En la PDH se informó que dicha finca era el único lugar por donde el alcalde y demás personal de la municipalidad podían ser evacuados, debido a que no se llegó a ningún acuerdo con los inconformes; sin embargo, los pobladores al percatarse que el jefe edil había sido retirado por ese terreno, optaron por quemar al menos 20 plantas de palma africana.

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Según la PDH, también quemaron un tractor y una vivienda, dañaron un vehículo y agredieron a tres guardias privados de la finca.

José Maldonado, auxiliar de la PDH, indicó que por el camino principal era imposible evacuar a los retenidos, debido a que los pobladores mantenían bloqueado el lugar.

“Había barricadas y personas con el rostro cubierto y armadas con palos”, refirió.

La Policía Nacional Civil también reportó que un agente fue herido por los pobladores y debió ser trasladado a un hospital del Seguro Social.

Agregó que los pobladores retuvieron al alcalde porque se les suspendió el servicio de energía eléctrica en San Vicente Pacayá, pues las conexiones eran ilegales.

“Ellos están pidiendo que se les instale el servicio de energía de eléctrica, pero hay muchas comunidades conectadas  ilegalmente”, aseguró.

Maldonado explicó que por ahora no ingresarán a dicha comunidad, ya que el ambiente aún es tenso y hay “amenazas de todo tipo”.

Postura

La Cámara del Agro también se pronunció por los daños ocasionados en la finca.

“La empresa que fue víctima de estos hechos delictivos, es una empresa asociada del sector palmicultor. Y conforme a Ley,  se encuentra presentando las denuncias penales correspondientes. Podemos confirmar que personas que actúan fuera de la ley, entraron a quemar palma y destruyeron la propiedad, amenazando a los guardias de seguridad”, indicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la entidad.

La directiva agregó: “Estos hechos de violencia no pueden seguir quedando en la impunidad. El Ministerio Público debe proceder inmediatamente a investigar y pedir las capturas que correspondan”.

En un comunicado, la Camagro expresó:

“Condenamos enérgicamente los hechos violentos sucedidos en Coatepeque en donde un grupo de personas ha cometido de manera reiterada, una serie de delitos graves incluyendo secuestro, usurpación y destrucción de propiedad privada, destruyendo plantaciones de palma y atentando en contra de la seguridad de las personas, poniendo en riesgo la vida de trabajadores, autoridades y comunitarios”.

El documento agrega: “Estos graves hechos no pueden y no deben seguir quedando en total impunidad”.

“Exigimos a las autoridades hacer cumplir la Ley, restableciendo el orden público, investigando y presentando ante las autoridades de justicia a quienes resulten responsables para que se aplique todo el peso de la Ley”, asegura”, indica.

Añade: “Los guatemaltecos merecemos vivir en paz y prosperidad, con inversiones y empleos que solo pueden existir si prevalece el respeto a leyes y el Estado de Derecho”.

Alcalde explica

El alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, Alfonso García-Junco, en una conferencia de prensa realizada en su oficina municipal la noche del lunes 29 de abril dijo que los incidentes que se registraron ese día en la aldea San Vicente Pacayá dejaron cinco vehículos dañados y un tráiler con aceite de palma y dos casas quemadas; además, un agente de la Policía Nacional Civil resultó lesionado en la cabeza y un poblador herido de bala.

Esta no es la primera vez que hay incidentes en San Vicente Pacayá por la supuesta retención de García-Junco, quien el año pasado también habría sido retenido por pobladores.

En ambas ocasiones, la PDH planteó recursos de exhibición personal en favor del jefe edil.

García-Junco indicó que solicitará al gobierno un estado de excepción para la zona de Pacayá que comprenden unas 16 comunidades, para restablecer el orden en esa zona, ya que este grupo de pobladores manifiesta de forma no pacifica, “esto es vandalismo”, aseguró.

Dijo también que recurrió a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que ellos dialoguen con Energuate para que se restablezca el fluido eléctrico en el área. Agregó que hará las gestiones necesarias ante el Gobierno de Jimmy Morales para que se busque una solución a este problema “que le roba la tranquilidad a toda la población”.

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