microcefalia”, expresó.

Soto, sin embargo, resaltó que cuando tengan los resultados del Laboratorio se podrá tener la certeza de si el niño contrajo zika.

“Obviamente, si tenemos madre con zika, neonato con microcefalia, y otras pruebas negativas para microcefalia, entonces pienso que podría ser microcefalia por zika”, aseveró.

El médico comentó que la paciente llegó referida de un sanatorio de Mazatenango, Suchitepéquez.

Arana señaló que desde el 15 de noviembre del 2015 al 25 de junio recién pasado reportan 453 casos confirmados de zika y dos mil 76 sospechosos. Además registran en ese período 109 mujeres embarazadas,  de las cuales han nacido   36  bebés. “Todos están sanos, ninguno ha sido reportado con anomalía congénita”, aseguró.

• Lea también: Zika, una amenaza latente en Guatemala

El funcionario explicó que las pruebas de laboratorio, para confirmar o descartar que los niños se hayan contagiado con el virus, y que las madres hayan padecido la enfermedad, se enviaron al Centro de Control de Enfermedades, (CDC en ingles), para una segunda opinión, ya que las que se practicaron en el país resultaron negativas.

Los resultados de las segundas pruebas estarán en Guatemala dentro de un mes.

Microcefalia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la microcefalia es una malformación neonatal caracterizada porque el niño tiene la cabeza más pequeña que la de otros  de la misma edad y sexo. Esto se debe al desarrollo anómalo del cerebro del feto  o durante la infancia.

La OMS refiere que la microcefalia puede deberse a diversos factores ambientales y genéticos como   Síndrome de Down, exposición a drogas, alcohol y otras toxinas en el útero, así como que la madre haya adquirido rubéola en el embarazo.

Soto dijo que la microcefalia limita el crecimiento del cerebro de los niños.

• Lea también: Da a luz primera mujer contagiada con zika en Guatemala

En cifras

Hasta el 4 de junio pasado,  las autoridades de Salud confirmaron 343 casos de zika en el país y mil 534 casos sospechosos.

Los departamentos que más casos confirmados reportan son Suchitepéquez, con 51; Guatemala, 49; y Santa Rosa, 31. En cuanto a sospechosos  lidera Santa Rosa, con 266; Quetzaltenango, 261; y Zacapa,  183.

De los 343 casos confirmados, 85 son mujeres embarazadas, 14 de las cuales se encuentran en Suchitepéquez y 11 en Quetzaltenango.

Para tomar en cuenta

• Édgar Arana, vocero del Ministerio de Salud, señaló que se recomienda a las mujeres embarazadas llevar controles prenatales.
• Si una mujer ha sido infectada con zika, debe acudir al sistema nacional de salud, pues no cualquier médico puede diagnosticarlo.
• Para prevenir  el contagio, se sugiere evitar piquetes de  zancudos, usar repelente, cubrirse la piel lo más posible, tener en casa mosquiteros y mantener limpios todos los ambientes, para evitar criaderos de mosquitos.
• Arana agregó que es importante que los médicos particulares remitan y reporten los casos a Salud, para un mejor control. Resaltó que el Seguro Social sí los ha enviado, para el  respectivo análisis.

Autoridades del IDPP, acompañados por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala, ofrecieron este miércoles detalles sobre la defensa pública del país, en donde destacaron la falta de recursos y personal. 

El presupuesto asignado para el instituto, para este año, es de Q125 millones, insuficiente para la labor de la institución, según la directora, Nidya Arévalo. Por ello, se pidió una ampliación presupuestaria de Q30 millones.

Segú Arévalo, para operar en el 2014 se necesitarán Q400 millones.

La directora también afirmó que cada abogado defensor público debe atender unos 70 casos, por lo que tampoco es suficiente el personal con el que cuentan.

• Lea también: IDPP acciona ante la CC contra su ley orgánica. 

“Si la defensa pública sigue como está, que es donde tenemos el mayor número de asistidos, no hay justicia”, afirmó Arévalo, quien dijo que el sistema de justicia debe fortalecerse de manera integral, “no solo el Organismo Judicial, no solo la Fiscalía, también la defensa pública”, afirmó.

El 24 de junio pasado, abogados del IDPP acudieron a la Corte de Constitucionalidad para presentar una acción de inconstitucionalidad parcial en contra del artículo 20 de la ley orgánica de la institución, pues esta establece que “la Sección Metropolitana estará integrada por 25 defensores de planta”.

Paul Wise, profesor de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, informó que desde hace 10 años implementan un proyecto de salud en unas 20 comunidades de San Lucas Tolimán, con el cual han desarrollado capacidades en promotores locales para prevenir la mortalidad infantil y mejorar la nutrición de los niños.

Refirió que un avance que han tenido es pasar de 16 niños menores de 5 años —excepto neonatales— que morían por cada mil  habitantes cuando empezaron con el programa  a siete, así como mejorar la nutrición infantil, aunque enfatizó que se necesitan estrategias agresivas.

Para mejorar la identificación de menores que requieren atención inmediata, Wise  habló con la Facultad de Ciencias de Computación de la Universidad de Stanford y otros grupos de Silicon Valley —parque tecnológico ubicado en San Francisco, California—, con el fin de aplicar un programa para tabletas y celulares que ayuden a monitorear la nutrición de los niños.

El proyecto utiliza un modelo estadístico que toma las medidas y pesos de niños y puede predecir cómo evolucionarán dentro de los siguientes dos o tres meses. Además, muestra qué pasa si el niño come o no. Con esto se puede identificar a los infantes que necesitan alimento.

Andrea Prado, directora académica de Central American Healthcare IniUsan tecnología para prevencióntiative (CAHI) y profesora de Incae Business, señaló que el proyecto es un esfuerzo para fortalecer el primer nivel de atención para trabajar  nutrición en zonas rurales.

Resaltó que con la tecnología se   vigilará el crecimiento de los infantes y así mantener una intervención oportuna para que  no caigan en desnutrición.

Wise comentó que existe un total de 60 promotores, entre avanzados, en capacitación y auxiliares, y  son alrededor de 15 mil personas las beneficiadas. En este momento se tienen mil 500 niños en programa de nutrición.

Prado comentó que el plan piloto del uso de las tabletas ya fue aprobado y que  se desarrolla junto a la capacitación de promotores. Puntualizó que se busca extenderlo en la región centroamericana para prevenir la desnutrición infantil.

Aporte digital

• El programa de monitoreo recibe datos a través de
• tabletas y celulares.
• Los desarrolladores  de la tecnología vinieron al país para conocer el contexto cultural y no solo trabajar con base en datos.
• Con la  tecnología ya desarrollada, los promotores ingresan  la información de cada niño en las tabletas  y esto permite determinar su estado, al compararlo con modelos estadísticos de medidas y peso.

Morales asistió a la fuerza Aérea Guatemalteca como Comandante General, junto al vicepresidente Jafeth Cabrera, con quien presenció el desfile castrense.

Durante su discurso al personal de la institución, hizo referencia a que su opinión no es sectorial ni partidista, y que el país avanza en el camino correcto. “Quizá no con la velocidad que muchos quisieran pero si en la correcta ruta, hacia una Guatemala sana, educada y en paz”, enfatizó.

Morales calificó a las fuerzas armadas como un ejemplo, y remarcó que los recursos que le asignan son un aporte para lo que tienen ordenado cumplir. “El más importante la protección de la ciudadanía”, puntualizó.

El Presidente destacó que han sido criticados por la fabricación de escritorios pero que ahora “muchos niños ya no se sientan en el suelo”.

.@jimmymoralesgt se refiere a las críticas del trabajo del Ejército en acciones adicionales @prensa_libre pic.twitter.com/CpdOidWHYl

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 3 de julio de 2016

Además se refirió a las camillas para hospitales y dijo que por la corrupción no habían sido compradas. “¿De dónde vienen los recursos?, de la bendición de Dios”, manifestó Morales.

El ministro de Defensa, Williams Mansilla, añadió que las fuerzas armadas tienen como prioridades la participación en seguridad exterior, apoyo en seguridad interior y la cooperación en gestión de riesgos. Además de colaborar con el desarrollo nacional y la transparencia en la gestión institucional.

Mansilla destacó la reparación de caminos rurales y cuatro dársenas, además la construcción de escritorios y camillas.

Uno de los atractivos del desfile militar @prensa_libre pic.twitter.com/Y0057EYo3u

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 3 de julio de 2016

De acuerdo con una negociación efectuada entre autoridades de la municipalidad de Santa Catarina Pinula y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las familias afectadas que aún permanecían en el albergue municipal debían entregar el lugar el viernes recién pasado.
Durante una visita al lugar, algunos de los afectados por el deslave ocurrido el 1 de octubre de 2015 se concentraron para agradecer al alcalde Víctor Albarizaes por haberles dejado permanecer durante nueve meses en el lugar, ya que un principio era solo por un mes.

