Nineth Montenegro, del bloque Encuentro por Guatemala, reconoció que este procedimiento existe en otros países y que ha servido para desconcentrar las cortes; sin embargo, afirmó: “Hay que ver la propuesta con una lupa gigante, para no favorecer y estimular la impunidad, porque ello podría desalentar a las personas que empiezan a confiar en la justicia”.

“No puede incluir todos los delitos. Hay que dejar fuera casos como los de corrupción a gran escala, violación y femicidio”, manifestó Montenegro.

La propuesta plantea que quienes se declaren culpables deberán cumplir varios requisitos para ser favorecidos, uno de ellos, resarcir a la víctima por el daño causado.

Esto no es suficiente, según el diputado de Todos y abogado penalista Juan Ramón Lau. “No creo que todo el dinero del mundo vaya a lograr que a una mujer ultrajada se le quite el trauma de una violación. Todos los delitos sexuales conllevan secuelas”, advirtió.

Esos no son los únicos delitos que preocupan a los congresistas. Carlos Chavarría, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), considera que no basta con que la ley haga una excepción a los casos de lesa humanidad, pues  “los funcionarios que se robaron el dinero del pueblo” no deberían  resultar beneficiados.

“Dejaron a la población más pobre sin hospitales, centros de salud, sin educación, porque valiéndose de su puesto y del poder que ostentaban en él se robaron el dinero, y ahora se les quieren dar amnistías. ¡Eso no es justo!”, enfatizó Chavarría.

En cambio, Álvaro Velásquez, diputado independiente, indicó: “Yo tengo la mente abierta. Ha funcionado en otros países. Si se va a beneficiar a los del Mariscal Zavala está bien, pero aceptar la culpabilidad es hasta un castigo bíblico. El problema es que en Guatemala aún vivimos en una aldea que no ha superado la corrupción y todos están molestos por esos casos”.

Lo diputados coinciden en que apoyarían la iniciativa, siempre que se hagan las excepciones necesarias.

Justicia

• Ven viable proyecto

Expertos en seguridad y justicia coincidieron en que la iniciativa de ley de aceptación de cargos, propuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es viable. Señalan, sin embargo,  que se debe dejar claro en qué procesos se hará aplicable.

“Hay que sopesar muy bien en qué casos se empleará, porque no creo que sea una ley que deba aplicarse a todos los casos. Por ejemplo,  violaciones o crímenes. Lo que se propone es dar soluciones rápidas a los procesos”, agregó Javier Monterroso, asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Ieccp).

 Francisco Quezada,  investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), manifestó que el proyecto busca agilizar los procesos. Sin embargo, muchos aceptarán los cargos por temor a enfrentar el proceso burocrático del expediente o fallo judicial.

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresó que  esa iniciativa  funciona en Estados Unidos y en naciones europeas, contextos diferentes a los de Guatemala.

“La aceptación de cargos es una forma alterna  de dar soluciones en la  aplicación de la justicia penal, que ha funcionado bien en otros país. Creo que hay una  buena intención de la CSJ, ya que lo que se pretende es descongestionar el sistema de  justicia”, añadió Luis Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios.