Por una serie de incidentes que calificó como aislados, el director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, confirmó que se ha requerido mayor presencia policial en los alrededores de ese centro, por motivos de seguridad y resguardo del personal y de los pacientes.

Mientras tanto, un trabajador del área de Pediatría, explicó que hay temor de amenazas al personal derivado de un caso que se dio con la atención de una niña, el cual tuvo que reportarse a la Procuraduría General de la Nación (PGN) al tratarse de una menor de edad.

El hecho derivó que la familia, aparentemente, amenazara al personal, pero según Barrientos se cumplió al denunciar un caso de maltrato infantil.

La paciente ingresó el pasado 19 de octubre y se detectó que podría haber presentado síntomas por efectos de drogas. “Hubo cruce de palabras, pero esto sucede con relativa frecuencia dentro de la institución”, explicó Barrientos.

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El galeno también aseguró que desde el atentado de 2017, en el que murieron varias personas cuando pandilleros ingresaron para rescatar a un privado de libertad, la administración comenzó a replantearse los planes de seguridad. El ataque, en esa ocasión, dejó siete muertos, entre ellos dos guardias del Sistema Penitenciario, dos trabajadores del hospital, dos niños y un particular.

Además de estos casos, según Barrientos, fuera del hospital hay personas cobrando parqueo ilegalmente, quienes amenazan y hasta extorsionan a los visitantes. Otras personas, aseguró, han logrado infiltrarse haciéndose pasar como pacientes.

También hay venta de “pases falsos” para entrar a visitar a pacientes. “Hay gente que anda dentro del hospital que se cuela diciendo que viene a consulta, pedir dinero, o con una falsa receta pidiéndole colaboración a la gente”, detalló.

“Con todo esto que se estaba suscitando pedimos ayuda a la PNC para que redoblaran la seguridad porque es un terreno extenso y son varias puertas”, añadió.

Denuncia en redes sociales

En redes sociales, una usuaria que se identificó como estudiante de medicina y que hace rotación de cirugía, manifestó temor por estar en las instalaciones del Hospital Roosevelt, pues denuncia que existe una amenaza de pandillas.

“Tengo miedo porque el hospital -Roosevelt- tiene amenazas por pandillas y el HR no tiene la seguridad adecuada”, escribió la usuaria.

Los cuestionamientos surgieron a partir de una denuncia en redes sociales, sobre una presunta amenaza.

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Ante la situación, el ministro de Gobernación, Napoleón Rojas, dijo el pasado lunes 24 de octubre, que se ha tenido conocimiento de denuncias por una posible extorsión y recordó un caso en el que hubo capturas.

“Desafortunadamente hace un mes más o menos hubo una denuncia concreta que llegó aquí, al Ministerio de Gobernación, y en cuestión de minutos el pandillero que estaba amenazando a las personas fue capturado y puesto a disposición de los Tribunales”, indicó Rojas.

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El 22 de julio pasado, un video que se hizo viral en redes sociales, mostraba cómo varios sujetos amenazaban a personas en las cercanías del Hospital Roosevelt y pedían dinero a la personas, supuestamente, para la mara 18.

No obstante, los detenidos, identificados como José Luis Cabrera Morales, de 24 años; y César Augusto Tipaz, 21, quedaron en libertad luego de que un juez los benefició con una falta de mérito por el delito de posesión de drogas para el consumo.

Respecto al requerimiento de mayor presencia policial, el ministro de Gobernación confirmó que hay un esquema de seguridad en el Hospital Roosevelt para proteger a los estudiantes que salen a altas horas de la noche y a los pacientes.

El titular de la cartera aseguró que se estará revisando si el esquema de seguridad continúa funcionando.

Durante un recorrido, se observó que en los alrededores del Hospital Roosevelt hay presencia del personal de seguridad y el Ejército en áreas aledañas.

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Niega amenazas

El viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández, asegura que ningún hospital tiene amenazas.

Sin embargo, Hernández sí recordó un hecho en donde hubo amenazas en las afueras del hospital, pero aseguró que se logró una “coordinación inmediata” con los ministros de Salud y Gobernación para “retirar a esas personas”.