Familias afectadas por el alud en #Cambray2 ya desalojaron el albergue municipal @prensa_libre pic.twitter.com/JzetLKM4PD

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) July 2, 2016

María Laura Paz, de 70 años, comentó que junto a su esposo eran guardianes de una casa que se encontraba cerca de donde ocurrió la tragedia, y que por no ser propietarios no lograron ser beneficiados con una de las casas que ofrecieron entregar.
Paz agregó que debieron irse a un cuartito que les habilitaron en la casa de una hija, debido a que no pueden pagar alquiler, además, un nieto que vivía con ellos debido irse a otro lugar.
Romeo Isaías, padre de tres niños, expresó que él tenía un terreno el Cambray que había pagado pero no tenía escritura, por lo que tampoco salió beneficiado. Ahora se encuentra alquilando un cuarto por Q800.
El presidente de la asociación señaló que el martes pasado tuvieron una reunión con la mesa técnica que coordina la PDH,  en la cual todas las instituciones involucradas en la ayuda a los damnificados por el alud del Cambray informaran de los avances que se tienen en la entrega de la casa.
Agregó que se reunirán el próximo 11 de julio para que las instituciones den un compromiso más formal de lo ofrecido. Comentó que el 1 de agosto se recibirán las ofertas para elegir a la  nueva empresa que se hará cargo de la construcción de las casas.
Camilo Aval, de la PDH, señaló que de acuerdo con hablado en la mesa técnica se prevé que las casas puedan ser entregadas en diciembre próximo, aunque por los trámites burocráticos no se sabe si se cumplirá.

Debido a las limitantes que establece la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) accionó viernes en la Corte de Constitucionalidad (CC) con el propósito de lograr más abogados de planta para la sección metropolitana.

Ovidio Girón, coordinador de mpugnación del Instituto, señaló que se presentó una acción de inconstitucionalidad parcial de carácter general contra el artículo 20 de su propia ley orgánica, que establece: “La Sección Metropolitana estará integrada por 25 defensores de planta”.

Girón aseguró que hace casi 20 años, cuando se creó la Defensa Pública, era suficiente esa cantidad, pero en la actualidad la población y la criminalidad han crecido en forma considerable.

“A la fecha ya no alcanzan los defensores públicos para prestar el servicio, puesto que en ese tiempo que se creó había nada más 18 tribunales en la capital… Ahora hay 54 tribunales, quiere decir que se triplicaron y por eso la necesidad de aumentar los defensores”, aseveró.

Edgardo Enríquez, abogado del IDPP, indicó que esperan que la CC declare inconstitucional este artículo y   se deje abierto el número para que los defensores de planta sean aumentados de manera proporcional a las demandas.

Carga laboral

El documento entregado a la CC  señala que cada defensor, en promedio, tiene más de 200 procesados a su cargo, lo cual hace que se le dedique menos tiempo a cada uno.

Se menciona también que hay procesos voluminosos, incluso se han dado casos de dos mil 500 folios o un solo expediente con 95 sindicados señalados por varios delitos.

Nydia Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, confirmó en declaraciones pasadas que trabajan de manera desproporcional con el resto de organismos de justicia, ya que solo cuenta con 400 abogados defensores y una cantidad similar de asistentes, por lo  que necesitan que se duplique el número de ambos cargos.

El IDPP cuenta con 36 coordinaciones departamentales o municipales en el país, 15 de las cuales  prestan servicios adicionales como atención con enfoque intercultural o de género  y asistencia legal en forma gratuita a la víctima y sus familiares.

El documento Desafíos Actuales de la Justicia Penal, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, resalta el estancamiento en que se ha mantenido la defensa pública penal en la cobertura geográfica del IDPP, ya que únicamente cubre  alrededor del 10 por ciento del país.

Esa cobertura se queda relegada respecto del  33 por ciento que posee el Ministerio Público, y el cien por ciento de los municipios donde tiene presencia el Organismo Judicial, refiere el mencionado documento.

Atención y casos

El personal del IDPP tiene exceso de trabajo, lo cual limita la atención a los casos de sindicados.

• En  el 2009   cubrieron 54 mil 502 audiencias y  en el 2015 fueron 133 mil 745.
• En el 2015, en todo el país, registraron  carga promedio de trabajo mensual de 112 casos.
• De los casos ingresados ese año,  defensores de planta ejercieron la defensa  de 20 mil 39 expedientes —65%— del total de incidentes nuevos.
• En los juzgados de turno, seis mil 314 casos —92%— fueron cubiertos por  defensores de oficio y 553 —8%— por defensores de planta y formación, durante el  2015.

José Mauricio Rodríguez, viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentó antes la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción en contra del decreto 13-2016, que penaliza con cárcel la incomparecencia de los funcionarios y particulares a la convocatoria de diputados

Dicho decreto incorpora los artículos 414 bis y 420 bis del Código Penal, que castiga a los trabajadores del Estado y particulares que no asistan a las citaciones que realice el Congreso.

Rodriguez comentó que la acción que presentó este jueves es a título personal en contra de la citación que hacen los diputados, específicamente a particulares, quienes a juicio del funcionario, no están obligados a asistir.

“Quiero dejar claro que no nos estamos haciendo reticentes, negando, o haciendo difíciles para la fiscalización de los señores diputados, estamos en la mejor disposición, lo hemos hecho siempre”, expresó.

Según Rodríguez no se opone a fiscalizaciones, sino a procedimientos anómalos y citación aparticulares @prensa_libre pic.twitter.com/q2pPtA3OG1

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 16, 2016

Agregó que entre ministros y viceministros han habido más de 800 citaciones este año, a las cuales todos han asistido.

Rodríguez agregó que no existe ninguna negativa a ese proceso de fiscalización, pero los procedimientos anómalos y el hecho de que se cite a particulares no está bien.

“Cuando se cinta a particulares no tienen porque asistir, nosotros como funcionarios tenemos la obligación de acudir”, indicó.

Lea también: Congreso se enfrenta al Ejecutivo por citaciones

Poderes enfrentados

El Decreto 13-2016 generó, desde su publicación, una lucha entre el Ejecutivo y Legislativo; el primero incluso vetó la normativa y los diputados unieron fuerzas y invalidaron el criterio presidencial.

El decreto 13-2016 fue aprobado el 4 de febrero último, con  moción avalada por 113 diputados. Luego, 107 congresistas aprobaron la creación de la normativa, pese al rechazo de la bancada de gobierno, que insistía en que se avalaba  abusos en las citaciones.

El 9 de marzo, Morales vetó las reformas al Código Penal,  con el argumento de que violaba el artículo 17 de la Constitución, que establece que “no hay delito ni pena sin ley anterior”.

El rechazo al veto presidencial se dio en medio de denuncias de abusos por parte de los legisladores en las citaciones; el  ministro de Salud, Alfonso Cabrera, aseguró que ha sido citado cerca de 32 veces en los dos meses que lleva en el cargo, y que sus viceministros habrían llegado  unas 31 veces.

El ataque armado ocurrió cuando un aparente asaltante que viajaba como pasajero se levantó de su lugar y junto a una mujer exigieron a los usuarios que entregaran sus pertenencias, mientras la unidad terminaba de transitar en la calle Martí para incorporarse al Anillo Periférico, zona 3.

El presunto malhechor amenazó con un arma a los usuarios. Pasajeros relataron que uno de los pasajeros se percató que la pistola con la que amedrentaba el supuesto asaltante era de plástico, luego sacó un arma y le disparó varias veces.

Según los relatos recogidos por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), los usuarios de la unidad indicaron que luego de ser atacado a balazos, el aparente asaltante se lanzó del autobús.

El hombre quedó muerto en  el anillo Periférico 3-00, frente a una venta de repuestos, en la zona 3.

El autobús continuó su recorrido por el Anillo Periférico hasta la entrada a la colonia Bethania, en la zona 7. En ese lugar los bomberos asistieron a Ruth Nohemí Rivera, quien supuestamente ayudó a la víctima mortal a cometer el asalto.

La mujer fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Cerca del cadáver los fiscales del Ministerio Público encontraron una pistola de plástico, supuestamente usara para intimidar a los pasajeros.

Las autoridades de la municipalidad de Santa Catarina Pinula acordaron con las víctimas de El Cambray, que el 1 de julio será desocupado el salón municipal donde permanecen luego del alud del 1 de octubre de 2015.

En ese albergue permanecen 32 familias afectadas por el alud que causó la muerte de más de 300 personas de El Cambray 2.

El consenso entre las comunas y las familias afectadas se logró con intermediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), institución que abogó por extender hasta julio el plazo para desocupar el albergue.

Luego de ocho meses de la tragedia, 32 familias permanecen albergadas en el salón municipal Santa Catarina Pinula, por no cumplir con los requisitos para obtener una vivienda otorgada por el Gobierno.

Los albergados en su mayoría son niños, viven sin la certeza de qué pasará, aunque mantienen la esperanza de obtener otro tipo de beneficio del Gobierno, al no poder demostrar que fueron propietarios o inquilinos de inmuebles en El Cambray 2.

Refugio

Las coordinaciones luego de la tragedia permitieron que los sobrevivientes fueran trasladados a dos albergues en el municipio, donde permanecieron hasta alrededor de un mes; luego 181 familias se retiraron del lugar por sus propios medios y esperan recibir las casas del proyecto gubernamental Mi Querida Familia, ubicado en San José Pinula. 

Vianca Orellana es madre de tres niños y ocupa un lugar acompañada de sus padres; tiene un espacio de unos cinco metros y cree que en poco tiempo se irá para “comenzar de cero”. “Aquí nos dan una bolsita de víveres, no hay agua y estamos cansados”, declaró.

