Agregó que dañan de forma severa la economía del país. “Siempre nos hemos pronunciado en contra de los paros, vengan de donde vengan, porque nos perjudican no solo a nosotros, como Cámara de Comercio, sino que  la economía nacional se ve afectada, con pérdidas de unos Q50 millones. Creo que pueden manifestarse sin perjudicar la libre locomoción”, criticó García, quien recomendó a los comerciantes  trasladarse en horas previas a los bloqueos o posponer sus actividades.

Por su parte la Cámara del Agro de Guatemala emitió un comunicado en donde rechazó todas “las medidas que violan los derechos de los guatemaltecos” y exigen a las autoridades que no se permita el bloqueo de carreteras bajo ninguna circunstancia. 

Los empresarios también piden al Ministerio Público “investigar cualquier ilícito cometido en los bloqueos” incluso el financiamiento que está detrás de los grupos de manifestantes. 

Flor Gómez, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, expresó que la manifestación es un derecho de todos, pero en este caso entra en contradicción con el derecho de locomoción, por lo que podrían manifestar  en un carril y dejar libre el  otro.

Peticiones

Miembros de Codeca en Retalhuleu indicaron  que entre las peticiones  están la renuncia del presidente Jimmy Morales y del ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro; pedir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que investigue al juez que dejó libre a Blanca Stalling; exigir al Ministerio Público la captura de los diputados  que están ligados a Odebrech, la reactivación agrícola,  aprobación de la Ley de Desarrollo Integral, nacionalización de la energía eléctrica y bajar el alto costo de la canasta básica.

El cierre de carreteras comenzó a eso de las 6 horas y se estima que terminará alrededor de  las 14 horas.

“La población exige respuestas y este gobierno no ha atendido las peticiones. Además,  en el  programa agrícola no hay avances y el ministro de Agricultura no tiene la capacidad de dialogar con los campesinos, ya que es prepotente, y la población ya no lo quiere en ese puesto”, dijo Martín Hernández.

Agregó: “Pedimos a la población que nos comprenda porque esta lucha es de todos, y si no tomamos acciones no somos escuchados”.

Froilán Jiménez Andrés,  de Codeca en Santa María Xalapán, Jalapa, indicó que quienes no quieran quedar atrapados deberán tomarse su tiempo y salir más temprano a sus destinos.

Amparo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) informó ayer en un comunicado que  interpuso un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad, para que el Gobierno  intervenga para proteger los derechos de la mayoría de la población.

Agregó que se solicitó a las fuerzas de seguridad que intervengan “para evitar que se vulneren los derechos de locomoción, trabajo, salud y educación”