El ministro Óscar Hugo López confirmó que esto no se debe al paro magisterial de mayo, como se había dicho con anterioridad.

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Como ejemplo citó la celebración del Día del Maestro, las fiestas patrias y las ferias patronales de los municipios.

López aseguró que, muchas veces, para hacer estas actividades, no solo se toma un día sino que los preparativos abarcan hasta una semana, tiempo que, según su criterio, se utiliza mal.

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“No he compartido las vacaciones de medio año porque para eso tienen dos meses de descanso a fin de año. Ante esa situación he pedido que se haga una recalendarización para optimizar el tiempo”, señaló el funcionario.

“Esta es la razón de la decisión, no porque hubiera un paro magisterial”, reiteró López.

Agregó que se tiene previsto terminar el ciclo educativo el último día hábil de octubre y recordó que en años anteriores era común que las clases terminaran los primeros días de ese mes.

Tiempo perdido

En abril último, cientos de docentes de al menos 14 departamentos tomaron las direcciones departamentales de Educación y suspendieron clases en los establecimientos, lo que causó que se perdieran unas tres semanas de clases. 

Organizaciones sociales aseguran que la medida magisterial repercutirá prfundamente en la formación de la niñez y juventud guatemaltecas y demandan acciones para sancionar a los docentes que participaron en la huelga, así como la reposición de las clases perdidas. 

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La Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE) y el Observatorio Nacional de la Calidad Educativa (Once) externaron su preocupación a través de un comunicado, en el cual resaltaron que el cierre de los establecimientos educativos ponen en riesgo los objetivos de aprendizaje de miles de estudiantes.

La Corte Constitucional otorgó un amparo provisional a la Cámara del Agro para que el Ejecutivo se aperciba y garantizara el orden público y la educación, debido a una manifestación de maestros en la Plaza de la Constitución. 

Después de casi 21 días de paro de labores, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala acordó regresar a las aulas el 11 de mayo. 

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Estos dos son los poblados más afectados por la erupción del volcán, a pesar de que estas áreas no estaban en mayor riesgo, al menos hasta las primeras horas del domingo.

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Para llegar a ambas comunidades se puede ingresar desde Antigua Guatemala y está a pocos kilómetros de La Reunión Golf Resort, un lujoso complejo deportivo que fue afectado por la explosión.

Así fue la tragedia

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó que el rumbo del material piroclástico se desvió de las barrancas a las faldas del volcán. En la segunda explosión, el cono expulsó más de 30 millones de metros cúbicos de restos volcánicos.

La colonia San Miguel Los Lotes fue la más afectada y la primera en recibir el flujo volcánico. Esta comunidad se encuentra en el kilómetro 95 de la Ruta Nacional 14. Esta localidad se dedicaba principalmente a la cosecha del café en fincas cercanas que también fueron cubiertas por ceniza. Solo bastó una tarde para que sus viviendas de block, madera y lámina desaparecieran.

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Durante la tarde del domingo, el material cayó sobre las barrancas. Pasó el puente sobre la carretera y llegó a la aldea El Rodeo, que fue el segundo lugar devastado.

Según un censo del Consejo Comunitario de Desarrollo en 2014, alrededor de 8 mil 500 personas vivían en la comunidad. Su principal fuente económica también era la actividad agrícola, principalmente a la cosecha de café y corte de caña de azúcar.

Esta es la actividad volcánica más fuerte reportada desde 1979. Las autoridades han registrado que desde 2015 las explosiones aumentaron. Desde ese año hasta la fecha se contabilizan 42 erupciones, contando la del pasado domingo.

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Las autoridades confirmaron que hay protocolos de evacuación en estos lugares. Los vecinos han denunciado a Prensa Libre en años anteriores que no sabían de esos planes. “Nos preocupa que las autoridades no hagan nada por mantener en buen estado las dos rutas de evacuación, que son de terracería, y por ese motivo están en pésimas condiciones”, expresó una vecina en 2017.

Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de Conred, confirmó a Prensa Libre que la institución había realizado simulacros de evacuación y actividades en estas localidades. Sin embargo, los pobladores refugiados en uno de los albergues negaron haber obtenido la información por parte de las autoridades.

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La erupción inició a partir de la mañana del domingo 3 de junio. A mediodía, las autoridades reportaron caída de ceniza en municipios cercanos y varios departamentos.

La Conred, en una de sus publicaciones en Facebook, informó que no era necesario la evacuación de los pobladores de esas dos comunidades en las faldas del volcán, pero después de la tragedia modificaron la publicación.

Nota del editor: Esta nota se publicó el 4 de junio de 2018, un día después de la erupción que arrasó las comunidades El Rodeo y San Miguel Los Lotes.

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A una semana del asesinato de la migrante guatemalteca Claudia Gómez, sus restos arribaron al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde familiares, acompañados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), hicieron los trámites para el traslado del féretro a la aldea La Unión Los Mendoza, donde ella creció y donde vive su familia.

A las 16 horas está programada una caravana desde San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, hasta la aldea La Unión Los Mendoza, donde la comunidad esperará la llegada del cuerpo para darle el último adiós.

Más de 10 familiares de Gómez llegaron a las instalaciones de la terminal aérea, incluidos los padres. 

En Estados Unidos, guatemaltecos migrantes continúan con jornadas de manifestaciones y vigilias para clamar porque se haga justicia.

El miércoles por la noche hubo una congregación en Manhattan, Nueva York. En redes sociales, las personas han utilizado las etiquetas #JusticiaParaClaudia o #JusticeForClaudia.

En Washington también improvisaron un altar para conmemorar la vida de la guatemalteca y exigieron que el Buró Federal de Investigación (FBI en inglés) avanzara con la investigación del asesinato.

Norma Torres hace llamado a Trump

Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, envió una carta al presidente Donald Trump donde le exige respuestas por el incidente donde murió la migrante.

“Estoy pidiendo respuestas a @realDonaldTrump sobre la muerte de Claudia Patricia Gómez González por un agente de la patrulla fronteriza. El uso de fuerza letal contra civiles inocentes y desarmados nunca hará que nuestra frontera suroeste sea segura”, dijo.

Luego del crimen contra Claudia Gómez, el 23 de mayo, Torres presionó al presidente Trump para una investigación exhaustiva y transparente del incidente e instó a discutir reformas a los procedimientos de la Patrulla Fronteriza.

Además, cuestionó la estrategia de la administración para asegurar la frontera suroeste del país.

I’m demanding answers from @realDonaldTrump about the killing of Claudia Patricia Gomez Gonzalez by a Border Patrol agent. The use of deadly force against innocent and unarmed civilians will never make our southwest border secure. https://t.co/7BqYPdVIzG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 31, 2018

El incidente

Un grupo de migrantes, entre ellos Claudia, se encontraba en la localidad Río Bravo, Laredo, cuando agentes fronterizos inspeccionaban el lugar. El resultado fue la muerte de la guatemalteca por un tiro en la cabeza, pero por causas aún no establecidas.

En un primer comunicado, los servicios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) informaron que recibieron un llamado de actividad sospechosa en el área. Sin embargo, el oficial se encontró con el grupo de indocumentados y cuando habría intentado detenerlos, disparó porque supuestamente comenzaron a atacarlo.

Una persona que vive en las cercanías manifestó que escuchó un balazo y al salir de su viviendo vio cómo los agentes perseguían a los migrantes. “Eran tres muchachos los que se llevaron, dos de un lado y otro que estaba con una muchacha. Iban asustados, pero no traían armas”, dijo.

Posible demanda

El Minex también dio a conocer que analiza demandar a EE.UU. por la muerte de la joven, dijo Pablo García, vicecanciller. Aseguró que esperarán los resultados de la pesquisa a cargo del FBI para decidir cómo proceder por la vía legal.