Ella no fue beneficiada porque no cumplió los requisitos, aunque asegura que en El Cambray 2 eran propietarios. “Aquí cocina cada uno, la gente ya regresó a sus trabajos”, explicó.

Proyecto estancado

El 30 de noviembre el gobierno de Alejandro Maldonado comenzó la construcción de casas para los damnificados, allí el mandatario dijo que el proyecto Mi Querida Familia estaría entregado antes de Navidad. La realidad fue otra y a ocho meses del fatal suceso no hay fecha de entrega.

Antes del cambio de mando, el expresidente Alejandro Maldonado acompañado de Jimmy Morales, entregaron simbólicamente las primeras residencias, y desde entonces el proyecto ha tenido “atrasos”, y sigue sin concluirse.

La PDH llegó este miércoles al proyecto para determinar el avance y cuándo se podría tener listas las casas para ser ocupadas.

Detalles de la tragedia

• El 1 de octubre del 2015 se produjo un derrumbe en El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, el cual dejó más de 260 muertos y decenas de viviendas soterradas.
• El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a 207 personas, y solo dos de los desaparecidos no se encontraban entre los restos  analizados.
•  Las coordinaciones luego de la tragedia permitieron que los sobrevivientes fueran trasladados a dos albergues en el municipio, donde permanecieron hasta hace  un mes.
•  En total, 181 familias se retiraron del  lugar por sus propios medios y esperan recibir las casas del proyecto gubernamental Mi Querida Familia, ubicado en San José Pinula.
• El 30 de noviembre pasado, el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre comenzó la construcción de casas para los damnificados y se comprometió a que  serían entregadas antes de Navidad, pero a la fecha no han sido concluidas.

El área en el que fue localizada la mujer muerta es desolada. El cadáver estaba a la orilla del camino y fue encontrado por personas que pasaron por el lugar a temprana hora de la mañana rumbo a su trabajo.

Persona que se dirigían a trabajar a las 5.30 horas se percataron que había una mujer a la orilla del camino e informaron a los bomberos del caso.

Los paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales determinaron que la víctima mortal fue degollada y estaba atada de pies y manos, por las heridas en su cuerpo.

Los fiscales del Ministerio Público no pudieron identificar a la mujer, se estima que tiene 25 años.

La víctima mortal estaba envuelta en sabanas. Vestía un pantalón azul, una blusa corinta y zapatos tenis.

Por medio de  videoconferencia desde Panamá, se presentó el Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe  progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso,  del PNUD, a cargo del economista en jefe  George Gray Molina, que muestra que entre 25 a 30 millones de personas —más de un tercio de la población que salió de la pobreza en la región desde 2003— corre riesgo de recaer en ella.

En su disertación, el experto señaló que una agenda pendiente en la estructura económica del área es la dependencia extractivista, que ha registrado un ahondamiento en la última década  en el sector primario de la economía.

Agregó que esa situación no solo afecta  la economía, sino también el bienestar del desarrollo sostenible, pues va en detrimento de la emisión de carbono y deforestación.

Gustavo Arriola, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano en Guatemala  señaló que en las últimas dos décadas muchos de los países latinoamericanos se acogieron a modelos basados en materias primas, lo que garantizó un crecimiento bastante fuerte en esos años.

“Es interesante que Guatemala creció más que dos tercios del crecimiento de los países de América Latina, pero  no tuvo el mismo éxito en la reducción de la pobreza”, dijo.

Arriola adelantó que la industria extractiva es el tema del informe nacional que se presentará en dos meses en el país.
“Vamos a  cuestionar el modelo de desarrollo en  general, cómo se han promovido industrias extractivas, qué impacto han tenido en el país. No han tenido un impacto tan fuerte en el crecimiento económico, ni mucho menos en la generación de empleo”, refirió.

Arriola lamentó que  esa actividad se ha efectuado de manera opaca,  sin consultar a los pueblos indígenas.

“La propuesta es repensar nuevamente cuál es el modelo que estos países requieren, y el informe es una herramienta para tener una perspectiva multidimensional que considera todos los factores,  no solo el sector de minería, sino entender todo el proceso de desarrollo del país, el manejo de cuencas, qué impacto tiene en la población…”, aseveró.

Pobreza

Jessica Faieta, subsecretaria general de Naciones Unidas y directora regional del PNUD para ALC, señaló que el informe mide el desarrollo humano más allá de los ingresos per cápita.

Resaltó que en la región, del 2003 al 2013, 72 millones de personas salieron de la pobreza y 94 millones ingresaron en la clase media, pero eso  no significa que la exclusión y desigualdad sea menor.

Señaló que ese problema afecta principalmente a  personas con discapacidades, mujeres, jóvenes y la población rural.
El estudio hace énfasis en las personas  vulnerables porque  no son pobres ni han logrado ascender a la clase media, sino viven justo por encima de la línea internacional de pobreza —con US$4 diarios—  y son susceptibles a caer en ella.
El documento señala la necesidad de invertir en las mujeres y en políticas de cuidado para sacar a la región adelante.

Aporta poco

Carlos Martínez, analista en economía, refirió que en los últimos 25 años la región hizo énfasis en la extracción de minerales, pero en Guatemala eso no tiene gran aporte al volumen de la economía.

Agregó que esto se debe a que las leyes son flexibles y favorables a las empresas, por lo que las regalías son mínimas, y no se incluyeron normas sólidas sobre  estudios de impacto ambiental.

Atractivo

Carlos González, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que la generación de empleo es indispensable para reducir la pobreza, ya que cada año se gradúan jóvenes que no encuentran empleo y se ven obligados a migrar o a trabajar en la informalidad.  

Agregó que para el desarrollo es importante fomentar la competencia y atraer inversión  extranjera.

La declaración de dicho estado de Calamidad fue publicada en un acuerdo gubernativo este lunes y deberá ser ratificado por el Congreso en los siguientes tres días.

Las autoridades explicaron el sábado último, después de una reunión extraordinaria del Gabinete General, que con esa acción se busca facilitar el ingreso al país de países y organizaciones internacionales para ayudar a apagar los incendios.

“Este estado de Calamidad responde a que organizaciones puedan venir sin tener mayores problemas para ayudarnos a apagar estos incendios. No son compras, es apoyo a los cuerpos de bomberos”, indicó el vicepresidente Jafeth Cabrera.

Jafeth Cabrera, presidente en funciones, dijo que Jimmy Morales está enterado del decreto de estado calamidad pic.twitter.com/ZG3bdeSLT4

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 4, 2016

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, precisó que de los 100 incendios detectados en Petén, 87 eran de clase mediana o alta, que han quemado ocho mil hectáreas de bosque y hay 200 mil más en riesgo.

“Se ha venido trabajando en estos incendios con los apagafuegos del ministerio de la Defensa. Hay alrededor de 350 apagafuegos. A la fecha hay 15 focos de incendio, pero son en las zonas más boscosas donde maquinaria no entra, únicamente pueden ingresar elementos humanos”, agregó Hiemann.

De esa cuenta, el gobierno tiene ofrecimientos de la comunidad internacional de apoyar con helicópteros de agua, químicos para apagar incendios, alimento para los apagafuegos, y personal, entre otros insumos.

“Con este estado de Calamidad, México y Estados Unidos están dispuestos a venir para sofocar estos incendios”, expresó Cabrera.

El vicemandatario manifestó preocupación porque los incendios se acercan a las reservas de Tikal y Laguna del Tigre, por lo que este domingo se hará un recorrido aéreo para actualizar la gravedad de la situación.

El personal y equipo de cooperación internacional, de aprobarse la Calamidad, será dirigido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Medidas

Durante el plazo de estado de Calamidad, las autoridades buscan coordinar y tomar las acciones que considere necesarias para atender los daños derivados de los efectos de los incendios forestales, así como prevenir que se produzcan más.

Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo manden y establecer cordones sanitarios.

También limitar la circulación de vehículos e impedir la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden.

Exigir a los particulares el auxilio y cooperación que se consideren indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas.

Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del área declarada como de alto riesgo.

Posible causa

El narcotráfico, a través de los denominado “narcoganaderos” que trasladan la droga por toda Centroamérica, están detrás de los incendios que en las últimas dos semanas han calcinado al menos ocho mil hectáreas de bosques en el norte de Guatemala, una amenaza a la Reserva de la Biosfera Maya.

Años tras año, los “narcoganaderos” que ocupan amplias extensiones de suelo para sus rebaños, han ido ganado terreno en los bosques del departamento de Petén gracias a una “deforestación” forzada de la zona, dijo la directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Petén, Alma Polanco.

Para ello, señala la responsable del Conap, se sirven de pobladores locales, afectados por una pobreza extrema, a los que pagan para que prendan fuego a los bosques y así ampliar las tierras a ocupar.

Estas prácticas, unidas a las negligencias de algunos campesinos locales en sus cultivos, son la principal razón de los incendios registrados en las últimas semanas.

“Si no lo paramos -en unos años- ya no va a quedar nada de la reserva” maya, alertó Polanco.

La clausura del masivo congreso estuvo encabezada por el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, y el cardenal mexicano Norberto Rivera, delegado del Papa Francisco al evento.

