Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que derivado de un análisis efectuado a esta iniciativa, le demandan al Congreso que no la aprueben, a la vez que criticó el proceso de discusión acelerado que ha tenido esta en el mismo pleno.

Ibarra refirió que esta iniciativa contiene numerosos problemas técnicos, inconstitucionalidades y riesgos para la administración de justicia, que no lejos de contribuir al ejercicio pleno de la misma, se caiga en una situación de regalar impunidad por doquier.

Según Ibarra, pareciera ser que en esta iniciativa hubo un desliz o resbalón de la Cicig, aunque aseguró que no creen que sea para tratar de favorecer a alguien. Agregó que el hecho que esta iniciativa de ley haya sido recibida con aplausos en el Congreso pareciera que de alguna manera sea porque en algún momento quieran ser beneficiados.

Durante la discusión, los representantes estas organizaciones señalaron que es mejor modificar institutos procesales, como el procedimiento abreviado, el simplificado y el criterio de oportunidad para promover el desfogue del sistema de justicia. También refirieron que dentro de esta no se incluye a la víctima.

Reacciones

La activista Helen Mack refirió que pareciera que se quiere cambiar el sistema solo porque en el Plan de la Alianza para la Prosperidad contempla reducir la mora judicial, pero no es lo correcto.

La exmagistrada Maria Eugenia Villaseñor señaló que esta iniciativa no va a reducir la mora judicial, resaltó que el documento no pretende alcanzar una justicia pronta y cumplida, sino reducir el problema penitenciario que tiene Guatemala.

Conclusiones y propuesta

• La iniciativa de Ley para la Aceptación de Cargos tiene serias fallas que pueden derivar en inconstitucionalidades.Puede ser utilizada como un instrumento que facilite la reducción de penas de personas que incluso ya estén sentenciadas.

• Si lo que se pretende es contribuir a alcanzar una justicia pronta y cumplida, se puede reformar el Código Procesal Penal para ampliar el rango de acción de los procedimientos especiales ya existentes; y así lograr los objetivos de la iniciativa.

• Pide que se analice el uso de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, además de considerar otras alternativas a dicha prisión, como el control telemático de personas ligadas a proceso penal, aplicación del criterio de oportunidad, entre otros.