El consulado de Guatemala en Del Río, Texas, está pendiente de los otros tres jóvenes inmigrantes arrestados que viajaban con Claudia. Ellos están declarando sobre lo sucedido con la Patrulla Fronteriza.

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La CC admitió un amparo provisional que evita que el diplomático sueco sea expulsado del país.

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Sin embargo, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 149, establece que el país normará sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios y prácticas internacionales, y ese marco jurídico de la carta magna es lo que, según expertos, le permite a la CC conocer y amparar que los diplomáticos continúen en el país.  

Édgar Gutiérrez, excanciller, considera que si hay falencias para seguir los protocolos para remover al embajador, la Corte entra a “corregir la plana”, a pesar de que “no es deseable” que la institución se “exponga más allá de lo que debería hacer en los periodos ordinarios”.

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Gutiérrez afirmó que ante “el déficit de gobernanza que muestran los órganos del Estado, la Corte tiene que jugar un rol de gobernabilidad”, debido a que “la materia constitucional es tan amplia que no hay disposición que salga de su jurisdicción”.

El excanciller y abogado constitucionalista Gabriel Orellana coincide con esa opinión.

“El presidente debe actuar de conformidad con la ley.  No existe ningún ámbito que no sea susceptible de  amparo, porque todos los funcionarios y empleados públicos deben actuar en cumplimiento de la Constitución. Dejar que el mandatario dirija la política internacional y su conducta diplomática sin ningún enjuiciamiento jurídico sería contradecir el orden constitucional del país”, dijo Orellana.

voto razonado

El magistrado Neftaly Aldana emitió un voto disidente y  Dina Ochoa  decidió rechazar el amparo y razonarlo  a través del  artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este regula que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

El exmagistrado de la CC Roberto Molina Barreto coincide con Ochoa y expuso que la Corte “se excede de sus facultades” porque no permite que se terminen de aplicar las normas de la Convención.

“Todo lo relativo será una tarea a la cual se deben encargar los ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados”, enfatizó.

Para el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Fernando Ruiz, las políticas internacionales y diplomáticas “le corresponden al Ejecutivo”.

“Guatemala es uno de los pocos países en los que la alta corte interviene en actos que le competen exclusivamente al Estado, a través de la Cancillería”, criticó. Sin embargo, reconoció que este aspecto —de pedir el retiro del embajador sueco— “sí puede de alguna manera trastocar o afectar las relaciones diplomáticas” entre los países.

Falta de protocolo

Aunque la opinión técnica de los expertos está dividida, coinciden en que la Cancillería no siguió los protocolos establecidos para pedir que fuera retirado el diplomático.

 La norma permite que se solicite un cambio de embajador, pero mediante el diálogo y consultas “discretas”.
“Lo más indicado es mantener la discreción diplomática”, según el artículo 30 de la Constitución, explicó Orellana.
Gutiérrez señaló que ventilar públicamente la expulsión de Kompass fija un mal precedente al cuerpo diplomático en el país.

La Presidencia, a través de un comunicado, dijo que “siempre procurará  que las relaciones diplomáticas se desarrollen en el marco de respeto, soberanía y observancia del derecho internacional”.

El voto de la discordia

La magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, nombrada por el presidente Jimmy Morales, razonó su voto en contra del amparo.

Según su criterio, “los asuntos de carácter diplomático deben ser resueltos de buena fe por los Estados involucrados”. A consideración de la magistrada, “la CC no podía interferir en el desenvolvimiento que, por uso diplomático, le corresponde, con exclusividad a los órganos estatales correspondientes; es decir, las cancillerías de los Estados involucrados, quienes por disposición del Derecho Internacional son los entes encargados”.

“El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados regula que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Mi postura es que por vía de una decisión nacional se pudo incurrir en  detriminto de  la convención”, añade.

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El proyecto fue presentado hace casi un año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero los beneficios por declararse culpable no aplicarían únicamente al reo que se acoja a este procedimiento. Va más allá.