En las últimas dos semanas se organizaron congresos parroquiales, y en los últimos días uno en la Catedral de categoría arquidiocesana –para las parroquias y feligreses de los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez–.

El cardenal mexicano, en conferencia de prensa previo a la clausura del congreso, abogó por los migrantes y porque el gobierno de su país los ayude, por las dificultades que atraviesan cuando intentan llegar a los Estados Unidos.

Dicho congreso se efectúa en el marco del Año Jubilar de la Misericordia al cual convocó el papa Francisco, y coincide con los 200 años de la Consagración de la Catedral de Santiago de Guatemala.

Durante la inauguración de la actividad, monseñor Vian indicó que el Congreso Eucarístico es para testimoniar ante el mundo públicamente que reconocemos que Jesucristo está vivo con su Cuerpo y su Sangre, bajo las especies del pan y del vino, y que nosotros creemos firmemente, que aún en el más mínimo fragmento de una Hostia consagrada, late vivo el corazón del Señor.

Así luce Plaza de la Constitución previo a la misa de Congreso Eucarístico Arquidiocesano F. P. Raquec @prensa_libre pic.twitter.com/18yiHbfs7N

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 5, 2016

 Visita especial

De acuerdo con la página de Facebook del Arzobispado de Guatemala  el cardenal Rivera ayer visitó la tumba del Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala y la Catedral de Antigua Guatemala.

Durante la mañana de este domingo participó en una actividad en la Villa de las niñas, zona 13, junto a Vian.

Cardenal Norberto Rivera, delegado del Vaticano, señala la importancia de la Eucaristía @prensa_libre pic.twitter.com/fGqhu6ziSw

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz_PL) 5 de junio de 2016

Arnulfo Rojas, presidente del OJ y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), refirió que implementarán las medidas de seguridad normales pero que garanticen que en este caso  las  personas sindicadas puedan acceder de inmediato a las audiencias y evitar cualquier incidente.

“Algunas otras cuestiones que se puedan coordinar con la Policía Nacional Civil, toda vez que directamente  el traslado de los reos depende del Sistema Penitenciario, estaremos viendo si se solicitan algún tipo de refuerzo de parte de la PNC, no tengo conocimiento de algún requerimiento particular”, afirmó,

Reiteró que siempre prevén todas las medidas de seguridad que garantice que las personas sindicadas, medios, abogados, jueces y Ministerio Público puedan ingresar para que se lleve a cabo la audiencia sin contratiempos.

Rojas refirió que cuando los casos son de numerosos detenidos, los jueces pueden programar las audiencias de tal manera que no se ocasionen aglomeraciones, sin embargo este caso de cooptación del Estado al momento no ha sido solicitado algún proceso.

“Los juzgados son los que tienen todas las condiciones para que se lleven a cabo esas audiencias, porque recordemos que debe llevarse el control de la grabación  y exactamente en la sala de vista se podría llevar tomar esa previsión, pero la salas tienen esas capacidades  para llevarse a cabo esas audiencias”, ejemplificó.

Al consultarle sobre si tienen algún plan para atender a sindicados cuando los casos tengan grandes números de implicados, Rojas recordó que en un caso donde se detuvieron a unas 90 personas se coordinó que en un lugar amplio se les hiciera saber el motivo de su detención.

En este caso se trata de 27 detenidos y otros más que ya estaban en prisión. Se presentará al juzgado B de Mayor Riesgo.

“El sistema de justicia lo que debe hacer es trabajar en forma coordinada y en el caso que así proceda se está haciendo”, refirió el presidente.

Financiamiento ilícito

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), descubrieron que el Patriota se agenció de fondos para ganar las elecciones en 2011.
 

Se colocaron operadores en las instituciones públicas que gestionaron comisiones ilícitas. @prensa_libre pic.twitter.com/l9Q8ru53e1

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 2, 2016

Además, al haber llegado al Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Hasta el momento suman 27 personas capturadas, además de las llamdas a declarar de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ntre otros implicados. 

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó, luego de participar en el Tercer Congreso Jurídico de Magistrados, que la secretaría técnica del Dialogo Nacional: Hacia la reforma de Justicia en Guatemala,  sistematiza y clasifica las propuestas que se recibieron en las mesas regionales, las cuales se presentarán en la mesa nacional que se instala el próximo 9 de junio.
 
Explicó que el proceso de sistematización determinará la presentación de las propuestas, y se agruparán de acuerdo con los contenidos, para facilitar la discusión en la mesa nacional, para lo cual se reunirán cada jueves por un especio de ocho semanas hasta finalizar en julio.
 
Velásquez refirió que existen propuestas diversas, entre las cuales se encuentra la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC),  y cómo buscar un mecanismo diferente para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Agregó que algunos sectores buscan que la comisión de postulación todavía tenga vigencia, o cuestionan si la Carrera Judicial es establecida para todos  los jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ), y la posibilidad de un concurso abierto o semiabierto que permitiera a fiscales, defensores públicos, abogados litigantes o académicos aspirar a incorporarse al OJ como magistrados en Corte de Apelaciones sin tener que pasar como jueces de paz.
 
“Cerca de mil 500 personas participaron en las cinco mesas regionales. Las decenas de propuestas que recogimos, por lo menos hasta la tarde ayer que se cerraba las inscripciones se había recibido casi 80 propuestas”, aseveró.

Llama a reflexionar sobre el SP

Al consultarle sobre la saturación del Sistema Penitenciario (SP), Velásquez indicó que se debe atender con urgencia en diversos sectores, en especial en la normativa sobre legislación penal en cuanto a la privación de libertad preventiva.
 

Iván Velásquez, jefe #Cicig, dijo que se presentaron 80 propuestas y participaron 1,500 personas en mesas de diálogo pic.twitter.com/w7txkVq1FI

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 4, 2016

Resaltó que tiene que examinarse y definirse mecanismos alternativos de restricción de libertad, que no sean intramural, por ejemplo, la posibilidad de que haya reclusión domiciliar, pero entendido como la residencia o casa de habitación, no como el departamento o país, según se ha entendido en muchos casos o, por ejemplo, la implementación de brazalete electrónico.
 
“Hay que reflexionar sobre el derecho premial. Me parece que debería establecerse un sistema según el cual la aceptación de los cargos desde la primera declaración pueda dar lugar a la adopción inmediata de una sentencia”, aseveró.
 
Agregó:  “Eso aligeraría también la carga que tienen los juzgados pero permitiría resolver con mayor rapidez la situación de las personas privadas de libertad y todo eso naturalmente con otra medida, y es la adecuación de las cárceles”.

Aunque López aseguró que fue un proceso transparente, en la lista aparecen Juan Fernando Rodríguez Ortiz, excandidato a la alcaldía de Jocotán, Chiquimula, y Romeo Morán Mus, exaspirante a la vara edil de San Cristóbal, Alta Verapaz. Ambos fueron postulados por FCN-Nación.

También figura Hember Roberto Herrera Girón, quien el año pasado fue candidato a concejal primero de Santa Cruz del Quiché impulsado por el Partido Patriota (PP).

Veinte departamentos ya conocen quiénes serán los directores. Sin embargo, quedaron pendientes los nombramientos de Zacapa y Escuintla, debido a que los candidatos no llenaron los requisitos solicitados.

“Fue un proceso técnico que comenzó con una convocatoria abierta publicada en un medio de comunicación. La misma fue atendida por profesionales que contaban con el perfil requerido”, manifestó López.

Afirmó que se conformó una comisión de 20 profesionales, expertos en selección de personal y reclutamiento, quienes revisaron y depuraron los expedientes.

Los aspirantes que no cumplieron con los requerimientos fueron excluidos automáticamente. “Los candidatos que si cumplieron fueron entrevistados y evaluados con diferentes pruebas”, detalló.

Calificación

Puntualizó que quienes obtuvieron un puntaje igual o mayor a 75 fueron incluidos en el listado de elegibles.

“Se hizo una consulta al Ministerio Público para determinar cuáles eran las condiciones de cada una de las personas, en función de tener alguna tacha o procedimiento a nivel judicial”, enfatizó.

El ministro refirió que posteriormente él procedió a seleccionar a las personas que ocuparán los cargos a partir de este miércoles.

“En Zacapa y Escuintla se han declarado desiertas las plazas porque ninguno de los participantes obtuvo el puntaje mínimo requerido. La próxima semana haremos otra convocatoria para llevar a cabo un nuevo proceso de reclutamiento para encontrar a los candidatos idóneos”, explicó.

Aseguró que el proceso de selección fue transparente pues se cumplieron los requerimientos que establece la Ley de Servicio Civil.

