Cobros ilegales florecen tras las rejas

El Sistema Penitenciario (SP) es señalado por diferentes sectores como “la cenicienta de la justicia guatemalteca”, debido a la incapacidad de sus autoridades para tomar el control de las prisiones y evitar que ocurran vejámenes contra reos de reciente ingreso, a quienes otros internos exigen fuertes sumas de dinero a cambio de no golpearlos —talacha—, un jugoso negocio ilegal que florece tras las rejas.

Aparte del cobro de talacha, los internos en la cárcel preventiva para hombres de Jutiapa se amotinan con frecuencia. (Foto Prensa Libre: Óscar González)
Aparte del cobro de talacha, los internos en la cárcel preventiva para hombres de Jutiapa se amotinan con frecuencia. (Foto Prensa Libre: Óscar González)

En el Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango, un grupo de reclusos y sus custodios obtienen ganancias millonarias por la talacha, según algunos internos.

Fuentes oficiales consideran que, en lo que va del año, en Huehuetenango jefes de sectores habrían recaudado unos Q9.2 millones del pago de talacha por parte de mil 229 presos. En el 2014, la cifra fue de Q19 millones 605 mil, que fueron acumulados por el pago que hicieron dos mil 614 reclusos.

Un reo que por seguridad adoptó el nombre de Mario, aseguró ser víctima de pandilleros que tienen el control de la cárcel, y que tanto estos como los custodios le exigen dinero a cambio de no golpearlo o atacar a su familia.

Otro afectado indicó que los guardias facilitan teléfonos a los nuevos reclusos para que llamen a sus familiares, por lo cual les cobran.

De lo recaudado por la talacha y alquiler de teléfono, el 75 por ciento va para los custodios y el 25 por ciento, para los internos que integran la red, según los afectados.

Sergio Tumax, auxiliar fiscal del Ministerio Público, señaló que en lo que va del año se han recibido nueve denuncias, las cuales han tratado de investigar; sin embargo, se encuentran con la dificultad de que las víctimas desisten de los procesos, por temor a venganzas.

En Jutiapa

Recientemente, en una reunión sostenida por autoridades del sector de justicia en Jutiapa, en la cual se discutió la problemática que representa la prisión local, se destacó que algunos reos recaudan miles de quetzales producto de la talacha, que en algunos casos van desde Q15 mil a Q20 mil por recluso.

Hay casos en los cuales, según se ha señalado, los reos son golpeados y obligados a limpiar bartolinas y sanitarios colectivos, o son torturados con baños de agua fría, no les permiten dormir y deben permanecer de pie durante varias horas. Algunos de los agredidos han muerto a causa de lesiones.

Jorge Cruz, de la comisión que gestiona la construcción de una nueva cárcel en Jutiapa, comentó: “Estar en la cárcel es un buen negocio. Sabemos del caso de un reo que cuando entró no tenía ni para pagar un abogado. Ahora, luego de dos años preso, ya construyó una casa de dos pisos y tiene un vehículo de modelo reciente”.

Agregó que los reos jefes y subjefes de sector no les interesa quedar libres porque estar en prisión les genera jugosas ganancias.

La jueza Rosa Oliva, de Jutiapa, dijo: “Los jueces recibimos muchas quejas de reos y sus familiares, por los abusos que sufren en la cárcel, pero cuando se les pide que presenten la denuncia formal desisten, para evitar represalias”.

Las autoridades de Jutiapa informaron que algunos reos que fungen como subjefes de sector en las prisiones han acumulado más de Q150 mil en un año, producto de la talacha. Los jefes de sector pueden duplicar o triplicar esa suma.

Paola —nombre ficticio—, esposa de un interno de la cárcel de Jutiapa, denunció que desde el momento en que un nuevo reo ingresa en esa prisión comienza a ser víctima de abusos y los agresores le dan cuatro o cinco horas para que los familiares reúnan entre Q5 mil y Q12.

Agregó que cuando los reos obtienen su libertad, los internos, con apoyo de las autoridades del SP, les exigen otra cantidad similar para agilizar su liberación.

La afectada refirió que en la cárcel de Jutiapa hay un sector conocido como Banderas, donde se encuentran los reos que pagan una talacha de Q8 mil cuando ingresan y Q1 mil quincenales.

Policías hacen cobros

En la sede de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), en la cabecera de Quetzaltenango, funciona una prisión en la que, según denunciaron algunos detenidos, al ingresar fueron los agentes quienes les exigieron desde Q5 mil a Q10 mil.

Un prisionero que no se identificó refirió: “¿Usted se ha preguntado por qué hay objetos dentro de las cárceles? Los mismos policías piden dinero a cambio de que uno pueda llevarle un traguito a un familiar. Todo mundo lo sabe. Ellos son los primeros en pedir la talacha”.

Julio García fue detenido en enero último por conducir ebrio y tuvo que pagar Q5 mil para que no lo trasladaran con el resto de la población reclusa del preventivo.

“Mi familia fue la que pagó. Los mismos policías me dijeron que pagara; si no, adentro —donde está el resto de la población— me iban a violar o a golpear”.

Edwin Ardiano, jefe de la misma sede policial, rechazó que los agentes cobren a los detenidos, pues no ha recibido denuncias.

De la Granja Penal Cantel también se conocen denuncias por parte de reos que han pagado talacha a integrantes de un comité de orden que opera en esa prisión, y a guardias del SP.

En la cárcel de alta seguridad de Cuilapa, Santa Rosa, se exige a cada reo Q800 por evitar que se le obligue a hacer la limpieza en las celdas.

Agentes  de  la PNC efectúan un operativo  en la cárcel de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.  (Foto Prensa Libre: Oswaldo Cardona)

Iniciativa

Rudy Esquivel, vocero del SP, explicó que desde el 2012 fue lanzada una campaña para fomentar la denuncia de acciones que amenacen la convivencia en las prisiones del país.

Esquivel indicó que la talacha es una acción delictiva que se caracteriza porque se comete en el anonimato, generalmente ocurre por falta de denuncia y también porque algunos empleados del SP participan en ella.

Agregó que este año 40 reos han sido trasladados de prisión, por sospechas de posibles vínculos con el cobro de talacha.

La Procuraduría de los Derechos Humanos destacó en su informe del 2014 que las autoridades de gobierno deben poner atención a la falta de control y seguridad en las cárceles del país, así como a la corrupción que vincula a funcionarios del SP y reclusos.