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La iniciativa también daría la oportunidad a quien acepte sus cargos de convertirse en colaborador para coadyuvar al Ministerio Público (MP) en las investigaciones.

El procedimiento

Mientras la ley actual contempla un procedimiento abreviado únicamente sobre delitos con penas menores a 5 años, la reforma propuesta por la CSJ permite al acusado declararse culpable ante un juez por cualquier crimen, toda vez no sea de lesa humanidad o una reincidencia. Además, el sindicado podría hacerlo en cualquiera de las etapas del proceso penal. 

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Esto implica que la persona acepte los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, al igual que su responsabilidad sobre los actos ilegales cometidos.

La condición es que quienes acepten los cargos durante la audiencia de primera declaración, una vez ligado al proceso, tiene derecho a una rebaja de pena en una tercera parte. En cambio, quienes lo acepten antes del juicio o durante el mismo, pueden optar a una rebaja de una cuarta o quinta parte de la pena, respectivamente.

La reparación

Los beneficios en cuanto a las penas las obtendrán los acusados una vez hayan hecho una reparación digna o integral a las víctimas o agraviados. La propuesta especifica que lo harán a través de una indemnización, restitución o rehabilitación. Además de que deben entregar el incremento patrimonial obtenido como producto de su delito.

Si la persona no tiene las condiciones socioeconómicas o familiares para cumplir con la obligación económica, deberá pagar una cuota y hacer un convenio de pago que se incluirá en su sentencia.

Ser testigo

A diferencia de lo estipulado en la legislación vigente, el proyecto de ley de aceptación de cargos obligaría a los acusados que opten por este sistema, a comprometerse a colaborar con el MP en las investigaciones del caso que esté implicado. A solicitud del ente investigador, la persona deberá atestiguar sobre los delitos aceptados en otros procesos penales relacionados con sus actuaciones.  

Por ahora, el Congreso decidió que será una comisión específica que analizará la iniciativa y deberá programar las audiencias públicas para lograr los consensos sobre las dudas que genera el declararse culpable.

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Todos los bloques parlamentarios tenían hasta ayer para  nombrar a sus representantes, a fin de que comenzaran las audiencias públicas para lograr consensos sobre los beneficios de declararse culpable en cualquier etapa de un proceso penal.

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En agosto del 2016, el diputado  Oliverio García Rodas presentó el primer proyecto de ley que llegó al pleno del Congreso, pero no trascendió.   

La parlamentaria Nineth Montenegro comentó que la primera propuesta fue retirada porque no tenía “realmente” ninguna excepción; en cambio, la que envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) primero considera la reparación del daño causado y la devolución de lo robado.

La legisladora  expresó su preocupación por  la retroactividad de la ley, pues aseguró que se pueden crear espacios de impunidad. “Quizás ellos —la CSJ— lo hacen pensando en la desconcentración del sistema judicial. Por esta razón debemos analizarla bien”, enfatizó.

Los procesos de corrupción que podrían acogerse a esta figura  preocupan a Amílcar Pop, diputado de Winaq, pues considera que  “se dejaría la puerta abierta para que simplemente se reduzcan cargos”.

“Ley de sapos”

Fernando Linares Beltranena, representante del PAN, aseguró que el problema que le ven a la iniciativa es que “se crea una ley de sapos, pues, quien se apegue a ella, debe delatar a sus cómplices y colaboradores”, con lo cual se deja entrever el temor de políticos a ciertas revelaciones.

Según la propuesta, la declaración como testigo sería obligatoria para los implicados en los casos, pero únicamente por solicitud del Ministerio Público (MP). “No nos consta que el beneficiado vaya a decir la verdad”, expuso Beltranena.
Sin embargo, José Carlos Ortega, analista independiente, ve aspectos positivos en la propuesta. “Primero, permite reducir los costos judiciales, además de que el MP ganaría un colaborador en la investigación”, indicó.