Los elegidos

1. Guatemala Norte, Leticia Yaneth Berganza Betancourt de Castillo.
2. Guatemala Sur, Claudia Elizabeth Morales García de Ixquiac.
3. Guatemala Oriente, Carmen Consuelo Maldonado.
4. Guatemala Occidente, Nimeiry Abraham Martínez Soto.
5. Sololá,  Juana Navichoc Chavajay.
6. Totonicapán, María Dominga Pu Tax.
7. Quetzaltenango, Carlos Enrique López De León.
8. Quiché, Hember Roberto Herrera Girón.
9. Baja Verapaz, Fausto Samuel Esquivel Rivera.
10. Alta Verapaz, Romero Morán Mus.
11. Petén, Amílcar Rolando Corzo Márquez.
12. Izabal,  Julio Antonio De León Sosa.
13. Suchitepéquez, Hugosveli Chapetón Cardona.
14. Retalhuleu, Emma Cristina Marroquín Reyes.
15. San Marcos, Mario Roberto Chang Bravo.
16. Huehuetenango, Juan Francisco López Cano.
17. Chiquimula, Amparo de Jesús Rodríguez Javier.
18. Jalapa, Yadira Abigail Ishiaj Conde de González.
19. Jutiapa, Álvaro Arnaldo Moreira Mellado.
20. El Progreso, Adán Estrada Valdez.
21. Sacatepéquez, Juan Fernando Rodríguez Ortiz.
22. Chimaltenango, Raúl Sánchez Álvarez.
23. Santa Rosa, Arcenio Castillo Colindres.

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), reveló este lunes que, hasta el 30 de mayo de este año, se han contabilizado 730 nacimientos de mujeres menores de 14 años.

La información se proporcionó durante una conferencia de prensa para conmemorar el Día Mundial a favor de la salud de las Mujeres, celebrado el 28 de mayo.

La estadística revela que los embarazos en niñas se continúan registrando pese a que la legislación guatemalteca considera un delito sostener relaciones sexuales con menores de 14 años.

El 5 de noviembre del año pasado, el Congreso modificó el Código Civil y elevó de 14 a 18 años, la edad mínima para casarse en el caso de las mujeres, y de 16 a 18 años cuando se trata de varones, sin embargo, los diputados no aprobaron la prohibición de sostener relaciones sexuales  con menores de 16 años, que tipificaba las mismas como violación y agresión sexual, con penas desde ocho hasta 12 años de cárcel.

El impacto

Entre marzo del 2014 y mayo del 2015, el Osar efectuó una investigación en la que dio seguimiento a 20 niñas embarazadas, con edades de entre 10 y 14 años, en diferentes departamentos.

Los hallazgos del estudio son:

• El 50 por ciento de las niñas presentaban una estatura por debajo de 1.50 metros, y en el 60 por ciento de estos casos, un peso pregestacional menor a 45 kilogramos, factores considerados como de riesgo para tener un recién nacido de bajo peso.
• En 25 por ciento de los casos, los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer, el cual conlleva a un riesgo de fallecer durante el primer año de vida hasta 14 veces más que los recién nacidos con peso normal.
• Después del embarazo, el total de las niñas es víctima de violencia, principalmente psicológica. A ello se suma la violencia física, sexual y económica.
• 25 por ciento de las niñas manifestaron  que bajo amenazas fueron abusadas sexualmente por sus padres o que fueron abusadas por otros hombres.
• Del total de las niñas que estaban estudiando, 88 por ciento abandonaron la escuela después del embarazo.
• 15 por ciento de las niñas nunca fueron a la escuela.
• El 90 por ciento de las niñas tiene como ocupación actual el trabajo doméstico.
• Este lunes también se informó que hasta el 20 de mayo de este año, se contabilizaron 152 muertes maternas, de las cuales el 30 por ciento son mujeres menores de 19 años.

Exigen acceso a salud reproductiva

Debido al peligro por el virus zika, los integrantes del Osar también pidieron a la cartera de Salud que haya acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, en especial para aquellas que viven en condiciones de pobreza, en zonas ruarales y áreas periurbanas.

Además, que se implementen campañas de sensibilización para que las mujeres más jóvenes accedan a información sobre el virus y estén conscientes de los riesgos en que incurren si deciden tener hijos.

Hasta el 14 de mayo, el Ministerio de Salud había registrado mil 278 casos sospechosos del virus y 303 confirmados, entre ellos en 66 mujeres embarazadas. No se reporta ningún nacimiento con microcefalía o con el síndrome de Guillain-Barré.

La Dirección General de Transporte registra, desde enero a la fecha, 39 accidentes en carretera en las que están involucrados autobuses urbanos. Estos hechos han ocasionado que  203 personas resulten heridas y 86 muertes.

Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, asegura que la ruta más peligrosa y con mayor riesgo es hacia el occidente, mientras que la que conduce a oriente es de menor cuidado.

Para evitar que la cifra de accidentes se incremente, Provial instalará a partir de este jueves grupos de agentes para monitorear que los buses no vayan a excesiva velocidad, no estén sobrecargados y estén en buen estado.

Se informó que serán 127 agentes los que trabajen en turnos de 24 horas en las carreteras CANorte, CASur, CASur A, CA1 Oriente, CA1 Occidente, RN14 y RN10.

Autoridades de Provial también pidieron al Congreso que se apruebe la iniciativa 4763 que busca que esta entidad pueda sancionar a los pilotos que no cumplan con las leyes de tránsito, pues hasta ahora solo puede efectuar una acción preventiva.

Guerra también pidió reformar la Ley de tránsito, pues esta data de 1944 y que se sancione a los conductores con penas más drásticas pues no respetan las señales de tránsito, manejan hablando por celular, conducen rápido, o conducen sin licencia.

Recomendaciones para conducir en época de invierno

• Cambiar llantas lisas.
• Dar servicio constante a los vehículos.
• Respetar señales de tránsito.
• Reducir la velocidad cuando llueve.

Helder Ajquiy Carrillo, secretario del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), señaló que buscan exigir que se respeten sus derechos laborales y que se cumplan con el reglamento intento de trabajo de inacif, ya que no se hace en la actualidad.

Refirió que en el reglamento hay una clausula  que contempla que la institución debe proveer todas las herramientas y  los insumos necesarios para realizar el trabajo, pero no se dan  a cabalidad.

Ejemplificó que algunos laboratorios como en el de balística no cuentan con cartuchos de armas de fuego de calibre 45 para hacer las pruebas de funcionamiento respectivas.

En el caso de los mensajeros, Ajquiy refirió que nos les proveen ni cascos ni chalecos, además cuando les aplican remisiones por tardarse no les dan los recursos para cancelarlas como lo contempla el reglamento.

El empleado señaló también que hay queja de expertos forenses que no les dan los guantes apropiados para realizar necropsias y que algunos utilizan sus propios equipos  para trabajar.

Ajquiy aseveró que existe abuso de las autoridades que les exigen que trabaje sin recursos e insumos necesarias y según aducen es por falta de presupuesto, pero los altos funcionarios se mueven en vehículos de la institución con viáticos e incluso observan gastos de alimentación en actividades de los mismos.

El alarmante aumento de accidentes viales en la ciudad y la provincia, con cauda de muertos y heridos, evidencia  incumplimiento del reglamento de tránsito, falta de educación y la irresponsabilidad de conductores y peatones, según las autoridades y experto consultado.
De las dos mil 306 necropsias asociadas con accidentes de tránsito, enfermedad común, intoxicaciones y causas en estudio que practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) en el primer cuatrimestre del año, mil 353 fueron ocasionadas por traumatismo,  producto de percances viales. En el mismo período del 2015 hubo mil 297 necropsias por esa causa, 56 menos que este año.
Sergio Rodas,  jefe del Departamento Técnico Científico del Inacif, señaló que la causa número uno de muertes violentas en el mundo son los accidentes viales, y Guatemala no es la excepción. “Los hechos de tránsito para nosotros también representan una de las principales causas de muerte, incluso más que las armas de fuego”, refirió.
Roberto Garza, vocero de la institución, afirmó que el año pasado  detectaron que   gran cantidad de muertos en accidentes viales habían consumido alcohol y marihuana.

Siniestros

Según Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el 30 de abril   se registraron dos mil 767 percances viales, con cauda de 707 muertos y tres mil 369 lesionados.
El boletín del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) de la PNC  muestra que en el primer trimestre del 2016 se reportaron dos mil 117 accidentes de tránsito, que dejaron 547 muertos y dos mil 601 heridos, mientras que en el mismo período del 2015 hubo mil 618 percances, con 411 fallecidos y mil 957 lesionados, lo cual refleja que la siniestralidad vial subió más del 30 por ciento.
Según el Onset, este año se han impuesto ocho mil 703 remisiones y  los vehículos más sancionados son camiones, picops, automóviles y motocicletas. En cuanto a siniestralidad vial, el 30 por ciento corresponde a motos, 22 por ciento a automóviles y 14 por ciento a vehículos.
Santos dijo que conducir a alta velocidad, en estado de ebriedad, chateando o hablando por teléfono, además del irrespeto a las señales de tránsito y no usar los  dispositivos de seguridad —casco o cinturón— son los principales factores de riesgo.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que en la ciudad el 20 por ciento de accidentes corresponden a motos.
Aseguró que la PMT emite más de cinco mil multas  al mes por irresponsabilidad de motoristas, que van desde no usar casco, conducir sobre banquetas o contra la vía e ir sobrecargados.
El intendente aseguró que debido a la cantidad de motos y  de agentes es probable que no se vea el impacto, pero sí imponen sanciones.
La mayoría de accidentes ocurren por imprudencia, en lugares señalizados,  informaron autoridades.

Falta de educación

Guillermo Bran, presidente del Consejo de Prevención de Accidentes de Tránsito y Educación Vial (Conpreve), señaló que el irrespeto, poca cultura y falta de educación vial hacen que ocurran percances que se cobran vidas humanas.
Afirmó que es necesario que el Estado implemente en el reglamento que los pilotos se eduquen cada cierto tiempo, a fin de que  respeten a la Policía y leyes de tránsito.
Añadió que  se deben elevar las sanciones, como suspender la licencia a quien mate a alguien por conducir ebrio o a excesiva velocidad.

Irresponsabilidad

Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, afirmó que la gente sí conoce las normas viales pero no las pone en práctica, lo cual encierra irresponsabilidad.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la PMT, agregó que es necesario endurecer las infracciones, ya que  una multa de Q100 o Q500, que tiene descuento, no representa mayor problema para los infractores.
Santos aseguró que utilizar el cinturón de seguridad o  casco y respetar las leyes de tránsito  reducen siniestros.

Las sesiones telefónicas revelan que Aguilar trasladó a la Secretaría General de la Presidencia pronunciamientos y dictámenes relacionados. Según Marroquín, la intención del entonces presidente Otto Pérez era “darle push” por medio de  esa secretaría y de la PGN a la cartera de Ambiente.  

Además, la información que una asesora que dio a la Fiscalía era la pieza que los investigadores necesitaban para establecer la posible participación de Vladimir Aguilar en el caso TCQ.

La asesora admitió a la Fiscalía haber elaborado un dictamen por medio del cual le hizo saber a Vladimir Aguilar la necesidad de recabar informes de diferentes entidades como la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas y otras, porque el contrato en cuestión tenía algunos aspectos ilegales que podrían dar lugar a la lesividad.

Thelma Aldana afirmó que sí se celebraron varias reuniones entre Suárez y Aguilar. Del equipo de cómputo de la PGN se obtuvieron correos que prueban la planificación de esas citas.

“El exprocurador no le permitió emitir finalmente ese dictamen. Ella lo puso a la vista de los fiscales, se documentó esa declaración y se acompañó al expediente  de antejuicio”, refirió Aldana.

También están documentadas fechas que aparecen en el libro de ingreso a la Casa Presidencial. Aclaró, no obstante, que no se ha encontrado ningún documento firmado por el magistrado.

Las interceptaciones son pistas de citas del exsecretario Gustavo Martínez con miembros de la banca.

Conversaciones

Estas son algunas de las interceptaciones que revelan otra participación de los implicados.

20-3-2014

• Allan Marroquín, exinterventor  EPQ: “¿A qué horas va, Ángel —Pérez Maura— de regreso?”
• Juan José Suárez, exgerente TCQ: “Sale a las 2 —de la tarde—, pero yo tengo una reunión con Gustavo Martínez y el procurador”.
• Marroquín: “¿Qué tema van a tratar con Gustavo —Martínez—?”
• Suárez le responde que van con uno de los bancos “al que canceló la vez anterior”.

21-3-2014

• Marroquín: “¿Cómo va el estatus del préstamo?”
• Suárez: “Tuvimos reunión de la due dilligence del otro banco que es el BID,  con Gustavo y con el procurador, con Vladimir”.
• Marroquín pregunta si va a llevar también a la persona del IFC con Gustavo y con el procurador.

22-4-2014

• Marroquín: “¿Qué pasó con terceros?”
• Suárez: “El banco ya autorizó y ahorita son los papeleos de los contratos que pueden demorar. Tenemos que cerrar la ventana de opinión de PGN y Ministerio de Ambiente que no se sabe qué tanto ha avanzado, a pesar que el Presidente ya habló con el procurador para pedir seguimiento”.

Antejuicio

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ayer, en forma unánime, darle trámite al antejuicio promovido por la Fiscalía de Delitos Administrativos, basado en una denuncia de  la diputada Nineth Montenegro en contra de Vladimir Aguilar.

Los magistrados decidieron enviar la solicitud al Congreso para que decida si se le retira la inmunidad.

En este  antejuicio se le endilgan a Vladimir Aguilar los delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con el abogado Diego Ronquillo, asesor de Nineth Montenegro, Aguilar refrendó el dictamen del exprocurador general, Larry Robles, lo que significó revalidar el negocio de la TCQ. “Esta opinión es vinculante porque se trata de una opinión del abogado de Estado”, explicó.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, no descartó que hoy se integre la comisión pesquisidora.

Eco trabaja con la fiscalía, informó la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y este miércoles estaba programada la audiencia donde ofrecería su testimonio anticipado ante el Juzgado Tercero Penal; sin embargo el juez Mynor Moto reprogramó la diligencia para el próximo viernes.

De ser admitido como colaborador eficaz del MP, González Álvarez sumaría un segundo proceso donde colabora con la fiscalía; el primero es el caso La Línea.

El caso

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling, por según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de Cicig.

El monto es tal que la brecha fiscal —impuestos programados  que no han sido cobrados en el año— se podría cerrar en mayo, por  dicho ingreso a las arcas fiscales. 

“Le hubiera sido más barato a AG pagar los impuestos que por el incumplimiento, que  le triplica la cantidad evadida”, aseguró Solórzano  en conferencia de prensa.

El funcionario expuso que este es el monto más alto  que ha recibido la SAT por concepto de reparos, multas e intereses, y afirmó que busca enviar un mensaje a aquellas empresas o personas que han cometido evasión.

La ley indica que  además de la cantidad evadida se aplica el 100% de multa, más el cobro de intereses. En este caso,  la cantidad evadida  era  de Q270 millones por hacer simulaciones en la compra de chatarra a proveedores inexistentes y con inconsistencias.

También la falsificación del Formulario Aduanero Único Centroamericano (Fauca) por la importación de chatarra de Honduras y la devolución fraudulenta de crédito fiscal.

Depósito inmediato

En menos de 24 horas, AG hizo el pago al órgano recaudador. La transacción  se hizo a las 12.30 horas del pasado viernes, en 23 formularios 0-811, por medio del Banco Industrial (BI), en los cuales AG consignó el pago de impuestos, mora, multas e intereses anuales.

BI informó el viernes a la SAT de la operación, por lo que  el dinero se depositó inmediatamente en la cuenta del fondo común en el Banco de Guatemala, para que el Ministerio de Finanzas pueda usar ese dinero.

A marzo último,  la SAT mantenía una brecha fiscal de Q430.2 millones. La recaudación  de abril llegaría a Q5 mil 281.9 millones, aunque está pendiente el cierre final en los bancos, programado para hoy.

La meta proyectada era de Q5 mil 639 millones y para este año  es de Q53 mil 850 millones.

Bajo investigación

Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, señaló que el caso sigue en investigación, porque la etapa de la que procedió   era relacionada al monto defraudado.

“La investigación continúa y deberán hacerse los planteamientos  ante el Juzgado  Séptimo de Primera Instancia Penal, porque  todavía no hay ninguna persona ligada a proceso penal”, aseguró.

Esto sí existe en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde  se encuentran ligados a proceso   María Eugenia Valdés Gómez, socia de AG, y el representante legal, Pedro Paiz Valdés.

Guzmán agregó que el  MP, la SAT  y  la Procuraduría General de la Nación acudirán al Juzgado Séptimo   a hacer de conocimiento del juez que ya se hizo  el pago y  dejar sin efecto la intervención en  la empresa acerera.

El jefe de la Cicig explicó que en cuanto a las medidas de desjudicialización tienen referencia con el caso de defraudación, “pero no con el otro de falsedad, de la asociación, de obstrucción, que se generó a partir de las maniobras realizadas con tres puertos, AG y los funcionarios de la SAT”.

Estructura defraudó Q255 millones

La causa  contra  Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores  por Q11.8 millones.

“También se solicitó, como medida cautelar, la intervención de la entidad Aceros de Guatemala, S.A., ya que consideramos que tenemos un caso bastante sólido de defraudación tributaria”, resaltó el funcionario.

Solórzano indicó que  la SAT consideró  que ante el impago de la empresa de sus obligaciones tributarias, “era necesario tomar estas medidas”.       

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el  MP, SAT y  Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.

Autoridades de Gobernación y representantes del gobierno de Estados Unidos lanzaron esta mañana el programa de patrullaje en bicicleta de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Todd Robinson, embajador de Estados de Unidos, refirió que el lanzamiento de este programa marca el inicio de los esfuerzos de cooperación entre ambas policías en el área metropolitana con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley de la embajada de su país.

“Este programa nació con dos semanas de entrenamiento en el sector táctico de patrullaje en bicicleta en la ciudad de Miami, Florida”, aseveró.

Agregó que en el entrenamiento participaron 16 oficiales de la PNC  y nueve agentes de la PMT, quienes desde su regreso al país  han capacitado a casi 350 oficiales más en la capital y en la ciudad de Antigua Guatemala y el mismo continúa.

“Estos agentes han efectuado 121 arrestos, han incautado armas de fuego y artefacto explosivo y recurado 21 vehículos robados, todo con el objetivo de mejorar la ciudad de los guatemaltecos”, refirió.

Nery Ramos y Ramos, director de la PNC, refirió que alrededor de 300 agentes de la PNC patrullaran en conjunto con elementos de  PMT en el distrito central y que proyecta que este patrullaje se amplié al todo el país para lo cual se requiere alrededor de dos mil bicicletas más.

