El Tribunal de Sentencia Penal dictó una sentencia de 16 años de prisión para Rosalinda Arleny; 10 para el médico César Ernesto y 8 para el secretario municipal, Herwin Tomás por el delito de trata de personas, a este último se le suman 2 años por falsedad ideológica.

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Según la investigación, el 12 de mayor de 2017 Rosalinda captó a una adolescente que salió con su bebé recién nacido del Hospital Roosevelt, zona 11, a quien convenció para que diera a su hijo en adopción de “manera irregular”.

Para ello el secretario municipal de San Antonio la Paz, El Progreso, obtuvo un documento para identificar a la adolescente “como mayor de edad” y el médico extendió un informe de nacimiento “falso”, utilizando estos dos papeles para inscribir al bebé y darlo en adopción.

El tribunal absolvió a los tres sentenciados del delito de asociación ilícita, sin embargo, el fallo inhabilita al médico para ejercer su profesión durante 4 años, mismo tiempo durante el que el secretario municipal no podrá obtener ningún cargo público.

El informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos “Situación de la Trata de personas en Guatemala 2018”, publicado en mayo, reveló que las mujeres guatemaltecas siguen siendo el grupo poblacional en mayor riesgo ante el delito de trata, más si se habla de jóvenes, adolescentes e indígenas, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad.

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En ese documento se revelaba un incremento del 8 % (23)  de mujeres víctimas de trata de personas y una disminución del 7,5 % (12) en el caso de los hombres, y en el mismo periodo el Ministerio Público detectó 478 posibles víctimas de ese flagelo.

Las mujeres guatemaltecas siguen siendo el grupo poblacional en mayor riesgo ante el delito de trata, más si se habla de jóvenes, adolescentes e indígenas, pero también la niñez y adolescencia continúa en una situación de vulnerabilidad.

Ese mismo documento señalaba que en total fueron detectados 132 niños y adolescentes posibles víctimas de trata de personas, que representan el 28 por ciento del total de posibles víctimas detectadas por el Ministerio Público en 2018.

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