El criterio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)  difiere del de Beltranena, pues indica que legislar la aceptación de cargos es una salida alterna a la mora judicial. El director de esa institución, Elvin Díaz, explicó que con los años se han incrementado los decretos legislativos y, por consiguiente, las penas. “Pero esta dinámica no ha permitido al sistema poder resolver los casos de forma inmediata. No hay una salida alterna, sino que el proceso se vuelve largo”, agregó.

Entre el 2014 y el 2018 se reportó un 43 por ciento de expedientes que continúan en mora judicial,  pese a que el MP creó una fiscalía liquidadora, debido a los más de un millón 280 mil casos pendientes.

Javier Monterroso, ex secretario general del MP, cuestionó a los diputados por crear una comisión específica para evaluar  la aceptación de cargos.

Según Monterroso, la Sala de Legislación y Puntos Constitucionales fue la que conoció con anterioridad la propuesta inicial  y cree que la creación de una comisión específica solo perjudica su análisis. “Pareciera que se crean nuevas comisiones ad hoc, donde los diputados ponen a gente  de más confianza para los partidos”, señaló.

El exfuncionario  considera que la ley tampoco es cien por ciento necesaria, ya que existen mecanismos para resolver pronto los casos. En la legislación actual se consideran  figuras como  el procedimiento abreviado, al cual se han acogido algunos implicados en casos de corrupción.

Monterroso indicó que esta ley tiene el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “con el fin de lograr un mayor número de condenas en los casos que ya conoce”.

El portavoz de la  Cicig, Matías Ponce, afirmó: “Tal como fue presentada la iniciativa por la CSJ, creemos que es un instrumento importante que puede generar beneficios al procesado, a la víctima, al Sistema Penitenciario y a todas las entidades que integran el sistema de justicia, siempre que conserve la exigencia de verdad que el proyecto establece”.

Añadió: “La propuesta podría ser aún de más beneficio para la sociedad si se incorporan elementos respecto de la reparación al Estado y de tratamiento especial para casos de violencia sexual”.

Lmitación | Aplicable a todos los delitos

La propuesta contempla que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la acusación. Esto implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. A cambio puede obtener rebajas en las penas”.

La disposición estaría restringida únicamente en casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos de lesa humanidad, i si se trata de un delito de reincidencia. En cambio,  el Código Penal actual  contiene  figuras  para acelerar los procesos, como el procedimiento abreviado,  medida a la cual la persona  puede optar, siempre y cuando  los delitos cometidos   tengan una pena conmutable; es decir, no puede ser mayor de cinco años.

Beneficio | Reparación digna

La iniciativa también especifica que “no podrá concederse rebaja de penas por aceptación de cargos a los imputados o acusados hasta que no hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados”. Esto lo podrían realizar a través de una indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, según corresponda.

Además, “tampoco podrá hacerse si el procesado no ha devuelto o entregado, en su totalidad, a las víctimas o al Estado, el incremento patrimonial fruto del delito, sea este en beneficio propio o de terceros.

Por excepción, cuando las condiciones socioeconómicas y familiares del imputado impidan cumplir la reparación en un solo acto, el juez podrá fijar una cuota inicial no inferior al 20 por ciento del total, y el pago restante se asegurará mediante garantías reales o personales”.

Obligación |  Declarar como testigo

“Los beneficios de la aceptación de cargos llevan implícito el compromiso de que, en el momento de ser requerido por el Ministerio Público, el procesado declarará como testigo inmediatamente o cuando se le requiera, dentro de los casos seguidos por los delitos aceptados y conexos. El incumplimiento de esta condición conlleva la pérdida de los beneficios”. Por el contrario, en la legislación actual, al aceptar un procedimiento abreviado, no establece ninguna obligación de rendir declaración en contra de otro implicado, en relación con  los delitos aceptados por la persona o hechos vinculados a su caso. La propuesta convertiría al acusado en una figura similar a la de colaborador eficaz, aunque  especifica que, “si el implicado obtiene rebaja de penas por aceptación de cargos, no podrá recibir beneficios por colaboración eficaz”.

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