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, refirió que para garantizar la efectividad de este programa los agentes fueron capacitados y recibieron bicicletas especiales, las cuales fueron donadas por Estados Unidos y que estos patrullaran en áreas específicas.

Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, refirió que esta comuna apoyará con 18 patrullas por cada tres turnos.

#MinRivas @mingobguate y Nery Ramos Dir. @PNCdeGuatemala saludan agentes policía #Bicipatrullaje pic.twitter.com/ASm1pe4aBX

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) 8 de mayo de 2016

La diputada del Movimiento Reformador, Alejandra Carrillo, en compañía de la organización Mujeres Transformando el Mundo, pidieron este sábado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de dicho establecimiento, debido a que castiga con expulsión a estudiantes que resulten embarazadas, por someterse a un legrado o jóvenes homosexuales.

Carrillo refirió que el Ministerio de la Defensa alberga a jóvenes entre 12 y 17 años en sus instalaciones, y les preocupa que ese reglamento sirva para ocultar casos sistemáticos de violencia sexual.

Además, la legisladora refirió que tiene conocimiento por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre una caso de agresión física en contra de un estudiantes en la sede central del Instituto Adolfo V Hall, en la que los padres del menor denunciaron que su hijo fue golpeado por otro estudiante con un bate de baseball y le pegaron en la espalda hasta dejarlo tirado, casi inconsciente.

El menor fue suspendido por prescripción médica pero los padres decidieron denunciar, debido a que consideraron que las autoridades no hicieron nada.

Agregó que también tienen denuncias de los establecimientos de Zacapa y San Juan Sacatepéquez, y que en los próximos días esperan tener otros informes.

Paula Barrios, de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, querellante en el proceso, señaló que para el lunes tienen una audiencia con el juez controlador que lleva el caso de la estudiante violada el 1 de marzo último en el Instituto Adolfo V. Hall del Sur, para solicitarle algunas medidas de investigación que consideran relevantes para establecer que personas participaron de esa agresión.

“Hacemos un llamado al Ministro de la Defensa para que colabore con las acciones de investigación, porque estos hechos de violación sexual no pueden quedar impunes”, expresó.

Los pacientes recluidos en esa sala tuvieron que ser trasladados a pasillos y otras unidades por la fuga de agua en las tuberías rotas, que provocó la inundación de los ambientes.

El jefe de la Unidad de Emergencias del centro asistencial, Napoleón Méndez, confirmó que los pacientes tuvieron que ser evacuados de la sala mientras se organizaban las tareas de limpieza.

Según empelados del centro asistencial, la tubería se rompió a las 3 horas de la madrugada, y se logró secar el piso y habilitar las áreas seis horas después. 

Los trabajos de reparación comenzarona media mañana de este miércoles para cambiar la tubería dañada.

Se suma a crisis

El inconveniente de este miércoles se suma a la crisis de desabastecimiento de insumos en la red hospitalaria nacional.

El abastecimiento de medicamentos ha dividido al Ejecutivo y la PDH; mientras el primero asegura que se cuenta en promedio con un 75 por ciento de insumos, la PDH asegura que la crisis persiste y los hospitales carecen de medicamentos.

“Que la Procuraduría de los Derechos Humanos esté diciendo que sí o que no, no sé a qué se refiere”, dijo este lunes el gobernante, después de terminar la reunión del Gabinete General el pasado lunes.

Agregó que, en base a la información de la PDH más las constancias que el gobierno tiene, el promedio actual es de un 75 por ciento de abastecimiento y que, cuando asumieron el Ejecutivo, era menor al 40 por ciento.

La supervisora de Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Zulma Calderón, dijo que desde la Semana Santa se han reportado problemas en el abastecimiento del Hospital de Amatitlán, incluso se denunció el posible cierre de la unidad.

Calderón afirma que este hospital sigue dando servicio, pero con las mismas dificultades que el resto de centros nacionales; sin insumos y medicamentos y que los pacientes deben costear sus medicinas, sus exámenes de laboratorio y el equipo para cirugías.

El Osar señaló que el Registro Nacional de la Personas (Renap) registró 687 nacimientos  de enero a marzo de 2016, de madres entre 10 y 14 años. En el 2015 la cifra llegó a dos mil 947 casos.

El Osar también estableció en el informe que Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Quetzaltenango son los departamentos donde más registro de nacimientos en madres adolescentes se reportan. 

Myrna Montenegro, del  OSAR, indicó que estos casos son alarmantes porque deja de manifestó que las agresiones sexuales en contra de niñas se siguen cometiendo en el país.

“Los 687 registros de nacimientos en niñas evidencian que esos casos son producto de agresiones sexuales de las cuales fueron víctimas las menores. Los ataques sexuales también son problema de salud y debe abordarse como tal”, recalcó Montenegro.

El informe del Osar detalla que hubo nueve mil 142 menores entre los 15 y 17 años, embarazadas. “Los datos estadísticos reflejan que la salud sexual y reproductiva debe de ser prioridad para el Ministerio de Salud”, indicó Montenegro.

En total el Osar documentó nueve mil 829 menores embarazadas durante el primer trimestre de 2016. El estudio logró efectuarse en base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Según Montenegro, a través de las partidas de nacimiento de los primeros tres meses del año se determinó la edad de la madre y se sacaron los registros de la situación de la niñez. 

Adolescentes mueren en partos

Otro aspecto que preocupa al observatorio es la mortandad materna, en el primer trimestre del año se detectó que hubo 140 decesos y 14 fueron de adolescentes.

En el 2015 se registraron 431 muertes maternas, de esa hubo 79 decesos de menores.

Aumentan agresiones sexuales

Más de mil 600 casos de agresiones sexuales contra mujeres, principalmente niñas y adolescentes, se registra durante el primer trimestre de este año la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

El informe indica que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó un mil 663 reconocimientos de delitos sexuales contra mujeres en evaluaciones médico legales entre enero y marzo de este año.

Durante el primer trimestre del año pasado, el Inacif registró un mil 773 reconomientos.

De los reconocimientos reportados en 2016, la PDH resalta que las más afectadas son niñas y adolescentes —de cero a 17 años— , se registran un mil 55 casos.

En el informe señala que seis menores de un año fueron agredidas sexualmente, según el reconocimiento,  y 19 de dos años, así como dos ancianas de 80, y 83.

Miriam Domínguez, defensora de las mujeres, explicó que lo difícil  de estos casos es que la mayoría de las agresiones se dan en los mismos hogares, en muchos casos por padres o padrastros, mientras que en las mujeres de mayor edad se dan en ámbitos públicos y privados, principalmente en calles desoladas donde no hay seguridad.

Abusos a bebés

Noventa y un niños de 1 año fueron víctimas de abuso sexual en el 2015. Édgar Arana, vocero del Ministerio Salud, informó que los casos de violencia sexual contra menores de 1 año reportados corresponden a 28 niños y 62 niñas, y que en lo que va del año se reportan 12  de niños y nueve de niñas.

Agregó que a estos se les denomina casos de violencia, aunque no implican penetración fálica.

Montenegro expresó: “No puede ser que alguien le haga esto a un niño de un año, tiene que haber una psiquis muy compleja para hacerle daño a una criatura. Tenemos que trabajar el tema de sensibilización”.

La resolución interrumpe el funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec II, los cuales se sitúan en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

“Se ordena a dicha autoridad remitir el expediente original dentro del plazo de 48 horas de notificada la presente resolución e informar a esta Corte dentro del mismo plazo, si se realizó la consulta necesaria a los pueblos o comunidades interesadas”, indica el amparo.

El documento agrega que se debe llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de los pobladores acerca de la autorización de las licencias para la concesión de bienes de dominio público sobre dichos ríos para la implementación de los proyectos antes mencionados.

Lo anterior está regulado en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El amparo en contra de los proyectos hidroeléctricos fue presentado en diciembre del año pasado por pobladores organizados de distintas comunidades.

La resolución de la CSJ fue emitida el 29 de enero último. Sin embargo, las partes fueron notificadas el jueves de la semana anterior.

René Rodríguez, portavoz del MEM, manifestó que el viernes anterior dicha cartera envió la información requerida por la Corte.

Rechazo

Bernardo Caal, integrante de las comunidades organizadas de Cahabón, indicó que ellos están preparando una consulta que se hará a los vecinos para saber si están de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos.

“Pedimos al Consejo Municipal que emita un acuerdo para que todos los vecinos participen en la consulta”, declaró a Prensa Libre.

“Las comunidades organizadas vamos a rechazar el proyecto, aunque hay algunas que han pactado con la empresa porque les dan regalos y apoyo económico”, aseveró.

Entregan información

Luis  Calderón, portavoz de Oxec, empresa encargada de ambos proyectos, manifestó que ya cumplieron con los requirimientos de la Corte, pues recientemente entregaron la información solicitada mediante el amparo. 

“Desde el comienzo cumplimos con todos los requisitos establecidos por el Gobierno. Hicimos estudio de impacto ambiental. Cumplimos con todos los permisos y licencias”, enfatizó.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, indicó que el  lunes próximo están invitados los dirigentes de la Marcha por el Agua para que expongan a los jefes de bloques sus peticiones, entre ellas que se reforme el Código Penal y se tipifique el delito de desvío de ríos.

“La intención es que les propongan a los jefes de bloques sus peticiones, ya que aparte de la del agua hicieron otras solicitudes y qué mejor que en esa instancia se conozcan las inquietudes de los dirigentes, y si son bien recibidas, que se aprueben de urgencia nacional”, explicó Taracena.

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), señaló que uno de los objetivos era colocar en el debate nacional el problema del agua, ya que existe la necesidad de regular su uso, porque en la actualidad hay desvío de ríos y contaminación del agua por parte de empresas bananeras, azucareras y de palma africana.

Durante 12 días, miles de  guatemaltecos emprendieron un recorrido hacia la capital desde varios lugares del país.

Representantes de organizaciones que participaron en la actividad se reunieron con un grupo de diputados, de distintas bancadas, a quienes les solicitaron que se discuta una ley de aguas, propuesta de ley que el Ejecutivo estaría presentando la próxima semana en el Congreso.

También incluyeron en sus peticiones al Legislativo que se apruebe una amnistía a los presos políticos, la nacionalización de la energía eléctrica.

Algunos diputados se comprometieron a crear una comisión que investigue el desvío de ríos, y el próximo martes de urgencia nacional reformar el Código Penal tipificar el desvío de ríos.

Recorrido

A  las 7 horas de hoy salió la primera columna del sur, del campus de la Universidad de San Carlos, que pasó por El Trébol y se incorporó a El Obelisco, para llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC) y luego al Congreso.

La segunda, del norte, partió del kilómetro 8 de la ruta al Atlántico y se dirigió hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La marcha provocó atascos vehiculares en distintas zonas de la capital. Algunos conductores mostraron su molestia por el tiempo que permanecieron en el tráfico.

Un grupo de extranjeros acompañó a los manifestantes. Portando mochilas, gorras y sombreros los foráneos se solidarizaron con las demandas planteadas por los participantes en la actividad.  

Después de las 14 horas se concentraron en el Parque Central y terminó allí los 12 días de movilización.

Durante una conferencia de prensa convocada por Alfonso Cabrera, titular de esta cartera, para confirmar que sigue en su cargo ante los rumores de su renuncia, le pidió al Congreso que se apruebe la ampliación presupuestaria de Q480 millones, cuya propuesta fue entregada a la Comisión de Finanzas y Moneda el pasado 11 de marzo.

Cabrera le solicitó de forma pública al Legislativo que incluya esta ampliación en la iniciativa de ley 5023, presentanda por el Ejecutivo. Asimismo agregó que solicitarán una ampliación más para lograr atender las necesidades en el sistema de Salud.

Carlos Mazariegos, viceministro de administrativo de Salud, recordó que para el plan operativo anual 2016 el ministerio solicitó Q9 mil 200 millones, de los cuales se asignaron para Q5 mil 540 millones.

“Es decir menos de Q1 mil100 millones del año pasado, a ello habría que agregarle la deuda que se cuenta con proveedores y prestadores de servicio”, indicó.

Mazariegos dijo que tienen números críticos en los presupuestos para los renglones 200 y 300, que equivalen a compra de medicamentos, servicios esenciales, equipamiento e infraestructura.

Agregó que esperan que el Congreso pueda atender la iniciativa que está en el seno del mismo y la apruebe. También indicó que en los próximos días entregarán una solicitud muy concreta para que se haga una ampliación del presupuesto al ministerio de Q1 mil millones. Con esto buscan alcanzar una ampliación de Q1 mil 580 millones.

Mazariegos comentó que la próxima semana entregarán el plan operativo para 2017, el cual está cerca de los Q11 mil millones, considera es esperan que les asignen no menos de Q8 mil millones para atender lo necesario.

El informe de la plataforma digital del proyecto fue presentado la mañana de este lunes. Este funciona con datos que usuarios ingresan a la página web de la organización, o a través de una aplicación para teléfonos celulares.

El reporte logró recopilar más de 800 denuncias en diferentes lugares de la capital, desde abril del 2014 hasta marzo último.

Un dato que resalta es que se registraron 185 reportes, de los cuales 171 están ubicados en los semáforos ubicadas entre la 4a y 6a. calle, de la 6a. avenida de la zona 9.

Javier Toledo, de @JCV_gt dice que principal delito reportado por afectados es el robo @EspantaCacos @prensa_libre pic.twitter.com/KuLniHCW7R

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) April 18, 2016

Otro punto crítico identificado por la organizacón es la zona 1, donde se reportan 71 hechos delictivos, la mayoría cometidos en la 8a. calle, entre la 6a. y 10 avenida y lugares cercanos a la avenida Elena.

En tercer lugar se ubica la calzada Roosevelt, pues se reportaron 70 hechos delictivos, estos ocurrieron a sectores cercanos a los campos del Roosevelt, 12 y 15 avenida, y en áreas cercanas a centros comerciales ubicados a lo largo de la calzada.

Javier Toledo, integrante de Jóvenes Contra la Violencia, explicó que la  mayoría de delitos que reportan a través de la aplicación son robo de celulares y de pertenencias, además el principal horario en que se comenten los atracos son entre las 15 y 18 horas.

El proyecto Espantacacos fue creado en el 2012 y su principal objetivo es promover la denuncia pública en los puntos donde ocurren actos delictivos.
 

Detalles

Algunos datos que muestra la plataforma.

• El 81.3 por ciento de los reportes hechos ocurridos en el departamento de Guatemala fue por robo. El 9.3 por ciento fue por extorsión.
• El 43.7 por ciento de hechos ocurrió en la calle, el 14.3 por ciento en pasarelas, el 11.4 por ciento en semáforo y el 7.7 por ciento en rutas de bus.
• El 48 por ciento de las personas denunció que en el ataque se utilizó arma de fuego, el 33.9 por ciento arma blanda y 18.1 por ciento empleó agresión física o amenaza.
• El 55.7 por ciento de los delitos se cometieron en grupo y el 29.2 por ciento fueron hombres.

El bloque   Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)  ha acogido a la mayoría de tránsfugas  para convertirse en la primera fuerza legislativa, con 35 diputados hasta el pasado viernes, y fuentes cercanas aseguran que sumará más hoy, y podría llegar a tener hasta  40 escaños, pese a haber ganado solo 11 diputaciones en las últimas elecciones generales.

La bancada FCN-Nación está constituida en el  68 por ciento por diputados tránsfugas;  la mayoría provenientes  de Libertad Democrática Renovada (Líder), que de 45 escaños conquistados en las elecciones de 2015   solo mantiene  cinco  en la actualidad.

La nueva legislación, vigente a partir de mañana,  dicta que todo diputado que renuncie a su bancada solo podrá declararse independiente y no podrá sumarse a otro bloque. Si el parlamentario   presidiera alguna comisión, perdería este cargo. Las restricciones solo son vigentes durante los tres primeros años del mandato.
“Últimos jalones”

El presidente del Congreso, Mario Taracena, calificó como “coincidencias de la vida” que en el último día de transfuguismo se vaya a citar al diputado más tránsfuga de la historia, Juan Manuel Giordano, para que explique supuestas presiones a gobernadores.

Taracena expresó que hoy   “van a haber los últimos jalones” de legisladores, y  la mayoría busca ser oficialista. “Sé que el Ejecutivo anda de compras. Me imagino que van a llegar como a 40 diputados —en FCN-Nación—”, enfatizó el presidente del Congreso.

Los presidentes del Ejecutivo, Jimmy Morales; Legislativo, Mario Taracena, y Judicial, Ranulfo Rojas, acordaron este domingo agrupar propuestas para que se conviertan en iniciativas de ley y tener algo avanzado este mismo mes.

Los funcionarios se reunieron en el Palacio Nacional de la Cultura, discusión en la que participaron los jefes del Ministerio Público, Thelma Aldana; de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León, y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

En una misma iniciativa los tres poderes del Estado impulsarán un diálogo nacional para lograr las reformas del sector justicia.

Taracena y Velásquez sugirieron que la presentación de las iniciativas para comenzar la discusión pública fuera el 25 de abril, al cumplirse un año de la primera manifestación pacífica en contra de la corrupción en la Plaza de la Constitución, después del escándalo de La Línea, pero el gobernante explicó que se hará “a finales de abril”.

.@jimmymoralesgt dice que los tres poderes del Estado han aceptado acompañamiento de PDH, MP, Cicig y USAC para reforma del sector justicia

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) April 10, 2016

Como “secretarios técnicos” del proceso y las iniciativas participarán Aldana, De León y Velásquez. Se planea tener un “resultado final” en agosto para comenzar el proceso de reformas.

Morales refirió que se recopilará iniciativas que ya fueron presentadas al Congreso y que tienen que ver con la carrera judicial, elección de magistrados y otros temas.  El diálogo podría terminar también en una nueva posibilidad de reforma constitucional.

En cuanto al financiamiento, el jefe del Ejecutivo dijo que después del diálogo con diferentes sectores, se buscará la responsabilidad social del Estado para el cumplimiento de obligaciones.

Taracena, en tanto, sugirió que se retome el pacto fiscal pendiente desde hace varios administrativos para conseguir más recursos. Añadió que es la primera vez en la era democrática que los tres poderes del Estado presentarán una iniciativa en conjunto.